miércoles, 29 de mayo de 2013

Alianza del Pacífico: apuesta comercial latinoamericana

Alianza del Pacífico: apuesta comercial latinoamericana


La región latinoamericana presenta un intenso ciclo expansivo apenas afectado por la crisis económica, con un aumento del PIB total unido a una importante reducción de la pobreza y la desigualdad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), entre 1999 y 2011 la tasa de pobreza regional disminuyó del 43,8% al 30,4%, y la tasa de pobreza extrema de 18,6% a 12,8%. Esto ha traído consigo la ampliación de las clases medias, aunque este término no tenga el mismo significado en la región que en los países de la OCDE. El crecimiento económico no es el único factor a tener en cuenta a la hora de analizar el bienestar de una región y así, todavía se precisan de grandes esfuerzos en los ámbitos de la salud, la educación, la protección social o la seguridad.


América Latina cuenta a su vez con diferentes procesos de integración y regionalismos, diferentes entre sí. Esta búsqueda de autonomía ha favorecido a la región en una mayor proyección internacional, así como en la concertación de políticas comunes.


El 23 de mayo se reunían en Cali, Colombia, los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México). En su VII Cumbre, a la que por primera vez asistía el presidente español, Mariano Rajoy, se acordaba poner como fecha límite el 30 de junio para concluir el desarme arancelario, con la supresión del 90% de los aranceles. Además, se resuelve facilitar la libre circulación de personas entre los Estados miembros y dar un máximo de siete años para eliminar el restante 10% de aranceles comerciales. La Alianza gana seguidores: Costa Rica ha sido admitida como miembro, aunque todavía debe cumplir una serie de trámites para formalizar su adhesión, a la que también aspira Panamá.


España, Estado observador


El 9 de noviembre de 2012, España era aceptada en la Alianza como Estado observador, convirtiéndose así en el primer país europeo en unirse. Panamá, Canadá, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Japón tienen también esta categoría. Para España, esta alianza es de interés estratégico, pues los cuatro países fundadores concentran el 40% de las exportaciones (5.000 millones de euros) y el 40% de la inversión (45.000 millones de euros) del país en la región. El estatus de observador permite a España participar en reuniones entre presidentes latinoamericanos, facilitando además el diálogo para la triangulación tanto con América Latina como con Asia-Pacífico. Para las empresas españolas en Latinoamérica esto también se convierte en un puente hacia el mercado asiático. Cristóbal Colón no estaba tan equivocado cuando pensaba que España podía llegar a Oriente por Occidente.


Según José Antonio García Belaunde, ministro de Exteriores de Perú, “la Alianza del Pacífico se basa más en afinidad que en proximidad”, siendo el proceso de integración más reciente, inminentemente práctico y dinámico. Se basa en la liberalización del comercio con miras a expandirse hacia Asia. Los países miembro cuentan con acuerdos de libre comercio entre sí y con Estados Unidos y la Unión Euroea. El PIB combinado de los cuatro países representa el 35% del total de América Latina y el 55% de las exportaciones de la región.


Los proyectos regionales de cooperación e integración latinoamericanos cobraron importancia en la década de los noventa y ganaron vuelo a mediados de los 2000, en una cartografía particular basada en el regionalismo abierto. Cuatro grupos subregionales: Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y  dos países –México y Chile– como pioneros en estrategias basadas en acuerdos de libre comercio.


Desde mediados de la pasada década se observan diferentes tendencias. Las más relevantes son dos grandes visiones de regionalismo: la Alianza del Pacífico, que renueva las estrategias económicas del regionalismo abierto, orientada hacia Asia; y otra tendencia con una visión que incide más en el ámbito de concertación política y de las acciones públicas para el desarrollo, con instituciones como el Mercosur, ampliado con Venezuela, UNASUR, el ALBA-TCP y la CELAC.


Además, hay que añadir la creciente dinámica de regionalización protagonizada por actores privados, en particular la presencia de las “multilatinas”, que genera flujos de comercio e inversión intrarregional, participando en cadenas de valor globales más allá del tradicional rol exportador de commodities de la región.


Para más información: 


The Economist, “Latin America geoeconomics, a continental divide”. Artículo, mayo 2013.


Mauro F. Guillén y Esteban García-Canal, “Multilatinas: causas y efectos de su expansión“. Política Exterior 144, noviembre-diciembre 2011.


Jeff Dayton-Johnson, “Latinoamérica: la creación de una clase media“. Política Exterior 141, mayo-junio 2011.


Susanne Gratius y José Antonio Sanahuja, “Enseñanzas latinoamericanas a la crisis del euro“. Política exterior 151, enero-febrero 2013.


 



Alianza del Pacífico: apuesta comercial latinoamericana

La Haya condena a seis bosniocroatas por limpieza étnica

La Haya condena a seis bosniocroatas por limpieza étnica


Seis políticos y militares bosniocroatas han sido condenados, en conjunto, a 111 años de cárcel por limpieza étnica de musulmanes bosnios, y otros grupos no croatas, durante la guerra de los Balcanes. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha considerado probado que el grupo formó “una asociación criminal con el fin de crear una Gran Croacia que precisaría una modificación de su composición étnica”. Para lograrlo, los seis, elaboraron un plan que incluía “desplazamientos forzosos de la población, asesinatos, saqueo de propiedades, trabajos forzados para los detenidos y expulsión de sus tierras una vez liberados”, según el presidente de la sala, Jean Claude Antonetti. El principal acusado, Jadranko Prlic, ex primer ministro de la autoproclamada República Croata de Herzeg-Bosnia, fue sentenciado a 25 años de prisión.


Los bosniocroatas fueron aliados de sus vecinos musulmanes bosnios durante la mayor parte de la guerra de Bosnia, librada entre 1992 y 1995. Sin embargo, entre 1993 y 1994, se pelearon a muerte, y la parte bosniocroata abrió campos de detención donde se produjeron crímenes de guerra. Los seis condenados se entregaron al TPIY en 2004 con la intención de “limpiar su honor” y en medio del clamor popular. “Partimos como inocentes y así regresaremos”, dijeron entonces. Además de Prlic, han sido condenados Bruno Stojic, antiguo ministro de Defensa de la República de Herzeg-Bosnia (20 años): el exgeneral Slobodan Praljak (20 años); el exgeneral Milivoj Petkovic (20 años); Valentin Coric, en su día comandante de la policía bosnio croata (16 años) y Berislav Pusic, encargado del intercambio de prisioneros (10 años).


Si bien todos tenían “responsabilidad directa y eran conscientes de los crímenes cometidos”, según los jueces, Prlic ha recibido más años que nadie en virtud de su cargo. Como primer ministro, controlaba a civiles y soldados, y hubiera podido apartar de sus cargos a los que hubieran cometido desmanes. Los campos de internamiento eran asimismo responsabilidad última suya. La sentencia da por confirmado que “mujeres, niños y ancianos fueron detenidos en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni atención médica”.


Proclamada en 1991 y con capital en la ciudad de Mostar, la República Croata de Herzeg-Bosnia nunca fue reconocida a escala internacional. Desapareció en 1994, tras los acuerdos de paz de Dayton (firmados entre serbios, croatas y bosnios), al sumarse a la Federación de Bosnia-Herzegovina. Durante su efímera existencia, se presentó como una entidad política, cultural, económica y territorial dentro de Bosnia-Herzegovina. Su Consejo de Defensa Croata suprimió a los líderes bosnios locales y controló municipios y medios de comunicación imponiendo “la cultura croata”. La condena de Prlic ha sido una de las más abultadas dictada por el TPIY, criticado por Serbia por aplicar el cargo de limpieza étnica sobre todo a sus compatriotas.


 



La Haya condena a seis bosniocroatas por limpieza étnica

martes, 28 de mayo de 2013

Consejo de Derechos Humano convoca sesión especial sobre Siria

Consejo de Derechos Humano convoca sesión especial sobre Siria



27 de mayo, 2013 — El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará este miércoles un debate de emergencia sobre la situación de los derechos humanos en Siria, a solicitud de Turquía, Qatar y Estados Unidos.


La petición insta al Consejo a debatir las graves y crecientes violaciones de las garantías básicas, en particular, los recientes eventos en la localidad de Al Qusayr, en la provincia de Homs.


La representante de Qatar, Alya Ahmed Saif Al-Thani, subrayó la urgencia de la discusión, teniendo en cuenta que el agravamiento de la situación, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.


“El régimen sirio está masacrando a la gente y lo ha estado haciendo durante los últimos 2 años. Estamos en una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos en momentos que 40.000 civiles sirios sufren de un bloqueo injusto en Al-Qusayr. Nadie pone fin a esta situación”, acotó la diplomática.


La delegación de Siria se opuso a la celebración de la sesión especial argumentando que los países que la solicitaron son precisamente los que trabajan contra el gobierno sirio mediante la capacitación y el apoyo a los rebeldes y terroristas que actúan en el país.


 



Consejo de Derechos Humano convoca sesión especial sobre Siria

Colombia: ONU encomia primer acuerdo en conversaciones de paz

Colombia: ONU encomia primer acuerdo en conversaciones de paz


 27 de mayo, 2013 — El Secretario General de la ONU acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre el primer punto de la agenda de las conversaciones de paz que mantienen en La Habana.


Tras seis meses de negociaciones para acabar con el conflicto que vive el país desde hace más de cinco décadas, los dos grupos negociadores anunciaron este domingo un acuerdo sobre el primer punto, de los seis que tiene la agenda, y que se centra en el desarrollo agrario.


En un comunicado, Ban Ki-moon señaló que se trata de un logro significativo y un importante paso adelante, y deseó a las dos delegaciones más éxitos en sus esfuerzos por avanzar en los temas restantes de la agenda y en lograr el fin del conflicto.


Durante los años 80 y 90 hubo varios intentos de conversaciones de paz que no prosperaron. Esta es la primera vez que se llega a algún tipo de acuerdo en el terreno político.


Las negociaciones continuarán el 11 de junio con la discusión del segundo punto de la agenda: la participación política, que incluye los mecanismos democráticos de participación ciudadana.


Los otros cuatro aspectos que abordarán las conversaciones son el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y la implementación y verificación del Acuerdo Final.


 



Colombia: ONU encomia primer acuerdo en conversaciones de paz

La justicia internacional procesa a todos los fugitivos de los Balcanes

La justicia internacional procesa a todos los fugitivos de los Balcanes


El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) cumple 20 años dedicado a juzgar los delitos cometidos en las guerras de los Balcanes, libradas entre 1991 y 2001. Establecido como corte específica (“ad hoc”) por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la búsqueda de los principales responsables del genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la región ha tenido éxito. En La Haya, sede del Tribunal, están los 161 sospechosos de la lista original elaborada por los fiscales en 1993. Incluidos los tres fugitivos más famosos de la historia reciente: Radovan Karadzic y Ratko Mladic, líderes político y militar serbobosnios, respectivamente, y el serbocroata Goran Hadzic.


En conjunto, los tres pasaron 35 años huyendo de la justicia (15 Mladic, 13 Karadzic y 7 Hadzic) y han acabado por compartir cárcel preventiva en el penal de la ONU abierto en Holanda. “Es la demostración palpable de la contribución del Tribunal al esfuerzo global por combatir la impunidad y defender el imperio de la ley en la antigua Yugoslavia”, según el presidente del TPIY, el jurista polaco Theodor Meron. Entre los reveses, sin embargo, destaca la muerte en 2006 del expresidente serbio Milosevic, sin que se hubiera dictado sentencia. Considerado el cerebro de la limpieza étnica que allanaría el camino para una Gran Serbia, falleció de un ataque al corazón en su celda.


“El trabajo del TPIY está llegando a su fin y el cierre se espera hacia 2016. Quedará una versión reducida de la institución para atender las apelaciones y coordinar la cooperación judicial en la región balcánica. Allí seguirán su curso otros juicios contra acusados locales, y la comunidad internacional debe seguir apoyando este esfuerzo. Hace 20 años no se hubiera podido juzgar a domicilio a los causantes de los peores crímenes vistos en Europa en la historia reciente”, ha dicho Serge Brammertz, fiscal jefe del Tribunal, en un encuentro con la prensa. En su opinión, aunque la justicia es indispensable para la reconciliación, el TPIY no tiene que escribir la historia del conflicto. “Pero las reacciones negativas de algunos políticos nacionales ante las sentencias internacionales no ayudan a avanzar. La responsabilidad está en ellos y en la sociedad civil”, añade.


El Tribunal para Yugoslavia fue el primero creado en el mundo desde los juicios de Nuremberg y de Tokio, tras la II Guerra Mundial. Su estela fue seguida luego por otras cortes especiales, como las de Ruanda, Camboya, Sierra Leona, Timor del Este y Líbano. Al final del camino, llegó la Corte Penal Internacional. Hoy es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, su fecha de apertura. “Cuando se acaben todos los casos específicos solo quedará la Corte Penal, cuyo espectro es global. Y la justicia internacional no puede tener un problema de credibilidad. Veo más claro que nunca que la búsqueda de los desaparecidos es tan importante como la de los culpables. Sin el cadáver del ser querido no se puede pasar página y no hay reconciliación”, asegura Brammertz.


Las sentencias del TPIY son dictadas por 16 jueces y su castigo más alto es la cadena perpetua. Los estatutos no contemplan la pena de muerte (tampoco la Corte Penal Internacional) y ha dictado 69 sentencias. Como carece de policía propia para las detenciones, ha dependido de la colaboración de los países donde suponía que se encontraban los fugitivos. Dadas las tensiones regionales y el hecho de que el mismo acusado es un criminal para sus víctimas, y un héroe para sus correligionarios, los arrestos han dependido de los vaivenes políticos regionales. Así, la captura de Karadzic, Mladic y Hadzic acabó allanando el camino de Serbia hacia la UE. Croacia, que hizo lo propio con sus acusados, tiene previsto entrar en el club comunitario el próximo julio.


 



La justicia internacional procesa a todos los fugitivos de los Balcanes

Rusia defiende la venta de misiles a Siria e Israel augura represalias

Rusia defiende la venta de misiles a Siria e Israel augura represalias


Rusia e Israel, ambos países afectados por la revuelta interna que vive el régimen de Bachar el Asad en Siria, se enfrentaron de forma indirecta este martes, ante el posible envío por parte de Moscú a Damasco de una remesa de misiles tierra-aire S-300. El Gobierno ruso dijo que son armas defensivas necesarias para que El Asad contenga injerencias extranjeras, sobre todo de células opositoras radicales. Israel, por su parte, dijo que considera esos proyectiles autopropulsados un arma de ataque, que podría infligirle daños a su población civil, lo que le obliga a dejar abierta la posibilidad de un nuevo ataque preventivo.


“Creemos que este comportamiento de entregarle armas a El Asad en este momento crucial de la guerra civil es totalmente erróneo”, dijo en una conferencia en Jerusalén el ministro israelí de Asuntos Estratégicos e Inteligencia, Yuval Steinitz. “Son misiles para defensa aérea, pero los S-300 son también armas de ataque. Con un alcance de hasta 200 o 300 kilómetros, pueden atacar aviones en la zona de Tel Aviv”, añadió. “Este es un tipo de refuerzo, un tipo de apoyo a un régimen brutal que está totalmente equivocado, también desde un punto de vista moral”.


Desde principios de año, Israel ha atacado objetivos militares en Siria en tres ocasiones, siempre en las inmediaciones de Damasco. El Gobierno de Benjamín Netanyahu no ha admitido la autoría de esos ataques, que según la inteligencia militar norteamericana iban destinados a coartar envíos de armamento sofisticado -misiles, en su gran mayoría- a la milicia libanesa Hezbolá, que lucha codo con codo con las tropas de El Asad dentro de Siria.


Este martes, el ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, ha amenazado de forma velada con un nuevo ataque si los misiles S-300 abandonan Rusia con destino a Moscú. “Puedo confirmar que los envíos aún no han sido efectuados”, dijo Yaalon durante un repaso rutinario a tropas en Jerusalén. “Espero que no sean enviadas, y si, dios no lo permita, alcanzan Siria, nosotros sabremos qué hacer”, añadió. En el Ejecutivo de Israel, que no suele admitir en público operaciones militares en el extranjero, las palabras de Yaalon suponen una advertencia en toda regla a Damasco.


Rusia, el fabricante y vendedor de esos misiles, dijo también este martes que la venta de esos misiles obedece a su voluntad de reforzar a Damasco ante injerencias externas. “Creemos que estas entregas son un factor de estabilización y que medidas como estas en muchos sentidos previenen que los radicales exploren supuestos en los que este conflicto podría cobrar una presencia internacional con la participación de fuerzas externas”, dijo en rueda de prensa el ministro de Exteriores ruso Sergei Riabkov, informa la agencia Ria Novosti.


Rusia es uno de los más sólidos aliados de El Asad en la escena internacional. Le ha apoyado en la revuelta que comenzó en marzo de 2011 y, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vetado, junto a China, tres resoluciones de condena al régimen. El lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea votaron en Bruselas a favor de levantar el embargo a la venta de armas a sirios, siempre y cuando estas se destinen a las facciones moderadas de la oposición. El embargo está vigente desde mayo de 2011.


El ministro ruso Riabkov criticó repetidamente la decisión de los ministros de Exteriores de los 27 en su conferencia de prensa. “Básicamente la UE está arrojando gasolina a las llamas del conflicto”, dijo en repetidas ocasiones.


 



Rusia defiende la venta de misiles a Siria e Israel augura represalias

miércoles, 22 de mayo de 2013

Amnistía Internacional - Los derechos humanos región a región - Argentina - 2013

Argentina



Jefa del Estado y del gobierno:Cristina Fernández de Kirchner


  • Información general

  • Derechos de los pueblos indígenas

  • Derechos de las mujeres

  • Impunidad

  • Tortura y otros malos tratos y condiciones de reclusión

  • Informes y visitas de Amnistía Internacional

Las mujeres embarazadas a consecuencia de violación seguían encontrando obstáculos para acceder a un aborto legal, a pesar del fallo de la Corte Suprema que confirmaba este derecho. Seguía sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Continuaron los juicios por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1976-1983).


Información general


En octubre, Argentina se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Se formularon recomendaciones sobre cuestiones como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos relativos a los pueblos indígenas, a las personas migrantes y a no sufrir tortura.


A lo largo del año continuaron en Argentina las investigaciones –iniciadas en aplicación de la jurisdicción universal– sobre los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977, periodo que incluía la Guerra Civil y el régimen de Franco.


En mayo se aprobó una ley que permitía a quien lo desease cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un juez o un médico; fue un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.


Derechos de los pueblos indígenas


En julio, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas hizo público un informe en el que expresaba preocupación por cuestiones como la ausencia de medidas para proteger el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales. El informe también ponía de relieve el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160, que prohibía el desalojo de comunidades indígenas mientras no se llevase a cabo un estudio de ámbito nacional para delimitar los territorios indígenas.


Al concluir el año estaba pendiente en el Parlamento un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que incluía medidas que afectaban al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. Los indígenas expresaron preocupación porque no se había pedido su opinión mientras se debatía el anteproyecto de ley.


  • En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación celebró una vista pública sobre los obstáculos que impedían que la comunidad toba qom de La Primavera, provincia de Formosa, reclamase sus tierras ancestrales. En noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia retiró los cargos formulados contra los líderes indígenas Félix Díaz y Amanda Asikak en relación con un corte de ruta organizado en 2010. Los jueces alegaron que el corte de ruta era la única medida de protesta de que disponían. Seguían preocupando las amenazas y los actos de intimidación contra Félix Díaz y algunos de sus familiares. En agosto, Félix Díaz fue atropellado por una camioneta cuando viajaba en su motocicleta. Según testigos, la camioneta pertenecía a la familia propietaria de las tierras ancestrales que reclama la comunidad. El conductor se dio a la fuga, y al concluir el año no se había iniciado ninguna investigación sobre el accidente.

Derechos de las mujeres


En marzo, un fallo de la Corte Suprema estableció que toda mujer o niña embarazada a consecuencia de una violación debía tener acceso a un aborto en condiciones seguras sin necesidad de autorización judicial. Sin embargo, preocupaba el hecho de que el fallo se incumplía en varios lugares del país. Tras el fallo de la Corte Suprema, la Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires aprobó legislación que permitía los abortos legales, sin el requisito de la intervención judicial, en los casos de sobrevivientes de violación y de peligro para la vida de la madre en caso de llevar a término el embarazo. Sin embargo, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma vetó la ley, por lo que en Buenos Aires siguió vigente la legislación previa, que no era conforme a la decisión de la Corte Suprema.


  • En octubre, un tribunal de Buenos Aires impidió a una mujer de 32 años someterse a un aborto. Había sido víctima de trata y su embarazo era consecuencia de una violación. Hubo una indignación generalizada, y la Corte Suprema anuló la decisión del tribunal inferior. Finalmente, la mujer pudo someterse a un aborto.

Continuaba preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres; entre otras cosas, preocupaba el hecho de que no se recopilaba información fiable.


Se aprobó legislación que convertía los motivos de género en factor agravante en los casos de homicidio.


Impunidad


Continuaron los avances para procesar y condenar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983).


  • En junio, el ex militar Alfredo Omar Feito y el ex agente de la Policía Federal Pedro Santiago Godoy fueron condenados a 18 y 25 años de cárcel, respectivamente, por la tortura y la privación ilegítima de la libertad de 181 personas en los centros de detención clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército: Atlético, Banco y Olimpo.

  • En julio, los ex presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone fueron declarados culpables del secuestro sistemático de niños y niñas y condenados a 50 y 15 años de cárcel, respectivamente.

  • En octubre, tres ex oficiales de la Armada fueron condenados a cadena perpetua en relación con la “masacre de Trelew”, en la que 16 personas encarceladas por motivos políticos fueron ejecutadas tras un intento de fuga de una prisión de la provincia de Chubut en 1972.

Tortura y otros malos tratos y condiciones de reclusión


En noviembre se aprobó la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura.


En julio aparecieron en Internet imágenes de vídeo en las que se veía al menos a cinco policías torturando a dos detenidos en la comisaría de General Güemes, provincia de Salta. En las imágenes, al parecer grabadas en 2011, se veía cómo golpeaban a los detenidos y los asfixiaban con una bolsa. Al concluir el año continuaban abiertas las investigaciones sobre la tortura.


Informe anual completo 2013


Cuadernillo 2013


Fuente: http://www.amnesty.org/es/region/argentina/report-2013


Amnistía Internacional - Los derechos humanos región a región - Argentina - 2013

Amnistía denuncia la “retórica del populismo” xenófobo

Amnistía denuncia la “retórica del populismo” xenófobo


Informe anual completo


Cuadernillo


Amnistía Internacional denunció ayer en la presentación del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo “la retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes” y señaló específicamente las políticas cada vez más restrictivas de la Unión Europea contra los inmigrantes y los demandantes de asilo y la continuada persecución que sufren en numerosos países europeos minorías étnicas como la gitana. Como no podía ser de otra manera, el informe denuncia también con especial énfasis el deterioro de la situación en Siria, que ha obligado a seis millones de personas a buscar refugio lejos de sus hogares, la cuarta parte fuera del país.


 El secretario general de la organización, Salil Shetty, enfatizó la paradoja de que la UE recibiera el año pasado el premio Nobel de la Paz pero participe de esa oleada de políticas contra la inmigración, en la que no siempre es fácil distinguir a las víctimas de los conflictos armados y quienes buscan un futuro económico mejor. “Al no abordarse eficazmente las situaciones de conflicto, se está creando una clase de segunda categoría de carácter global. Los derechos de quienes huyen de los conflictos están desprotegidos. Hay demasiados gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos en nombre de los controles migratorios, sobrepasando con mucho las medidas legítimas de control de fronteras”, declaró Shetty.


 “Estas medidas no solo afectan a las personas que huyen de los conflictos”, advirtió el secretario general de Amnistía. “Millones de migrantes se ven abocados a situaciones abusivas, como el trabajo forzoso y los abusos sexuales, debido a políticas anti-migratorias que permiten explotar a estas personas con impunidad. La retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes echándoles la culpa de las dificultades internas de los gobiernos, alimenta gran parte de estas políticas”, añadió Salil Shetty.


 “Los gobiernos se han centrado en el fortalecimiento de los controles fronterizos y en la firma de acuerdos con países de origen y de tránsito, a sabiendas de sus pobres historiales en derechos humanos. Gente que huye de conflictos armados, como el de Siria, emprenden rutas aún más peligrosas en su intento de encontrar un lugar seguro en Europa. Grecia, en particular, no ha sido capaz de garantizar a los refugiados cobijo básico y seguridad. Los demandantes de asilo se han enfrentado a severos obstáculos a la hora de pedir asilo y se arriesgan cada vez más a detenciones en condiciones inhumanas o a violencia a manos de grupos xenófobos justicieros”, denuncia el informe de Amnistía.



Amnistía denuncia la “retórica del populismo” xenófobo

Nueva Embajadora argentina en Irlanda

Nueva Embajadora argentina en Irlanda



Miércoles 22 de Mayo de 2013. Información para la Prensa N°: 112/13


El Gobierno de Irlanda otorgó el plácet como nueva Embajadora argentina en ese país a Silvia María Merega.


La diplomática se desempeñó como Directora General de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, cumplió funciones en la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos (2001-2007); en la Embajada argentina ante la Unión Europea (1993-1996) y en la Embajada argentina ante los Estados Unidos de América (1985-1989).


Por otra parte, -entre otros cargos destacados en su extensa trayectoria en el servicio exterior de la nación- Merega fue titular de la Dirección de Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería argentina (1996-2000). El Canciller Héctor Timerman designó a la Embajadora Merega como Directora del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en agosto de 2012.


Silvia Merega es abogada, egresada de la UBA. Obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en The American University, Washington D.C., Estados Unidos. La embajadora es diplomática de carrera, egresó del ISEN en 1981 con medalla de oro de la 15° promoción.


Información para la prensa Nº 112/13


Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388


www.cancilleria.gob.ar [1]


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Nueva Embajadora argentina en Irlanda

La UE pacta el intercambio de datos fiscales antes de fin de año

La UE pacta el intercambio de datos fiscales antes de fin de año


Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido hoy la cumbre dedicada a la lucha contra la evasión y el fraude fiscal con el compromiso de adoptar antes de que acabe el año la revisión de la directiva sobre fiscalidad del ahorro. Uno de los pactos alcanzados establece que  la UE se dotará de un sistema automático de intercambio de datos, incluido de extranjeros no residentes, que evite fugas de impuestos, debido a las divergencias legislativas comunitarias en la materia.


Los líderes han logrado “un consenso para avanzar hacia su adopción antes de final del año, estamos haciendo progresos en este área”, anunció el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, al término de la reunión.


La canciller alemana, Angela Merkel, consideró que el futuro acuerdo sobre intercambio automático de datos fiscales supone un “avance de gran calado” que evitará nuevas pérdidas masivas de recursos, que podrían ser empelados en inversiones productivas para Europa, además de infraestructuras, inversiones sanitarias o educativas.


“Es el momento de dar un paso adelante en la lucha (contra la evasión y el fraude fiscal”, dijo por su parte el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que destacó la pérdida de “cientos de millones de euros” que supone para las arcas públicas estas prácticas.


La cumbre no tenía previsto abordar cuestiones fundamentales como el impulso al crecimiento o la necesaria creación de empleo en un continente con más de 26 millones de parados, pero al menos los líderes europeos han querido dar un empujón importante a la lucha contra la evasión fiscal. La canciller alemana, uno de los países que con Francia y Reino Unido más han insistido en la necesidad de atajar una gotera por la que cada año se escapa un billón de euros de las arcas públicas europeas, ha reclamado a su entrada a la cumbre de líderes que la UE acabe con los “obstáculos” al intercambio de información fiscal y presente medidas para luchar contra el fraude fiscal.


“Si queremos incitar a los ciudadanos a ser honestos con sus impuestos, es importante que persigamos el fraude fiscal”, ha dicho Angela Merkel, en la misma línea que el resto de jefes de Estado y de Gobierno que se verán las caras hoy en Bruselas.


Uno de los puntos fundamentales que abordaron los líderes europeos es el intercambio de información fiscal entre socios. “Tiene que haber por fin un intercambio de datos en la Unión Europea sobre información fiscal y debe haberlo con los terceros países”, ha añadido la canciller.


Además de avanzar en el intercambio de información, la UE quiere poner coto a las prácticas de las empresas para escapar de las garras del fisco. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha reiterado su fe en la importancia de gravar con bajos impuestos a las empresas como medio para “alentar la inversión y el empleo y permitir a Reino Unido ser un ganador en la carrera mundial”. Pero al mismo tiempo, el líder que cabalga sobre la ola de creciente euroescepticismo que rodea a las islas británicas, ha insistido en la necesidad de garantizar que las empresas paguen lo que les corresponda. “Eso significa colaboración internacional, compartir información fiscal”, ha añadido Cameron.


Por su parte, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha negado haber dado un “trato especial” al gigante informático Apple y ha asegurado que su país lidera los esfuerzos internacionales para lograr más transparencia sobre la planificación fiscal de las multinacionales.


Kenny ha respondido así a la polémica provocada por un informe del Senado de Estados Unidos, que acusa a Apple de aprovechar lagunas en el código fiscal norteamericano y utilizar empresas en Irlanda para esquivar el pago de impuestos.


Pese a las declaraciones de buena voluntad, parece difícil que la UE salga de la reunión con reglas concretas para atajar estos problemas. “Espero que podamos tener algún progreso hoy”, se ha limitado a señalar el primer ministro.


Pero en la guerra contra los búnkeres fiscales y el secreto bancario, la UE no tiene que buscar a sus enemigos solo fuera. Algunos de sus socios siguen sin compartir hoy los datos de los clientes de la banca. Luxemburgo y Austria llevan bloqueando desde 2008 la directiva sobre fiscalidad de ahorro para no verse en desventaja frente a otros centros financieros.


Parece que esta postura empieza a cambiar. El primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker ha asegurado que su país está dispuesto a abandonar el secreto bancario si se negocia el intercambio de información con países como Suiza. “Vamos a abandonar el secreto bancario y avanzar hacia el cambio automático de información”, ha dicho el luxemburgués.


El objetivo es que ese paso se convierta en realidad el próximo 1 de enero de 2015. Pero Juncker insiste en la necesidad de que otros países como Suiza se comprometan también a hacerlo, ya que si no se verían en una situación de desventaja competitiva. Todo apunta a que los líderes europeos —espoleados por recientes escándalos como el del exministro de Finanzas francés, Jérôme Cahuzac o las revelaciones periodísticas de los papeles conocidos como Offshoreleaks— presionarán a los países díscolos que tienen dentro del club, para poder reclamar medidas similares a los de fuera de la UE.



La UE pacta el intercambio de datos fiscales antes de fin de año

domingo, 19 de mayo de 2013

General Assembly Adopts Texts on Items Ranging from Self-Determination to Peace in South Atlantic; Supports Extension of Impunity Commission in Guatemala

General Assembly Adopts Texts on Items Ranging from Self-Determination to Peace in South Atlantic; Supports Extension of Impunity Commission in Guatemala


The General Assembly, working through its busy agenda, today adopted five resolutions and one decision on a wide range of items, including on the self-determination of French Polynesia and on peace and cooperation in the South Atlantic.


By the terms of the text on French Polynesia, tabled by Nauru, Solomon Islands and Tuvalu, the Assembly requested the Government of France, as the administering Power, to intensify its dialogue with the Non-Self-Governing Territory to facilitate rapid progress towards a fair and effective self-determination process.  The Assembly asked the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples — the Decolonization Committee — to consider that matter at its next session and to report to the Assembly at its sixty-eighth session.


Introducing the text, the representative of Solomon Islands said that French Polynesia was “historically” inscribed by the administering Power on the original United Nations list of Non-Self-Governing Territories.  However, for decades, the Assembly had not been furnished with information on French Polynesia.  Furthermore, a subsequent list published in 1963 curiously omitted it.  He was concerned that the de facto removal of French Polynesia and New Caledonia from United Nations oversight had occurred without adoption of a General Assembly resolution.


Today’s draft resolution, adopted without a vote, was based on the principle that it was up to the Non-Self Governing Territory of French Polynesia to choose its future destiny, in a just and fair process, he said, adding that “the matter of decolonization remains an unfinished business of the United Nations”.


Speaking in explanation of position after action, the representative of the Netherlands was among some who disassociated themselves from consensus.  He said that, although he supported the principle of the inalienable right to self-determination, the Assembly must hear from the people of French Polynesia before adopting a resolution that determined their future.


Also acting without a vote, the Assembly adopted a draft resolution on promoting peace and cooperation in the South Atlantic, by which the 193-nation body called on States to cooperate in the promotion of peace and cooperation — objectives established in resolution 41/11 and reiterated in the Montevideo Declaration and the Plan of Action.


Following that action, the representative of the United Kingdom said his delegation strongly disagreed with certain elements of the Montevideo Declaration, notably the false claim that his country was violating General Assembly resolution 31/49 by developing “illegitimate” hydrocarbon activities in the Falkland Islands (Malvinas)*, South Georgia Islands, South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas, and reinforcing its military assets in the South Atlantic.


In exercise of the right of reply, the delegate of Argentina recalled that the country’s President had stated at the United Nations on two occasions last year that the Malvinas Islands were Argentina’s national territories “illegally occupied” by the United Kingdom.  Many resolutions recognized the existence of a sovereignty dispute, she said, calling on the United Kingdom to agree to resume negotiations towards a peaceful and lasting solution.


Also adopted was a draft resolution on the International Commission against Impunity in Guatemala, by which the Assembly noted the request of the Guatemalan Government to extend the Commission’s mandate for a final two years, until 3 September 2015.  At the same time, the Assembly called on the Government to continue providing all the support necessary to consolidate the achievements and overcome the challenges facing the Commission as well as to redouble its efforts to strengthen rule of law and respect for human rights in the country.


Prior to action on that text, several delegations expressed their support for the Commission’s extension, including a representative of the European Union Delegation, who added, however, that despite the Union’s support of that body, this should be the final extension.  The representative of Costa Rica acknowledged the work of the Commission, whose contribution transcended borders and impacted all of Central America, having been instrumental in investigating and prosecuting several criminal cases.  His counterpart from Germany agreed, noting that the overwhelming majority of denunciations had previously gone unimplemented, but the Commission and Government had dramatically changed that.


Noting that stable, efficient and reliable energy transportation was a key factor of sustainable development and in the interest of the entire international community, the Assembly, in another resolution, recognized the need for extensive international cooperation for promoting the reliable transportation of energy to international markets through pipelines and other transportation systems.  In a related provision, it welcomed the proposal of the Government of Turkmenistan to host an international meeting of experts early in 2014 to follow up on the high-level conference held on the topic on 23 April 2009.


A wide-ranging draft resolution on the Organization of Islamic Cooperation (OIC), submitted by Djibouti on behalf of the organization’s States members, welcomed the cooperation between it and the United Nations in the fields of peacemaking, preventive diplomacy, peacekeeping and peacebuilding, and noted also the close cooperation between the two organizations in reconstruction and development in Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Sierra Leone and Somalia.


A draft decision adopted today determined that the Third International Conference on Small Island Developing States would be held in Samoa’s capital, Apia, from 1 to 4 September 2014.


Also today, the Assembly held a debate on the central role of the United Nations system in global governance, in which representatives of Chile and the European Union delegation participated.


Representatives of the United Kingdom, Germany, United States, Mexico and Indonesia also spoke in explanation of position on the resolution concerning French Polynesia.  Solomon Islands spoke in exercise of the right of reply.


Also speaking on the text concerning the International Commission against Impunity in Guatemala were the representatives of Argentina and the United States.


Additional statements in right of reply were made by the representatives of Argentina and the United Kingdom.


Background


The General Assembly met today to consider a range of draft texts.


Action on Drafts


The representative of Turkmenistan, introducing a draft resolution on reliable and stable transit of energy and its role in ensuring sustainable development and international cooperation (document A/67/L.65), said that access to energy was central to job creation, security, climate change mitigation, food production, poverty eradication and improved living standards.  Turkmenistan, a leading supplier of energy and home to the world’s fourth largest hydrocarbon reserves, believed there was a need for consensus decisions to serve as a basis for global cooperation to ensure the reliable and stable transit of energy.  Indeed, unpredictable, erratic energy prices were the main culprit for instability in the global energy supply chain.


Since 2008, said the delegate, energy experts had set forth proposals at various energy forums to strengthen global cooperation in that field and to balance the interests of producers, transit countries and consumers.  To follow up the High-Level Conference on Reliable and Stable Transit of Energy, held in Ashgabat in 2009, the Turkmen Government had proposed hosting and financing a meeting of experts in the Turkmen capital in the first half of 2014 on the issues.  He was confident that the meeting would promote a common approach to ensure a reliable and stable global energy supply.


Adoption of the present resolution would undoubtedly be an important step towards that goal, and thus, help to eliminate an acute obstacle to sustainable development.


The Assembly then adopted that text without a vote.


Next, the Assembly adopted, also without a vote, a draft decision on the Third International Conference on Small Island Developing States (document A/67/L.66).  Under its terms, the Assembly decided to host the Conference in Samoa’s capital, Apia, from 1 to 4 September 2014, to be preceded by activities related to the Conference from 28 to 30 August 2014, also in Apia.


Next, the representative of Djibouti and Chairman of the Organization of the Islamic Conference (OIC) introduced the draft resolution on Cooperation between the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation (document A/67/L.29).  He noted that it had been tabled in early December 2012, but later withdrawn upon the request of a Group that sought further discussion.


He said that the draft’s operative paragraphs underscored the shared common goals of the United Nations and OIC in promoting and facilitating the Middle East peace process, leading to establishment of a just, comprehensive peace in the region.  Among its other provisions, it welcomed cooperation between the two organizations to combat intolerance and stigmatization of persons based on their religion or belief; recognized the strong need for global awareness about religious intolerance; condemned any advocacy or religious hatred that constituted incitement to discrimination, hostility and violence; and welcomed cooperation towards addressing those issues urgently.  He called on all delegates to adopt it.


The Assembly then adopted that text without a vote.


The delegate of Solomon Islands, introducing a draft resolution on Self-determination of French Polynesia (document A/67/L.56/Rev.1), said that, historically, French Polynesia was inscribed by the administering Power on the original United Nations list, which, in line with obligations under the Charter’s Chapter XI, required the administering Power to provide the Assembly with information on developments towards a full measure of self-government in those territories.  However, as of 1947, the Assembly was no longer furnished with information on French Polynesia.  Furthermore, a subsequent list of non-governing territories published in 1963 curiously omitted that territory.  He was concerned that the de facto removal of French Polynesia and New Caledonia from United Nations oversight had occurred without adoption of a General Assembly resolution.


Discussions on the current resolution had been “around the corridors of the United Nations for a while”, he went on.  However, the administering Power, France, had delayed action because of its own national elections.  While there was “no organic link” between the national elections of an administering Power and the exercise of the inalienable right to self-determination of the people of a territory, agreement to postpone consideration had been honoured in the interest of flexibility.  Today’s draft resolution was based on the principle that it was up to the Non-Self Governing Territory of French Polynesia to choose its future destiny, in a just and fair process.  The resolution also sent a simple message of peace and hope to the population.  “The matter of decolonization remains an unfinished business of the United Nations,” he said.


The representative of the Secretariat explained certain financial implications of the text, following which the Assembly adopted it without a vote.


Speaking in the explanation of position after the adoption, the representative of the United Kingdom, disassociating herself from the consensus, regretted that the Decolonization Committee continued with its “outdated approach”.  She said that it was not for the General Assembly to determine in any particular case that an obligation existed for a State to submit information under Article 73e of the Charter.


The representative of the Netherlands, also disassociating the delegation from consensus, said that, although he supported the principle of the inalienable right to self-determination, the Assembly must hear from the people of French Polynesia before adopting a resolution that determined their future.


The representative of Germany also took to the floor to say that he, too, disassociated himself from consensus.


The representative of the United States strongly affirmed the principle of self-determination as one of the fundamental values of the Organization.  However, “the facts are clear”:  the people of French Polynesia had made clear that they did not support that particular resolution — it ignored the autonomy and will of the people it claimed to represent.  He disassociated himself from consensus.


The representative of Mexico, also recognizing the inalienable right of people to self-determination, believed that in that particular case, “we must guarantee the rights of all interested parties to be recognized”.  Mexico preferred that the Assembly would have responded positively to the request of French Polynesia, whose authorities were taking power today, to postpone action.  Mexico expressed reservations about the manner in which the resolution was being adopted.


The representative of Argentina considered that the United Nations Decolonization Committee was the appropriate forum to address the issue.  The French Polynesian people could express their views via that means.


The representative of Indonesia said that today’s adoption was solely based on a specific historical context and should not be misinterpreted as precedence by other territories whose cases were pending with the Decolonization Committee.  He encouraged the French Government to continue engaging in constructive dialogue with French Polynesia in a manner that would best serve the interests of the people of Polynesia.


Exercising his right of reply, the representative of Solomon Islands said he looked forward to seeing the administering Power, France, and French Polynesia continue cooperation within the appropriate body.


Next, the representative of Uruguay introduced a draft resolution on zone of peace and cooperation of the South Atlantic (document A/67/L.64).  He said the text had been based on the previous two resolutions on the topic adopted by consensus in 2007 and 2011.  The current draft took note of the recently published report of the Secretary-General on the item and stressed the role of the South Atlantic zone of peace and cooperation as a forum for increased interaction and support among its member States.


Taking note of the adoption of the Montevideo Declaration and the Plan of Action at a ministerial meeting held in his country, the draft called on States to cooperate in the promotion of the objectives set forth in those instruments, he said.  He welcomed interest expressed by a number of countries to cooperate in such areas as combating transnational organized crimes and protection of marine biodiversity, which had been indentified in the Plan of Action.  His delegation was committed to revitalize the zone under its chairmanship of the forum.


The representative of Argentina stressed the importance of the countries in the region and their determination to uphold the ideas of cooperation and to overcome the legacy of the cold war.  Now was the time to take advantage of the impetus created at the Montevideo meeting.  Its Declaration included a sensitive issue related to the need to combat colonialism in all its forms and manifestations and to the sovereignty of certain Member States.  The zone of peace, she added, aimed to be free from nuclear and other weapons of mass destruction.  She hailed the Montevideo action plan for its recognition of the potential of South-South cooperation and for identifying areas of cooperation, including conservation of marine environment and respect for defence and security needs.


The delegate of Brazil said the founding principles of the zone of peace and cooperation of the South Atlantic were as important today as when the Assembly set up the zone in 1986.  She lauded the 16 January convening of the Seventh Ministerial Meeting in Montevideo.  As the participation of South America and Africa in world dynamics grew, the South Atlantic would increase in relevance as a busy commercial route and a reservoir of valuable natural and mineral resources, as well as a committed partner in socioeconomic development.


She called on the international community to strengthen all aspects of the zone and on its members to strengthen cooperation in the rational use of energy and marine resources, trade and investment, sustainable coastal management, and scientific research and education.  The 2013 Montevideo Declaration and Plan of Action served as valuable guidelines for future cooperation initiatives in those and other areas and, to effectively implement it, member States were focused on concrete steps.  For example, Brazil offered a programme of professional and technical training for nationals from zone members for capacity-building and exchange of experiences and good practices.


The Assembly then adopted the text, as orally revised, without a vote.


Speaking after action, the representative of the United Kingdom said his delegation strongly disagreed with certain elements of the Montevideo Declaration.  That included the false claim that the United Kingdom was violating United Nations General Assembly resolution 31/49 through the development of “illegitimate” hydrocarbon activities in the Falkland Islands (Malvinas), South Georgia Islands, South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas and the “reinforcement” of its military assets in the South Atlantic.  The United Kingdom noted that operative paragraph 2 of this resolution “takes note of the adoption of the Montevideo Declaration”, and that it does not, therefore, express the General Assembly’s approval of the context of that Declaration.


The United Kingdom, he said, had no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas of those territories, he said.  The principle of self-determination, enshrined in the United Nations Charter, underlined the position of the United Kingdom on the sovereignty of the Falkland Islands.  The islanders had the right of self-determination and the right to develop their economy, including developing their natural resources for their own economic benefit.  His Government unequivocally supported that right.  The islanders had made their views clear in the recent referendum when they had voted overwhelmingly in support of retaining their constitutional links with the United Kingdom.


Using the right of reply, the delegate of Argentina said that her nation’s President had stated — on 14 June 2012 in the Decolonization Committee and on 25 September 2012 at the General Assembly — that the Malvinas Islands were Argentina’s national territories “illegally occupied” by the United Kingdom.  Many resolutions recognized the existence of a sovereignty dispute, she said, calling on the United Kingdom to agree to resume negotiations towards a peaceful and lasting solution.


She said her delegation noted with regret that the Government of the United Kingdom had attempted to delay a solution.  That tactic was a clear demonstration of a lack of certainty about what the United Kingdom considered as their territories.  The referendum by the inhabitants on the dispute islands was not legitimate and did not put an end to the dispute and unquestionable rights of Argentina.  She also rejected unilateral actions, citing hydrocarbon exploration and military activities of the United Kingdom.  Lastly, she reaffirmed Argentina’s sovereignty over those islands and the surrounding maritime territories.


Also speaking in right of reply, the representative of the United Kingdom stressed the importance of respecting the fundamental human rights of the islanders, including the right to determine their future.  There would be no negotiation unless the islanders so wished.  His country had administered the islands for 180 years peacefully and could trace inhabitants nine generations back.  His delegation wished to have a friendly relationship with Argentina as a neighbour.  But the United Kingdom did not intend to do anything against the islanders’ will and behind their back.


In exercise of the second right of reply, Argentina’s speaker expressed regret over the comment made by the United Kingdom’s delegate.  She said that Argentina, as a country committed to defending human rights, respected the right of self-determination.


The Assembly next turned to a draft resolution on the International Commission against Impunity in Guatemala, (document A/67/L.60).  It was introduced by Guatemala’s representative, who said that the Commission, created under Guatemalan legislation under the Secretary-General’s auspices, had strengthened national institutions in the justice and security sectors.  Its activities, financed through contributions of the Government, as well as from the international donor community, had fortified the country’s legal framework through the provision of technical assistance and a subsidiary role to Guatemalan entities involved in criminal prosecution.


A dramatic example, he said, was the sentencing of a former Head of State on charges of genocide and crimes against humanity, allegedly committed in 1982.  The draft before the Assembly sought to give continuity to resolution 65/181, and acknowledged the note of the Secretary-General recommending an extension of the Commission’s mandate for another two years until September 2015.  He strongly reaffirmed that extending the “life of the Commission” would improve the ability of the Guatemalan State to meet its responsibility.


Before action, a representative of the European Union Delegation said that at every stage thus far, the Union had provided support to structural reform processes of the justice and security sectors in Guatemala in its fight against impunity.  The Union had played a critical role in supporting the International Commission against Impunity in Guatemala, both politically and financially — €11 million so far had been allocated from the European Union budget.


While fully aware of the need to extend the Commission’s mandate until September 2015, he said the Union expected that to be the final period.  Still, he expressed concern about continuing violence and cases of impunity.  He underlined the need to provide Guatemala with sufficient resources to build State capacity to continue to perform the tasks it had undertaken over the past years.


The representative of Costa Rica, speaking in his capacity as Pro Tempore President of the Central American Integration System, said he supported L.60 and expressed solidarity with Guatemala’s efforts to strengthen the rule of law and fight impunity.  He acknowledged the work of the International Commission, whose contribution transcended borders and impacted all of Central America.  The success it had already achieved, as well as its potential impact on the fight against transnational organized crime, would be critical for the future of Guatemala and the whole region.


He said the Commission’s work had been crucial in investigating and prosecuting several criminal cases, and, therefore, in implementing justice.  However, an even more important contribution had been its development of critical judiciary and institutional reforms and the strengthening of law enforcement institutions, as well as of the Attorney General’s Office and the national courts.  He highly welcomed the recommendation to extend its mandate and he urged the international community to continue supporting the country and the Commission.


Similarly, the representative of Argentina reiterated the country’s support for the Commission for its substantive, transformative and “emancipatory” work.  When a Government and an entire society decided to end impunity it was opting to uphold fundamental human rights.  A country from “our region” had set an example to reject all forms of violence and corruption, and to uphold justice and due process and combat impunity.  The task carried out by the Commission, including in the area of prosecuting organized criminal groups, was a “course that needs to be repeated” by others.


Argentina, from its own history, was aware of the importance of ending impunity and upholding rights, she said.  Coming to terms with the truth of the past was useful in mending “the pain of the victims when they have to cope with the denial of their rights by corrupt and cruel Powers”.  Argentina would not only continue cooperating by providing support to Guatemala through backing an extension of the Commission’s mandate, but also with an expression of solidarity.  That was an “ethical commitment based on conviction”, she said, adding that democracy was only possible when human rights were upheld.


The representative of Germany said he believed that the Commission was a vital mechanism to deal with corruption and impunity, both of which had been devastating to Guatemala.  In the past, an overwhelming majority of denunciations had gone unimplemented, but the Commission and Government had changed that drastically.  The Attorney General and representatives of civil society also had played a significant role in helping institutions with their legislative work and, in particular, with professionalizing the police force and judicial system.  Combating impunity in all sectors remained challenging for Guatemala, and for that reason, he supported an extension of Commission’s mandate.


The representative of the United States, similarly expressing support for extending the mandate, welcomed the progress made to investigate and prosecute criminals and end impunity.  He also noted steps taken to strengthen domestic security and justice institutions and encouraged enhanced focus in the area of providing security to judges, prosecutors and witnesses.  In an effort to sustain those processes after the conclusion of the Commission’s mandate, the development of benchmarks would provide measurable targets and enhance the joint work of the Government of Guatemala and Commission towards a smooth transition.


Then, acting without a vote, the Assembly adopted the draft resolution on International Commission against Impunity in Guatemala (document A/67/L.60).


Global Governance


Lastly, the Assembly turned its attention to the Secretary-General’s report on Global economic governance and development (document A/67/769), which describes recent international developments and their implications for global economic governance and development.  Those include deliberations regarding the growing role of the Group of 20 (G-20) in economic and financial policy coordination and its engagement with the United Nations in pursuit of internationally agreed development goals, the reform of the international financial and trade institutions and the outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development, known as Rio+20, as well as developments pertaining to other relevant United Nations processes, such as the formulation of a post-2015 development agenda.  The report puts forward further recommendations on how to strengthen the international framework for global economic cooperation in support of development.


According to the report, the highest priority is the implementation of the recommendations emanating from Rio+20, which seek to address broad governance challenges in moving towards a green economy in the context of sustainable development.  Also critical was strengthening the Organization’s principal organs, namely the General Assembly and Economic and Social Council, and encouraging the active participation of the “Group of 77” developing countries and China, the G-20, non-State actors, civil society and the private sector in development dialogue and activities.  Broadening the involvement of developing countries in international economic decision-making and norm-setting is also recommended.


OCTAVIO ERRÁZURIZ ( Chile) said that, in a world transformed by globalization, “the agenda of all our countries” included challenges of a global nature.  In view of their urgency, “inclusive multilateralism” was needed today more than ever.  The goal was to find ways of redoubling efforts to reform and revitalize the United Nations, as a world in which it did not play a central governance role would be an inequitable one without legitimate collective authority.


Summarizing the Secretary-General report, he said it sought to clarify the relevance of the smooth functioning of the international financial, monetary and commercial systems for development processes.  Indeed, the United Nations must address the phenomenon of “complex multilateralism”, with various levels, players and capacities.  He was pleased to see special reference given to the G-20 and stressed the need for complementarity of efforts and for the G-20 to respect, rather than oppose, the decision-making structures of the United Nations.  Furthermore, the report stressed the deficit of certain important bodies for collective action in global economic matters because developing countries were not involved or only marginally so.


IOANNIS VRAILAS, Deputy Head of the European Union Delegation, said the Union was a “staunch” promoter of multilateralism.  In an increasingly interdependent world, it was becoming obvious that “no nation can solve its challenges alone”.  For that reason, he welcomed today’s discussion, as it provided an opportunity to deepen the Organization’s participation in global affairs.  Effective multilateralism was at the very core of the United Nations and an essential element for its ability to achieve its work.  As mentioned in the report, the implementation of the recommendations of the Rio+20 outcome document would enhance the Organization’s central role.


Indeed, he continued, the active participation of Member States strengthened United Nations’ relevance, coherence, accountability and credibility.  Furthermore, the role of the International Monetary Fund and the World Bank fostered the dynamic voice of emerging markets, especially during the current global financial crisis.  Other multilateral institutions, as well as civil society and the private sector, played complementary roles.  More coherence and cooperation, as well as “making best use of comparative advantages”, also were essential.  The global financial crisis served as a “watershed” to global leadership, requiring a renewed and coordinated response and a new forum to bring together advanced economies and emerging markets.  The G-20 had proven to be an effective forum for such a response.  The key issue was to “strike the right balance” between legitimacy and effectiveness.


* *** *


__________


*     A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).



General Assembly Adopts Texts on Items Ranging from Self-Determination to Peace in South Atlantic; Supports Extension of Impunity Commission in Guatemala

Argentina emprende disputa comercial contra la Unión Europea sobre biodiesel

Argentina emprende disputa comercial contra la Unión Europea sobre biodiesel

Argentina emprende disputa comercial contra la Unión Europea sobre biodiesel


16 de mayo, 2013 — Argentina solicitó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) un proceso de consultas formales con la Unión Europea sobre las medidas que ese bloque aplica a la importación y comercialización del biodiesel, así como sobre su apoyo a la industria de ese combustible.


En su petición, Argentina argumenta que dichas medidas violan varias provisiones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) referentes a la no discriminación, además de contravenir el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.


Las medidas que cuestiona Argentina incluyen, entre otras, un nuevo mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el establecimiento de esquemas de apoyo al sector del biodiesel en la Unión Europea.


Con la petición de consultas, Argentina emprende una disputa en la OMC, en el que las partes tienen 60 días para discutir directamente y tratar de llegar a un acuerdo sin necesidad de un litigio. Si la controversia no se dirime en ese plazo, el caso se lleva a un panel de expertos para que evalúen y den un fallo.


 




Argentina emprende disputa comercial contra la Unión Europea sobre biodiesel

El Reino Unido contra el principio de Libre Determinación

El Reino Unido contra el principio de Libre Determinación

El Reino Unido contra el principio de Libre Determinación



Sábado 18 de Mayo de 2013. Información para la Prensa N°:  106/13


El  viernes 17 de mayo pasado, el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución a favor de la libre determinación de la Polinesia Francesa. Se trata de un nuevo avance en el proceso de eliminación del colonialismo en el mundo, que contó con un gran consenso de la comunidad internacional y al que la Argentina apoyó con contundencia pero que el Reino Unido rehusó respaldar.


La Argentina está convencida de que la descolonización debe ser un proceso supervisado por las Naciones Unidas, y en el que las potencias administradoras asuman plenamente las responsabilidades que les caben de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Lo exigimos para la Cuestión Malvinas y para todos los enclaves coloniales que aún perduran en pleno siglo XXI.


La Polinesia Francesa, territorio compuesto por un conjunto de islas ubicadas en el Pacífico y pobladas desde el año 300 por polinesios autóctonos, fue objeto de las ambiciones colonialistas de distintos países durante siglos. En 1889, Francia estableció su protectorado sobre las islas y, en 1946, cambió su estatus territorial por aquel de “territorio francés de ultramar”. Ese mismo año la Polinesia Francesa fue inscripta en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas.


La Carta de las Naciones Unidas dispone la obligación de las “potencias administradoras” de transmitir regularmente información sobre las condiciones imperantes en los territorios bajo su administración. Francia decidió unilateralmente dejar de brindar información sobre la Polinesia Francesa logrando así que en 1963 el territorio fuera removido de la lista, sin autorización de la Asamblea General. El viernes pasado la Asamblea General con el apoyo de nuestro país, entre otros, reinició el proceso de descolonización de la Polinesia Francesa.


La posición del Reino Unido, rechazando el texto adoptado el viernes demuestra, una vez más, el doble estándar británico respecto del derecho a la libre determinación de los pueblos al disociarse de una resolución a favor del derecho de la libre determinación del pueblo de la Polinesia Francesa. Dicha decisión es similar con su posición en otros casos de descolonización, tal como el del archipiélago de Chagos, donde desarraigó a sus habitantes nativos, privándolos al día de hoy de su derecho a retornar a sus tierras. Mientras tanto, el Reino Unido alega tal principio como “derecho” inalienable de una población británica transplantada en las Islas Malvinas luego de haberlas ocupado militarmente. Con ello, no hace sino encubrir una anacrónica situación colonial.


Por el contrario, nuestro país reafirma su firme compromiso con la libre determinación de todos los pueblos que, como el Polinesio, se encuentran sometidos a diferentes formas y manifestaciones de colonialismo, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que ninguna de las más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas se refiere a la libre determinación. Las Naciones Unidas han definido a la Cuestión como un caso colonial “especial y particular” que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, instando a ambas partes a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.


El Reino Unido intenta forzar la interpretación del principio de la libre determinación para la cuestión Malvinas cuando las Naciones Unidas no lo consideran aplicable, pero lo niega en contra de los derechos de los pueblos de Polinesia y Chagos y otros pueblos que exigen su derecho a la autodeterminación. Hipocresía colonial.


 


[via rss]


El Reino Unido contra el principio de Libre Determinación

sábado, 18 de mayo de 2013

Las fechas clave: de la dictadura al fin de la impunidad

Las fechas clave: de la dictadura al fin de la impunidad

Las fechas clave: de la dictadura al fin de la impunidad


Estas son las fechas clave de las condenas e indultos por hechos relacionados con la dictadura argentina (1976-1983).


    • Marzo de 1976: Un golpe militar derroca al Gobierno de María Estela Martínez de Perón e instala a una Junta encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla. Al poco tiempo comienza la guerra sucia, que causa decenas de miles de muertos y desaparecidos.

    • Octubre de 1983: Raúl Alfonsín es elegido presidente.

    • Abril-diciembre de 1985: Se celebra un juicio contra las Juntas Militares que concluye con penas de prisión perpetua para Videla y el almirante Emilio Massera, y 18 años para el general Roberto Viola.

    • Diciembre de 1986: el Congreso aprueba la ley 23.492, conocida como Punto Final, que dio un plazo de 60 días para denunciar a represores. Concluido ese periodo, ningún militar podía ser procesado, aunque se aportaran pruebas en su contra.

    • Junio de 1987: El Parlamento aprueba la ley de Obediencia Debida, que consagra la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales actuaron en la represión forzados por los mandos superiores y los exonera.

    • Octubre de 1989: El presidente Carlos Menem indulta a 277 personas, incluidos militares acusados de crímenes de lesa humanidad y dirigentes de grupos guerrilleros.

    • Diciembre de 1990: Otro indulto beneficia a los mandos militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los generales Videla y Viola y el almirante Massera.

    • Agosto 2003: el Parlamento deroga las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sin efecto retroactivo.

    • 14 de junio de 2005: La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

  • 13 de julio de 2007: La Corte Suprema de Justicia dictamina la inconstitucionalidad de los indultos para los represores.

 


 


 




Las fechas clave: de la dictadura al fin de la impunidad

jueves, 16 de mayo de 2013

La Argentina participó de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Argentina participó de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Argentina participó de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos


Miércoles 15 de Mayo de 2013. Información para la Prensa N°: 103/13El día 14 de mayo, el Canciller Héctor Timerman participó de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Cochabamba, Bolivia, organizada por el Gobierno de ese país.


Esta reunión se realizó en seguimiento de la I Conferencia, que tuvo lugar en Guayaquil en marzo pasado y donde los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) acordaron una serie de propuestas comunes de cara a la Asamblea General Extraordinaria de la OEA del 22 de marzo pasado.

Como resultado de la reunión, los Estados Parte firmaron una declaración en la que manifestaron “el propósito de continuar el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la convicción de recuperarlo para nuestros pueblos desde los Estados”, destacando la importancia del espacio de diálogo permanente que brinda la realización de este tipo de Conferencias.
En ese sentido, se decidió, entre otras cuestiones, la conformación de una Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores para realizar visitas a aquellos países que no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, para promover su ratificación.
Del mismo modo, se acordó avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la CIDH esté ubicada en un Estado Parte de la Convención. A tal efecto se estableció un grupo de trabajo que analizará las cuestiones presupuestarias, reglamentarias y funcionales de dicho traslado. Por último, se encargó a Bolivia y Ecuador la coordinación con el resto de los Estados Parte, la realización de una III Reunión de Estados Parte.
La presente Conferencia de Cochabamba representó una nueva oportunidad para reforzar la posición de nuestro país de compromiso con un Sistema Interamericano más universal y eficiente, teniendo como fin último elevar los estándares de protección en materia de derechos humanos de los ciudadanos de todas las Américas.

Información para la prensa Nº 103/13


Dirección de Prensa de Cancillería: 4819-7375 / 8296 / 7388


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Declaración de Cochabamba 14 de mayo 2013 [2]



 


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[2] http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/14-05-13_delcaracion_cochabamba.pdf



 


 


 


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La Argentina participó de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Libros: Asia marca el rumbo

Libros: Asia marca el rumbo

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Asia marca el rumbo. Las claves estratégicas y económicas del siglo XXI, de Jame Giné Daví. Editorial Dèria. Barcelona, 2012.


Asia se convierte progresivamente en protagonista del siglo XXI. El boom económico de China, India, Japón y los tigres asiáticos ha implicado un reequilibrio entre Occidente y Oriente. Mientras Europa –y en menor parte Estados Unidos– continúa inmersa en las posibles soluciones a la crisis económica, los países BRIC siguen creciendo. Ya son muchos los expertos que hablan del declive de Occidente. Es evidente que millones de ojos se posan cada día sobre esta región. Estados Unidos y América Latina ya han dado el “giro hacia Asia- Pacífico”, con acuerdos en marcha como el TPP o los currency swap agreements por parte de Brasil, Argentina y Perú. Para Jaume Giné Daví, profesor de la Facultad de Derecho de ESADE y secretario general de Casa Asia, Europa debe aceptar este cambio y digerirlo. No hay que temer este nuevo escenario, sino que deben aprovecharse las nuevas oportunidades que el mismo brinda. “El siglo XXI es el de la emergencia de Asia-Pacífico. Y el de la reemergencia de China e India en particular. Los procesos de transformación económica impulsados por la globalización obligan a considerar aquella región como una nueva prioridad estratégica de nuestra acción exterior. Nuestros principales competidores son y serán los asiáticos”, apunta Giné en el prólogo de Asia marca el rumbo.


Además del crecimiento económico, existen más datos  ilustrativos: China e India, con 2.560 millones de personas, suman el 37% de la población mundial. La otra cara de la moneda la mide el índice de Desarrollo humano del PNUD, que en 2011 sitúa a China en el puesto 101º en un ranking de 187 países. India, la mayor democracia del mundo, sigue en el 136º, mientras que Japón y Corea, en destacada posición, ocupan el 12º y 15º lugar respectivamente. Esta cifra demuestra que tanto China como India presentan importantes desafíos políticos y sociales, más allá del crecimiento económico.


Giné describe en su libro los recientes cambios de las cuatro grandes economías asiáticas –China, Japón, India y Corea del Sur–, la presencia de Estados Unidos y la ausencia de la UE en la región, el giro de Rusia hacia Asia Central, las nuevas tensiones militares en el golfo Pérsico, los procesos de integración económica del sudeste asiático y las crecientes relaciones entre Asia-Pacífico con América Latina y África.


Para Giné, es importante comprender y estudiar la región, pues “es mucho más que el actual motor económico mundial. Es la cuna de civilizaciones y religiones y un complejo mosaico de naciones y pueblos que apasiona a quienes se acercan a su gran diversidad social y cultural”. Para mejorar la posición estratégica española y europea frente al reto asiático hay que esforzarse e invertir en mejorar el conocimiento de la región. Así, las verdaderas barreras a las que nos enfrentamos no son tanto económicas como culturales. Un acercamiento a las tradiciones confucianas, budistas, hinduistas e islámicas es un paso básico para entender la filosofía de vida y las relaciones personales de confianza, cuestión clave para “hacer negocios”. El autor reitera la necesidad de actuar en varios frentes: por una parte, es indispensable mejorar la estructura académica y empresarial española, en la que ha de entrar en juego la variable asiática; además, el autor desea que Europa se haga ver en la región, y para ello se necesita “Más Europa”, mayor integración y una acción exterior armonizada y única; por último, sería deseable una mayor coordinación con EE UU en cuanto a políticas económicas y comerciales.


Para más información:


Jaume Giné, “Asia: diplomacia entre gigantes”. Política exterior 130, julio-agosto 2009.


Jaume Giné: “Diplomacia y apertura al exterior”. Economía Exterior 62, otoño 2012.


Jaume Giné: “China: un mercado complejo y asimétrico”. Economía Exterior 56, primavera 2011.


Jaume Giné: “China: del “right to copy” al “copyright””. Economía Exterior 53, verano 2010.


Jaume Giné: “Barack Obama apuesta por Asia-Pacífico”. Economía exterior 51, invierno 2009-2010.




Libros: Asia marca el rumbo