Día de las Naciones Unidas

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Día de las Naciones Unidas

La enseña nacional es símbolo de orgullo y patriotismo en todos los países del mundo. Pero, entre todas las banderas, solo hay una que nos pertenece a todos.

Es la bandera azul de las Naciones Unidas, que fue para mí un estandarte de esperanza cuando era niño durante la guerra de Corea.

Setenta años después de su fundación, las Naciones Unidas siguen siendo faro y guía para toda la humanidad.

A diario, las Naciones Unidas dan alimento a quienes padecen hambre y refugio a quienes han sido expulsados de su hogar.

Las Naciones Unidas vacunan a niños que, de lo contrario, morirían de enfermedades prevenibles.

Las Naciones Unidas defienden los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su raza, religión, nacionalidad, género u orientación sexual.

Nuestro personal de mantenimiento de la paz está en la primera línea de los conflictos; nuestros mediadores logran que quienes guerrean se sienten a negociar por la paz; nuestro personal de socorro afronta valientemente peligrosos entornos para prestar una asistencia que salva vidas.

Las Naciones Unidas trabajan para la gran familia de 7.000 millones de seres humanos y cuidan de la Tierra, que es nuestro único hogar.

Con su diversidad y talento, el personal de las Naciones Unidas ayuda a que la Carta cobre vida.

El 70º aniversario nos brinda la oportunidad de reconocer su dedicación y honrar la memoria de los muchos que hicieron el sacrificio supremo en cumplimiento de su deber.

El mundo se enfrenta a múltiples crisis y los límites de la acción internacional colectiva son, por desgracia, más que evidentes. Sin embargo, ningún país u organización puede abordar en solitario los desafíos de nuestra época.

Los valores eternos de la Carta de las Naciones Unidas deben seguir siendo nuestra guía. Tenemos el deber compartido de “unir nuestras fuerzas” para servir a “nosotros los pueblos”.

Para celebrar este aniversario, se iluminarán de azul ONU monumentos y edificios del mundo entero. A la luz de este histórico aniversario, reafirmemos nuestro compromiso con un futuro más brillante y mejor para todos.

Ban Ki-moon

Secretario General de la ONU

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La Argentina y Rusia conmemoran 130 años de relaciones diplomáticas.

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La Argentina y Rusia conmemoran 130 años de relaciones diplomáticas.

Con motivo del 130 Aniversario de relaciones diplomáticas entre la Argentina y Rusia, establecidas el 22 de octubre de 1885, el Canciller Héctor Timerman, junto al Vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, inauguró hoy en el Palacio San Martín la muestra de archivos, fotos y documentos históricos que reflejan la extensa y profunda relación entre ambos países.

Entre los documentos del archivo de esta Cancillería que se exhiben en la muestra, que abarca el período desde 1885 hasta la actualidad, se pueden destacar informes políticos y económicos de la Representación argentina en Rusia, documentos de la época, diversas notas oficiales de trascendencia bilateral y fotografías alusivas a hechos significativos en las relaciones de ambos países.

La citada muestra se encontrará abierta al público desde el  22 de octubre al 22 de noviembre de 2015, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, en el Palacio San Martín. Cabe destacar que ayer, en Moscú, el Canciller ruso, Serguéi Lavrov, realizó también una ceremonia de inauguración de una muestra de archivos históricos.

En el acto de hoy, además, el Vicecanciller Zuain condecoró al Vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, con la “Orden de Mayo al Mérito” en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento por su contribución en la profundización de los vínculos bilaterales.

Asimismo, los Cancilleres de la República Argentina, Héctor Timerman, y de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, intercambiaron sendos mensajes con motivo de la celebración del  130 Aniversario.

A continuación se reproduce el mensaje del Canciller argentino:

AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

D. SERGUÉI VICTÓROVICH LAVROV

MOSCÚ

Señor Ministro:

Con motivo del 130° Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la Federación de Rusia, le hago llegar fraternales y cálidos saludos.

A lo largo de este tiempo hemos consolidado una profunda amistad entre nuestros pueblos y una sólida relación que abarca múltiples esferas. Quisiera destacar el intenso diálogo político mantenido entre nuestros Gobiernos en los últimos años cuyo resultado se ha visto reflejado en la suscripción de trascendentes acuerdos bilaterales y el establecimiento de una auténtica “Relación Estratégica Integral”.

La Argentina y Rusia comparten intereses, valores y visiones comunes de las relaciones internacionales. Coincidimos en el apoyo al multilateralismo como ámbito primordial de debate, de acercamiento de posiciones y marco para la solución pacífica de los conflictos, en base al respeto del Derecho Internacional así como a los objetivos y principios fundamentales de las Naciones Unidas.

Destaco la importancia del afianzamiento de nuestra cooperación bilateral para asegurar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, renovando el compromiso de continuar trabajando en forma mancomunada en el seno de la ONU, del G-20 y demás foros multilaterales.

El aniversario de nuestra relación bilateral nos encuentra en un contexto histórico sin precedentes, que se nutre del vínculo cultural, que durante el 2015 se ha visto potenciado con la celebración del Año de la Cultura en ambos países. En este marco quisiera realizar especial mención a la comunidad de origen ruso que encontró en la Argentina su nuevo hogar, enriqueciendo nuestra identidad con su cultura, su historia y sus tradiciones.

En nombre del Gobierno y del pueblo argentino, y en el mío propio, reafirmo la voluntad de continuar estrechando los vínculos de amistad y cooperación entre nuestras naciones.

HÉCTOR TIMERMAN

Ministro de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto

 

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Unión Interparlamentaria: el GRULAC adopta Declaración sobre los procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas

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Unión Interparlamentaria: el GRULAC adopta Declaración sobre los procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas

Lunes 19 de Octubre de 2015. Información para la Prensa N°: 257/15

En el marco de la 133° Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), que tuvo lugar en el día de la fecha en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC) adoptó por unanimidad una Declaración presentada por la Delegación argentina sobre los procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas.

En dicha Declaración, y luego de condenar el accionar especulativo y extorsivo de los “fondos buitres” que atenta contra la soberanía política, la independencia económica y la dignidad de los pueblos, los países que integran el GRULAC expresaron su beneplácito por la aprobación efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución A/RES/69/319 denominada “Principios básicos y soberanos para los procesos de reestructuración de deuda”.

Asimismo, declaran su convicción respecto de que dichos principios contribuirán a asegurar el derecho de los Estados a reestructurar sus deudas soberanas, garantizando su desarrollo sostenible y resguardando los derechos de los acreedores. Por último, manifiestan su compromiso a difundir los “Principios básicos y soberanos para los procesos de reestructuración de deuda” en todos los ámbitos internacionales y promover en los respectivos parlamentos nacionales leyes internas de adhesión a dichos principios.

 

Información para la prensa Nº 257/15

Dirección de Prensa: 4819-7375 / 8296 / 7388

www.cancilleria.gob.ar

@CancilleriaARG

 

 

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Naciones Unidas: ¿imperfecta pero imprescindible?

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Naciones Unidas: ¿imperfecta pero imprescindible?

La organización de Naciones Unidas (ONU) cumple 70 años en octubre de 2015. Creada al final de la Segunda Guerra Mundial con el fin de preservar a futuras generaciones “del flagelo de la guerra”, ha atravesado un complicado camino marcado, por un lado, por la ampliación de su agenda siguiendo la creciente complejidad del mundo en campos como el desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de género y el medioambiente. Por otro, se encuentra en constante tensión entre el interés común y los intereses particulares de los Estados que la componen. Cómo vive la organización los grandes cambios del momento, cuáles son los retos y los desafíos y hacia dónde apunta su futuro. 

“Naciones Unidas no ha sabido adaptarse a los cambios en el mundo”

Sí, pero los cambios han sido muchos. En 1945 la preocupación de los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial era que no volviesen a ocurrir confrontaciones bélicas como las que habían azotado al sistema internacional en el siglo XX.

En 2015 los desafíos son muchos y más complejos: diversas formas de conflictos violentos, desigualdad, pobreza, salud, cambio climático, seguridad alimentaria, crecimiento urbano, crisis humanitarias, violaciones de derechos humanos, flujos masivos de refugiados y nuevos problemas como la privacidad de los ciudadanos frente al control del Estado y el desempleo ante la robotización y la inteligencia artificial.

En cada uno de estos campos la ONU asume una agenda de protección de los derechos, entre otros, de la mujer, la infancia, los refugiados, los pobres, los discapacitados, la tercera edad y de grupos étnicos, raciales o religiosos en peligro.

La organización adaptó su agenda (preservar la paz) a esta multiplicidad de problemas. De este modo, registra sus manifestaciones, llama la atención sobre ellos y provee el espacio para negociar cómo se deberían solucionar. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que acaban de ser sustituidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, son un ejemplo de esta forma de acción.

“El Consejo de Seguridad es obsoleto”

Permanece anclado al siglo pasado. El Consejo de Seguridad (CSNU) está desfasado en el tiempo. Su configuración (Estados Unidos, Rusia –heredera del puesto que ocupaba la URSS-, China, Gran Bretaña y Francia) responde al equilibrio de poder que emergió de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente refleja, además, el poder militar (armas nucleares) que tienen sus cinco miembros. La presencia de 10 Estados no permanentes que cambian cada dos años no sirve para contrapesar el poder de los cinco permanentes.

Desde que la organización fue creada surgieron más de medio centenar de nuevos Estados postcoloniales, se libró y acabó la guerra fría y desapareció la URSS. Del mundo bipolar (Estados Unidos-URSS) se pasó a un sistema internacional multipolar con la emergencia económica de países como Brasil, India y Suráfrica.

El Consejo de Seguridad no refleja la estructura de poder global de la actualidad. Más grave aún, ni su diseño ni sus miembros sirven para enfrentar y decidir sobre problemas globales, como el cambio climático, que requieren negociaciones y formas de decisión menos jerárquicas y más horizontales.

“El Consejo de Seguridad nunca se reformará”

Con una bola de cristal lo sabríamos. No es posible hacer predicciones. Desde la década de los 90 ha habido diversos intentos de reformar el Consejo de Seguridad en los campos de membresía, transparencia, las formas de trabajo y el derecho de veto. A la vez, Estados de América Latina y Africa han expresado su descontento con tener presencia regional en él.

Los miembros permanentes han bloqueado sistemáticamente que otros Estados se integren, bien sea por criterios de poder o geográficos. Brasil, India, Alemania, Japón, Nigeria y Suráfrica son los países mejor situados en el caso en el que se ampliase el Consejo de Seguridad. Han hecho campañas, ganado aliados, pero no han logrado modificar la resistencia de los cinco que dominan el Consejo. La Asamblea General se ha manifestado en diversas ocasiones en favor de una reforma. Otros países presionan para que haya más transparencia en la forma en la que se toman las decisiones, pero el secreto es, en gran medida, una parte del trabajo diplomático.

Probablemente, en el medio plazo no habrá reformas en la composición del Consejo de Seguridad, pero el constante surgimiento de otros foros de decisión política y económica conduce a que pierda poder y legitimidad. Por otra parte, los mismos miembros del CSNU tienden a obviar al propio Consejo cuando no logran consenso. Estados Unidos y Gran Bretaña invadieron Irak en 2003 cuando comprobaron que no podían obtener una resolución favorable a la guerra. Rusia ha comenzado a intervenir militarmente en Siria pese a haber bloqueado desde 2011 toda resolución que abriese la puerta a una intervención armada en ese país.

“Naciones Unidas no ha preservado la paz en el mundo”

Falso. La organización fue creada con el mandato normativo de evitar la guerra. Para lograr esa misión tendrían que haber funcionado los mecanismos de seguridad colectiva que se crearon pero nunca se activaron. O sea, mecanismos y procedimientos que permitieran a la ONU tener poder sancionador sobre los Estados en caso de que estos no cumpliesen con los principios y, especialmente, con los acuerdos alcanzados.

En cuestiones de paz y guerra Naciones Unidas tiene la capacidad de acción que le den los Estados (al igual que puede recomendar objetivos de desarrollo pero deben ser implementados por los propios países). En muchas ocasiones la organización ha promovido negociaciones, acuerdos de paz y su puesta en práctica, desde Camboya a América Central. Ha organizado, con mayor y menor eficacia desde 1948 y muy especialmente desde el final de la guerra fría, misiones de mantenimiento de la paz y programas de construcción de la paz en situaciones de postconflicto en Haití, Timor Oriental, Sudán del Sur, Kosovo, Malí y República Centroafricana. A la vez, apoya a comunidades sometidas a ocupación militar, como la palestina.

Crecientemente, los secretarios generales han contado, además, con la figura de enviados especiales, como actualmente Bernardino León para Libia y Steffan de Mistura para Siria, que intentan abrir espacios de negociación. De forma paralela, el Departamento de Asuntos Políticos tiene un cuerpo de expertos, que se renueva cada año, para intervenir, asesorar y mediar en situaciones de violencia organizada.

“Naciones Unidas es un gigante con problemas de coordinación”      

Totalmente. La ONU tiene problemas de coordinación interna y de competencia entre sus agencias. La organización cuenta con 17 agencias especializadas (como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), 14 fondos (como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y un secretariado con 17 departamentos que emplean a 41.000 personas. El presupuesto anual es de 5.400 millones de dólares a los que se suman el coste de 9.000 millones de dólares destinados a misiones de paz (con 120.000 cascos azules en diversas misiones) y contribuciones especiales por parte de los Estados para actividades y proyectos específicos.

Durante las últimas décadas, sucesivos secretarios generales han intentado evitar las duplicidades, las competencias internas y que la organización se rija por la coordinación y el principio de “trabajar como si fuésemos uno” (delivering as one). En el terreno de paz y seguridad los recientes informes de paneles designados por el secretario general Ban Ki-Moon sobre operaciones de paz y la arquitectura de la construcción de la paz insisten, entre otras medidas, en la coordinación y coherencia interna.

“El mundo sería mejor sin Naciones Unidas”

Para sus enemigos sí y la ONU tiene muchos. Algunos muy activos, como John Bolton, el ex embajador del Gobierno de George W. Bush, quien hace campaña sistemática contra la organización. En este caso, se trata de ataques contra la posibilidad de que el sistema multilateral llegue a tener más poder que los Estados, en particular EE UU. Otros enemigos son silenciosos: ciudadanos que consideran que la ONU no sirve para nada porque en teoría no cumple la función que se le adjudicó. (Pero si la cumpliese posiblemente también estarían en contra considerando que tendría demasiado poder).

Sin la ONU el mundo tendría menos reglas y menos guías de acción que limiten los intereses egoístas de los Estados. Millones de personas estarían más desprotegidas y no tendrían una voz que les represente. La organización tiene limitaciones coherentes con operar en un sistema de Estados que rehusan delegarle poder. Es imperfecta pero imprescindible.

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¿Estamos ante el comienzo de una tercera Intifada?

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¿Estamos ante el comienzo de una tercera Intifada?

La ola de ataques e incidentes que comenzó el 1 de octubre con el atentado que se cobró la vida de una pareja de colonos que se desplazaban en coche por el norte de Cisjordania ha sido identificada por algunos analistas israelíes como el posible prolegómeno de una tercera Intifada. Sin duda, hay una serie de denominadores comunes respecto de la situación que se vivía en Israel y Palestina en septiembre del 2000, pero también varias diferencias importantes que hacen que esta espiral de violencia se parezca más a la del verano del año pasado –motivada por el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes, la correspondiente represalia contra un adolescente palestino que fue quemado vivo, y la puesta en marcha de la operación militar Margen Protector contra las milicias de la franja de Gaza– que a un nuevo levantamiento popular.

Si en el otoño de 2014 el modus operandi de los llamados “lobos solitarios” palestinos –dado que aparentemente actúan de forma individual y más espontánea que premeditada– fueron los atropellos intencionados, en esta ocasión han pasado a utilizar armas blancas. Hasta el momento se han registrado 17 apuñalamientos, muchos de ellos perpetrados contra las fuerzas de seguridad israelíes, pero también contra civiles e incluso contra jóvenes y niños. En paralelo, los disturbios y enfrentamientos entre jóvenes y niños palestinos lanzando piedras y cócteles molotov frente a los soldados israelíes respondiendo con gases lacrimógenos y balas recubiertas de caucho –que pueden resultar letales si son disparadas a corta distancia y contra órganos vitales del cuerpo– se han cobrado ya una treintena de muertos en Cisjordania y una decena en la franja de Gaza, además de cientos de heridos y detenidos. Una secuencia mortal que de momento no parece vaya a tener un fin inminente, sino que puede durar varios días o semanas más.

Perfil de los atacantes

Los autores de los apuñalamientos presentan perfiles muy similares. Jóvenes de ambos sexos de entre 15 y 20 años, que han ido a la escuela e incluso han comenzado estudios universitarios, que sienten que tienen que hacer algo por la causa, con afán de protagonismo y sin nada que perder. Una mezcla explosiva, muy difícil de detectar –dado que no tienen antecedentes penales, ni conexiones familiares con organizaciones terroristas, ni están afiliados a ningún partido político– que trae de cabeza a los servicios de seguridad. Según el ministro israelí de Fomento que participa en las reuniones del gabinete de seguridad, Yuval Steinitz, la principal motivación que lleva a estos jóvenes a atacar a israelíes reside en la constante incitación antisemita que se reproduce en los libros de texto, emisoras de radio y canales de televisión palestinos, así como ahora también en el marco de las redes sociales. En opinión de Steinitz la política de disparar a matar a los jóvenes palestinos que empuñan un cuchillo con la intención de matar a israelíes es justa y necesaria, mientras que para las organizaciones de Derechos Humanos resulta excesiva y desproporcionada.

Sin embargo, desde el punto de vista del miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y director de su unidad de negociaciones, Saeb Erekat, la explosión de violencia no ha tenido lugar por generación espontánea, sino debido a una serie de causas subyacentes. Entre las estructurales destaca las injusticias creadas por la ocupación de Cisjordania y el hermético cierre de la franja de Gaza, la construcción de nuevas colonias israelíes que menoscaban la solución de dos Estados, y la falta de un horizonte político. Y entre las coyunturales menciona cómo el gobierno de Benjamin Netanyahu ha ido abriendo progresivamente la Explanada de las Mezquitas a la visita de nacionalistas judíos –algo que antes era un tabú debido a la prohibición que emanaba de la Halajá (ley judía), pero que ahora presenta una media de 10.000 visitas anuales de israelíes– además de las visitas puntuales por parte de ministros radicales como el de Vivienda, Uri Ariel, y la de Cultura, Miri Reguev, ambos provocadores natos.

No obstante, el detonante más importante de la actual espiral fue la violenta entrada de la policía antidisturbios israelí en la mezquita de Al Aqsa –considerada el tercer lugar sagrado más importante para el islam– coincidiendo con la fiesta de Rosh Hashaná (Año Nuevo) para confiscar los artefactos explosivos que extremistas palestinos habían ido acumulando, supuestamente para provocar disturbios durante la semana de Sukkot (fiesta de los Tabernáculos). Si normalmente los enfrentamientos dentro del Haram el-Sharif tienen lugar en el exterior, el hecho de que esta vez los antidisturbios irrumpieran a la fuerza en el interior de las mezquitas supuso a su vez un salto cualitativo en la violencia dentro del complejo que llevó a muchos a pensar que Netanyahu quería modificar el statu quo pactado con Jordania tras la guerra de los Seis Días en 1967. Aunque el gobierno israelí asegura por activa y por pasiva que ese no es el caso, lo cierto es que muchos palestinos así lo creen –citando el precedente de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón– lo que tenderá a retroalimentar la espiral de violencia.

Medidas del Gobierno y de la ANP

El ejecutivo israelí ha adoptado una batería de medidas –en parte punitivas, en parte disuasorias– que deberían hacer amainar la frecuencia e intensidad de los ataques. Entre ellas, el despliegue de efectivos militares en las principales ciudades para complementar las laboras de la Policía Nacional y de la Guardia de Fronteras, el control de todos los accesos a los barrios palestinos de Jerusalén Oriental (de donde procedían el 80% de los atacantes), la reactivación de las demoliciones de las viviendas familiares de los atacantes, la revocación de sus permisos de residencia (en el caso de los palestinos de Jerusalén) y ciudadanía (en el de los árabe-israelíes), y la retención de los cadáveres de aquellos que resulten muertos por disparos de las fuerzas de seguridad o de civiles armados (con el objeto de evitar que los funerales sirvan para hacer apología de la violencia).

Otro factor atenuante es el papel jugado hasta ahora por la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Lejos de colaborar con la revuelta –tal como ocurriera durante la segunda Intifada– la dirección de la ANP ha dado orden a sus fuerzas de seguridad de ayudar a sofocarla, pues en estos momentos tiene otras prioridades y objetivos. Después de su éxito a finales de 2012 a la hora de ser reconocida como “Estado observador” por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas y de que el mes pasado se izara por primera vez la bandera nacional palestina ante la sede de la ONU en Nueva York, el interés de su presidente, Mahmoud Abbas, consiste en reducir al mínimo la conflictividad –que antes o después se puede volver contra él– y emplear los mecanismos legales que les otorga su nueva condición internacional.

A fin de cuentas la ANP quiere presentarse como una entidad responsable que sabe dirimir los conflictos y presentar sus demandas por la vía institucional, que no haciendo uso de la violencia –sea armada o social– de cara a ser aceptada lo antes posible como miembro de pleno derecho por parte del Consejo de Seguridad. Para ello parte de la base de que dado que Israel no les va a conceder voluntariamente la independencia, esta solo podrá llegar de la mano de la comunidad internacional.

[via Política Exterior]

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Acuerdo de cooperación entre Costa Rica y Palestina: primer paso

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Nicolas Boeglin (*)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante su Comisión de Relaciones Internacionales, dictaminó de forma unánime el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina (Expediente Legislativo N° 19 482) suscrito en septiembre del 2013 entre los cancilleres de ambos Estados. Un nuevo acercamiento a Palestina que, una vez aprobado por el pleno del Congreso, facilitará la cooperación técnica, científica y cultural, y que merece ser puesto brevemente en perspectiva.

El pasado 8 de octubre del 2015 en forma unánime fue dictaminado el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina (ver  nota  de prensa del Semanario Universidad del 8/10/2015): se trata del primer paso, dado en el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de cara a la aprobación por parte del Congreso en pleno de este acuerdo marco suscrito el 23 de septiembre del 2013 en Nueva York por los cancilleres de ambos Estados (ver  nota  de prensa El Diario del 23/09/2015).

El acuerdo (ver  texto completo ) prevé diversas formas de cooperación y la implementación de programas conjuntos en materia de pasantías, de investigación y de desarrollo de interés mutuo para ambos Estados. En su artículo I, se lee que: “EI objetivo fundamental del presente Acuerdo, en adelante referido como “el Acuerdo”, es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre las Partes, a través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común. Las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación. Asimismo otorgarán importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países. Con base en el presente Acuerdo las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios de cooperación, en áreas específicas de interés común“. Este acuerdo entre Costa Rica y Palestina deberá ahora ser sometido a la consideración del pleno del Poder Legislativo para su definitiva aprobación, según la normativa vigente en Costa Rica.

Pese a tratarse de un primer paso en el trámite de aprobación de este texto, constituye un nuevo acercamiento hacia Palestina por parte de Costa Rica que merece ser saludado, tratándose de un Estado que hasta hace menos de 10 años mantenía una línea bastante peculiar con relación al conflicto palestino-israelí (Nota 1): recordemos que Costa Rica fue el penúltimo Estado en trasladar a su Embajada de Jerusalén Oriental a Tel Aviv, en agosto del 2006, seguido semanas después por El Salvador (ver nota de prensa de La Nación del 26/08/2006 en la que el canciller de la época, Bruno Stagno, explica el significado de este traslado).

El pasado 30 de septiembre, mientras se izaba por vez primera en la historia la bandera de Palestina en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se anunció también, dentro del mismo Poder Legislativo de Costa Rica, la creación de un Grupo de Amistad con Palestina (ver  nota de prensa  de Informa-tico del 1/10/2015). Un Grupo de Amistad parlamentario similar existe en la mayoría de los Estados de América Latina: por ejemplo, fue creado el 11/08/2014 en el Congreso de Argentina (ver  nota), el 11/12/2012 en el Congreso de Venezuela (ver  nota), así como en el Congreso de Perú (ver nota), el 27/12/2011. Un interés similar se ha dejado entrever en El Salvador en septiembre del 2015 (ver  nota) por esta útil herramienta de la denominada “diplomacia parlamentaria”, cuya variedad de actividades e iniciativas se puede apreciar revisando, por ejemplo, un reciente informe de labores de los Grupos Parlamentarios de Amistad de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ver informe).

En el caso de América Latina, cabe recordar que el planteamiento hecho por Costa Rica al decidir establecer relaciones oficiales de Estado a Estado con Palestina en febrero del 2008 fue tal que, pese a las ya habituales gesticulaciones de Israel (Nota 2), procedieron a similar gesto hacia Palestina los siguientes Estados: Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011), Guatemala (abril del 2013) y Haití (septiembre del 2013).

En agosto del 2014, en plena ofensiva militar israelí en Gaza, Ecuador anunció la apertura de una embajada en Palestina (ver  nota de prensa de El Universo, del 4/08/2015). De la misma forma, en forma simultánea, Uruguay anunció también la apertura de una sede diplomática en tierra palestina (ver nota de prensa del 4/08/2014). El pasado 30 de septiembre, Palestina inauguró su embajada en Montevideo (ver nota de prensa de El Observador del 30/09/2015), sumando una nueva representación diplomática a las que ya posee en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Nicaragua y Venezuela.

A la fecha únicamente Colombia, México y Panamá se mantienen en la región latinoamericana sin reconocer formalmente al Estado de Palestina. Desde 1996, Colombia alberga una Misión “Especial” de la Autoridad Palestina en Bogotá, y México desde 1988, sin que se haya dado reconocimiento formal del Estado palestino por parte de ambos Estados. En diciembre del 2014, Colombia procedió a cambiar el estatuto de “Misión Especial” por el de “Misión Diplomática” de la Autoridad Palestina en Bogotá (ver  nota  de prensa de El Tiempo del 4/12/2014). La ausencia de dicho reconocimiento formal no ha impedido que desde muchos años funcione dentro del Congreso Mexicano un Grupo de Amistad con Palestina, y que, recientemente, la ciudad de Bogotá decidiera concluir un acuerdo de hermandad con la capital administrativa de Palestina, Ramallah (ver  nota de prensa de Minuto 30 del 1/10/205). En el caso de Colombia, una misiva dirigida al Presidente de Colombia fue enviada por los Presidentes de ambas cámaras del Poder Legislativo en diciembre del 2014, posiblemente inspirados en la intensa labor desplegada por círculos parlamentarios en Europa a finales del 2014, y en llamados hechos desde la misma sociedad civil israelí (Nota 3): la carta enviada por las máximas autoridades del Poder Legislativo colombiano indicaba (ver texto completo al final de esta nota) que “A nivel global, cerca de 130 naciones ya han reconocido a Palestina como un Estado independiente y soberano. América Latina y el Caribe muestran una ruta enfática a la aceptación y reconocimiento del Estado palestino /…/. Por lo tanto, encarecida y respetuosamente pedimos al excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, cuyo gobierno ha desarrollado una política internacional en muchos aspectos, valerosa y progresista, que en un acto de justicia, soberanía y autonomía reconozca al Estado palestino como soberano e independiente”. Pese a la amplia difusión de esta excitativa suscrita por los Presidentes de ambas cámaras (ver por ejemplo nota de Nuevo Siglo), esta no pareciera haber dado lugar a manifestación alguna por parte del Ejecutivo colombiano. En el caso de Panamá, en agosto del 2014, se leyó que sus autoridades estaban considerando esta posibilidad (ver  nota  de La Estrella): en julio del 2015, las autoridades de Panamá externaron que el proceso se mantenía en consulta internas (ver  nota  de La Prensa).

Con relación a las sedes diplomáticas de América Latina en Palestina, en mayo del 2015, Venezuela procedió a elevar el estatuto de su Misión en Ramallah al de embajada (ver nota de TelesurTV del 21/05/2015). En días recientes, Argentina también decidió elevar a rango de embajada su representación en Ramallah, provocando las habituales reacciones del aparato estatal israelí (ver nota de prensa de El Clarín del 9/10/2015): se trata del mismo tipo de argumentos oídos en San José el 5 de febrero del 2008 y en el Vaticano el 13 de mayo del 2015 (Nota 4), así como en un sinnúmero de capitales latinoamericanas entre esas fechas (Nota 5).

Notas:

Nota 1: En un libro editado en el 2013, el que fuera canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, Bruno Stagno escribe: “Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella.  También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel  se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de  velar por el voto “correcto” de Costa Rica “. Véase STAGNO UGARTE B., Loa caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp.70-71.

Nota 2: La reacción israelí al reconocimiento del Estado palestino por parte de Costa Rica de febrero del 2008 se lee así: “Establecer relaciones con Estado que no existe compromete el desarrollo de los acuerdos definidos entre israelitas y palestinos, va en contra de la Hoja de Ruta, actividades del Cuarteto y otros esfuerzos para la paz. Estos acontecimientos van en contra de los acuerdos, incluso, de la comunidad internacional y, podrían dañar los esfuerzos para alcanzar la paz entre ambas partes” » (La Prensa Libre -Costa Rica- del 28/02/2008, entrevista a Ehud Eitam, embajador de Israel en Costa Rica).

Nota 3: En Israel, más de 800 firmas de renombrados intelectuales israelíes, incluyendo a científicos, ex embajadores y militares, artistas y a varios premios Nobel, solicitaron dicho reconocimiento a la Unión Europea en diciembre del 2014 (ver   nota  de Haaretz): su misiva indicaba, entre otros (extracto de esta  nota  de 972Mag) que: “We the undersigned, Citizens of Israel who wish it to be a safe and thriving country, are worried by the continued political stalemate and by the occupation and settlements activities which lead to further confrontations with the Palestinians and torpedo the chances for a compromise. It is clear that the prospects for Israel’s security and existence depend on the existence of a Palestinian state side by side with Israel. Israel should recognize the state of Palestine and Palestine should recognize the state of Israel, based on the June 4 1967 borders. Your initiative for recognizing the state of Palestine will advance the prospects of peace and will encourage Israelis and Palestinians to bring an end to their conflict”.

Nota 4: a raíz de la suscripción de un acuerdo en el que El Vaticano reconoce a Palestina como Estado en mayo del 2015, se leyó de parte de un portavoz de Israel que. “This move does not advance the peace process and further distances the Palestinian leadership from returning to direct and bilateral negotiations. Israel will examine the agreement and weigh its actions accordingly” (ver nota de Haaretz del 13/05/2015).

Nota 5: La reacción de Israel al reconocimiento de Palestina por parte de Guatemala en abril del 2013 se lee como sigue (ver nota de La Estrella del 10/04/2013): “Esta declaración fue sorpresiva y decepcionante porque no es compatible con el nivel de relaciones que han existido entre Israel y Guatemala y no contribuye al proceso de diálogo que se está realizando para llegar a un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos”.

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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El acuerdo del Pacífico agrava la brecha dentro de América Latina

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El acuerdo del Pacífico agrava la brecha dentro de América Latina

Los estadounidenses dicen que cuando la marea baja, queda a la vista quiénes se están bañando desnudos. La desaceleración que padecen las economías emergentes y, en particular las de Latinoamérica, ha aflorado la verdadera armadura regional: las profundas diferencias en el patrón de estas economías y el dispar potencial a medio plazo de los países. La reciente firma del Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) no hace sino agravar la brecha que se abre en esa parte del hemisferio occidental, entre quienes cuentan con economías más abiertas y aquellas economías muy dependientes de las materias primas y poco integradas en las cadenas comerciales globales.

Latinoamérica, como región, registrará este año un retroceso del PIB del 0,3%, que se explica, sobre todo, por los números rojos de Brasil (-3%), Venezuela (-10%) y Ecuador (-0,6%), según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo más importante, quizás, es que el crecimiento potencial de la región se revela más bajo de lo que se pensaba. Mientras, Chile, México y Perú registran crecimientos por encima del promedio de la región. “No es casualidad que los países con mayor dinamismo económico sean también los que muestran mayor dinamismo en las políticas”, apunta Ángel Melguizo, jefe de la unidad para América Latina del centro de Desarrollo de la OCDE. “La brecha se ve en los acuerdos firmados y en los números”, admite el economista, que esta semana ha viajado a Lima.

El FMI recuerda que a lo largo de los últimos 25 años, Latinoamérica ha permanecido más cerrada al comercio exterior que otras regiones emergentes y considera que el comercio de la mayoría de las economías de la zona se sitúa por debajo del nivel que debería en función de sus fundamentos económicos. “Las cifras revelan que los intercambios comerciales, incluso entre los países de la Alianza del Pacífico [Chile, Colombia, México y Perú], son muy bajos”, insiste Melguizo. “La integración de las cadenas de valor entre los países de la región es menor que la que muchos de ellos tienen con China”, explica. De hecho, el principal socio comercial de muchos países de la región, como Perú, es China. “Tenemos la mente abierta a colaborar con los 12 países que integrarán el TPP”, aseguraba en uno de los seminarios celebrados en Lima el subgobernador del banco central de China, Yi Gang.

Chile, Perú y México son los únicos integrantes regionales en el TPP. El acuerdo aún debe ser ratificado por cada uno de los Parlamentos nacionales y eso no es necesariamente una tarea fácil. “Aunque los negociadores han calificado el acuerdo de ‘transformador’, hay buenas razones para ser cauteloso. Para empezar hay varios obstáculos que superar antes de su implementación”, recuerda Andrew Kenningham, economista senior de Capital Economics desde Londres. “Después de todo, los últimos tres acuerdos comerciales que firmó Estados Unidos solo fueron aplicados entre cuatro y seis años después de su firma”, apunta. Aunque el presidente de EE UU, Barack Obama, ha logrado la Autoridad Comercial del Congreso para negociar acuerdos, la confrontación política y la celebración de elecciones en 2016 pueden perfectamente bloquear el TPP en el Congreso.

Reunidos en el marco de la asamblea anual del FMI, los ministros de Chile, México y Perú han celebrado la firma del acuerdo con la confianza de que, en breve, Colombia inicie el proceso para adherirse al TPP. “Esperamos que Colombia se nos pueda unir”, alentó el titular de Economía de Perú, Alonso Segura.

Una posición en línea con el mensaje que insistentemente ha repetido en esta cumbre Caroline Atkinson, asesora del presidente Barack Obama para temas economía internacional. “No dejo de repetir que el TPP es un acuerdo abierto. Durante el encuentro que celebraron este verano el presidente Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en Washington se incluyó este punto en la agenda de la reunión. Hasta ahora Brasil no ha mirado tanto al Pacífico , pero eso puede cambiar en el futuro”, subrayó.

Precisamente, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha abogado en reiteradas ocasiones por “encontrar una convergencia” entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Una receta que comparte el FMI, según recoge su informe de perspectivas para el continente: “la proliferación de los acuerdos comerciales exige una mayor coordinación de las múltiples iniciativas vigentes y previstas, algo que es especialmente pertinente en el caso del Mercosur y la Alianza del Pacífico”.

En todo caso, por sí mismo el acuerdo no logrará el milagro de multiplicar los panes y los peces. Según el premio Nobel Joseph Stiglitz, se trata de un acuerdo “muy malo para los trabajadores comunes, el medio ambiente y la salud”. Para Melguizo ofrece más bien “una buena oportunidad siempre que se logre mejorar la formación, desarrollar las infraestructuras y la logística”.

 

Los países asiáticos, los más beneficiados

Una semana después del anuncio, aún son muchos los detalles que se desconocen del Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés). “Habrá tiempo suficiente para analizarlo”, relativizaba la asesora del presidente Obama para asuntos económicos internacionales, Caroline Atkinson, en uno de los seminarios organizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero por el momento, son los países asiáticos los que parece que más se beneficiarán del pacto.

“El TPP será de especial importancia para los países con mayor protección comercial, claramente Japón”, sentencia Andrew Kenningham, de Capital Economics. Otros analistas, como Christoph Riniker, de Julius Baer, amplían el podio a los países del Asia emergente, muy integrados en las cadenas comerciales y con mucho margen para ganar cuota de mercado, especialmente en Estados Unidos. Los economistas de UBS van más allá y cita a Malasia y Vietnam como los mayores ganadores porque, además, han logrado negociar un periodo de tiempo más extenso para los ajustes que deben realizar y una cláusula de excepción para algunos temas sensibles.

El jurado aún debe tomar una decisión sobre Latinoamérica, aunque la homologación de estándares en el sector del automóvil abre nuevas perspectivas para México. Wikileaks ha empezado a filtrar supuestos capítulos del TPP que cuestionan lo acordado en medicamentos, propiedad intelectual, Internet y patentes.

[via Portada de Economía | EL PAÍS]

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Pinochet ordenó el asesinato del excanciller de Allende

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Pinochet ordenó el asesinato del excanciller de Allende

Así lo aseguró hoy (08.10.2015) el senador Juan Pablo Letelier, hijo del político asesinado. El hijo menor del exministro de Defensa y excanciller del entonces presidente Salvador Allende dijo a la prensa que, en uno de los documentos, el secretario de Estado de EE.UU. de la época, George Schultz, indicó tener un informe de la CIA con “información convincente” de que Pinochet ordenó a Manuel Contreras, jefe de la policía secreta del régimen, asesinar a Letelier.

Juan Pablo Letelier dijo hoy que confía en que con base en estos archivos desclasificados sea posible identificar a quienes intentaron encubrir la responsabilidad de Pinochet en el atentado, en el que también murió la secretaria de Orlando Letelier, la estadounidense Ronni Moffitt. “Espero que logremos romper los pactos de silencio y determinar la responsabilidad de personas que están vivas y que vistieron uniforme, y también quizás de civiles cómplices”, dijo Letelier.

El actual secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, quien estuvo en Chile a comienzos de esta semana, le entregó a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, un lápiz de memoria que contiene mil páginas de documentos clasificados por el Gobierno estadounidense relacionados con el asesinato de Orlando Letelier. La documentación contiene principalmente cables del Departamento de Estado de EE.UU. de la década de los ochenta.

Asesinato planificado en La Moneda

Los informes dejan en evidencia la molestia del Gobierno estadounidense por la decisión de la Corte Suprema de Chile, que en 1979 denegó la extradición a EE.UU. de Contreras y otros dos agentes acusados del crimen del excanciller y su asistente. El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier y su secretaria fueron asesinados con una bomba activada por control remoto, que se encontraba colocada debajo del automóvil en el que se desplazaban. En el ataque resultó herido Michael Moffitt, esposo de la asistente de Letelier.

Por su parte, Juan Pablo Letelier afirmó que hasta ahora tenía la “convicción política” de que Pinochet estaba detrás del crimen de su padre, pero no había antecedentes jurídicos que lo probaran, algo que cambia con la desclasificación de los documentos. Los informes, señaló el senador, revelan también que Pinochet estaba dispuesto a “eliminar” a Manuel Contreras, jefe de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura, para evitar que lo incriminara en el atentado de Washington.

Letelier recordó que algunos sectores de derecha y el propio Contreras sostuvieron durante años que el Gobierno de EE.UU. estuvo involucrado en el atentado, una versión que, aseguró, desmienten los documentos desclasificados. “La evidencia deja claro que el asesinato se planificó en el Palacio de La Moneda por parte de Pinochet; él dio la orden y Manuel Contreras la ejecutó con Pedro Espinoza Bravo, Michael Townley y un grupo de agentes”, explicó. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió una copia de la documentación, lo que abre la puerta para que se reactive alguna de las causas judiciales sobre este y otros casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

MS (efe/dpa)

[via Deutsche Welle: DW-WORLD.DE – Internacional]

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El siglo XXI: ¿Un siglo sin barreras?

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El siglo XXI: ¿Un siglo sin barreras?

Si se observa cualquier imagen tomada por satélite, probablemente una de las características de la instantánea que atraerá más rápidamente nuestra atención es la ausencia de fronteras que delimitan el territorio en diferentes parcelas. Estas divisiones artificiales, establecidas por las comunidades humanas, sin duda son imperceptibles desde allí arriba, pero aquí abajo no pasan inadvertidas. En ocasiones nos percatemos de la existencia de estos límites territoriales por las diversas señales que nos van indicando que estamos a punto de abandonar un país, una región o una provincia determinada para entrar en otra zona, o cuando estamos a la espera de pasar los controles que las autoridades de uno y otro lado nos invitan a realizar más o menos amablemente. En otras ocasiones, sin embargo, la presencia de estas fronteras es evidente porque en ellas están presentes una serie de paredes y/o alambradas que señalan físicamente la separación de dos áreas concretas.

Las murallas del mundo

Desde tiempos remotos, el ser humano ha erigido barreras de diferentes tamaños con propósitos tan dispares como fortificar fronteras, consolidar la ocupación de un área determinada o incluso impedir la salida de la propia población. La Gran Muralla, que atraviesa China de este a oeste a lo largo de más 20.000 kilómetros; el Muro de Adriano, que recorre de costa a costa el norte de Inglaterra con sus 117 kilómetros; o el Muro de Berlín, que hasta su caída en 1989 separaba la Republica Federal de Alemania (RFA) de la Republica Democrática Alemana (RDA) a lo largo de 155 kilómetros, son probablemente los ejemplos más representativos de esta forma de proceder.

Sin embargo, aunque estos tres muros aludidos pudieran dar a entender que la tendencia de edificar para dividir zonas o territorios es una cuestión del pasado, especialmente ahora que el libre tránsito de personas parece haberse convertido en un hecho cotidiano en buena parte del mundo, lo cierto es que en distintos puntos de nuestro planeta siguen aún en pie construcciones de miles de kilómetros de longitud que continúan cumpliendo escrupulosamente la función por las que fueron levantadas: dividir a la humanidad.

Algunas de estas estructuras probablemente nos resulten “familiares” porque han estado bajo el foco de los medios de comunicación, bien como protagonistas de un hecho concreto o bien como parte del decorado de un conflicto. Otras cercas, vallas y paredes, sin embargo, han pasado desapercibidas durante largo tiempo al igual que las realidades en las que se enmarcan. Por esta razón, a continuación se pretende brindar al lector un breve repaso de algunos de estos “muros de la vergüenza”.

Los muros de las lamentaciones

A la sombra del largo conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos desde 1947 han “brotado” una serie de vallas metálicas y muros de hormigón de nueve metros de altura reforzados con alambradas de espino que separan a ambos contendientes. Estas construcciones israelíes, que pretenden abarcar más de 700 kilómetros de longitud una vez se completen los tramos restantes, discurren en buena parte de su trazado por territorio palestino, es decir, dentro de Cisjordania, rodeando los nuevos asentamientos fundados por civiles israelíes en territorio ocupado y cubriendo las poblaciones israelíes cercanas a la frontera.

En 2004 el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya dictaminó que el levantamiento de estos muros en territorio palestino es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y llegó incluso a pedir la demolición de los tramos ya operativos. Sin embargo, este dictamen no parece haber surtido ningún efecto, ya que Israel no solo se muestra decidida a culminar la construcción de estas barreras, sino que también construyó otro muro de metal de ocho metros de altura en torno a la Franja de Gaza, argumentando para ambos casos que dichas medidas sólo persiguen garantizar la seguridad de sus fronteras y de su población.

La alambrada entre dos mundos

Otras barreras que tristemente han empezado a copar las portadas de la prensa mundial en los últimos años son las que separan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla del Reino de Marruecos. Ambos sistemas, levantados a mediados de los años 90 y reforzados en 2005 y 2007 tras la llamada “Crisis de la Valla”, discurren enteramente por territorio español cubriendo un perímetro de 8,2 kilómetros de longitud en el caso de Ceuta y de 12 kilómetros en el caso de Melilla y están formados por dos vallas paralelas de unos seis metros de alto, una sirga tridimensional intermedia de tres metros y otros dispositivos como cámaras infrarrojas, alarmas y difusores de gases lacrimógenos.

Este blindaje que separa ambas plazas de Marruecos, pese a su aparente sofisticación, no ha logrado detener el fenómeno migratorio. Sin embargo, sí ha generado una serie de efectos perniciosos: ha provocado la muerte de personas que trataban de salvar el obstáculo y ha obligado a otras muchas a optar por la peligrosa ruta marítima; ha puesto en evidencia las prácticas ilegales –devoluciones en caliente o uso de la fuerza– que llevan a cabo las fuerzas de seguridad a ambos lados; y han favorecido que Marruecos, que sigue reclamando ambas ciudades autónomas, utilice el control de fronteras para presionar a España y Europa en la negociación de sus intereses políticos y económicos.

La gran barrera olvidada

A no mucha distancia de esta frontera europea se alza otro largo sistema defensivo que recorre la última colonia africana, es decir, el Sahara Occidental. En este caso, un conjunto de muros de arena, piedra, alambradas y campos minados que abarcan más de 2.700 kilómetros de longitud separan todavía el territorio de la antigua colonia española ocupado por Marruecos de la zona controlada por el Frente Polisario que se conoce también como territorio liberado. Su construcción, ordenada por las autoridades marroquíes, precisamente para contrarrestar la inicial superioridad de las fuerzas saharauis que se oponían a la ocupación marroquí iniciada en 1976, se inició en 1980 y se prolongó hasta que se completó su última sección en 1987.

De este modo, las fuerzas invasoras lograron que el conflicto armado fuese derivando hacia un statu quo o empate técnico en el cual ninguna de las partes conseguía imponerse militarmente a la otra, pero también consiguieron consolidar una posición ventajosa respecto a la causa saharaui en el posterior periodo de negociación, ya que desde que fueron erigidos dichos muros, Marruecos ha guardado para sí las principales ciudades y recursos –pesca y fosfatos– del Sahara Occidental y han relegado al pueblo saharaui a una estrecha franja de desierto.

El reino amurallado

En otro lugar desértico, la península arábiga, se alza una muralla que pretende aislar a un reino de la inestabilidad que le rodea. Esta estructura, que se empezó a erigir a comienzos del nuevo siglo en la frontera septentrional y meridional de Arabia Saudí, está previsto que cubra un perímetro de 900 kilómetros en el límite con Irak –en el que habrá torres de control, cámaras, sensores, alarmas y radares– y más de 1.700 kilómetros en la línea que marca el límite con Yemen.

Esta intención de las autoridades saudíes de sellar las fronteras de su reino se encontró inmediatamente con la oposición y protesta de sus vecinos, pero ello no disminuyó la determinación de Riad de completar su obra. Para esta monarquía ultraconservadora era una necesidad urgente aislarse tanto del Irak nacido tras la invasión de Estados Unidos como del cada vez más inestable Yemen, pues en ambos territorios se instalaron grupos yihadistas –como el Estado Islámico y Al Qaeda– y se generó un enorme flujo de refugiados. Ahora bien, aunque el reino saudí argumentó que pretendía proteger con estos muros su oasis de paz, es posible que también tuviera otro motivo para adoptar esta medida: evitar la penetración de las revoluciones populares que estaban sacudiendo el mundo árabe.

El obstáculo hacia el sueño americano

La idea de aislarse del país vecino se puede encontrar también al otro lado del charco. Allí, en la frontera que comparten Estados Unidos y México a lo largo de más de 3.000 kilómetros, el primero empezó a levantar en los años 90 un muro discontinuo de columnas de hormigón y alambradas que se adaptan al tipo de terreno que atraviesan. Este sistema de vallas de cuatro y cinco metros de altura cubre ahora más de 900 kilómetros, pero ello no significa que el resto del área fronteriza este desprovisto de vigilancia, ya que en aquellas zonas donde no hay muros físicos existe otro muro “virtual” formado por dispositivos tecnológicos como detectores infrarrojos, cámaras, radares, torres de control y sensores de tierra.

Este sistema defensivo, al igual que otros ya citados, también tiene como finalidad acabar con la inmigración ilegal procedente, en este caso de la vecina México. Sin embargo, tampoco ha frenado a los “dreamers”, que continúan arriesgando su vida para alcanzar la tierra de las oportunidades. Por esta razón, la cuestión del muro sigue aún hoy muy presente en la vida política norteamericana, donde ha llegado incluso a colarse en el debate de la carrera por la presidencia de la mano del aspirante republicano Donald Trump.

La cicatriz de un conflicto abierto

El paralelo 38 es otra de las líneas imaginarias cuyos márgenes han sido envueltos con muros. Conocida también como “línea de demarcación”, esta frontera creada tras la Guerra de Corea en 1953 dividió la península asiática a lo largo de más de 230 kilómetros. Sin embargo, esta medida que pretendía separar las dos realidades antagónicas existentes –la norcoreana de orientación comunista y la surcoreana de orientación capitalista– no fue suficiente para las autoridades de uno y otro margen, pues ambas blindaron sus respectivas zonas con muros de hormigón, campos de minas, torres de vigilancia, fosos y alambradas.

Este “Muro de Berlín” asiático, sigue todavía hoy ejerciendo de tapón en un conflicto que continua técnicamente abierto y en el que el grueso de las fuerzas norcoreanas permanece apostado en el lado norte y el ejército surcoreano apoyado por soldados estadounidenses se mantiene en la parte sur. Ahora bien, pese a que esta barrera sigue siendo una de las edificaciones defensivas más vigiladas e inexpugnables del mundo, también es cierto que es el escenario de continuas tensiones y crisis diplomáticas entre ambos países.

ARTÍCULO RELACIONADO: El conflicto de Corea (Juan Pérez Ventura, Abril 2013)

La otra frontera caliente de Asia

Otra frontera disputada del continente asiático es la que separa India de Pakistán, ambos países nucleares, que se han enfrentado en tres ocasiones –1947, 1965 y 1971– por el control de la región de Cachemira. En este mismo territorio en disputa, se alza ahora un muro levantado por el gobierno indio que recorre más de 500 kilómetros y que está compuesto por una doble cerca de alambre de casi cuatro metros de altura, equipado con alta tecnología y rodeado de minas. A continuación de esta barrera, se extiende también otro vallado compuesto por alambradas y fortificaciones que cubre buena parte de los restantes 2.900 kilómetros de límite fronterizo que comparten ambos países.

Con ambas estructuras en pie, el gigante asiático argumenta que únicamente esta defiendo sus intereses en la zona que reclama como su territorio y protegiendo la nación de problemas como la inmigración ilegal, el contrabando y la llegada de supuestos terroristas. También, bajo este mismo pretexto, las autoridades de este país asiático pretenden erigir ahora otro muro de alambre en la frontera que separa India de su vecino del este, Bangladesh, que una vez completada, cubrirá una extensión de 530 kilómetros y añadirá otra nueva barrera al paisaje del subcontinente.

Las paredes que contienen la fe

En cuanto a la vieja Europa, cabe decir que tampoco se ha librado de los muros, aunque esa pueda ser la percepción general, especialmente tras la caída del Muro de Berlín. En el corazón de Belfast, por ejemplo, todavía siguen en pie casi un centenar de paredes de piedra, metal y alambre de diferentes alturas repartidas a lo largo de 20 kilómetros. Estas llamadas “líneas de paz” comenzaron a “plantarse” por orden de las autoridades británicas en 1969 para tratar de contener la creciente violencia desatada entre católicos y protestantes por la cuestión de la pertenencia de la región de Irlanda del Norte en el Reino Unido.

Actualmente, estos tabiques se han consolidado como un componente más del paisaje urbano de la capital norirlandesa, pese a que en principio la intención era mantener estas barreras temporalmente hasta que se disipase la tensión existente entre ambas comunidades religiosas. Una de las razones que explican la no retirada de estos muros es la percepción que los propios habitantes de la ciudad –y entre ellos, aquellos que viven más cerca de los muros– tienen de estas “protecciones”, pues la mayoría considera que son elementos necesarios para controlar la tensa relación vecinal y preservar la frágil estabilidad alcanzada.

La barricada del Mediterráneo

Otras barreras que tampoco han caído todavía en Europa son las que seccionan la isla de Chipre en dos partes, la septentrional, bajo control de la Republica Turca del Norte de Chipre y la meridional bajo administración de la Republica de Chipre. Esta línea divisoria, más conocida como “Línea Verde”, remonta sus orígenes a los enfrentamientos armados que tuvieron lugar tras la independencia de la isla del Reino Unido entre los grecochipriotas, partidarios de la anexión a Grecia y los turcochipriotas cercanos a la vecina Turquía, y está definida por una combinación de edificios abandonados, barricadas, sacos de arena y alambradas que atraviesan incluso la capital, Nicosia.

En 2009 varios puntos de este muro se echaron abajo en un gesto de acercamiento entre las autoridades de ambos bandos. Sin embargo, a pesar de estos tímidos pasos hacia la reunificación y del ingreso de la Republica de Chipre en la Unión Europea en 2004, tras el cual esta última considera que toda la isla y sus habitantes forman parte de la Unión, lo cierto es que la solución al conflicto no parece próxima, ya que la desunión entre ambos grupos étnicos, separados cerca de medio siglo en territorios étnicamente homogéneos, es aún palpable.

Una práctica que parece perpetuarse

Los muros, las vallas y, en general, cualquier tipo de barrera son, como se ha visto, un elemento que sigue muy presente en el paisaje global. Sin embargo, los ejemplos citados tan sólo son una pequeña muestra de una tendencia que llega también a otras áreas remotas como Uzbekistán, Botswana, Afganistán o Kuwait y que lejos de retroceder parece contagiarse a más lugares, como prueban los ejemplos de Bulgaria y Hungría, que con motivo de la reciente ola de refugiados que intentan alcanzar Europa, han vivido una nueva fiebre de construcción de cercados.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas edificaciones ya no aspiran solamente a asegurar la delimitación estable de un territorio –aunque esta sea la razón invocada por quienes las construyen – , sino que su función o propósito parece ser más bien impedir el tránsito de personas o limitar su derecho a entrar o salir de un determinado territorio. Por esta razón, de seguir por este camino quizá se pueda acabar considerando el siglo XXI como el siglo de la globalización amurallada.

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[via El orden mundial en el S.XXI]

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Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ

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Nicolas Boeglin (*)

El pasado Lunes 28 de Septiembre del 2015 iniciaron las audiencias orales entre Nicaragua y Colombia con relación a las dos nuevas demandas planteadas por Nicaragua contra Colombia ante el juez internacional: se trata de acciones motivadas por diversas manifestaciones y declaraciones hechas por parte de Colombia con relación a la no implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dado a conocer en noviembre del 2012.  El Lunes 5 de Octubre del 2015, estas audiencias continuarán por una semana más.

Breves antecedentes

Como se recordará, el fallo del 19 de noviembre del 2012 resultó de una demanda interpuesta por Nicaragua en diciembre del 2001. En el 2003, Colombia presentó excepciones preliminares objetando la competencia de la CIJ: esta última rechazó varias de ellas y se declaró competente en su fallo del 13 de diciembre del 2007 (ver  texto). El 25 de febrero del 2010, Costa Rica presentó una solicitud de intervención, así como Honduras, el 10 de junio del 2010: ambas solicitudes de intervención fueron examinadas y rechazadas por la CIJ en dos decisiones separadas con fecha del 4 de mayo del 2011 (ver  texto  en el caso de la solicitud de Costa Rica y  texto  en el caso de la de Honduras) (Nota 1). Despejado el camino de incidentes procesales para fallar sobre el fondo, los jueces de la CIJ dieron finalmente lectura a su veredicto final, el 19 de noviembre del 2012.  Al revisar la parte dispositiva del fallo, la decisión se tomó por unanimidad entre los 15 jueces de la CIJ, incluyendo al juez ad hoc designado por Colombia, el jurista francés Jean Pierre Cot.

Cabe recalcar que entre la presentación inicial de la demanda por parte de Nicaragua y la lectura final sobre el fondo del fallo por parte de la CIJ, transcurrieron 11 años de procedimientos en La Haya: ello permite dar una idea de cuan provechoso puede resultar el recurrir a incidentes procesales para dilatar el procedimiento contencioso ante la CIJ (que es usualmente de 4 años máximo si no hay ningún incidente procesal).

Como también se recordará, a los 10 días de leído el fallo del 2012, Colombia optó por denunciar el Pacto de Bogotá, una acción que ya había sido sugerida en el 2002 (ver entrevista al jurista colombiano Rafael Nieto Navia publicada en El Espectador el 27/11/2012). En otra larga entrevista, un jurista colombiano que luego renunció al equipo que asesoraba a Colombia calificó de “emocional” esta reacción de Colombia al fallo (ver entrevista publicada en Semana al académico Enrique Gaviria Liévano): esta última entrevista es de leer una y otra vez, ya que contiene muchos elementos poco conocidos en relación a la estrategia legal y política de Colombia (y algunas fallas que detectó en su momento el profesor Enrique Gaviria Liévano).

En septiembre del 2013, el Presidente Santos declaró “inaplicable” el fallo de la CIJ: ver nuestra breve  nota  publicada al respecto en Tribuglobal, el 24/09/2013 (Nota 2).  Si bien el fallo en sí fue duramente criticado por varios sectores en Colombia, también encontramos algunos artículos en la doctrina, incluyendo la colombiana, que objetan las posiciones de sus mismas autoridades con relación al hecho que no presentaron ningún recurso de interpretación o de revisión del precitado fallo (Nota 3). Un Estado disconforme con el contenido de un fallo de la CIJ tiene a su disposición vías legales previstas por los artículos 60 y 61 del  Estatuto , que detallan el artículos 98 (recurso de interpretación) y  el artículo 99 (recurso de revisión) del  Reglamento  de la misma CIJ.  Estados de América Latina disconformes con un fallo han recurrido a los recursos previstos para este fin, tal como lo hiciera El Salvador en el 2002 (solicitando una revisión del fallo de la CIJ de 1992 en su controversia con Honduras). En junio del 2008, México solicito a la CIJ una interpretación con relación a la decisión de la CIJ en el caso Avena (México contra Estados Unidos), dictaminada en el 2004. Se trata en definitiva de herramientas legales, a disposición de un Estado cuando este requiere algún tipo de aclaración sobre el contenido de un fallo de la CIJ, y que Colombia ha optado por no utilizar. En julio del 2013, el ex Secretario de la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina, hizo ver en un artículo de opinión que el tema del canal de Nicaragua difícilmente podría dar lugar a una solicitud de revisión del fallo, tal como insinuado por algunos sectores en Colombia (ver  artículo  publicado el 31 de julio del 2013 en El Tiempo titulado “El pretendido canal interoceánico por Nicaragua y el fallo de La Haya”): el jurista colombiano aprovecho la ocasión para concluir su escrito indicando que “Lo anterior se aplica igualmente, en lo que concierne a una eventual solicitud de revisión, al conocimiento que con antelación al fallo haya podido tener uno de los jueces de la CIJ sobre aspectos específicos relativos al presunto canal. Tal información era irrelevante para efectos de la controversia sobre delimitación marítima y, por ende, del fallo que le puso fin. Fallo que, además, fue adoptado unánimemente por los 15 jueces que conformaron la Corte para el caso, incluyendo el juez ad hoc nombrado por Colombia”.

En septiembre del 2013, el Poder Ejecutivo de Colombia anunció también, entre varias medidas, la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el Pacto de Bogotá, argumentando, entre otros, que las fronteras de Colombia únicamente pueden ser modificadas mediante tratados: dicha acción fue resuelta declarando compatible con la Carta Magna colombiana el Pacto (ver  texto  de la decisión de mayo del 2014 de la Corte de Constitucionalidad). Con esta acción ante su propia Corte de Constitucionalidad, Colombia exhibió un espectáculo raramente visto: el de un Estado insatisfecho con una decisión de la CIJ, explorando las opciones de su ordenamiento jurídico interno para no aplicar el fallo de la CIJ.

En el plano internacional, el mismo Poder Ejecutivo anunció, días ante de iniciar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York de septiembre del 2013, que enviaría una carta suscrita conjuntamente con Costa Rica, Jamaica y Panamá denunciando el “expansionismo” de Nicaragua en el Caribe ante los órganos de Naciones Unidas (ver  nota  de El Espectador). A la fecha no se tiene mucha certeza con respecto al documento objeto de este anuncio por parte del Presidente Santos: pese a diversas solicitudes hechas por el suscrito a colegas diplomáticos para conocer el contenido de esta carta, no aparece registro de este documento, ni se ha logrado saber si fue efectivamente suscrito (o no) por estos tres Estados mencionados y Colombia, tal como anunciado.

Más allá de estas y otras gesticulaciones por parte de las máximas autoridades de Colombia, fueron pocas las voces que advirtieron a Colombia de la necesidad de revisar la posición de sus autoridades desde el 19 de noviembre del 2012: una de las más contundentes, a nuestro modesto parecer (por ser tal vez más significativa que otras), es la del que fuera coagente de Colombia durante el procedimiento en La Haya contra Nicaragua (y que  renunció en agosto del 2012), el Embajador Guillermo Fernández de Soto, ex canciller de Colombia: “No puede ser que los fallos solo se acaten cuando son favorables. El fallo no se puede desconocer” (ver  nota  de Semana del 41/1/2012).

Las dos nuevas demandas de Nicaragua

Ante la actitud adoptada por Colombia, Nicaragua presentó una primera demanda ante la CIJ contra Colombia el 16 de septiembre del 2013, dando lugar a un caso oficialmente denominado por la CIJ “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas de la costa nicaraguense” (ver  texto  de la demanda). En su solicitud, Nicaragua pide a la CIJ que determine: 1. el trazado preciso de la frontera marítima entre las porciones de la plataforma continental que pertenecen a Nicaragua y a Colombia más allá de los límites establecidos por la CIJ en noviembre del 2012 y 2. los principios aplicables a la zona de la plataforma continental en la que las pretensiones de ambos Estados se traslapan.

El texto oficial en inglés de la demanda precisa que: “12. Nicaragua requests the Court to adjudge and declare: First: The precise course of the maritime boundary between Nicaragua and Colombia in the areas of the continental shelf which appertain to each of them beyond the boundaries determined by the Court in its Judgment of 19 November 2012. Second: The principles and rules of international law that determine the rights and duties of the two States in relation to the area of overlapping continental shelf claims and the use of its resources, pending the delimitation of the maritime boundary between them beyond 200 nautical miles from Nicaragua’s coast.”

Las audiencias orales sobre excepciones preliminares sobre esta primera demanda se realizarán a partir del 5 de octubre del 2015 en La Haya (ver el  cronograma oficial  de las audiencias).

El tono de las máximas autoridades de Colombia y algunas de sus manifestaciones motivaron a Nicaragua a presentar una segunda demanda ante la CIJ el 26 de noviembre del 2013, a 24 horas de surtir plenos efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia. Es de notar que, jurídicamente, la denuncia no produce sus efectos de forma inmediata, sino que el plazo establecido en el mismo Pacto de Bogotá es de un año: se lee en efecto que “ARTICULO LVI. El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes. La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo”. La última frase de este artículo redactado en 1948,  y las diversas maneras de entender el concepto de “aviso” darán probablemente lugar a interpretaciones variadas de los asesores de unos y otros, que la CIJ deberá dilucidar en cuanto a su alcance exacto.

Esta segunda demanda por parte de Nicaragua (ver  texto completo ) se inscribió por parte de la Secretaría de la CIJ  como un nuevo caso denominado oficialmente por el juez internacional “Pretendidas violaciones de derechos soberanos y de espacios marítimos en el Mar Caribe”. En su demanda, Nicaragua pide a la CIJ que dictamine que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia.

El texto oficial de la demanda precisa: “22. On the basis of the foregoing statement of facts and law, Nicaragua, while reserving the right to supplement, amend or modify this Application, requests the Court to adjudge and declare that Colombia is in breach of:

— its obligation not to use or threaten to use force under Article 2 (4) of the UN Charter and international customary law;

— its obligation not to violate Nicaragua’s maritime zones as delimited in paragraph 251 of the ICJ Judgment of 19 November 2012 as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones;

— its obligation not to violate Nicaragua’s rights under customary international law as reflected in Parts V and VI of UNCLOS;

— and that, consequently, Colombia is bound to comply with the Judgment of 19 November 2012, wipe out the legal and material consequences of its internationally wrongful acts, and make full reparation for the harm caused by those acts”.

Las audiencias orales sobre las excepciones preliminares que ha presentado Colombia con relación a esta segunda demanda de Nicaragua en su contra son las que iniciaron el Lunes 28 de septiembre del 2015 (ver  cronograma oficial  de las audiencias).  Para los estudiosos, especialistas en la materia y público en general, están disponibles los argumentos del primera día de audiencias (se pueden leer en este  enlace  en el que, luego de las palabras preliminares del Agente de Colombia,  se consignan las exposiciones de Michael Wood, Rodman Bundy , Eduardo Valencia Ospina y Tulio Treves) ; de igual forma, las exposiciones oídas por los jueces en el segundo día de audiencias (ver  enlace  en el que, luego de las palabras introductorias del Agente de Nicaragua, se pueden leer las posiciones defendidas por sus asesores Antonio Remiro Brotóns, Vaughan Lowe y Alain Pellet). De la misma manera, se pueden consultar la segunda ronda de argumentos por parte de Colombia y las conclusiones finales de su Agente (ver  enlace ) así como los argumentos y conclusiones finales por parte del equipo de Nicaragua (ver  enlace ).

Los equipos legales de ambas Partes

Para estas audiencias, Nicaragua se presentó a la barra con los siguientes asesores internacionales, quiénes, en algunos casos desde 1984, participan en la defensa de Nicaragua – y de muchos otros Estados – ante la CIJ: Vaughan Lowe (Reino Unido), Alex Oude Elferink (Paises Bajos), Alain Pellet (Francia) y Antonio Remiro Brotóns (España). Por su parte, Colombia se presenta con los siguientes asesores internacionales, varios de los cuales cuentan con una reducida experiencia en La Haya: W. Michael Reisman (Estados Unidos), Rodman R. Bundy (Estados Unidos), Michael Wood (Reino Unido), Tullio Treves (Italia) y Matthias Herdegen (Alemania). Adicionalmente el Ex Secretario de la CIJ entre 1987 y el 2000, el colombiano Eduardo Valencia- Ospina, figura en la lista de asesores contratados por Colombia.

Al ser la segunda vez que ambos Estados comparecen en La Haya en los últimos años, se recomienda comparar la composición de ambos equipos con relación a los integrantes internacionales que participaron en la demanda que culminó el 19 de noviembre del 2012 (ver listado de los equipos de Nicaragua y de Colombia en las páginas 8-10 del  texto  de la misma decisión de la CIJ). Sobre algunos detalles con relación a cambios de integrantes en el equipo de Colombia, remitimos al lector a este  artículo  publicado en Semana en octubre del 2014 titulado “Colombia ha gastado US$ 5,6 millones defendiéndose de Nicaragua”.

Es de notar que Colombia ha enviado a La Haya a la jefa de su diplomacia para encabezar a su delegación en su comparecencia ante los jueces de la CIJ: un hecho que no se adecúa del todo a la tradición y a la práctica que quiere que sea el Agente designado por cada Estado – usualmente un funcionario con rango de Embajador – el que encabece a su delegación: únicamente Costa Rica (enero del 2011, Costa Rica c. Nicaragua), Chile (diciembre del 2012, caso Perú c. Chile sobre delimitación marítima) y luego, de manera conjunta Bolivia y Chile (mayo del 2015, caso sobre acceso al mar de Bolivia) decidieron innovar en la materia, enviando a sus respectivos cancilleres a La Haya durante las audiencias orales. Se trata de un aspecto meramente formal, cuyos efectos en algunos jueces (más susceptibles que otros en no dejar que la CIJ se convierta en una tribuna política) no parecieran haberse analizado mayormente por parte de la doctrina. Tal y como tuvimos la oportunidad de señalarlo con ocasión de las audiencias finales celebradas en La Haya entre Costa Rica y Nicaragua en abril del 2015 (ver breve  nota  publicada por el OPALC), “el recinto de la CIJ no constituye una tribuna política: las audiencias públicas constituyen una última etapa procesal prevista por un tribunal internacional durante la cual las partes ponen a prueba a sus equipos legales y a sus peritos en aras de convencer a 17 jueces de la solidez de sus argumentos y de la debilidad de los de la parte adversa”.

La objeción de Colombia a la competencia de la CIJ

En ambas demandas, Colombia ha optado por objetar, mediante la presentación de varias excepciones preliminares, la competencia de la CIJ (ver  nota  de prensa).  Como bien se sabe, se trata de una figura procesal mediante la cual la parte demandada cuestiona ante el juez internacional la base de competencia con el fin de evitar que la CIJ conozca el fondo del asunto. Esta figura goza de amplia aceptación en derecho internacional, en la medida en que se considera que un Estado soberano  no tiene porqué explicarse ante un juez internacional si no ha dado previamente su consentimiento para someterse a este último.  La presentación de excepciones preliminares busca no sólo evitar una decisión sobre el fondo por parte del juez, sino también que se debata el asunto como tal. Para algunos autores, este intento puede también denotar poca confianza del Estado en sus argumentos sobre el fondo: en una publicación especializada publicada en Francia se lee que: “Il n´est pas rare de remarquer que l´Etat qui présente ces exceptions a quelques doutes sur l´issue du procès, autrement dit, il préfère que l´affaire s´arrête plutôt que de risquer de tout perdre au fond» (Nota 4). En una época, las excepciones preliminares fueron sistemáticamente utilizadas ante la CIJ por la parte demandada, con la notable excepción de Costa Rica en 1986, primer Estado demandado – en aquella ocasión por Nicaragua – en no recurrir a esta herramienta en 28 años de litigios en La Haya: un gesto inusual, saludado años después en un artículo suscrito por el ex Presidente de la CIJ, Mohamed Bedjaoui  (Nota 5). Por su parte, la posición de la CIJ ha consistido en ampliar paulatinamente su competencia y en interpretar de manera cada vez más estricta el alcance de la figura de las excepciones preliminares. El Art.79 párrafo 9 del  Reglamento

de la CIJ precisa que “La Corte, oídas las partes, decidirá por medio de un fallo, en el que aceptará o rechazará la excepción o declarará que la excepción no tiene, en las circunstancias del caso, un carácter exclusivamente preliminar.  Si la Corte rechazara la excepción o declarara que no tiene un carácter exclusivamente preliminar, fijará los plazos para la continuación del procedimiento”.

Varias de las excepciones preliminares presentadas por Colombia se relacionan con los alcances de la denuncia que hizo del Pacto de Bogotá en noviembre del 2012, así como el argumento según el cual, para conocer un asunto relacionado con la ejecución de un fallo de la CIJ, se debe contar con el consentimiento previo de ambas partes y no solo de una.  En el caso de las audiencias oídas la semana semana, son un total de cinco excepciones preliminares las que ha presentado Colombia. Al haber usado Nicaragua en ambas demandas la misma base de competencia de la CIJ (los párrafos 8-10 del  texto  de la primera demanda  son muy similares a los párrafos 16-18 del  texto  de la segunda demanda, con excepción de la última parte), es probable que en esta semana que inicia, se repitan en gran parte el mismo tipo de argumentos por parte de Colombia.

Independientemente del número de excepciones presentadas, y de los riesgos que puede conllevar la estrategia de Colombia en el caso de estas dos nuevas demandas planteadas por Nicaragua, vale la pena indicar que no es la primera vez que Colombia recurre a la presentación de este tipo de excepciones ante una demanda de Nicaragua: ya lo había hecho con relación a la demanda interpuesta  en el 2001, sin obtener que la CIJ se declarase incompetente (Nota 6). A este respecto, resulta oportuno indicar que el profesor José J. Caicedo (Colombia) fue de los pocos autores que considero innecesarias las excepciones presentadas por Colombia en el 2003, previendo además, que de declararse competente el juez internacional, Colombia quedaría expuesta ante los jueces. Lo hizo en los siguientes términos: “En la práctica, es frecuente que el rechazo de las excepciones preliminares abra la puerta a una solución diplomática entre las partes. El estado demandado, conciente de que el riesgo judicial que corre es más grande que sus oportunidades de éxito, prefiere entonces una solución diplomática que, a diferencia de las decisiones de la Corte en materia de delimitación, puede controlar. Sin embargo, teniendo en cuenta la posición que Colombia ha mantenido desde los años setenta según la cual las fronteras marítimas ya existen y sobre todo la intolerancia de esta posición, no creemos en un cambio de posición” (Nota 7).

Conclusión

Más allá del punto de saber si los asesores legales de Colombia han sacado algunas enseñanzas con relación al primer proceso en que enfrentaron a Nicaragua ante la CIJ, la actitud de Colombia después de la lectura del fallo de noviembre del 2012 es inédita en los anales de la justicia internacional. Las manifestaciones oficiales de sus actuales autoridades criticando duramente el fallo del 2012 a pocos días de su lectura también: raramente se ha visto a un Estado explorar diversas maneras para no implementar un fallo de la CIJ, incluyendo las vías que ofrece su propio derecho interno.

Las dos demandas presentadas por Nicaragua en el 2013 resultan en gran parte de esta actitud de las autoridades colombianas. La estrategia legal colombiana consiste ahora en intentar evitar que la CIJ se pronuncie sobre el fondo de estas. Como indicado en algunas ocasiones anteriores, el recurso a las excepciones preliminares debiera ser valorado con extremo cuidado. Remitimos al lector a las conclusiones de esta breve nota publicada con ocasión de las audiencias entre Bolivia y Chile celebradas a mediados del 2015 en La Haya: “El recurso a las excepciones preliminares siempre debiera ser cuidadosamente sopesado. En caso de que la CIJ rechace algunas de ellas, declarándose competente, coloca al Estado demandado en una posición inconfortable. Bien lo sabe Estados Unidos, al intentar evitar que la demanda planteada por Nicaragua, en abril de 1984, siguiera su curso: al no obtener que la CIJ se declarara incompetente, Estados Unidos optó por no comparecer en la fase siguiente del procedimiento que concluyó con el fallo (histórico) de junio de 1986. De igual manera, se puede inferir que el precitado fallo de la CIJ sobre excepciones preliminares en la controversia entre Nicaragua y Colombia colocó a Colombia en una situación incómoda ante los jueces de la CIJ: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional” (Nota 8).

—-Notas—-

Nota 1: Sobre ambas decisiones, ver análisis publicado en Colombia: SARMIENTO LAMUS A., “La Corte Internacional de Justicia y la intervención de terceros en cuestiones marítimas: A propósito de la decisión en las solicitudes de intervención de Costa Rica y Honduras en la Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua vs. Colombia)”, Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), Vol. 5 (2013) pp. 123-151. Texto del artículo disponible  aquí.

Nota 2: La misma nota fue publicada en francés,  BOEGLIN N.,  “La décision de la Colombie de déclarer «non applicable» l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions”, Sentinelle, Société Française pour le Droit International (SFDI), Num. 359, Texto disponible  aquí.

Nota 3 : Véase por ejemplo, PRIETO SANJUÁN, R.A., “À vous la terre, et à vous, la mer: à propos de l’étrange sens de l’équité de la CIJ en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)”, Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), Vol. 8 (2015),  pp. 131-165. Leemos que para este autor, « Vues les réactions qui ont fait suite à l’arrêt, tout porte à croire que la Casa de Nariño (nom du palais présidentiel colombien) a du mal à accepter que lorsque la Cour est compétente pour connaître d’une affaire, il lui revient de trancher le différend dont elle est saisie de manière définitive et obligatoire. La Ministre des affaires étrangères a en effet publiquement pris attache avec un cabinet britannique qui, assure-t-elle, l’a convaincue de l’existence de bonnes chances d’introduire une demande d’interprétation, voire de révision de l’arrêt devant la Cour. Une demande d’interprétation ? Pourquoi pas si l’arrêt présente une difficulté de compréhension, mais il semble que la Colombie ait bien compris que sa thèse a été rejetée…; quant à obtenir une révision, encore faudrait-il faire valoir un fait nouveau » (pp. 134-135). Texto completo  del artículo disponible  aquí.

Nota 4: Véase SOREL J.M & POIRAT Fl., «Rapport Introductif », in SOREL J.M. & POIRAT Fl. (Ed.), Les procédures incidentes devant la Cour Internationale de Justice : exercice ou abus de droits ? Paris, Pedone, Collection contentieux international, 2001, pp.9-57, p.55.

Nota 5: Se lee que para el ex juez de la CIJ (1982-2001) y Presidente de la misma (1994-1997), Mohamed Bedjaoui, « Dans une instance intentée en 1986 par le Nicaragua contre le Costa Rica, ce dernier admit d´emblée la compétence de la Cour. Ce fait mérite d´autant plus d´être signalé que c´était la première fois en 28 ans  q´un défendeur avait témoigné envers la Cour, au seuil de l´instance, son dévouement au règlement judiciaire des différends ». Véase BEDJAOUI M., « La « fabrication » des arrêts de la Cour Internationale de Justice », in Mélanges Michel Virally. Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991, pp.87-107, p. 89, nota 1.

Nota 6: Sobre la decisión de la CIJ de rechazar ambas excepciones preliminares presentadas por Colombia, remitimos al lector a un análisis del jurista colombiano Rafael Nieta Navia: NIETO NAVIA R., “La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre excepciones preliminares en el caso de Nicaragua v. Colombia”, Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), Vol. 2 (2009), pp. 11-57. Artículo completo disponible  aquí.

Nota 7: Véase CAICEDO DEMOULIN J.J., “¿Debe Colombia presentar excepciones preliminares en el asunto sobre el diferendo territorial y marítimo (Nicaragua c. Colombia)?”, Revista Colombiana de Derecho Internacional, Junio 2003,  pp.158-282, p. 281.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., “Las audiencias entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve análisis”, Ius360, 22/07/2015. Texto de la nota disponible  aquí.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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