El futuro del desarme nuclear: ¿prohibir las armas nucleares?

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El futuro del desarme nuclear: ¿prohibir las armas nucleares?

Algo pasa en Ginebra. Su monumental Palacio de las Naciones, sede de la ONU en Europa y uno de los principales ejes de la diplomacia para el desarme, está siendo escenario de unos niveles de confrontación inusitados. En un contexto marcado por la indignación ante la ausencia de avances en el desarme nuclear, el enfrentamiento gravita en torno a la propuesta de un tratado internacional que prohíba la posesión de armas nucleares. Para unos, se trata de una medida práctica, necesaria y justa; para otros, es inútil y puede generar peligrosas divisiones.

El regreso de las armas nucleares

Praga, 5 de abril de 2009: un recién elegido presidente Barack Obama ilusiona al mundo al compartir su compromiso con un mundo libre de la amenaza de las armas nucleares. Aunque Obama no tardó en apostillar que tal meta no se alcanzaría de manera fácil y que requeriría tiempo y paciencia, su intención era la emitir un mensaje de esperanza y generar confianza en el liderazgo de Estados Unidos en el desarme nuclear.

Siete años más tarde, queda poco del optimismo inicial: Obama abandonará la Casa Blanca en 2017 habiendo aprobado un plan de modernización nuclear que prevé un gasto de un billón de dólares para los próximos 30 años. Dicha modernización irá más allá del mero recambio de armas y plataformas anticuadas. La filosofía imperante es la de dotar al futuro presidente de EE UU de una capacidad nuclear mejorada que permita desempeñar todo tipo de misiones: desde la respuesta masiva a un ataque nuclear devastador, hasta el uso de armas nucleares “tácticas”, de poder explosivo relativamente limitado, para destruir sistemas de denegación de área –como el sistema de defensa anti-aérea ruso S-400– u objetivos subterráneos –centros de mando y control o, con la vista puesta en Corea del Norte e Irán, activos relacionados con programas nucleares clandestinos–.

La esperada e histórica visita de Obama a Hiroshima ha servido para expresar las contradicciones en el legado del presidente. Más allá de las cámaras, el sentido de la visita quedó ensombrecido por la ominosa presencia del maletín que siempre acompaña al comandante en jefe estadounidense en sus desplazamientos fuera de Washington. Este maletín contiene órdenes y códigos de lanzamiento para casi 1.000 cabezas nucleares en estado de alerta permanente. Sin embargo, sería erróneo culpar a EE UU de la parálisis del desarme; Obama ha podido generar desencanto, pero esto es consecuencia directa de asumir un liderazgo más o menos transparente.

Todo Estado en posesión de un arsenal nuclear esgrime sus propias razones para mantenerlo o mejorarlo, y todos caminan en dirección opuesta al desarme. Rusia se encuentra en medio un programa multimillonario de actualización y mejora de sus armas nucleares. Desde la anexión de Crimea en 2014 exhibe su músculo nuclear con asiduidad y entrena periódicamente cómo combinar armas convencionales y nucleares para escenarios de guerra nuclear limitada. China continúa la expansión de su arsenal nuclear y, lo que es más preocupante, empieza a plantearse la necesidad de poner sus fuerzas nucleares en estado de alerta permanente, emulando la postura que Washington y Moscú mantienen desde la guerra fría.

Más allá del triángulo estratégico formado por Washington, Moscú y Pekín, Francia siempre ha mantenido una posición conservadora respecto al desarme, y bajo la presidencia de François Hollande esto no ha cambiado. Reino Unido, el único país en el que existe un debate profundo acerca del futuro de su capacidad nuclear, ha optado por mantenerla: la multitudinaria manifestación antinuclear de febrero es el contrapunto a la decisión de facto de adquirir una nueva generación de submarinos para su sistema de disuasión nuclear. India y Pakistán, por su parte, entienden que a ellos no les corresponde tomar la iniciativa en materia de desarme y, en cualquier caso, también consideran que las armas nucleares son indispensables para su seguridad –especialmente Pakistán, que prevé un uso temprano de las mismas en un enfrentamiento con India–. Finalmente, Israel no reconoce que posea armas nucleares, y Corea del Norte acaba de ingresar en el club nuclear y tiene la intención de quedarse, aunque, como no podría ser de otra forma, Kim Jong Un afirma solemnemente que su país “cumplirá de buena fe sus obligaciones en materia de no proliferación y se esforzará en favor de la desnuclearización global”.

Ciertamente, son malos tiempos para aquellos que trabajan por el desarme nuclear. Volviendo a Praga en 2009 y parafraseando a Obama: lograr un mundo libre de armas nucleares requerirá tiempo, persistencia y paciencia. Pero la paciencia se ha agotado.

Los cauces tradicionales del desarme multilateral

Dice el refranero que “del dicho al hecho, hay un trecho”, y un observador crítico no puede evitar interpretar los compromisos de los Estados nucleares con el desarme desde esta óptica. Los más benevolentes concluyen que el estancamiento actual se debe a la extrema complejidad de la tarea en cuestión. Sin embargo, cada vez son más quienes cuestionan la sinceridad del compromiso y desconfían de los cauces tradicionales para materializarlo.

La maquinaria institucional del desarme nuclear multilateral establece como espacio central las conferencias de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), celebradas cada cinco años. En cada conferencia las cuestiones relativas al desarme comparten espacio –o compiten por él– con las relacionadas con la no proliferación nuclear y la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear; no en vano el TNP versa esencialmente sobre la no proliferación, quedando la cuestión del desarme relegada a un conciso artículo VI –que en ningún caso ilegaliza la posesión de armas nucleares–. Las conferencias tienen como objetivo consensuar un documento final que enumere una lista de medidas para su implementación por los Estados parte, idealmente antes de la siguiente conferencia. Dado que el documento tiene que ser adoptado por consenso, es fácil ver cómo la divergencia de percepciones, prioridades e intereses puede hacer descarrilar la conferencia, como ocurrió en 2015.

En cierta medida, el fracaso de la conferencia de 2015 se debió a la falta de progreso en la implementación de la agenda de desarme establecida en 2010. La primera conferencia de revisión a la que acudió la administración Obama concluyó con un amplio plan de acción y supuso una infusión de optimismo tras la desastrosa conferencia de 2005. Desafortunadamente, los avances en materia de desarme fueron mediocres; de nuevo, las buenas intenciones se perdieron, por incapacidad o conveniencia, en los vericuetos de la implementación.

En primer lugar, el empeoramiento de las relaciones entre EE UU y Rusia justificó en sendas capitales el rechazo a nuevas negociaciones para adoptar un acuerdo que sucediese al Nuevo START de 2010. A día de hoy, ambos lados carecen de interés para afrontar cuestiones como la defensa antimisiles en Europa o reducciones en armas nucleares tácticas. En segundo lugar, el trabajo multilateral del “P5” (EE UU, Rusia, China, Francia y Reino Unido), basado en reuniones siempre celebradas a puerta cerrada, ha resultado únicamente en la formación parcial de un glosario común de términos y en el establecimiento de un formulario para la difusión pública de información relevante sobre arsenales. En tercer y último lugar, la Conferencia de Desarme (CD), sita en el Palacio de las Naciones ginebrino y una de las instituciones fundamentales para materializar las medidas del plan de acción de 2010, lleva bloqueada desde 1996. La razón es conocida: los 65 miembros de la CD tienen que operar por el principio de consenso. Debido a la heterogeneidad de intereses y al enfrentamiento entre miembros clave, ha resultado imposible el acuerdo para un programa de trabajo. A este respecto, aquellos que de manera más incisiva cuestionan las intenciones del P5 consideran que su insistencia en referir cuestiones fundamentales al CD evidencia un interés por sabotear el proceso de desarme. Y es que, tal como establecía el manual de sabotaje de la Oficina de Servicios Estratégicos –el precursor de la CIA– si se quiere obstaculizar una acción, lo mejor es “referir todos los asuntos a comités para mayor estudio y consideración”.

Ante este panorama, el colapso del proceso de desarme no es de extrañar. Sin embargo, un nutrido grupo de países, con apoyo de la sociedad civil, ha hallado una solución para desbloquear el proceso; una solución que ha levantado ampollas.

La iniciativa humanitaria y la lógica de la prohibición

El documento final de la conferencia de revisión de 2010 incluyó por primera vez una mención a las terribles consecuencias humanitarias que se derivarían de una detonación nuclear. Pocos en aquel momento supieron ver el alcance que este punto acabaría teniendo. En poco tiempo la aproximación humanitaria dio lugar a un fuerte proceso de contestación de los cauces y principios habituales para lograr el desarme nuclear. El punto de inflexión llegó en 2014, cuando el gobierno austriaco, tras organizar la tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, se comprometió a “identificar y promover medidas efectivas para cubrir el vacío legal para la prohibición y eliminación de armas nucleares”. Con ello, Austria metió el dedo en la llaga: señaló el defecto de base del TNP, ya que legalmente no prohíbe la posesión de armas nucleares por parte del P5. Un año después, la denominada “promesa austriaca” fue asumida por la Asamblea General de la ONU, lo cual fue posible porque este órgano funciona por principio de mayorías, no por consenso. Del mismo modo, la Asamblea decidió convocar para el presente año un “grupo de trabajo” (Open-Ended Working Group, OEWG) para identificar medidas legales concretas necesarias para lograr el desarme nuclear.

El OEWG funciona bajo el principio de mayorías y con la participación de organizaciones civiles, operando su mayoría bajo la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares. Y, cómo no podía ser de otra forma, el lugar elegido es el Palacio de las Naciones. Sin embargo, aunque el CD comparte agenda con el OEWG, los métodos y la composición de uno y otro no podían ser más diferentes. Con ello, el escenario está dispuesto para que los Estados aglutinados en torno a la promesa austriaca puedan reforzar el impulso institucional en favor de la propuesta que ha acabado dominando la iniciativa humanitaria: un tratado internacional que prohíba la posesión de armas nucleares y todas las actividades a tal efecto. Aunque el OEWG tiene todavía prevista una última sesión en otoño, la sesión de mayo no deja dudas a este respecto y apunta a 2017 como año de inicio de las negociaciones. Los Estados que apoyan la medida son, a excepción de países como Austria e Irlanda, fundamentalmente latinoamericanos, africanos, asiáticos y del Pacífico, siendo importante el liderazgo de países como México, Brasil, Argentina, Indonesia y Malasia

Evidentemente, el debate en torno a la propuesta de prohibición es tremendamente intenso. Aunque los Estados nucleares han decidido no participar en el OEWG, sus aliados sí lo han hecho. A pesar de que la adopción de tal tratado no generaría obligaciones para terceros, Australia, Japón, Corea del Sur y la totalidad de los miembros de la OTAN esgrimen un amplio número de argumentos en contra: desde que la utilidad de un tratado de prohibición sería inexistente sin la participación de los Estados nucleares, hasta que su mera discusión distrae de las medidas prácticas y graduales establecidas en el plan de acción del 2010 y en la agenda de la CD, lo cual amenaza con romper el régimen internacional de no proliferación y desarme. No sin amargura y hastío, los Estados a favor aducen lo siguiente: que la adopción de un tratado de prohibición es compatible y avanza los objetivos del TNP y del plan de acción; que, al no depender de los Estados nucleares, es la única medida práctica dado el bloqueo del desarme multilateral; y que si la posesión de minas antipersona, bombas de racimo, armas químicas y armas bacteriológicas han sido prohibidas debido al impacto humanitario de su uso, las armas nucleares, cuyo uso tampoco puede reconciliarse con el derecho humanitario aplicable a los conflictos armados, deben ser también ilegalizadas.

Sin embargo, la gran pregunta es la siguiente: ¿de qué servirá un tratado de prohibición de armas nucleares si los Estados nucleares no se unen? Invariablemente, la respuesta es que a los Estados nucleares no se les espera de momento, pero que la existencia de un tratado de prohibición generará una fuerte presión social y política en estos países y en sus aliados para tomar medidas eficaces. Si un miembro de la OTAN como Noruega, Holanda o Alemania, cuyas sociedades y parlamentos son sensibles a la cuestión humanitaria, se adhiriese a un tratado de prohibición, el juego cambiaría (cabe destacar que Alemania y Holanda alojan armas nucleares estadounidenses).

Así las cosas, el futuro es incierto. Sin embargo, ocurra lo que ocurra, por primera vez en mucho tiempo, algo se mueve en Ginebra. Y no hay que perderlo de vista.

[via Política Exterior]

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Cumbre Humanitaria Mundial: ¿y ahora qué?

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Cumbre Humanitaria Mundial: ¿y ahora qué?

Pocos días después del cierre de la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul el 23-24 de mayo, aún es difícil valorar el alcance de la misma. ¿Cómo medir el éxito de este encuentro tras más de tres años de preparación? ¿Qué resultados tangibles nos deja?

Uno de sus primeros logros es el mero hecho de que se haya celebrado por primera vez, ya que la acción humanitaria no ha contado hasta ahora con la atención de otros grandes retos globales, como el desarrollo o el clima, los cuales han logrado movilizar, con más o menos éxito, a los líderes mundiales en cumbres sucesivas.

El panorama global viene mostrando, sin embargo, la necesidad de alcanzar un consenso internacional para mejorar la ayuda a las víctimas de conflictos armados y desastres naturales. Con cuatro conflictos de máximo alcance (Siria, Irak, Yemen y Sudán del Sur), una cifra récord de personas desplazadas desde la Segunda Guerra mundial y 125 millones de personas viviendo directamente en una situación de crisis, el “sistema” de la ayuda parece desbordado. Hasta tal punto que, en una década, los llamamientos de Naciones Unidas para financiar la ayuda han crecido exponencialmente, mientras los recursos movilizados en el ámbito internacional tienden a estancarse: a día de hoy, solo se logra financiar la mitad de esos llamamientos.

En este contexto, un indicador para valorar el éxito de la reunión es precisamente comprobar en qué medida cumple con la apelación de “cumbre” y cuántos dirigentes de máximo nivel acudieron finalmente a la cita. Este primer dato evidencia, sin duda, una de las principales decepciones, especialmente en lo referido al compromiso de las grandes potencias. Asimismo, si bien 172 países participaron, solo lo hicieron 55 jefes de Estado o de gobierno (frente a los 150 en la COP21 en París). De estos, solo una, Angela Merkel, representaba a una de las grandes potencias. Ni Barack Obama, ni David Cameron, ni François Hollande viajaron a Estambul y, en el caso de Vladimir Putin, su ausencia vino acompañada de duras críticas sobre una cumbre que, según él, “ha ignorado el punto de vista de los Estados”.

En el extremo opuesto se encuentra la posición de Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las principales organizaciones humanitarias, que decidió no acudir argumentando que “se niega a reforzar las obligaciones de los Estados”, especialmente de cara al Derecho Internacional Humanitario y al derecho de los refugiados. Los recientes ataques que sufrieron hospitales de esa ONG en Kunduz (Afganistán) y en Alepo (Siria) –por parte de Estados Unidos y fuerzas respaldadas por Rusia, respectivamente– no fueron ajenos a esta decisión, ya que, junto con el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, ilustraron el creciente desprecio a las normas básicas de la guerra y del refugio.

Más allá de las dudas y críticas que acompañaron su preparación, el secretario general la ONU, Ban Ki-moon, logró canalizar las propuestas recogidas en el proceso de consultas regionales y plantear, en febrero de 2016, una “Agenda para la Humanidad” para guiar los debates durante el evento. El documento de síntesis final se articula pues en torno a estas prioridades y aúna declaraciones de compromisos e iniciativas más concretas.

Los dos primeros pilares de la agenda trataban de la prevención y finalización de los conflictos armados, por una parte, y del respeto de las normas del Derecho en estos contextos, por otra. Sin sorpresa, estos apartados generaron resultados limitados, al ser cuestiones eminentemente sensibles en el terreno político.

El tercer pilar, centrado en “no dejar a nadie atrás”, permitió reafirmar la necesaria atención por igual de hombres, mujeres, niños, niñas y personas desplazadas dentro o fuera de su país. Las declaraciones incluyen, en este apartado, pasos inicialmente significativos, como la creación de un fondo específico para la educación en las emergencias.

El cuarto pilar aglutinó varias iniciativas para “trabajar de forma diferente” y logró impulsar redes para potenciar a las organizaciones regionales o la colaboración del sector privado. También es destacable la alusión a nuevos estándares de referencia para la calidad de la ayuda, como la Norma Humanitaria Esencial.

El último pilar permitió concretar las mejores vías para “invertir en humanidad” y diversificar la financiación. En este capítulo, destaca el “gran pacto” (Grand Bargain) impulsado por los principales donantes, en el cual se recogen medidas para garantizar más eficiencia. En este se plantea, por ejemplo, dar un mayor protagonismo a las organizaciones locales a las cuales se destinaría, sin intermediarios, un 25% de los presupuestos movilizados en 2020.

A modo de conclusión, cabe señalar que la cumbre representa de manera inequívoca un hito en el proceso de consolidación y mejora de la acción humanitaria. Conviene, sin embargo, matizar cualquier exceso de optimismo. Lo conseguido y concretado, finalmente, resulta muy limitado, frente a las necesidades y amenazas que caracterizan los contextos de crisis alrededor del mundo. Su verdadero éxito, si finalmente se produce, se encuentra en la consolidación de la agenda establecida en Estambul y en una mayor involucración de los actores internacionales en el proceso. ¿Hasta la siguiente cumbre?

[via Política Exterior]

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UNASUR: El camino hacia la integración sudamericana

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UNASUR: El camino hacia la integración sudamericana

En un contexto económico global que no termina de despegar, el descenso en el precio de las commodities –sustento en términos generales de la década de bonanza de la región hasta 2014– ha puesto en jaque a las economías de la gran mayoría de los países de América Latina. En pleno cambio de ciclo económico en la región, cabe preguntarse si los logros alcanzados en desarrollo y calidad de vida caerán en saco roto y, sobre todo, si la región se adentra en una nueva década perdida o por el contrario se encuentra mejor preparada para la embestida.

El escenario actual supone tanto un gran desafío como una oportunidad para avanzar en el proceso de integración de la región. Si tuviéramos que simplificar esta dinámica en el contexto latinoamericano de forma sencilla podríamos hacer referencia, sin temor a equivocarnos, a la Escalera de Penrose. Un camino tortuoso y sin final evidente en el que la ilusión de seguir avanzando se convierte en una trampa fáctica cuyo resultado último lo recrea en una espiral interminable. Adentrarse en la diversidad y complejidad de la región es indispensable no solo para conocer los procesos que aspiran –o aspiraron– a la integración, sino también los elementos que han influido en su desarrollo y perspectivas de futuro.

Por otro lado, el perfil bajo que la política exterior estadounidense ha mantenido durante los últimos años hacia la región se ha retroalimentado con nuevas iniciativas de integración alternativas con vocación de autonomía que, siguiendo diferentes modelos, han situado el interés latinoamericano en el centro de la cuestión. En la actualidad esta política parece abocada a su fin con los últimos movimientos de la Administración Obama, particularmente en Cuba, puesto que Washington vuelve de nuevo la mirada a su patio trasero.

Es en este contexto cuando han surgido modelos de integración propios que escapan a los clichés del paradigma europeo. En particular, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un foro de concertación política que, con un nivel de delegación –supranacional– mínimo, trabaja por la cooperación y el consenso de los países sudamericanos sin la injerencia de Estados Unidos, aunque no necesariamente sin su colaboración.

La Unión Europea como paradigma de distorsión

Cuando hablamos de integración la tendencia general es visualizar –casi literalmente– al modelo por excelencia, aquel proceso que dio lugar, no sin complicaciones y frustraciones por el camino, a la Unión Europea (UE). La UE se ha convertido en el ejemplo que países de diferentes regiones del mundo han pretendido emular, en ocasiones olvidando la idiosincrasia de sus propias realidades. Como elemento añadido, la opinión pública europea tiende a comparar cualquier proyecto de integración con el propio antes de comprender que la UE es un actor sui generis fruto de un proceso histórico concreto.

Los diferentes caminos que ha emprendido América Latina hasta la actualidad han experimentado, en términos generales, periodos de auge y declive que han afectado a sus expectativas iniciales de consolidación. Su evolución ha estado condicionada por factores tanto endógenos como exógenos. Por un lado encontramos una serie de rivalidades históricas, retroalimentadas con un nacionalismo en ocasiones exacerbado, que han profundizado en la construcción de diferencias y barreras por encima de los lazos vecinales. La dimensión exógena la forman la histórica injerencia y expolio a los que se ha visto sometida la región por parte de diferentes agentes externos. En este sentido debemos considerar desde la Era Colonial, cuyas estructuras sentaron las bases de las futuras relaciones y dinámicas tanto nacionales como regionales, hasta el intervencionismo de Estados Unidos –sobre todo a partir de 1898– así como la más reciente y apabullante presencia de multinacionales extranjeras y nuevos actores, como China o la UE.

En este panorama de evidente complejidad aspirar a una integración a la europea se torna complicado. Desde los inicios del regionalismo contemporáneo en el continente latinoamericano, cuyo punto de partida podemos situar en 1960 con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), han sido numerosos los intentos de consolidar iniciativas en diferentes niveles y sectores. De entre los proyectos históricos más importantes cabe destacar la Comunidad Andina (CAN, 1996; en sustitución del anterior Pacto o Grupo Andino, 1969), la Comunidad del Caribe (CARICOM, 1973) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 1991). Como oportunidad alternativa encontramos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP, 2004). Por último, en los últimos años han surgido una serie de organizaciones de diferente naturaleza, membresía y objetivos que plantean un nuevo modelo de integración. Son la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, 2007), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2010) y la Alianza del Pacífico (2011).

La maraña de integraciones y bloques en América Latina

El remolino de siglas es aún más amplio e incluye desde organizaciones de cooperación técnica hasta parlamentos regionales e incluso bancos, como el Bando del Sur o el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Muchos proyectos han quedado aparcados mientras que otros han experimentado periodos de relanzamiento o decadencia, se han transformado e incluso se han incorporado a procesos más amplios, o han desaparecido. El resultado es todo un entramado institucional realmente complejo que alimenta la Escalera de la región.

Los diferentes caminos de la integración regional en América Latina

Como proyecto de largo recorrido, el mayor logro de la CAN –bloque comercial compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– ha sido la creación de una Zona de Libre Comercio que ha ido incorporando tratados de libre comercio con la UE y EE.UU. y, a nivel multilateral, con MERCOSUR. A pesar de la vigencia de su actividad, la fractura de la organización se hizo evidente cuando Venezuela la abandonó en 2006 como respuesta a las negociaciones bilaterales con EE.UU. La CAN inició en 2013 un proceso de renovación con el objetivo de relanzarse.

En la región del Caribe, el CARICOM –formado por 15 países, la mayoría insulares– busca crear sinergias a nivel económico y político. Su existencia ha permitido dotar de un mayor peso de conjunto a sus Estados Miembros. Además de la creación de un Mercado Común, destaca la firma de un Acuerdo de Asociación Económica con la UE en 2008.

Volviendo a la zona continental, MERCOSUR  –formado inicialmente por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– es un proceso de integración de índole económica y comercial cuyos mayores logros han sido la creación una zona de libre comercio entre sus Estados Miembros, una unión aduanera con arancel común y multiplicidad de acuerdos comerciales con otros países o entidades. Bolivia se encuentra en pleno proceso de adhesión y Venezuela se incorporó a la organización en 2012 gracias a la suspensión de Paraguay debido a la destitución del Presidente Lugo –éste era el único país que no había aprobado su adhesión–. Durante los últimos años la organización ha entrado en una situación de parálisis institucional como consecuencia, entre otros factores, del cambio de ciclo en la región. La consideración prioritaria de las cuestiones domésticas en algunos países, así como el descenso de las exportaciones, han conseguido que dos décadas de construcción se tambaleen. El acuerdo de libre comercio con la UE, aún en negociaciones para salir adelante tras varios años de avances y retrocesos, es una de las grandes bazas del MERCOSUR si aspira a relanzarse.

Como espacio más caracterizado ideológicamente, el ALBA-TCP –compuesto por más de una de docena de países, entre los cuales cabe destacar Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunas islas del Caribe– surgió como reacción al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), iniciativa estadounidense que pretendía expandir las dinámicas del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a toda la región. En esencia, el ALBA busca reforzar los lazos de cooperación entre los Estados Miembros en pie de igualdad con el objetivo de profundizar en el desarrollo económico y social. El TCP complementa el espacio como un tratado comercial que, siguiendo la línea anterior, prestaría unas mejores condiciones a todos los países por igual. La organización es considerada como una herramienta de contraposición a la injerencia estadounidense, así como de proyección exterior de Venezuela y del Socialismo del Siglo XXI. De entre sus logros cabe destacar avances en cuanto a sanidad y educación, así como una cierta institucionalización, como con la creación del Banco del ALBA y un proyecto de moneda común. No obstante, la caída del precio del petróleo y la crisis política y social por la que atraviesa Venezuela han puesto a la entidad en la encrucijada.

En lo que a Sudamérica se refiere, UNASUR nace como heredera de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN, 2004). Ha focalizado su trabajo en el ámbito político y se ha constituido como foro de diálogo permanente en temas trascendentales. Pretende constituir un espacio de concertación política entre sus 12 Estados Miembros –todos los países de Sudamérica– y consolidar una verdadera identidad regional.

La CELAC es una organización intergubernamental heredera del Grupo de Río (1989) y compuesta por 33 Estados Miembros. Carece de organismos administrativos de decisión, se organiza bajo Presidencias Pro Témpore y se reúne anualmente en Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno que tienen lugar en el país que ostenta la presidencia. Aspira a constituir un espacio integrado que termine con la proliferación de organismos regionales y a consolidarse como interlocutor regional, pero debe conjugar en su seno gran cantidad de posturas.

La Alianza del Pacífico (2011) es una organización subregional de la que forman parte, de manera exclusiva, países ribereños del Océano Pacífico. Está compuesta por Chile, Colombia, México y Perú; Costa Rica y Panamá han solicitado la adhesión. Surgió como iniciativa de Alan García, entonces Presidente de Perú, con el objetivo de profundizar en la integración y el desarrollo de los países. Como elemento estratégico, aspira a convertirse en un puente con Asia-Pacífico.

Artículo relacionado: Un mundo de bloques, El Orden Mundial en el Siglo XXI

Los distintos proyectos de integración existentes en América Latina

La construcción de un modelo para Sudamérica

La importancia de UNASUR radica de su apuesta por la constitución de un espacio multilateral de diálogo y cooperación política interestatal que no aspira necesariamente a la integración en una organización supranacional a la europea. Su objetivo fundamental es construir una identidad regional fuerte y reforzar las relaciones entre los países sin confrontar directamente con otros procesos de integración, buscando su convergencia.

Si bien los acuerdos alcanzados son de obligatorio cumplimiento, las normas resultantes tan solo son aplicables en el momento en el que los países las incorporan a sus jurisdicciones. La organización descansa sobre los principios de respeto a la soberanía nacional y no injerencia en asuntos internos, por lo que los acuerdos requieren del consenso de todas las partes. Algunos de sus logros han sido en materia de energía, infraestructuras, observación electoral, ayuda humanitaria –por ejemplo en los terremotos de Haití en 2010 y de Ecuador en 2016– y un proyecto de libre tránsito, residencia y trabajo.

No obstante, existe un escenario que contempla la suspensión de la membresía de un Estado Miembro, el cierre de las fronteras, la promoción de su rechazo en la sociedad internacional y la aplicación de sanciones. Se trata de la aplicación de una cláusula democrática prevista para situaciones de excepcionalidad. Como elemento característico, esta cláusula no se refiere a la democracia representativa como tal, por lo que su lectura es flexible y encaja con los proyectos políticos particulares de algunos miembros.

Como elemento derivado del marcado carácter presidencialista de los países, la institucionalidad de la organización no se ha desarrollado en profundidad. El Parlamento Suramericano emite recomendaciones y realiza un seguimiento de la actividad general, mientras que la figura del Secretario General –actualmente, Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia– no ostenta grandes poderes y su nombramiento suponen más bien una medición de fuerzas entre los verdaderos protagonistas, los Presidentes de los Estados Miembros, reunidos en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. En lo que a la resolución de controversias y arbitraje entre vecinos se refiere, UNASUR ha ejercido como mediadora en reiteradas ocasiones. No obstante, a pesar de la existencia de mecanismos al respecto, su eficacia depende más bien de quién ocupe la Secretaria General, puesto que prevalece el prestigio personal antes que el cargo institucional.

La membresía de UNASUR. Russia Today

La gran apuesta de UNASUR: un espacio de seguridad y defensa regional

Una de las prioridades de la organización es la consolidación de un espacio de seguridad regional. El Consejo Suramericano de Defensa (CSD, 2008), uno de los mayores éxitos de la organización, fue impulsado por Brasil. No es una alianza militar al uso a pesar de que ésta fue defendida por algunos países, sino que sirve como foro de coordinación entre los Estados Miembros. En consonancia con su objetivo de construir una identidad sudamericana común, UNASUR ha centrado sus esfuerzos en ampliar la dimensión identitaria a este ámbito para fortalecer la cooperación y, como elemento añadido, asegurar la subordinación militar a la autoridad civil.

Sus principales líneas de actuación se han centrado en garantizar el diálogo, la transparencia y la confianza. En cuanto a su actividad, ha centrado sus esfuerzos en coordinar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El plan de acción descansa sobre una labor de coordinación e intercambio de información que insiste de nuevo en el respeto a la soberanía nacional y la integridad de los países. La lucha contra el narcotráfico adquiere un marcado componente social puesto que contempla como prioritaria la rehabilitación de los consumidores. Entonces, el enfoque aplicado pretende abarcar todo el ciclo del narcotráfico mediante la reducción de la demanda, el desarrollo de cultivos alternativos, la reducción de la oferta y medidas de control contra el lavado de activos.

El principal freno a la profundización en la materia es la existencia de diferentes perspectivas sobre las cuestiones a abordar y, por ende, la forma de hacerlo. El reto es alcanzar un acuerdo que incorpore todas las posiciones y mantenga su efectividad. El reto del narcotráfico es diferente tanto en sus orígenes como en sus consecuencias según el país en el que nos encontremos, sobre todo en relación al papel de las fuerzas de seguridad y los productores. Con la existencia de crimen organizado ocurre lo mismo, ya sea debido a su transnacionalización, incidencia, presencia de grupos extranjeros o al mercado negro. Como elemento añadido, aún prevalecen las sospechas hacia una posible injerencia estadounidense de la mano de algún Estado Miembro.

Perspectivas de la integración sudamericana

En todo proceso de integración es inevitable el encuentro de intereses divergentes. Inevitable y enriquecedor si logran conjugarse todas las posturas. UNASUR representa la oportunidad de consolidar un gran espacio de concertación en el plano político, así como un mercado de más de 400 millones de personas en el ámbito económico y comercial. Para Brasil se ha convertido en una oportunidad de consolidar su liderazgo regional. Por otro lado, la regionalización del litigio por la salida al mar entre Chile y Bolivia supone un aliciente para el primero, pero el segundo obtiene un mejor acceso a los puertos del Océano Pacífico. Mientras que Perú afianza su posición como puente hacia Asia-Pacífico, Argentina obtiene sustento frente a los problemas domésticos. Colombia obtiene respaldo frente a la insurgencia armada y Venezuela accede un amplio mercado energético. Asimismo, ambos se encuentran en un foro de diálogo.

La Unión de Naciones Suramericanas, como modelo, ha priorizado la adaptación a la idiosincrasia de la región antes que la construcción de la casa por el tejado. El camino ha sido complicado debido a las desavenencias en cuanto a la naturaleza de la organización y a determinadas crisis entre socios.

Nos encontramos en un momento de reconfiguración y transformación de la región. Las aspiraciones de liderazgo de Brasil se tambalean en plena crisis política nacional y el giro político en Argentina y Venezuela siembran incertidumbre. El panorama actual es un verdadero desafío para la consolidación tanto de UNASUR como del resto de procesos de integración regional, no necesariamente excluyentes entre sí. Cabe preguntarse hasta qué punto la región será capaz de resistir el actual ciclo de desaceleración económica y en qué medida influirá en el devenir político de los países y, por extensión, de la integración. La crisis como concepto es, en cierto modo, tanto una amenaza como una oportunidad. De la voluntad de los Estados, así como del respaldo de la sociedad, depende el camino que tomará la región durante los próximos años.

Artículo relacionado: “Brasil y su esfera de influencia: Latinoamérica“, Marcos Ferreira para El Orden Mundial en el Siglo XXI

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[via El Orden Mundial en el S.XXI]

UNASUR: El camino hacia la integración sudamericanaDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

El no reconocimiento de las nuevas autoridades de Brasil por parte de El Salvador: breve puesta en perspectiva

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Nicolas Boeglin (*)

A raíz de los eventos suscitados en Brasil, que culminaron el pasado 12 de mayo con la suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff, y el anuncio de las primeras medidas por parte del nuevo gabinete brasileño, las autoridades de El Salvador han decidido no reconocer a las actuales autoridades en Brasil  y retirar a su representante en la capital brasileña (ver nota de prensa de Elpais.cr).

En años recientes, posiciones similares fueron adoptadas por parte de algunos Estados de América Latina con relación al repentino cambio de autoridades en Honduras acaecido en junio del 2009, las cuales fueron confortadas por el mismo Consejo Permanente de la OEA en la  resolución  CP/RES. 953 (1700/09) del 29 de junio del 2009. En este texto, los Estados miembros de la OEA acordaron:

“1. Condenar enérgicamente el golpe de estado llevado a cabo en la mañana de hoy en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.


3. Declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”.

El cambio de autoridades ocurrido en Paraguay en junio del 2012 llevo, entre otras acciones, al retiro de algunos embajadores latinoamericanos en Asunción y a la suspensión de Paraguay como miembro del MERCORUR por parte de los integrantes de esta organización subregional. El 3 de julio del 2012, en el marco de la Cumbre de Mendoza, se adoptó una “decisión sobre la suspensión del Paraguay en el MERCOSUR en aplicación del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático” (ver  texto integral ), en la que los Estados miembros del MERCOSUR decidieron:

“1.- Suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

2.- Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo,

3.- La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada. Los Cancilleres mantendrán consultas regulares al respecto”.

Como se puede apreciar, estas crisis políticas recientes del 2009 y del 2012, que algunos analistas han denominado “golpes de Estado constitucionales” (ver por ejemplo este  artículo  que refiere a esta expresión en su mismo título), han ocupado la agenda diplomática en el hemisferio. Al igual que lo hicieran los golpes de Estado (por definición “anticonstitucionales” en la medida en que se dan en el marco de una ruptura del orden constitucional) que sacudieron a América Latina en la década de los años 70 y 80.

 

Los comunicados oficiales previos al de El Salvador

El comunicado oficial de El Salvador es el último comunicado oficial registrado sobre la situación en Brasil, antecedido por los de otros Estados, que nos ha parecido oportuno  mencionar. Nos limitaremos únicamente a reproducir el contenido de estos comunicados oficiales, así como las respuestas (igualmente oficiales) dadas por Brasil, de manera que el lector pueda hacerse una idea de cómo cada Estado aprecia la situación interna en Brasil y busca la manera de expresar su preocupación y algún tipo de solidaridad.

Distinguiremos los Estados que son vecinos de Brasil de los demás, en la medida en que la cercanía geográfica, las relaciones comerciales, la existencia de proyectos conjuntos y algunos otros aspectos que la contigüidad geográfica conlleva pueden a veces resultar relevantes a la hora de elaborar un comunicado de esta naturaleza.

 

Estados vecinos de Brasil

El pasado 12 de mayo, Argentina (cuyo actual Presidente se reunió con la Presidenta Dilma Rousseff a pocos días de asumir sus funciones),  se había expresado mediante un comunicado oficial de su cancillería de manera escueta (y un tanto prudente) en los siguientes términos que reproducimos textualmente: “Jueves 12 de Mayo de 2016. Sobre la situación en Brasil.  Información para la Prensa N°: 135/16. Ante los sucesos registrados en Brasil el Gobierno Argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña. En tal sentido el Gobierno Argentino continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional“.

El mismo 12 de mayo, Paraguay, emitió un comunicado aún más corto (y prudente): “Comunicado de Prensa. El Gobierno de la República del Paraguay ha respetado en todo momento el proceso institucional que se está desarrollando en la República Federativa del Brasil, confiado en la plena vigencia del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. En tal sentido, expresa que proseguirá normalmente el relacionamiento con la hermana República Federativa del Brasil, como socio estratégico, en el proceso de integración bilateral, regional y multilateral”.

A diferencia de Paraguay, el viernes 13 de mayo, la misma Argentina circuló un segundo comunicado en el que remitió a declaraciones de su Ministra de Relaciones Exteriores (ver texto integral reproducido al final de esta nota – Documento 2) en las que la jerarca de la diplomacia argentina expresaba que: “Si bien se puede argumentar que la legalidad está cumplida, hay muchos que tienen una seria cuestión respecto de la legitimidad del proceso. Entonces, cuando uno empieza a debatirse entre  la legalidad y la legitimidad, se pone en una situación muy compleja. Lo que nosotros esperamos es que esto concluya, para que no se acentúen las necesidades y las ansiedades del pueblo brasileño”.

Por su parte, otro vecino de Brasil, Bolivia se expresó en un comunicado del 12 de mayo en los siguientes términos:

”El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, luego de conocer la decisión del Senado Brasilero que aprobó el inicio de un juicio político en contra de la Presidenta Dilma Rousseff, en base a una “farsa jurídica y política”, expresa su profundo rechazo a estas acciones que pretenden desestabilizar los procesos democráticos y desconocer la voluntad de los pueblos expresadas en el voto popular.

Este proceso de destitución presidencial, calificado por la presidenta Rousseff como un “Golpe de Estado”, se basa en la “criminalización de acciones administrativas” que no ameritan responsabilidad alguna, según las propias leyes brasileras. Esto demuestra una intención de dañar la democracia en un país hermano como el Brasil y desconocer los 54 millones de votos que llevaron a Dilma Rousseff a la presidencia.

El gobierno boliviano hace un llamado a todos los Estados de nuestra región para dialogar sobre esta situación, teniendo en cuenta el peligro que significa la debilitación de la institucionalidad de la democracia, provocada por una oposición incapaz de lograr los votos necesarios para formar un gobierno.

Consideramos necesario defender la plena vigencia y preservación de la institucionalidad democrática y los valores que la sustentan, el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la construcción de la paz como patrimonio que hemos consagrado y defendido en la región”.

Por su parte, Colombia se manifestó en los siguientes términos el pasado 12 de mayo, en un comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado “Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre la situación en Brasil”. El texto se lee de la siguiente manera:

“Vista la relevancia política y económica de Brasil en la región, y por los lazos de amistad y cooperación que nos unen, y el trabajo constructivo que hemos tenido durante estos años con el Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, Colombia ha seguido de cerca el transcurso de los hechos ocurridos en las últimas semanas en ese país.

El estado de derecho y las instituciones democráticas han sido los fundamentos de la construcción de nuestros Estados y han promovido los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos.

En la actual coyuntura, Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, fundamentos indispensables del estado de derecho. La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo”.

Otro Estado que comparte su frontera con Brasil, Venezuela, fue más enfático al manifestarse de la siguiente manera en un comunicado oficial del 12 de mayo del 2016, titulado “Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela en rechazo al intento de Golpe de Estado en la República Federativa del Brasil”, y que se lee así:

” La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el Golpe de Estado parlamentario en curso en Brasil que, mediante farsas jurídicas de las cúpulas oligárquicas y fuerzas imperiales, pretenden el derrocamiento de la presidenta, Dilma Rousseff, para sustituir la soberanía popular, poniendo en riesgo la constitución y la democracia. La presidenta legítima, Dilma Rousseff, primera mujer electa como Jefa de Estado en Brasil, enfrenta una arremetida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza.

La República Bolivariana de Venezuela reconoce el acervo moral, la dignidad y la histórica capacidad de lucha de la presidenta Dilma Rousseff, quien ha demostrado, con su ejemplo y vocación humanista, ser una garantía para la democracia, las conquistas sociales del pueblo brasilero y la unidad nuestroamericana.

La República Bolivariana de Venezuela considera que el Golpe de Estado en desarrollo ha sido fraguado desde el momento mismo de la elección de la presidenta Dilma Rousseff, mediante la aplicación de acciones vinculadas al golpe suave, como el sabotaje, la desinformación, y la mentira, llegando al extremo de pretender impedir la realización en Brasil de eventos deportivos de gran trascendencia mundial, con el propósito de desprestigiar al gobierno y sus autoridades. La República Bolivariana de Venezuela no tiene dudas que todas estas acciones forman parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares progresistas y de izquierda con el único fin de reimponer los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros pueblos y acabar así con los modelos democratizadores.

El proceso de Golpe de Estado en Brasil pretende sustituir la soberanía popular y desconocer la voluntad legítima de su pueblo. En razón de lo cual, hacemos un llamado a los pueblos del mundo a mantenernos alertas y listos para la defensa de la democracia, de la presidenta Dilma Rousseff y de los procesos de unidad e integración entre nuestros países“.

Dos Estados vecinos de Brasil, a saber Perú y Uruguay, a la hora de redactar estas breves líneas (17 de mayo), han optado por no externar criterio alguno con relación a lo que ocurre en Brasil.

 

Estados no vecinos de Brasil

Otros Estados que no comparten cercanía geográfica con Brasil sí han considerado oportuno manifestarse sobre los acontecimientos vividos en Brasil la semana pasada.

Por ejemplo, Chile expresó su posición en un comunicado oficial del 12 de mayo  titulado “Comunicado de prensa por sucesos políticos en Brasil” de la siguiente manera:

” Chile ha seguido con atención los recientes sucesos políticos en Brasil, país de histórica relevancia económica, diplomática y cultural para Chile, incluyendo durante el periodo de la administración de la amiga Presidenta Dilma Rousseff, con la cual hemos mantenido excelentes relaciones.

El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los acontecimientos de los últimos tiempos en esa nación hermana, los que han generado incertidumbre a nivel internacional, considerando la gravitación de Brasil en el ámbito regional.

Sabemos que la democracia brasileña es sólida y que los propios brasileños sabrán resolver sus desafíos internos. En el intertanto, Chile reafirma su decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil y en cada uno de los países de América del Sur, elementos indispensables para resguardar nuestras democracias, fortalecer nuestra integración regional y nuestra inserción global”.

En el caso de Cuba, la declaración de su Gobierno con fecha del 12 de mayo del 2016 se lee de la siguiente manera:

“El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba ha denunciado de manera reiterada el golpe de estado parlamentario-judicial, disfrazado de legalidad, que se gesta desde hace meses en Brasil. Hoy  se consumó un paso fundamental para los objetivos golpistas. La mayoría de los senadores brasileños decidió continuar el proceso de juicio político contra la presidenta legítimamente electa de Brasil, Dilma Rousseff, y con ello, separarla “provisionalmente” de su cargo por un período de hasta 180 días, en que el Senado debe decidir, mediante el voto de dos tercios de sus integrantes, la destitución definitiva.

Se trata, en realidad, de un artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyados por la gran prensa reaccionaria y el imperialismo, con el propósito de revertir el proyecto político del Partido de los Trabajadores, derrocar al gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral.

Lo que ocurre en Brasil es parte de la contraofensiva reaccionaria del imperialismo y la oligarquía contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones, contraviniendo el espíritu y la letra de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en la II Cumbre de la CELAC en enero de 2014 en La Habana por los jefes de estado y de gobierno de la región.

Como expresara el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura del VI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional de Poder Popular el pasado 29 de diciembre: “La historia demuestra que cuando la derecha llega al gobierno no duda en desmontar las políticas sociales, beneficiar a los ricos, restablecer el neoliberalismo y aplicar crueles terapias de choque contra los trabajadores, las mujeres y los jóvenes”.

El pueblo brasileño, las fuerzas políticas de izquierda y los combativos movimientos sociales de esa nación rechazan el golpe y se opondrán a cualquier intento de desmantelar los importantes programas sociales desarrollados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Lula y Dilma al frente, como “Bolsa Familia”, “Más Médicos”, “Mi Casa-Mi Vida” y “Hambre Cero”, que cambiaron la vida de decenas de millones de personas en ese país.

Dilma, Lula, el Partido de los Trabajadores y el pueblo de Brasil cuentan y contarán siempre con toda la solidaridad de Cuba”.

En el caso de Ecuador, que tampoco comparte frontera con Brasil, su comunicado oficial del 12 de mayo  titulado  “Comunicado Oficial del Gobierno del Ecuador ante la situación política en Brasil” se lee de la siguiente forma:

“El Gobierno de Ecuador expresa su profunda preocupación por los acontecimientos políticos acaecidos en la República Federativa de Brasil, que en las últimas horas han resultado en el apartamiento temporal de sus funciones de la Presidenta Constitucional, Dilma Rousseff.

Asimismo, reitera su decidido respaldo al pueblo de Brasil y al Gobierno constitucional de la Presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común.

El Gobierno de Ecuador expresa su voluntad de que las actuales circunstancias sean pronta y plenamente superadas, en el marco del Estado de Derecho y el estricto respeto a la institucionalidad democrática de Brasil.

Ante la amenaza de una grave alteración del orden constitucional, de profundas consecuencias para el conjunto de la región, el Ecuador apela a la plena vigencia y preservación de las instituciones democráticas y los valores que la sustentan, así como a los principios reflejados en el Tratado Constitutivo de la Unasur, como elementos indispensables para la consecución de la paz, la justicia y la integración de los pueblos de América Latina”.

Salvo error de nuestra parte, no se registran comunicados oficiales emitidos sobre la situación política en Brasil por parte de Costa Rica, de Guatemala, de México, de Nicaragua, y de Panamá a la fecha de redactar estas breves líneas (17 de mayo).  En el caso de Nicaragua, aparece mencionado en una respuesta dada por Brasil a un comunicado circulado por los integrantes del ALBA, sin que haya circulado un documento oficial de Nicaragua como tal. Es posible que declaraciones dadas por la vocera oficial del Ejecutivo de Nicaragua hayan sido consignadas por Brasil como tal.

En el caso de Costa Rica, resulta oportuno recordar que su comunicado oficial sobre la situación en Venezuela había dado lugar a una dura respuesta por parte de las autoridades de Caracas, a los pocos días de iniciar el año 2016 (ver al respecto nuestra modesta nota publicada en el medio digital de Elpais.cr, así como la misma   nota  ampliada a aspectos jurídicos, publicada en el sitio jurídico de Ius360).

Las reacciones de Brasil

Las declaraciones del Ex Presidente de Colombia, Ernesto Samper, hoy Secretario General de la UNASUR causaron la molestia de Brasil, quién el pasado 13 de mayo, circuló el siguiente  comunicado oficial  desde el Itamaraty: “Nota 177. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las declaraciones del Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, sobre la coyuntura política en Brasil, que califican de manera equivocada el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado brasileño.

Los argumentos presentados, además de erróneos, dejan trasparecer juicios de valor infundados y prejuicios contra el Estado brasileño y sus poderes constituidos e interpretan falsamente la Constitución y las leyes brasileñas. Además, transmiten la interpretación absurda de que las libertades democráticas, el sistema representativo, los derechos humanos y sociales y las conquistas de la sociedad brasileña estarían en peligro. La realidad es opuesta.

Tales juicios e interpretaciones del Secretario General son incompatibles con las funciones que ejerce y con el mandato que recibió del conjunto de países sudamericanos en los términos del Tratado Constitutivo y del Reglamento General de UNASUR”.

Anterior a ello, Brasil respondió en estos términos, el mismo día 13 de mayo, a un comunicado circulado por los Estados miembros del ALBA, a saber Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Su  comunicado  se lee como sigue: “Nota 176.  El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza enfáticamente las manifestaciones de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, así como de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América/Tratado de Comércio de los Pueblos (ALBA/TCP), que se permiten opinar y propagar falsedades sobre el proceso político interno en Brasil. Este proceso se desarrolla en el marco de respeto absoluto a las instituciones democráticas y a la Constitución Federal.

Como cualquier observador neutral puede constatar, el proceso de impedimento es una previsión constitucional; el rito establecido en la Constitución y en la Ley fue seguido rigurosamente, con el aval y la determinación del Supremo Tribunal Federal; y el Vicepresidente asumió la presidencia según lo determinado por la Constitución Federal, en los términos por ella previstos”.

El comunicado de El Salvador y la respuesta brasileña

A diferencia de lo leído en los comunicados oficiales provenientes de los Estados precitados a partir del 12 de mayo pasado, el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador con fecha del 14/05/2016  (ver texto al final reproducido de manera completa. Documento 1) es particularmente incisivo. Se indica, entre otros, que: “El Gobierno de El Salvador, en seguimiento a los lamentables acontecimientos que se desarrollan en la República Federativa del Brasil, rechaza la actitud asumida y las medidas anunciadas por el llamado gobierno provisional, pues son acciones que se proyectan en el largo plazo y que indican un quiebre drástico en las políticas públicas que se han venido implementando”.

En la parte final del comunicado salvadoreño, sus autoridades anuncian que no reconocerán, de ahora en adelante, lo que denominan ellas mismas “llamado gobierno provisional” brasileño. Lo hacen de la siguiente manera que nos permitimos reproducir textualmente: “Ante este contexto, no se puede dar reconocimiento a un llamado gobierno provisional y que se está asumiendo ya como definitivo, sin haber culminado un proceso que ya de por sí tiene claras señales de manipulación política. Por tal razón, el Gobierno de El Salvador no reconoce al llamado gobierno provisional del Brasil y ha girado instrucciones a su embajadora para que no tenga participación alguna en las actividades organizadas y convocadas por éste“.

Al iniciar esta semana, el pasado Lunes 16, Brasil emitió el siguiente  comunicado  titulado “Declaraciones del gobierno de El Salvador con respecto a la situación interna en Brasil” que sugiere que El Salvador tenga a bien reconsiderar su posición, al indicar que: “Por todo eso el gobierno brasileño espera que el gobierno de El Salvador reconsidere su posición, con base en una evaluación objetiva y fáctica de la realidad”. En el texto completo del comunicado brasileño, que a continuación se reproduce, se hace mención al hecho que El Salvador es el Estado en América Central que mayor cooperación técnica recibe por parte de Brasil: una referencia que algunos podrían considerar como una velada amenaza.

El texto completo se lee de la siguiente forma: “Nota 179. 16 de mayo del 2016 – 15:30. El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó conocimiento de las manifestaciones del gobierno de El Salvador sobre el proceso político brasileño y de su decisión de suspender los contactos oficiales con Brasil, las cuales revelan amplio y profundo desconocimiento sobre la Constitución y legislación brasileñas, sobre el rito aplicable en procesos de impedimento y sobre el pleno funcionamiento de las normas e instituciones democráticas en el país.

Tantos equívocos causan particular extrañeza, una vez que El Salvador mantiene intensas relaciones económicas con Brasil y es el mayor beneficiario de la cooperación técnica brasileña en toda América Central.

Por todo eso el gobierno brasileño espera que el gobierno de El Salvador reconsidere su posición, con base en una evaluación objetiva y fáctica de la realidad, y con respeto a las instituciones brasileñas y a los principios que rigen las relaciones entre los dos países”.

Perspectivas para las actuales autoridades en Brasil

No cabe duda que la situación en Brasil ha sido y seguirá  siendo objeto de cuidadosas valoraciones en América Latina y en el resto del mundo en los próximos días, ya sea mediante comunicados oficiales de Estados como los aquí brevemente reseñados. Ya sea mediante posiciones colectivas  de varios Estados, a consensuar en este caso en el marco de foros subregionales tales como la UNASUR, el MERCOSUR, e inclusive el SICA, entre muchos otros, o en el seno de la misma CELAC.  En algunos casos, la delegación brasileña presente pondrá a prueba a su experimentada diplomacia para frenar toda iniciativa o buscar influir en la escogencia de los términos más acordes a sus intereses.

La próxima Asamblea General de la OEA (a celebrarse  en el mes de junio en República Dominicana), también podría sumarse los delicados ejercicios diplomáticos que se originen en los demás foros precitados.

Para una parte de la población brasileña y sus autoridades hasta el pasado 12 de mayo, la posición oficial externada por El Salvador constituye sin lugar a dudas un importante gesto diplomático de solidaridad;  mientras que, para las nuevas autoridades brasileñas y algunos sectores que las respaldan, se trata de una actitud desafiante (un tanto inesperada) ante la cual hay que saber reaccionar.

Dependiendo del tipo de respuesta que dé Brasil y del tono que usen sus autoridades,  se puede lograr mantener el acto de El Salvador como un acto aislado en América Latina; o bien, por el contrario, amenazar con encontrar algún eco a la posición de El Salvador en el concierto internacional.

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Documento 1. Texto completo del comunicado de prensa del 14/05/2016 de El Salvador:

El Salvador rechaza manipulación política de proceso contra presidenta constitucional de Brasil

El Gobierno de El Salvador, en seguimiento a los lamentables acontecimientos que se desarrollan en la República Federativa del Brasil, rechaza la actitud asumida y las medidas anunciadas por el llamado gobierno provisional, pues son acciones que se proyectan en el largo plazo y que indican un quiebre drástico en las políticas públicas que se han venido implementando.

La actitud asumida y las medidas anunciadas evidencian la manipulación política de las herramientas que contiene el ordenamiento constitucional de Brasil, ya que sin haber concluido el proceso, el gobierno provisional asume que la presidenta Dilma Rousseff no retornará al cargo para el cual fue elegida legítima y legalmente en las urnas por el pueblo brasileño.

Estos hechos vienen a confirmar los planteamientos realizados dentro de Brasil, como también a nivel internacional, en el sentido que asistimos, desafortunadamente, a la configuración de un golpe de Estado.

Ante este contexto, no se puede dar reconocimiento a un llamado gobierno provisional y que se está asumiendo ya como definitivo, sin haber culminado un proceso que ya de por sí tiene claras señales de manipulación política.

Por tal razón, el Gobierno de El Salvador no reconoce al llamado gobierno provisional del Brasil y ha girado instrucciones a su embajadora para que no tenga participación alguna en las actividades organizadas y convocadas por éste.

El gobierno salvadoreño permanecerá dando seguimiento a los acontecimientos y continuará, conforme su evolución, actualizando sus medidas sobre la situación en Brasil, incluyendo el llamado a consultas a su embajadora. 

Documento 2. Texto completo del comunicado de prensa del 13/05/2016 de Argentina:

Malcorra afirmó que la Argentina tiene una profunda preocupación por Brasil. Viernes 13 de Mayo de 2016. Información para la Prensa N°: 138/2016

La Canciller argentina, Susana Malcorra, sostuvo desde Londres, donde participó en la Cumbre Anticorrupción convocada por el Primer Ministro Cameron, que tiene una “mirada de profunda preocupación” sobre la crisis política por la que atraviesa Brasil. “No solamente es el gran vecino, el gran socio que tenemos, sino también es un jugador que condiciona y define nuestra capacidad de hacer cosas. Nos une la tradición, la amistad, la historia y por eso esta crisis nos afecta, nos impacta y nos duele”, agregó.

 

“Hemos estado siguiendo esta cuestión de cerca, en permanente contacto con la Cancillería brasileña y con sectores de la vida política de Brasil. Es evidente que se han cumplido las pautas establecidas dentro de la legalidad del proceso”, aseguró Malcorra, y aclaró: “Si bien se puede argumentar que la legalidad está cumplida, hay muchos que tienen una seria cuestión respecto de la legitimidad del proceso. Entonces, cuando uno empieza a debatirse entre  la legalidad y la legitimidad, se pone en una situación muy compleja. Lo que nosotros esperamos es que esto concluya, para que no se acentúen las necesidades y las ansiedades del pueblo brasileño”.

 

En declaraciones a Todo Noticias, Malcorra subrayó que cuando el Presidente Macri fue electo, inmediatamente fue a visitar a la Presidente Rousseff “para dar una señal de cercanía y de prioridad”. “Recuerdo esa conversación que fue muy interesante porque ambos presidentes hablaron de cosas concretas respecto del futuro y a partir de allí construyeron una relación que fue evolucionando. A mí me produce, con total franqueza, un profundo dolor institucional y un profundo dolor personal. La Presidenta Rousseff debe estar pasando por un momento muy duro. Estuve con ella hace poco en Nueva York y conversamos. A veces me pregunto si el tema de género no es un elemento de consideración de estos procesos tan duros”, enfatizó la Canciller Argentina.

 

“El hecho de que el mismo día en que se comienzan a dar pasos firmes en el intercambio de ofertas entre la MERCOSUR y UE se de, en simultáneo, esta crisis es una horrible coincidencia. Incluso la UE tuvo algunas consideraciones para posponer el intercambio de ofertas, pero hemos sido muy monolíticos en el MERCOSUR: esto está acordado, es institucional, no hay excusa para postergar el intercambio y así lo entendió nuestra contraparte europea”, explicó Malcorra. “Creo que hay otra lectura que se le puede dar a esto y es que aún dentro de estas crisis que se producen hemos sido capaces de defender el intercambio como un  tema que va más allá de las circunstancias y que tiene un compromiso profundo en todos los miembros del MERCOSUR”, añadió.

 

Respecto de la Argentina y su inserción en el mundo, Malcorra manifestó: “Nuestro país está siendo visto de manera muy positiva. La reacción tanto de gobiernos como del sector privado, que tiene siempre una participación muy intensa en las diferentes visitas que hacemos, es que la Argentina ha decidido insertarse en el mundo con una posición madura. Tenemos que seguir generando esta confianza pero nada de esto es automático ni se produce de un día para otro. La ansiedad es entendible, y por eso estamos haciendo este cambio estructural que tendrá sustentabilidad de largo plazo”.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El no reconocimiento de las nuevas autoridades de Brasil por parte de El Salvador: breve puesta en perspectivaDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

El fin de la URSS y el “fin de la historia”

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El fin de la URSS y el “fin de la historia”

Es 25 de diciembre y hace rato que ha caído la noche. En las calles de Moscú a estas horas es difícil encontrarse con alguien, pocas cosas justifican abandonar la calidez del hogar. No obstante, dentro del Kremlin hay una actividad inusitada. Decenas de funcionarios recorren de manera apresurada los pasillos, aunque ninguno parece tener claro dónde ir. Mijail Gorbachov, que ha sido durante seis años Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, acaba de presentar su renuncia. La URSS deja de tener presidente.

Todo el planeta contempla estupefacto los acontecimientos, aunque en el exterior del Kremlin ya se aprecian los primeros cambios. La bandera roja es arriada, y en su lugar aparece la bandera tricolor de la Federación Rusa. La imagen, retransmitida por todos los medios, no deja lugar a dudas: el gran imperio soviético ha dejado de existir.

Ver más: Imágenes del canal inglés ITN donde se recoge la renuncia de Mijail Gorbachov, Youtube

La debacle comunista es total, y desde occidente los más entusiastas no dudan en proclamar “El fin de la historia” ¿Quién necesita más pruebas para asegurar el triunfo capitalista? El socialismo soviético no funciona. El centralismo no funciona. En definitiva la economía planificada está condenada al fracaso. La URSS y sus setenta y cuatro años de vida no han sido más que un mal sueño, un accidente solo sustentado en la represión y el autoritarismo. Hasta los partidos socialdemócratas aceptarán esta versión. El marxismo-leninismo ha perdido toda autoridad, mejor simplemente olvidar esa etapa oscura.

Aún hoy en día es difícil encontrar una explicación de la caída de la Unión Soviética que no asuma esta como inevitable. Solo algunos, a la izquierda del panorama político, han argumentado que el colapso se debió al error humano o la mediocridad, aunque esta hipótesis a nuestro juicio es igual de insatisfactoria. La gran pregunta sigue sin una respuesta clara: ¿Por qué se hundió el sistema soviético? ¿Eran las decisiones de Gorbachov las únicas posibles o había caminos alternativos de actuación?

De Brézhnev a Andropov. Una oportunidad perdida

Cuando en 1964 Leónidas Brézhnev se hizo con la Secretaría General del Partido Comunista, nadie hubiera podido imaginar la situación que viviría el país varias décadas más tarde. Al fin y al cabo la economía nacional se mostraba pujante. Por ejemplo, la producción industrial no dejaba de aumentar –6,77 veces entre 1950 y 1975, según datos de la CIA–. Los servicios sociales, como la sanidad o la educación, se extendían con rapidez a amplias capas de la población y la Unión Soviética despuntaba en el desarrollo tecnológico y científico.

A ojos de los grandes líderes del partido el sistema funcionaba casi por sí solo. La mejor idea parecía no tocar demasiado, y esta fue la principal apuesta de Brézhnev. Mientras que Nikita Jrushchov se había caracterizado por realizar grandes reformas, a veces casi  contradictorias, el nuevo líder llegaba para todo lo contrario. Durante la segunda mitad de los años sesenta la estabilidad y el consenso se convirtieron en política de estado. Los funcionarios apenas rotaban en sus puestos, y los que lo hacían, intentaban no introducir grandes cambios. La iniciativa individual no estaba bien vista y poco a poco se fue consolidando una autentica gerontocracia dirigente.

Como era de esperar todas las instituciones políticas experimentaron un claro anquilosamiento y los acomodados dirigentes empezaron a ver en la corrupción una forma fácil y sencilla de obtener beneficios. La igualdad, principio base de todo el sistema, se veía seriamente cuestionada por la utilización fraudulenta que la alta nomenklatura empezó a hacer de los bienes públicos. Todo funcionaba mejor para los miembros del partido. No obstante, ¿cómo combatir el fenómeno? En un país donde la prensa estaba fuertemente controlada la respuesta solo podía venir de las más altas esferas del poder. Estas, acostumbradas a no introducir grandes cambios, no adoptaron ninguna medida de gran calado y los soviéticos no tuvieron más remedio que adaptarse a la nueva situación. Solo así se explica por qué la afiliación al PCUS no dejó de crecer; en 1973 casi 15 millones de personas estaban formalmente integradas en el Partido Comunista. Un gran número de analistas vio en la impresionante cifra una muestra clara de apoyo y compromiso con el proyecto socialista. Sin embargo parece más acertado pensar que fueron muchos los que entendieron el partido como un instrumento de promoción social. Desde esta perspectiva es más fácil entender el aumento constante de la corrupción. Bajo la oficialidad crecía una “segunda economía” muy difícil de eliminar en décadas posteriores.

Para ampliar: “La corrupción de la era Brézhnev, en el banquillo“, El País

Tabla donde se recoge la evolución del crecimiento económico de la URSS

Con todo, en 1979 ya era imposible ocultar la necesidad de realizar cambios profundos, hasta la productividad y el crecimiento económico se habían resentido. No obstante, como bien demostró Brézhnev, una cosa era reconocer los fallos del sistema y otra muy distinta idear una solución para los mismos. De hecho no sería hasta 1982, y ya con Andropov plenamente instalado en el poder, cuando el gobierno soviético realmente adoptó un amplio programa de reformas para el país.

La nueva estrategia se extendía a todos los niveles. Desde amplios programas de disciplina laboral, especialmente célebre fue la conocida como “Operación rastreo”, donde se castigaba duramente a los absentistas y a los borrachos –la embriaguez en el trabajo había llegado a suponer un grave problema–, hasta medidas más estructurales para modificar los métodos de planificación y gestión económica. Para Andropov resultaba fundamental trasladar el progreso científico y tecnológico militar al mundo civil. No se podía permitir que las empresas que arriesgaban al innovar pudieran ser castigadas por no cumplir los planes estatales de producción, mientras que aquellas que despilfarraban recursos fueran premiadas. Esta lógica incluso se intentó aplicar a  pequeña escala y el nuevo comité gobernante no mostró ningún reparo a la hora de oponerse a la nivelación salarial. El razonamiento era sencillo: los sueldos solo podían crecer si también lo hacia la productividad. De otra forma, como había ocurrido en los últimos años, se conseguía una demanda cada vez mayor que por el contrario no podía verse del todo satisfecha. El estado acababa, de forma indirecta, incentivando el mercado negro y por consiguiente la corrupción. Andropov aplicaba así aquella máxima socialista de “a cada cual según su trabajo”.

Portada de la revista Time tras el fallecimiento de Yuri Andropov

El programa de reformas, más allá del acuerdo o el desacuerdo, era total y tenía sentido en su conjunto. Unas medidas complementaban y justificaban las otras. Sin embargo a Andropov y su equipo no les faltaron ideas, sino tiempo. El veterano comunista arrastraba problemas de salud desde la Segunda Guerra Mundial y el 9 de febrero de 1984, a los 69 años de edad, un fallo renal acababa con su vida. Como bien resumiría el historiador británico Eric Hobsbawm, citando a un antiguo director de la CIA: “Me parece que si el líder soviético Yuri Andropov hubiera sido quince años más joven cuando llegó al poder en 1982, todavía tendríamos una Unión Soviética”.

Cabe preguntarse si alguien tan joven hubiera podido llegar alguna vez a la Secretaría General del Partido Comunista, ya que cuando en 1984 Kostantin Chernenko se hacía con el control total de la Unión Soviética, este ya tenía setenta y tres años. Sea como fuere, el mandato de Chernenko fue corto, aunque sí duró lo suficiente para que muchas medidas de Andropov fueran corregidas. Con ello todo lo realizado en los dos años anteriores fue perdiendo sentido y la URSS desaprovechó una oportunidad única para encarar la reforma.

Para ampliar: “De Andropov a Gorbachov“, Le Monde Diplomatique

Mijaíl Gorbachov. La URSS en la encrucijada

No es posible entender el colapso de la Unión Soviética sin analizar las políticas emprendidas por Mijaíl Gorbachov. Este, en el poder desde el 11 de marzo de 1985, tuvo un inicio fulgurante al mando del partido. En pocos días quedó claro que el nuevo líder no venía para asumir un papel pasivo. La senda de transformación, ya marcada por Andropov, fue rápidamente retomada y Gorbachov siguió legislando contra la nivelación salarial, en favor del desarrollo científico y técnico o en la lucha contra la “segunda economía”. Incluso en mayo de 1985 se volvía a lanzar una campaña contra el consumo de alcohol. Si Andropov había instaurado multas por embriaguez, Gorbachov llegaría a disminuir la producción y a recortar el horario de venta de vodka. Parecía como si la Secretaría General del partido quisiera ir más allá que sus predecesores. Buen resumen del nuevo clima político que reinaba en Moscú son las siguientes declaraciones de Mijaíl Gorbachov: “Muchos de vosotros creéis que la solución estriba en sustituir la planificación directa por mecanismos de mercado. Muchos de vosotros consideráis el mercado como un salvavidas para vuestra economía. Pero, camaradas, no deberíais pensar en los salvavidas sino en el barco, y el barco es el socialismo”.

No es de extrañar que muchos analistas occidentales definieran a Gorbachov como un líder ortodoxo dentro del Partido Comunista. Sin embargo, como todos ya sabemos, el alto mando soviético cambió su línea de acción a partir de 1987. Al final se acabó optando por la promoción de la propiedad privada y un sistema de poder orientado hacia el pluripartidismo. La gran pregunta que debemos responder es por qué se dio tal giro. Si aplicamos el sentido común lo más lógico es pensar que el camino de reformas propuesto por Andropov falló. Ante la evidencia los líderes soviéticos no tuvieron más remedio que asumir la superioridad económica del sistema capitalista. No obstante, si nos acercamos a los indicadores macroeconómicos del momento, la ecuación no parece tan sencilla. En los años 1985 y 1986 la producción y el consumo soviético aumentaron. Además, el crecimiento económico ascendió hasta el 2% y variables como la esperanza de vida o la mortalidad infantil mejoraron por primera vez en 20 años.

Entonces, ¿por qué Gorbachov no siguió con su línea inicial? ¿Desde el principio fue un capitalista encubierto o fue presionado para asumir un nuevo rumbo? Ninguna de estas dos opciones parece factible, por lo que quizá nos tengamos que quedar con la duda. Tal vez sencillamente el hombre más poderoso de la Unión Soviética quería resultados inmediatos y no tuvo la paciencia para esperar los resultados de sus medidas.

Con todo, durante 1987 los soviéticos tuvieron que familiarizarse con dos nuevos términos hasta ahora desconocidos: la Glasnot y la Perestroika. Ambos, desde un primer momento, fueron conceptos tremendamente abiertos. No había una definición única de los mismos. Un día la Perestroika (reestructuración) podía apelar al reencuentro con los viejos principios socialistas y a la semana siguiente aparecer ligada a la idea de un sistema de mercado capitalista. La reforma era algo positivo, aunque nunca llegara a quedar claro hacia dónde se dirigía el gobierno.

Por otro lado la Glasnot (apertura) también se prestaba a las más diversas torsiones. Desde una mayor publicidad y transparencia por parte del Partido Comunista hasta una crítica abierta a todo el sistema soviético. La situación no dejaba de ser paradójica, ya que era el propio Gorbachov quien alentaba a los medios e intelectuales a censurar las políticas socialistas, como si él no tuviera nada que ver en todo lo que ocurría. Desde el gobierno Alexander Yakovlev, fiel aliado de Gorbachov, se encargó de colocar en la dirección de las grandes televisiones y periódicos a personas claramente hostiles al PCUS y al proyecto socialista. De la noche a la mañana la prensa se volvió claramente anticomunista, situando en una posición muy difícil a todos aquellos que osaran criticar el nuevo rumbo marcado desde Moscú. Tras más de 70 años de historia principios tan básicos como la planificación económica, la propiedad estatal o el liderazgo del Partido Comunista se ponían en tela de juicio.

De lo que se estaba incubando en la Unión Soviética a finales de los ochenta, la Glasnost y la Perestroika, lo que acabó naciendo fueron los problemas (riots)

En junio de 1988 Gorbachov ya se sentía lo suficientemente seguro como para promover la creación de un Congreso de los Diputados del Pueblo, desde el cual se elegiría a un Soviet Supremo y un presidente ejecutivo. La medida suponía toda una revolución política. A partir de ahora la nueva presidencia, y no la Secretaria General del PCUS, acapararía el poder real en la Unión Soviética. El partido Comunista debía ir perdiendo paulatinamente todos sus privilegios hasta quedar relegado a una fuerza parlamentaria como otra cualquiera.

El sistema político afrontaba así la reforma más profunda en décadas. No obstante buena parte del proceso fue eclipsado por las nuevas medidas económicas impulsadas desde la presidencia. En diciembre de 1987, casi como un anticipo de los años siguientes, se había aprobado de manera repentina la reducción del número de productos industriales que serían adquiridos por el estado. Si hasta ahora la administración había cubierto la compra del 100% de la producción, con el nuevo decreto solo se haría cargo del 50%. En teoría las empresas ganaban autonomía para vender sus productos en el mercado. La ley de la oferta y la demanda debía ayudar a resolver los problemas de distribución. En la práctica el planteamiento se mostró totalmente temerario y en pocos meses la economía se hundió en el caos. A finales de 1988 la escasez ya era un problema grave y en la Unión Soviética aparecía, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la inflación.

Sin embargo Gorbachov y su equipo estaban convencidos de la validez del nuevo camino. Para ellos el problema no radicaba en la introducción drástica de mecanismos de mercado, sino en el hecho de que aún no se había profundizado lo suficiente en la reforma. El siguiente paso fue la aprobación de la llamada Ley de Cooperativas. Con ella se pretendía legalizar o cooperativizar las nuevas organizaciones que surgían a raíz del mercado o que provenían de la segunda economía, es decir, del mercado negro. La empresa privada tendría bajo este paraguas reconocimiento legal en el sistema soviético. Las relaciones entre las empresas estatales y las nuevas cooperativas deberían ser a partir de ahora más fluidas, ayudando a las primeras a salir de la difícil situación en que se encontraban. Lo que realmente ocurrió fue que las empresas públicas vieron un buen negocio en arrendar su equipo industrial a estas cooperativas menos controladas por el estado. De manera informal había comenzado la privatización de los activos estatales.

A posteriori es fácil concluir que a principios de 1989 el panorama era muy poco esperanzador. Desde Moscú el gobierno no parecía capaz de solucionar la situación, y muchos ciudadanos se refugiaban poco a poco en el nacionalismo. Podríamos analizar caso por caso, pero rápidamente se hace evidente que con una economía en caída libre y un Partido Comunista debilitado era muy difícil dar una respuesta satisfactoria a las demandas que se planteaban por toda la Unión Soviética. Quizá en este momento ya no había marcha atrás al colapso. ¿Cuál fue el hecho que desencadenó el dominó? Es complicado saberlo. 1989 dejó muchas imágenes para el recuerdo: los soldados soviéticos abandonando Afganistán, un triunfante Lech Walesa en Polonia o el Muro de Berlín destruido a martillazos eran mensajes muy claros para toda la URSS. El bloque soviético se derrumbó, de eso no hay duda, pero el derrumbamiento no era inevitable. No podemos concluir tan fácilmente que el socialismo está condenado al fracaso y relegar a Marx al rincón de la historia. Fueron decisiones y políticas concretas las que llevaron a arriar la bandera roja del Kremlin en 1991. No obstante siempre hubo otras vías de acción. En un mundo como el de hoy nunca está de más recordar que lo existente no acaba con lo posible.

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