Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes

http://i1.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/3.jpg?fit=618%2C369

Nicolás Boeglin (*)

 

 

Figura 1 del Caño “Google” o “Caño Pastora” (trazo azul), un caño artificial realizado por Nicaragua en Isla Portillos en octubre del 2010, a partir de un mapa erróneo de Google Map (figura realizada por el Dr. Allan Astorga Gättgens, Escuela de Geología, UCR) y toma aérea del mismo caño.

Introducción

El pasado 7 de junio del 2016, medios de prensa reportaron que Costa Rica oficialmente anunció que notificó a Nicaragua el monto indemnizatorio que reclama al Estado vecino por los daños ocurridos en Isla Portillos (ver  nota  de CRHoy).

El comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (ver texto completo reproducido al final de esta nota) precisa que:

“La formalización de la pretensión costarricense fue realizada por el Embajador de Costa Rica en el Reino de los Países Bajos, Sergio Ugalde, al Embajador nicaragüense, Carlos Arguello, en La Haya, mediante la presentación de documentos que detallan los diferentes rubros que Costa Rica considera que Nicaragua le debe indemnizar.

El monto total de lo reclamado supera los seis millones de dólares, en donde se contempla la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos, así como los daños por la excavación de caños y la tala de bosque en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre Humedales“.

Como se puede observar, son diversos rubros, de los que se puede distinguir un rubro principal correspondiente al daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos, de otros rubros, correspondientes a “gastos adicionales”, según la expresión usada por la cancillería de Costa Rica.

Nótese que el Día Mundial del Ambiente y los días subsiguientes parecieran ser fechas muy esperadas por Costa Rica y Nicaragua en años recientes para proceder a realizar anuncios sobre temas de cierta relevancia. El 5 de junio del 2008 fue la fecha en la que Costa Rica rechazó formalmente una solicitud de Nicaragua (hecha en mayo del mismo año) al considerarla “improcedente”: se trataba de la solicitud de Nicaragua para obtener copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas (ver  texto  del comunicado de Costa Rica).  En el año 2013, el 5 de junio fue la fecha en la que Nicaragua anunció la adjudicación a la empresa HKND Group de la concesión del canal interoceánico (ver texto), seguida el 14 de junio por la aprobación (expresa) de la denominada “Ley del Canal” o ley 840.

 

 

El fallo de la CIJ del 15 de diciembre del 2015

Como bien se recordará, en su fallo del 15 de diciembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su respuesta en una sola decisión a dos demandas: la primera de Costa Rica contra Nicaragua relacionada con el dragado y la ocupación ilegal de Nicaragua en Isla Portillos, la segunda de Nicaragua contra Costa Rica relacionada a la denominada “trocha fronteriza” o Ruta 1856 construida por Costa Rica lo largo de 160 kilómetros de la frontera con Nicaragua (Nota 1). En su decisión, el juez internacional invitaba a ambos Estados en un plazo de 12 meses a llevar a cabo negociaciones con el fin de acordar de forma conjunta el monto indemnizatorio correspondiente a los daños causados por Nicaragua en Isla Portillos. En su decisión (ver texto en  inglés ), el párrafo 142 se lee de la siguiente manera:

“Costa Rica is entitled to receive compensation for the material damage caused by those breaches of obligations by Nicaragua that have been ascertained by the Court. The relevant material damage and the amount of compensation may be assessed by the Court only in separate proceedings. The Court is of the opinion that the Parties should engage in negotiation in order to reach an agreement on these issues. However, if they fail to reach such an agreement within 12 months of the date of the present Judgment, the Court will, at the request of either Party, determine the amount of compensation on the basis of further written pleadings limited to this issue“.

El texto en francés, (ver  texto completo ) se lee como sigue: “142. Le Costa Rica est fondé à recevoir indemnisation pour les dommages matériels découlant des violations dont la Cour a constaté la commission par le Nicaragua. La Cour ne pourrait procéder à l’évaluation de ces dommages et du montant de l’indemnité que dans le cadre d’une procédure distincte. La Cour estime que les Parties devraient mener des négociations afin de s’entendre sur ces questions. Toutefois, si elles ne parviennent pas à un accord dans un délai de 12 mois à partir de la date du présent arrêt, la Cour déterminera, à la demande de l’une d’entre elles, le montant de l’indemnité sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à cet objet“.

Recordemos que en el párrafo 144 de su fallo de diciembre del 2015, el juez internacional consideró que  “sería inapropiada” aceptar una petición de Costa Rica para que Nicaragua cubriera los gastos incurridos por Costa Rica relativos a la etapa que inició con la detección de dos nuevos caños en septiembre del 2013 (y culminó con la adopción en noviembre del 2013 de una ordenanza de la CIJ). El párrafo 144 del fallo de la CIJ de diciembre del 2015 se lee de la siguiente manera en sus dos únicas versiones oficiales:“While the breach by Nicaragua of its obligations under the 2011 Order necessitated Costa Rica engaging in new proceedings on provisional measures, the Court finds that, taking into account the overall circumstances of the case, an award of costs to Costa Rica, as the latter requested, would not be appropriate”  /  “Bien que, en ne respectant pas les prescriptions de l’ordonnance de 2011, le Nicaragua ait conduit le Costa Rica à engager une nouvelle procédure en indication de mesures conservatoires, la Cour considère que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condamnation du Nicaragua à supporter certains frais de procédure du Costa Rica, comme celui-ci l’a demandé, ne serait pas appropriée » . Sobre este preciso punto, tres jueces titulares así como el juez ad hoc de Costa  Rica, el jurista sudafricano John Dugard, consideraron que la CIJ debió ordenarle este pago a Nicaragua (véase  texto  de  su declaración conjunta).

A pocos días de emitida la sentencia de la CIJ en diciembre del 2015, las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica habían externado su disposición a dialogar, en respuesta a un llamado hecho desde la Santa Sede a ambos ribereños del río San Juan (ver  nota  de prensa del 21/12/2015). Como bien se sabe, la negociación diplomática, el intercambio de puntos de vistas previos a ella, el envío de emisarios de un Estado a otro, así como la obligación de negociar de buena fe y la de no entorpecer o agravar con su conducta una controversia son ámbitos que el juez internacional ha tenido la oportunidad de precisar en varias sentencias de la misma CIJ.

Una verdadera “sociología del contencioso”

En el caso de Costa Rica y Nicaragua, pareciera que los canales diplomáticos no logran establecer un clima de acercamiento en aras de restablecer paulatinamente el diálogo, y que la línea de la confrontación heredada de la administración (2010-2014) es la que, por alguna razón, sigue prevaleciendo.

En una emisión de radio en France Culture del pasado 2 de mayo del 2016, se habló incluso de una verdadera “sociologie du contentieux” por parte de un experimentado jurista como lo es el Profesor Serge Sur (Profesor emérito de la Universidad de Paris II y ex juez Ad Hoc en la CIJ): escuchar audio en el minuto 48:21 de dicha emisión radial francesa disponible  aquí.

Según este experto, hay sectores que de ambos lados del río San Juan, encuentran beneficios y ventajas en mantener tensa la relación, con la consiguiente judicialización de las controversias. Recordemos, para el lector poco familiarizado, que en el período 2010-2014, Costa Rica y Nicaragua presentaron tres demandas ante la CIJ en tres años y medio, una cifra que no tiene precedente alguno en los anales de la justicia internacional:

1. en noviembre del 2010, una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por el dragado y la ocupación ilegal de Isla Portillos;

1. en diciembre del 2011, una demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la denominada “trocha fronteriza” o Ruta 1856;

1. en febrero del 2014, una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por la delimitación marítima en ambos océanos, no exenta de riesgos para Costa Rica, que analizamos en su momento (ver breve notade febrero del 2014): en efecto, Nicaragua no cuenta con ninguna isla en el Pacífico, mientras que en Caribe, la actual línea paralela que pareciera reconocerle Nicaragua a Costa Rica podría inclinarse de manera desventajosa para Costa Rica.

 

 

Figura 2: Mapa de la “trocha fronteriza” y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una “agresión” e “invasión” por parte de las autoridades de Costa Rica. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada)

La ausencia de acercamiento entre ambos ribereños del río San Juan

Salvo error de nuestra parte, desde el 15 de diciembre del 2015, y pese al llamado al diálogo del juez internacional, de la Santa Sede y de otros Estados terceros, no se ha oído de consultas preliminares o de algún tipo de acercamiento entre ambos Estados, ni del inicio de rondas de negociaciones entre Costa Rica y Nicaragua sobre el monto a acordar por los daños causados en Isla Portillos y los gastos en los que ha incurrido Costa Rica.

Tampoco ha trascendido ninguna iniciativa tendiente a una reunión al más alto nivel como la que celebraron, por ejemplo, los Presidentes de Perú y de Chile a pocos días de oírse el fallo de al CIJ entre ambos en enero del 2014; o la reunión sostenida entre los Presidente de Argentina y del Uruguay en abril del 2010, pocas semanas después de dictaminarse la decisión del juez internacional sobre el caso de las denominadas “Papeleras”.  La renuencia a proceder a una cumbre entre Presidentes después de leerse un fallo del juez de La Haya entre Costa Rica y Nicaragua también se verificó después del fallo de la CIJ del 13 de julio del 2009 sobre derechos de navegación y derechos conexos.

Es probable que en las próximas semanas, este monto indemnizatorio hecho público de manera unilateral por Costa Rica sea rechazado por Nicaragua. En caso de persistir el desacuerdo (y vencerse el plazo otorgado de 12 meses por la CIJ), será la CIJ la llevada a fijar el monto indemnizatorio. Ello, después de varios años (que se pueden estimar a dos, como mínimo) de un procedimiento específico, al que, por ejemplo, en años recientes se sometieron Guinea y República Democrática del Congo, con un resultado un tanto inesperado para el reclamo por 12 millones de US$ de Guinea (Nota 2).

Los costos de un procedimiento contencioso en La Haya

La defensa legal de un Estado parte en un procedimiento contencioso  en La Haya significa un esfuerzo significativo de su aparato durante varios años: en un artículo de diciembre del 2015, se puede apreciar el esfuerzo realizado por Costa Rica desde el 2010 (ver “radiografía” realizada en artículo del ex Vice Canciller Carlos Roverssi publicado en La Nación).  En noviembre del 2013, se puedo leer por parte del canciller de Costa Rica que en tres años se había desembolsado unos 3 millones de US$ únicamente en honorarios a abogados internacionales y viajes a La Haya (ver nota de La Nación).

En el caso de una demanda en el marco de un procedimiento contencioso clásico ante la CIJ, se calcula un monto que oscila entre 6 a 9 millones de US$ en gastos para cada uno de los Estados. Este monto, sobre el que los Estados se muestran extremadamente discretos, debería incluir los  honorarios de abogados internacionales, los salarios de funcionarios nacionales, consultores y  asesores nacionales, los estudios, viajes y perdiem en La Haya, peritajes, elaboración de mapas, fotografías satelitales, gastos secretariales, traducciones, certificaciones y demás rubros, durante los cuatro años que (como mínimo) dura un procedimiento de este tipo en La Haya.

El mínimo anteriormente indicado corresponde a procedimientos en los que no se presentan incidentes procesales. En el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia en materia de delimitación marítima presentada en el 2001, el fallo de la CIJ se leyó tan solo en noviembre del 2012, después de una serie de incidentes procesales (excepciones preliminares presentadas por Colombia en el 2003 y solicitudes de intervención de Costa Rica y de Honduras del 2010, ambas rechazadas).

No obstante el rango de entre 6 a 9 millones de US$ en un procedimiento normal, en el caso de la demanda de Perú contra Chile ante la CIJ, el Poder Ejecutivo chileno reconoció, después de un intento inicial para evadir la consulta (ver decisión  de la Corte de Apelaciones del 13/11/2013) haber incurrido en un gasto superior a los 20 millones de US$ (ver  nota  de prensa). Nótese que una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (ver  texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior, evidenciando la dificultad de Chile de transparentar del todo estos rubros.

Por su parte, Colombia optó, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ con relaciones a aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, por depositar a Ecuador la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del  texto  del acuerdo suscrito Colombia y Ecuador el 9/09/2013). Con relación a los únicos honorarios de abogados internacionales, un medio colombiano logró tener acceso a los honorarios devengados por los asesores contratados por Colombia para enfrentar la precitada demanda de Nicaragua presentada en el 2001 (ver  nota  de Semana con detalle exacto del monto pagado a cada uno de los asesores internacionales).

En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre del 2010, el canciller de la época, René Castro, precisó en una nota publicada en La Nación “País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya” la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos de aquel momento, la cual se ubica en el rango precitado (6 a 9 millones de US$, tomando en cuenta que el procedimiento dura como mínimo cuatro años). Si bien en la prensa han aparecido datos sobre estimaciones de gastos realizados por Costa Rica en estos últimos años, a la fecha se desconoce un dato exacto que se origine en algún documento oficial público (y que incluya todos los rubros antes mencionados que conlleva una demanda en La Haya para un Estado).

Hace poco más de un año, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (ver  nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría que dar a conocer de forma urgente a los que velan por la buena salud de la hacienda pública … chilena).

La ausencia de una metodología acordada

La jurisprudencia internacional ofrece pocos casos en materia de daño ambiental causado por un Estado a otro Estado (Nota 3). El único precedente en el que la CIJ haya fijado  un monto compensatorio por daños de importancia, fue el caso del estrecho de Corfú en 1949: Reino Unido, cuya marina perdió varios barcos en razón de la explosión de minas submarinas colocadas por Albania, presentó una estimación del monto, que no refutó Albania (al haber optado por no comparecer ante el juez).

Es de recordar que, en una materia como la ambiental, la cuantificación del daño depende básicamente de la metodología escogida. En Centroamérica, no existe una metodología regional aceptada por los Estados en materia de cuantificación del daño ambiental, por lo que es posible que ambos Estados cuenten con herramientas técnicas distintas.

Tampoco existe una metodología oficial en Costa Rica (como bien lo ilustran los diversos montos millonarios avanzados por peritajes sucesivos con relación a la tala acaecida en Las Crucitas en octubre del 2008 durante un fin de semana, luego de la publicación de un  cuestionado Decreto de “conveniencia nacional” (Nota 4): el verdadero “contubernio” Estado – empresa denunciado en el 2009 (ver nota sobre audiencias ante la Sala Constitucional) demostró hasta donde se puede llegar para favorecer a una empresa minera y puede explicar – al menos en parte – la reticencia del Estado costarricense a cuantificar debidamente el daño producido en Las Crucitas.

El vacío existente en materia de valoración del daño ambiental en Costa Rica es también confirmado por la ausencia de acciones civiles y del mismo Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) contra productores de piña en todos estos años – ver declaraciones de la jueza Ligia Umaña en  reportaje  del Semanario Universidad).  En esta  entrevista  al entonces Presidente del TAA titulada “José Lino Chaves: ‘Vergüenza debe darle todo esto al Estado’ “que fue publicada el 17/09/2014 en La Nación (Costa Rica) se lee lo siguiente: “¿El país no tiene a nadie que se encargue de la valoración económica por contaminación hídrica? Pues sí, así de sencillo. Eso lo hacía Digeca (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental) hace unos años, pero ahora lo quitó de su reglamento”. Dejamos a nuestros estimables lectores el buscar cuál pudo haber sido el motivo para retirarle esta competencia a DIGECA, sin trasladarla a otro ente público costarricense, y de dónde pudo haber provenido semejante regresión ambiental. Omitiremos el año en que se tomó esta decisión, de manera a aumentar su curiosidad.

Como referencia esporádica de un caso en el que sí se llegó a determinar un monto por contaminación a un cuerpo de agua en Costa Rica, podemos indicar que en el 2008, la cooperativa costarricense Dos Pinos fue condenada a pagar 410.000 US$ por la contaminación del río Siquiares (ver  nota  de prensa).

Con relación al daño causado en Isla Portillos por Nicaragua, se leyó en un artículo de opinión de un autor costarricense, que, aplicando parámetros internacionales, “la estimación del valor del daño ambiental para la situación local a 10 años sería de $12.000.000” ( artículo  de Allan Astorga, La Nación).

En el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dado a conocer el pasado 7 de junio, el mismo Estado costarricense admite que la valoración económica del daño ambiental no fue realizada por una entidad pública. En efecto, el texto precisa que “… la determinación del valor monetario del daño ambiental ocasionado por Nicaragua estuvo a cargo de la Fundación Neotrópica, la cual donó su trabajo al Estado costarricense como una contribución a este proceso de interés nacional”.

Conclusión

Más allá de los preocupantes vacíos persistentes que colocan en situación de total desprotección los recursos naturales de Costa Rica en caso de daños ocasionados contra el ambiente, el anuncio unilateral hecho por Costa Rica el pasado 7 de junio  presagia una  probable nueva controversia entre ambos Estados. Esta vez, con un plazo de 12 meses que inició el pasado 15 de diciembre del 2015, sin lograr ningún tipo de acercamiento: una vez finalizado (y de mantenerse el descuerdo sobre el monto), ambos Estados ineludiblemente se remitirán a los estrados de la justicia en La Haya.  Serán entonces nuevamente los jueces de la CIJ los llamados a analizar los alegatos de ambos Estados, revisar sus peritajes técnicos y confrontarlos a parámetros internacionales aplicables a la materia, con el fin de fijar el monto exacto con relación al daño provocado por Nicaragua en Isla Portillos.

—–

Nota 1: Véase nuestro breve análisis de este fallo de la CIJ: BOEGLIN N., “El fallo de la Corte internacional de justicia entre Costa Rica y Nicaragua: breves apuntes”,  publicado en este  enlace  del OPALC,  Sciences-Po, Paris.

Nota 2: En el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo, la CIJ sentenció en su fallo del 30 de setiembre del 2010 que ambas partes debían acordar un monto para indemnizar al ciudadano Ahmadou Sadio Diallo. En su sentencia del 19 de junio del 2012 (ver  texto ), el juez internacional fijó el monto en 95.000 US$. Es de notar que Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$ (para ser exactos, 11.590.148 US$ a los que había que sumar 500.000 US$ por gastos incurridos ante la CIJ, según se lee en el punto 10 de la sentencia), mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$.

Nota 3: Entre muchos artículos sobre el tema, véase por ejemplo, MALAPI HERNANDEZ D., “La responsabilidad internacional de los Estados por daños ambientales transfronterizos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales”, Sección 4.  Artículo disponible  aquí.  Con relación al marco conceptual del daño ambiental transfronterizo en derecho internacional público, a partir de la práctica internacional, los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI)  de Naciones Unidas, y la larga reflexión realizada por autores muy diversos, véase un esfuerzo de sistematización de la actual jueza de nacionalidad china que integra la Corte Internacional de Justicia, Xue Hanqin: HANQIN X., Transboundary damage in international law, Cambridge University Press, 2003. Texto completo de la obra disponible  aquí.

Nota 4: El monto fijado en Costa Rica en noviembre del 2015 por la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2010 fue de 6,4 millones de US$ (ver  nota  de  CRHoy del 2015).  Esta sentencia fue apelada por lo que, al momento de redactar estas breves líneas, no se tiene certeza que este monto se mantenga.  Un peritaje fijó este monto en unos  4,6 millones de US$ (ver  nota  de Radio Monumental del 2014), mientras que otro equipo de peritos, que realizó una visita in situ (a diferencia del anterior, basado en imágenes satelitales) fijó el monto por el daño ambiental en 10,6 millones de US$ (ver   nota   de La Nación del 2012).

 

Documento oficial

Comunicado de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 7 de junio del 2016

Costa Rica formaliza ante Nicaragua su pretensión de indemnización

Este 7 de junio, Costa Rica dio a conocer a Nicaragua su pretensión de indemnización por los daños resultantes de sus actividades ilícitas en Isla Portillos, de conformidad con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 16 de diciembre de 2015.

La formalización de la pretensión costarricense fue realizada por el Embajador de Costa Rica en el Reino de los Países Bajos, Sergio Ugalde, al Embajador nicaragüense, Carlos Arguello, en La Haya, mediante la presentación de documentos que detallan los diferentes rubros que Costa Rica considera que Nicaragua le debe indemnizar.

El monto total de lo reclamado supera los seis millones de dólares, en donde se contempla la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos, así como los daños por la excavación de caños y la tala de bosque en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre Humedales.

“Expreso mi deseo de que Nicaragua responda positivamente al trabajo serio y fundamentado hecho por Costa Rica, para que en forma definitiva se pueda cerrar este capítulo y ambos países puedan, eventualmente, retomar la senda de buena vecindad y hermandad, sin necesidad de recurrir nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia”, aseguró el Canciller Manuel A. González.

Antecedentes

La Corte Internacional de Justicia estableció, el 16 de diciembre del 2015, que “Costa Rica tiene derecho a recibir compensación por los daños materiales provocados por los incumplimientos de obligaciones de Nicaragua”, en concreto, “la excavación de tres caños y el establecimiento de presencia militar en partes de ese territorio”.

La Corte consideró que “las partes deben entablar negociaciones para lograr un acuerdo sobre estos temas” pero, si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la dicha Sentencia las partes no logran alcanzar un acuerdo, la Corte, a solicitud de cualquiera de las Partes, determinará el monto de la compensación, sobre la base de argumentos escritos adicionales.

Preparación del reclamo

La Cancillería costarricense lideró la preparación del reclamo que se realizó en el periodo de seis meses, posterior al fallo de la CIJ.

Además, contó con valiosa colaboración para la recopilación de los gastos en los que incurrió el Estado costarricense, por lo que agradece al Ministerio de Ambiente y Energía, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al Área de Conservación de Tortuguero, al Ministerio de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de Emergencias por la ayuda brindada.

Por otro lado, la determinación del valor monetario del daño ambiental ocasionado por Nicaragua estuvo a cargo de la Fundación Neotrópica, la cual donó su trabajo al Estado costarricense como una contribución a este proceso de interés nacional.

El Canciller Manuel González reconoce y agradece a los numerosos funcionarios de las entidades nacionales que participaron en este proceso de recopilación de información y documentos de respaldo, a la vez que reitera su agradecimiento a la Fundación Neotrópica por un extraordinario estudio, que al aplicar técnicas y principios internacionalmente aceptados, traduce en un valor económico la afectación medioambiental sufrida por Costa Rica.

Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntesDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Los miembros fundadores de la UE instan a Londres a iniciar de inmediato el Brexit

http://i1.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/2226050h7651.jpg?fit=618%2C348

Los miembros fundadores de la UE instan a Londres a iniciar de inmediato el Brexit

BRUSELAS.- Los seis países fundadores de la Unión Europea (UE) instaron hoy al Reino Unido a iniciar de inmediato las negociaciones para su salida del bloque europeo y advirtieron que demorar el trámite acarreará consecuencias económicas, políticas y financieras indeseables para los otros 27 miembros del grupo.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica mantuvieron una reunión en Berlín en la que además comenzaron a diseñar el proyecto de una nueva Unión Europea que será más “flexible”.

“Ese proceso debe empezar lo antes posible para poder concentrarnos en el futuro de Europa”, exigió el canciller alemán, Frank-Walter Steinmeier, en respuesta al primer ministro británico, David Cameron, quien tras reconocer ayer la victoria del Brexit, anunció su renuncia y explicó que su reemplazo, que será elegido en octubre, será quien inicie el tramite para abandonar el bloque.

Euforia de algunos ingleses en Londres, tras el referéndum. Foto: Reuters / Kevin Coombs

El canciller francés, Jean-Marc Ayrault, también opinó que hay “cierta urgencia” para que se ponga en marcha el proceso y exigió a Cameron que asuma su “responsabilidad” por el referéndum sobre el Brexit, convocado por el propio primer ministro para zanjar diferencias con el ala más conservadora del su partido.

Ayrault consideró que retrasar la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa -que regula la salida de un Estado miembro de la UE y que solo puede invocarse a pedido del país que quiere salir- tendría consecuencias “económicas”, “financieras” y “políticas”.

Respetar voluntades

El canciller francés agregó que se debe respetar la voluntad de los ciudadanos británicos que el jueves se manifestaron a favor de abandonar la UE y de “los otros 27” países miembros del bloque que “deben ser respetados”.

En este mismo sentido, el jefe de la diplomacia holandesa, Bert Koenders, pidió que “las conversaciones empiecen, con buena voluntad, cuanto antes”, y el responsable luxemburgués de Relaciones Exteriores, Jean Asselborn, advirtió sobre los riesgos de “cuatro meses o más de incertidumbre”, informó la agencia de noticias EFE.

Asselborn exigió al Reino Unido que no trate de “jugar al gato y al ratón”, aprovechando que sólo un pedido de ellos puede desencadenar el proceso.

En el encuentro también se discutió la posibilidad de reformar algunas cuestiones del bloque y acordaron en la necesidad de dar mas “flexibilidad” a la unión para que se dejen de lado las tesis federalistas que buscan una mayor integración y dar lugar a una unión más “a la carta”, en un aparente guiño a un grupo de líderes europeos que rechazan los términos del bloque y quieren convocar plebiscitos similares en sus países.

La semana pasada, la líder del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, junto a un grupo de líderes conservadores de Austria, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Italia, República Checa y Rumania, lanzaron en Viena la “primavera patriótica”.

En ese momento, Le Pen opinó que el Brexit sería el inicio de una “Europa a la carta” y que lo deseable sería generalizar ese tipo de acuerdos en el que los países cierren tratos de acuerdo a sus características y necesidades.

Menos miembros

El canciller belga, Didier Reynders, detalló hoy que tras el Brexit, podría plantearse la opción de estrechar los lazos “en algunos campos con menos miembros”, una opción que “no es nueva” si se tiene en cuenta que no todos los miembros usan la misma moneda ni forman parte del espacio de libre circulación Schengen.

Por su parte Koenders, defendió la “felxibilidad” dentro de la Unión Europea al tiempo que consideró que es necesario avanzar en una “unión efectiva”.

Por otro lado, los seis ministros coincidieron en que la crisis de los refugiados, las cuestiones de seguridad tras los atentados yihadistas en París y Bruselas y “la crisis del empleo” en el sur de Europa deben ser las prioridades a resolver en la UE, según Steinmeier.

El responsable alemán afirmó que los gobiernos europeos deben demostrar que Europa es “necesaria” y que está “operativa” tras el “brexit”, ofreciendo a sus ciudadanos “resultados concretos” en estos tres ámbitos.

El jefe de la diplomacia alemana subrayó que los gobiernos deben ahora mostrar su “seria voluntad” de mantener a Europa “unida” y aprovechar esta oportunidad.

Respecto a la polémica de por qué esta reunión sólo incluía a seis países, Steinmeier anticipó que en los próximos días se mantendrán diversos encuentros a distintos niveles para conocer las “expectativas” y “sensibilidades” de los 27 gobiernos y sus sociedades tras el “shock” del “brexit”.

En este sentido, anunció contactos con los estados bálticos, con su homólogo de Eslovaquia (país ejercerá la presidencia rotatoria en el segundo semestre de 2016) y con el titular de Relaciones Exteriores checo, que representa a los países de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia).

Mientras tanto, el diplomático belga Didier Seeuws fue elegido ayer como el responsable del grupo de trabajo del Consejo Europeo para el Brexit, con lo que liderará las negociaciones para la separación, informaron hoy fuentes comunitarias.

“Didier encabeza el Grupo de trabajo del Consejo para asuntos del Brexit”, indicaron las fuentes poco antes de que el belga actualizara su perfil de la red social Twitter con el título de su nuevo cargo.

Seeuws, un diplomático de carrera, nació en Sint-Amandsberg, en Gante, el 1 de agosto de 1965, y fue portavoz del primer ministro belga, Guy Verhofstadt, y jefe de gabinete del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, entre otros muchos cargos que desempeñó en el seno de la UE.

Agencias Reuters, AP y EFE

[via El Mundo – lanacion.com]

Los miembros fundadores de la UE instan a Londres a iniciar de inmediato el BrexitDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Cuestión Malvinas: en la ONU, Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar negociaciones en una nueva etapa de la relación bilateral

http://i1.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/cancilleria.png?fit=516%2C110

Cuestión Malvinas: en la ONU, Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar negociaciones en una nueva etapa de la relación bilateral

Jueves 23 de Junio de 2016. Información para la Prensa N°: 193/16.

La canciller Susana Malcorra presidió hoy la delegación argentina que participó en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU en Nueva York, reunido especialmente para tratar la Cuestión Malvinas, donde se aprobó por unanimidad y sin objeciones una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales.

Malcorra estuvo acompañada, entre otros, por Federico Pinedo, Presidente Provisional del Senado de la Nación; Julio Cobos, senador nacional, Rosana Bertone, Gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y diputados de distintos partidos políticos.

“Es un honor para mí dirigirme por primera vez como Ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas”, afirmó Malcorra, quien reconoció “los constantes esfuerzos del Comité para poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”.

Malcorra destacó: “El paso del tiempo no ha debilitado la validez de nuestro reclamo ni la fuerza de nuestra convicción de que esta prolongada controversia de soberanía debe ser resuelta por medio de negociaciones entre las dos partes involucradas. Se trata de un tema que trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado en la que coinciden todas las fuerzas políticas de mi país, como lo refleja el hecho de que hoy me acompañen representantes de distintos partidos políticos”.

“Argentina y Reino Unido han mantenido tradicionalmente una vinculación rica y mutuamente beneficiosa. El Presidente Macri ha expresado su voluntad de inaugurar una nueva fase en la relación bilateral y se ha reunido dos veces con David Cameron. Por mi parte, me he reunido recientemente con el Secretario de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, en la que constituyó la primera reunión de trabajo a nivel de cancilleres de ambos países en más de 14 años”, explicó la Canciller.

En tal contexto, la jefa de la diplomacia argentina enfatizó: “Deseo renovar entonces ante el Comité la plena disposición del Gobierno argentino para reanudar las negociaciones con el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, como lo indican las sucesivas resoluciones pertinentes de la Asamblea General y de este Comité. Esperamos poder trabajar con imaginación y espíritu cooperativo, abordando todos los temas de la agenda bilateral, sin excluir ninguno”.

Además, Malcorra puntualizó: “En este nuevo marco constructivo exhortamos al Gobierno del Reino Unido a que ponga fin a la realización de actos unilaterales en el área de la controversia, tal como lo dispone la Resolución 31/49 de la Asamblea General y numerosos foros multilaterales y regionales”.

23-06-16 COMITE DESCOLONIZACION DE LA ONU – CASTELLANO E INGLES.pdf

[via rss]

Cuestión Malvinas: en la ONU, Malcorra exhortó al Reino Unido a reanudar negociaciones en una nueva etapa de la relación bilateralDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Vernacular Nations: Westphalia and the Many Lives of States in Asia

http://i2.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/EconomicPolitical.png?fit=618%2C84

Singh: Vernacular Nations: Westphalia and the Many Lives of States in Asia

Prabhakar Singh (prabhakarsingh.adv@gmail.com) teaches at the O P Jindal Global University, Sonipat, Haryana.

Postcolonial Asia offers at least seven types of states and nations. In their somewhat uncritical pursuit of total nationalism, territorial Asian states compete with their archipelagic cousins. The sea gypsy nations–spread across the South China Sea and other East Asian states–reject the monopoly of land as the only inhabitable space, discounting territory as an essential constituent of a nation. Ironically, while history kept them outside the fold of the territorial states, the present attempts to co-opt them. Only by challenging, as the Asian sea gypsies do, land’s claim to being the sole inhabitable territory within law, and rethinking the sea as a place of danger can we truly vernacularise our statist imaginations.

I thank M S Verma and Rohini Thyagarajan for comments and conversations.

Could we conceptually displace territoriality as an essential element in the construction of sovereignty as understood within international law? Decolonisation’s prime irony is that postcolonial governments have set upon themselves, perhaps inadvertently, the task of constructing a colonial state. However, what is central to the continuities of colonialism in postcolonial times? Antony Anghie (2005: 243) argues that colonialism is germane to the formation of international legal doctrines. Matt Craven, however, charges Anghie with essentialising colonialism. He suggests that the regime of unequal treaties between the Western powers and the East Asian (China and Siam or Thailand, for instance) and not colonialism proper, is central to understanding the postcolonial continuities of informal empires (Craven 2005: 382). Be that as it may, while Anghie’s approach contributes to international legal theory, Craven’s is to international legal history.

Yet for a conceptual rethinking of colonialism, the indigenous, and the law in postcolonial Asia, both approaches leave serious issues unaddressed. To meet the ends of justice for the indigenous peoples, the above-mentioned debate, nevertheless, eggs on lawyers to think outside of law. Perhaps a composite lens of anthropology, history, linguistics and semantics could offer what I call the “vernacularisation” of Westphalia in Asia as a way forward.

After decolonisation, the historical reality of blue-water colonialism—as against settler colonialism of Asia—allowed Asian governments to sacrifice vernacular nations at the altar of national unity. The project of postcolonial nationalism that continues the colonial injustices, particularly over the indigenous peoples, is an apt example. Defeating the rigour of the Westphalian sovereignty, thus, is wholly in keeping with the goal of reconceptualising postcolonial states in Asia.

In 2011, the Supreme Court of India was characteristically bold, if somewhat critical, of the Indian government’s long-time international position on indigenous peoples, saying “India is a country of old immigrants in which people have been coming in over the last ten thousand years or so” (Kailas v State of Maharashtra 2011: para 20–21). In those words, the Court admonished the postcolonial governments’ reluctance to self-reflect on its project of totalising nationalism within territorial boundaries. Blinded by doctrinaire formalism, international law, unlike anthropology, conflates nations and states and, unsurprisingly, postcolonial governments are its biggest subscribers.

‘States’ or ‘Nations’?

Are nations and states one and the same in law? It is true that Westphalia’s good-intentioned critique in Asia and elsewhere is often advanced without supplying the details of that critique. The distinction between an Asian and the Western notion of a nation is the starting point of my enquiry. In fact Chanakya, Arthashastra’s author, and Confucius, both, are, if you will, ancient Asian cousins of Machiavelli and Hobbes. Consequently, I argue, that the nature of governments might have been same in the ancient East and the medieval West, however, not their conceptualisation of nations. Semantically, the biological nature of nations in Europe is in stark contrast with its lack thereof in Asia. Sheldon Pollock (2006: 474) writes:

It is no accident that in its historical semantics the term desi, the cultural practices of Place, which was used to reference the new culture-power complex of the vernacular millennium in southern Asia, should contrast so dramatically with the trope of biological descent used in Europe (for example, natus, ‘[in]born,’ yielding ‘native,’ and ultimately ‘nation’). In Europe, by contrast, language names reflect facts of biology and ethnology and so belong to peoples, like French, the language of the Franks, or English, that of the Angles.

In Asia, the equivalent of the European biological nation was a linguistic–semantic literary construction. The South Asian “literary cultures” demonstrate little concern for the “uniqueness” of “national character” that, though first postulated by Herder in the early 19th century, has been the fixation of European societies (Pollock 2006: 476).

It is almost surreal that in Kailas v State of Maharashtra (2011: para 24), the Supreme Court agrees to this:

Racial conditions have become so complicated [in India] that it is no longer possible to analyse their constituents. Language alone has preserved a record which would otherwise have been lost.

An indigenous construction of nations from below challenges dominant conceptions of the postcolonial state as the political embodiment of a nation comprising all of the people within that state (Kingsbury 1998: 422). However, language alone has maintained, as it were, a register of those nations that, with sufficient political will and conceptual re-imagination, can be revisited.

Defining Vernacular Nations

Yet the idea “to each nation a state” ends up aping the image of historical nations attached to a particular territory as the essential condition for postcolonial nation states. That static and rigid imagination is, if you will, a gift of blue-water colonialism. It is then hardly surprising that in the recent past, China, the world’s most populous country, has attempted to construct a legal definition of both colonialism and foreign (Singh 2015a: 201).

For China, as with all Asian states, colonialism is limited to European blue-water colonialism that the international law of self-determination addresses: the principle of self-determination, China said, “applies within specific limits, primarily restricted to colonial rule and foreign occupation” (ICJ 2009: 3). Notably, while comparing pre-blue-water settlements in India and China, the Indian Supreme Court unwittingly bolsters China’s nationalist project as a nation of homogeneous Han peoples: &ldquothere is a broad[er] (though not absolute) homogeneity in China” (Kailas v State of Maharashtra 2011: para 30).

The irony is deepened when along with India, where the tribal peoples are called “Adivasi” (in Sanskrit, meaning primordial dwellers), several other Asian states such as Bangladesh (for non-Bengali Jumma nations), Myanmar (Karen peoples), the Philippines (Badjao peoples), Indonesia (Bajau nation), Malaysia (the Orang Asli) and Japan (Ainu peoples) take a familiar but totalising approach. What is however notable is that a majority, if not all, of such indigenous communities are linguistic–semantic categories, mostly imposed on them either during Sanskrit cosmopolitanism or during the later European blue-water colonialism, although they are not similar events in history. Most recently, after the defeat of the Hindu state, Nepal, never a blue-water colony, has witnessed a conflict for the true inheritance of the Himalayan state between hill people and the “Madhesis,” the term originating from Sanskrit “Madhya-desi,” people of the middle country; now the people of the plains ethnically closer to the North Indians.

Vernacular nations, as a construct, stand somewhere between indigenous nations and nationalist states in Asia. Vernacular nationalism is a call to abandon the European model and embrace the precolonial Asian lifeways, particularly when Europe itself has moved on to a sharing of sovereignty. Asian states could allow a vernacular nation to flower by allowing the spaces of dispersion, as against uncritical consolidation, to exist. The idea is that many nations can exist within a state and if and when the state itself creates a supra-state, like in the case of shared sovereignty in the European Union, such nations can contract or expand by physical mobility. In such ways, states could achieve a true precolonial state in both spirit and action. Recognition of the native-first nations in Australia and Canada, a very recent phenomenon, is a good example.

When talking of a conceptual vernacular nation, international law’s instrumentalist methodology fails. Vernacularisation is a methodological tool; colonial international law that postcolonial states have held on to is normatively inadequate in appreciating the complexity, heterogeneity, and historical process of Asia’s nation state formations. It is apparent now that the top-down international law of states needs anthropology’s support.

I argue that vernacularisation can help conceptually rethink the Asian past and offer alternative futures, if not solutions. Although not without political trepidation, international law of self-determination seeks to perhaps recognise nations, if you will, from below, within states. In Asia, the inherited rigidity of sovereignty as a concept however stands to defeat this nevertheless. I argue that the power and duty to appreciate and realise vernacular nations is with the constitution of postcolonial states and not with international law. International law’s cosmopolitanism is prone to repeated failures; in any case, recourse to national law offers a better methodology and imagination for the vernacularisation of Westphalia in Asia.

Decolonisation as Reversal

Ancient Indian texts talk of a “Chakravartin” rule. Since the Ming dynasty (1368–1644), a similar Confucian world order in all of the Far East has been the currency for the Chinese foreign policy known as the “tributary system.” It continued formally until the very end of the 19th century. After 1842, the British treaty system replaced the system of foreign relations of Siam (Thailand) and China. Unsurprisingly, the governments of these states, China in particular, are at the forefront of scuttling indigenous voices as a challenge to national unity. Just as blue-water colonialism “orientalised” Asia, postcolonial governments have orientalised native indigenous peoples.

Administratively, colonial cartography, as Edward Said’s Orientalism (1979) astutely exposes, cut through nations to deliver totalising states in new sizes, territorial shapes and demography after decolonisation in a post-United Nations (UN) world. While Thailand, for instance, like Nepal, was never colonised, Cambodia was a French colony. Unlike Cambodia and Thailand in the Preah Veihar Temple case (ICJ 2013: 281), China’s acceptance of international law, a blue-water colonial enterprise, at least in its capitalist form, is selective and instrumental. As much of the contours of smaller postcolonial states were cartographed by colonial administration, for China such states stand to benefit more from international law. Therefore, large states like China and India are hung-over on colonial drawing of boundaries (Singh 2015b: 348). Although colonialism is unarguably unscrupulous, the inheritance of colonial badness often escapes the self-critique of postcolonial governments.

Asia is home to many ancient and medieval nations. Decolonisation therefore yielded about at least seven kinds of postcolonial nation states: (i) nations that were never colonised; (ii) nations that were fully colonised; (iii) nations that were partially colonised; (iv) nation states that are a product of further break-up of postcolonial states; (v) a colonial power; (vi) government in exile with nations and no state; and (vii) nations that do not see land territory as essential to their nationhood. The examples are:

(i) Nepal (never colonised);

(ii) India, the Philippines, Indonesia (a colonial territorial construction);

(iii) China, Thailand (semi-colonised);

(iv) Bangladesh (from Pakistan) and Singapore (from Malaysia);

(v) Japan (colonial power);

(vi) Tibetan government in exile in India (nations without a territory); and

(vii) The Sea Gypsies of Asia (in South China Sea, the Philippines, Indonesia, etc).

It is more than clear that nations and states are interchangeably used in Asia to stay within the determined province of positive international law. It also allows China to put hegemonic influence, tributary relationships, suzerainty and actual sovereignty into a single basket of the Westphalian state. India too uses a similar approach. Colonialism has by both its presence—creating states from nations—and absence, leaving nations to create states due to neighbouring states’ boundary drawing, indelibly shaped Asia’s future. Contested boundaries between India and China yield a prototype of dispute that is a residue of Asia’s colonial past.

China claims to take a unique approach to international law, while India’s approach is relatively more Western. This divergence of approach between China and India emanates from their historical–structural incapability in transcending their colonial past, which makes politics the sole way of handling international law in Asia. Contested colonial and precolonial history has much to add to the problem that might emerge after such legal and/or political settlement, which can only be spoken of in the language of anthropology and history. We do not yet have a conceptual framework within which to accommodate the historical reality of colonialism and offer analysis, if not solutions.

The last two of the seven types of nations states, the Tibetan government in exile and the Bajau nation, point at the need of a conceptual reformulation of the idea of a state in Asia. A conceptual vernacularisation de-territorialises states.

Today China has argued for historical rights in the South China Sea, a blue-water territory, as if sea and land are similar legal–historical spaces. This has not been the case either in the past or after the UN Law of the Sea. The Law of the Sea recognises the principle “land dominates the Sea,” and thus puts archipelagic nations at a disadvantage feeding into the arrogance of the territorial states. The vernacular approach to the state should treat land and sea as equal but not similar spaces. China’s instrumental use of historical rights, although inconsistent with the Law of the Sea, offers a window into the project of totalising states. In their somewhat uncritical pursuit of total nationalism, territorial Asian states compete with their archipelagic cousins.

Moreover, in their deployment of the precolonial historical scarcity with surpluses from colonialism, the Asian states mimic colonial opportunism and strategic co-option to use indigenous history for the construction of a territorial state. For example, the sea-dwelling Bajau peoples of Malaysia, Badjao of the Philippines, the Orang Laut of Indonesia, the Tanaka of South China and the Dan of Vietnam continue to live a gypsy way of life on blue-water territories (Hayton 2014: 7).

In effect, the sea gypsy nations reject the monopoly of land as the only inhabitable space, discounting territory as an essential constituent of a nation. Ironically, history kept them outside the fold of the territorial states even as the present attempts to co-opt them. Only by challenging, as the sea gypsies do, land’s claim to a sole inhabitable territory and rethinking the sea as a place of danger can we truly vernacularise our statist imaginations. Such a vernacularisation of the inherited Westphalia by waking up vernacular nations, as it were, from their “anthropological sleep,” has the true potential of conceptually decolonising international law (Foucault 1970: 290–91).

References

Anghie, Antony (2005): Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, New York: Cambridge University Press.

Craven, Matt (2005): “What Happened to Unequal Treaties? The Continuities of Informal Empire,” Nordic Journal of International Law, Vol 74, pp 335–82.

Foucault, Michael (1970): The Order of Things: As Archaeology of the Human Sciences, New York: Vintage.

Hayton, Bill (2014): The South China Sea, New Haven: Yale University Press.

ICJ (2009): “PRC Statement before the International Court of Justice in the Kosovo Affair,” 16 April, International Court of Justice, The Hague, http://www.icj-cij.org/docket/files/141/ 15611.pdf.

— (2013): “Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand) Judgment,” International Court of Justice, Rep, p 281.

Kailas v State of Maharashtra (2011): AIR, SC, p 598.

Kingsbury, Benedict (1998): “‘Indigenous Peoples,’ International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy,” American Journal of International Law, Vol 92, No 3,pp 414–57.

Pollock, Sheldon (2006): The Language of Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture and Power in Premodern India, Berkeley, Los Angeles, London: Chicago University Press.

Said, Edward (1979): Orientalism, New York: Vintage.

Singh, Prabhakar (2015a): “India Before and After the Right of Passage Case,” Asian Journal of International Law, Vol 5, No 1, pp 176–208.

— (2015b): “Sino–Indian Attitudes to International Law: Of Nations, States and Colonial Hangovers,” Chinese Journal of Comparative Law, Vol 3, pp 348–74.

Vernacular Nations: Westphalia and the Many Lives of States in AsiaDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Siria: ONU denuncia al ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yazidí

http://i2.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/09-21-2015Paulo_Pinheiro1.jpg?fit=618%2C412

Siria: ONU denuncia al ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yazidí

16 de junio, 2016 — La Comisión Internacional Independiente nombrada por la ONU para investigar las atrocidades que se cometen en Siria acusó al grupo terrorista ISIS de cometer genocidio contra la comunidad Yazidí.

En el informe “Llegaron para destruir: Los crímenes del ISIS contra los Yazidíes”, presentado hoy, se recogen evidencias que demuestran que los terroristas han cometidos crimines de guerra y de lesa humanidad.

Durante la presentación del informe en Ginebra, el Presidente de la Comisión, Paulo Pinheiro, ofreció detalles sobre los horrores que sufre esa comunidad.

Más allá de haber recolectado suficientes evidencias y testimonios para poder afirmar con contundencia que se ha cometido genocidio, Pinheiro sostuvo que la propia formación terrorista ha hecho público su deseo de destruir a la comunidad por considerarlos paganos e inferiores a las personas.

“El genocidio se encuentra en marcha. Desde el día del ataque a Sinjar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma permanente eliminar a los Yazidíes a través del asesinato, la esclavitud, la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes”, enfatizó Pinheiro, quien expresó esperanzas de que las evidencias conduzcan a una respuesta política.

En ese sentido, afirmó que esperaban que los Estados miembros del Consejo de Seguridad estarán convencidos de la importancia de intentar hacer Justicia, remitiendo el caso a la Corte Penal Internacional, o estableciendo un tribunal ad hoc con la jurisdicción geográfica y temporal pertinente.

La comunidad Yazidí se asentaba en la región de Sinjar, al norte de Iraq, hasta que fueron atacados el 3 de agosto de 2014 por las fuerzas del ISIS y en cuestión de días fueron rodeados, dispersados y asesinados.

Mientras que los hombres y adolescentes fueron asesinados las mujeres y los niños fueron trasladados a Siria donde estuvieron en confinamiento y vendidos como esclavos.

A los menores se les permite quedarse con sus madres hasta que cumplen 12 años para luego someterlos a entrenamiento militar y se les fuerza a combatir en Siria.

Los hallazgos del informe se basaron en entrevistas con sobrevivientes, líderes religiosos, activistas, abogados y otros testimonios que corroboraron las informaciones recopiladas por la Comisión.

[via Centro de Noticias]

Siria: ONU denuncia al ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yazidíDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Chile demanda a Bolivia por aguas del río Silala

http://i0.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/019243515_303001.jpg?fit=618%2C348

Chile demanda a Bolivia por aguas del río Silala

Chile demandó a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que el tribunal se pronuncie sobre el uso de las aguas del Silala, que nacen en el altiplano de Bolivia y discurren hacia territorio chileno.

La demanda, que tuvo inmediata respuesta del presidente boliviano Evo Morales, es para que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) “declare la condición de río internacional del río Silala y, como consecuencia de ello, que Chile tiene derecho al uso de sus aguas bajo el derecho internacional”, informó el ministro de Asuntos Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, luego del anuncio que hizo la mañana de este lunes sobre el tema la presidenta Michelle Bachelet.

Chile reclama que el Silala es un río de curso de agua internacional sucesivo, que nace en Bolivia y cruza desde la cordillera de los Andes hasta territorio chileno. Sin embargo, Bolivia asegura que no es un río internacional, sino que sus aguas provienen de manantiales ubicados en el departamento de Potosí, en el altiplano del país, que bajan hasta poblaciones del norte de Chile mediante canalización artificial.

Bolivia también reclama

Igualmente, La Paz reclama el pago del uso de las aguas del Silala, pues afirma que una empresa vinculada al grupo chileno Luksic se encargó por años de vender y distribuir el recurso en la región minera chilena de Antofagasta sin pagar nada.

“Si las autoridades de Chile tienen valores deberían preguntar a La Haya a quién pertenecen los manantiales del Silala”, escribió hoy el presidente Morales en Twitter al enterarse de la demanda.

El requerimiento lo realizó hoy Ximena Fuentes, la directora de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena, en la secretaría de la Corte de La Haya, en Holanda, confirmó Muñoz. “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos y, por consiguiente, hemos demandado a Bolivia ante la Corte de la Haya”, dijo el canciller, poco después del anuncio que hizo Bachelet sobre la materialización de la demanda.

“Nosotros hemos decidido tomar la iniciativa”, dijo la mandataria, en alusión a la advertencia que había hecho su colega Evo Morales el 23 de marzo de que Bolivia iniciaría acciones legales contra Chile por el uso ilegal de las aguas del Silala.

CP (dpa, efe)

[via Deutsche Welle: DW-WORLD.DE – Internacional]

Chile demanda a Bolivia por aguas del río SilalaDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Muere Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario durante 40 años

http://i2.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2016/06/1415990790_962198_1415990987_noticia_normal.jpg?fit=560%2C323

Muere Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario durante 40 años

El presidente del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, falleció este martes a los 68 años tras padecer durante meses un cáncer de pulmón y tras mantenerse 40 años como líder del Frente. Mientras unos saharauis le criticaban por haber renunciado por completo al enfrentamiento armado, otros le acusaban de no probar vías de acuerdo con Marruecos. Para sus partidarios fue, ante todo, un hombre de consenso.

Abdelaziz consideraba que la convocatoria de un referéndum sobre la independencia del Sáhara Occidental era irrenunciable. Pero el Estado marroquí, hoy por hoy, solo acepta negociar el estatus del Sáhara Occidental como provincia autónoma dentro de Marruecos. Ante los suyos, ante Marruecos y ante la comunidad internacional Abdelaziz amagaba una y otra vez con retomar las armas. Hasta que su amenaza fue perdiendo credibilidad.

No obstante, el conflicto del Sáhara Occidental vive ahora tal vez el momento más tenso desde que se creara en 1991 la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) con el fin de preparar la celebración de un referéndum. El Frente Polisario pretende elegir a su nuevo presidente una vez cumplidos los 40 días de luto nacional decretados ayer.

Abdelaziz alcanzó la presidencia del Frente Polisario en 1976, el mismo año en que España retiró a sus tropas del Sáhara Occidental, el Frente declaró la guerra a Marruecos y Mauritania y decenas de miles de saharauis se establecieron como refugiados en la desértica región argelina de Tinduf.

Durante el resto de su vida, los campamentos en el exilio de Tinduf serían el hogar de un hombre que era hijo de un nómada, estudió medicina en Marruecos, sufrió dos heridas como combatiente del Frente, estaba casado y tuvo siete hijos. Abdelaziz no dominaba la lengua española, al contrario que muchos saharauis de su generación.

Este diario lo entrevistó en 1996 en su cuartel general del Frente Polisario, a 30 kilómetros de los campamentos de refugiados en Tinduf. El té lo servía un prisionero de guerra marroquí. Hacía solo cinco años que se había firmado el alto el fuego con Marruecos. Abdelaziz reconoció la existencia de mercado negro en los campamentos con productos recibidos desde España y que habían aumentado el desorden interno en los campos. Pero insistió en que la dirección del Frente no se había distanciado de la base, tal como criticaban algunos cooperantes españoles consultados por este diario.

Se definía así: “Estoy casado y tengo seis hijos [después tuvo un séptimo]. Nací en el Sáhara y no soy marroquí, como pretende difundir el Gobierno de Hassan II. No practico deporte, salvo alguna vez tiro y voleibol. Y el último libro que leí fue en marzo [era junio]. Se trataba de Sáhara Occidental y plan de paz, de una autora francesa”.

Mohamed Abdelaziz advertía entonces: “Si al final de año la política del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el proceso de identificación para el referéndum no nos convence, pasaremos a la lucha armada”. Casi 20 años después, en la última entrevista mantenida con este diario, en 2014, insistió: “El pueblo saharaui nos presiona y nos pide que tomemos el camino de la lucha armada inmediatamente. Desde el año pasado, [Marruecos] amenaza con retirar la Minurso del Sáhara Occidental. Si sucede, Marruecos impondrá inmediatamente una guerra, porque el Polisario y el pueblo saharaui no se van a quedar con los brazos cruzados. Los saharauis iremos a la guerra”.

A comienzos del pasado abril, Marruecos expulsó de la ciudad saharaui de El Aaiún a 73 miembros civiles de la Minurso y la misión se quedó con solo 28 empleados civiles, sin posibilidades reales de organizar un referéndum sobre la independencia. A finales del mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU, alentado por Estados Unidos, se pronunció sobre “la necesidad urgente de que la Minurso vuelva a funcionar a plena capacidad”. Ahora Marruecos deberá decidir si asume esa “necesidad urgente”. Y el nuevo presidente del Frente Polisario tendrá que sopesar si continúa por la misma senda marcada por Abdelaziz durante 40 años.

[via Portada de Internacional | EL PAÍS]

Muere Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario durante 40 añosDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

The Supremacy of International Law? – Part Two

http://i2.wp.com/www.dipublico.org/wp-content/uploads/2015/03/EJIL.png?fit=566%2C82

The Supremacy of International Law? – Part Two

Editor’s Note: This is the text of the 2^nd Annual British Embassy (The Hague) International Law Lecture, delivered on 23 May 2016 (part two of two). Part one is available here.

The relevance, engagement and application of international law in the domestic space are addressed explicitly and implicitly multiple times every day in the course of advice given to governments, advice that never sees the light of day and the issue in respect of which the advice is given only very seldom becoming the subject of litigation. In the course of such advice, it may be that the source of a legal obligation binding on the State assumes great importance. The issue may be, for example, whether the Government may be impleaded in this or that court or tribunal on the issue in question. The jurisdiction of the court or tribunal may thus bring with it questions about the relevant applicable law.

More often than not, though, the important question for consideration and advice is not the source of the obligation but rather its content. If compliance with the law, rather than defence against a claim of breach, is the issue, the source of the law is irrelevant. The State, or the Government, will be bound by relevant and applicable obligations of law whether they derive from national law or from international law.

Let me give you a tangible example. In 2009, the then UK Prime Minister, Gordon Brown, decided that the Government would produce what became known as Consolidated Guidance to Intelligence Officers and Service Personnel on the Detention and Interviewing of Detainees Overseas, and on the Passing and Receipt of Intelligence Relating to Detainees. This exercise emerged from the concern that there was no single, publicly disclosable document that set out how UK military personnel and intelligence officers were to proceed when engaging with foreign States on the question of the detention and interrogation of individuals held in foreign custody.

A key aspect of this Guidance, which was eventually published by Prime Minister Cameron’s Coalition Government in July 2010, was the approach that was required in circumstances in which there was an appreciation of a risk of torture, cruel, inhuman or degrading treatment (CIDT) of the detainee in question by the custodial State.

The addressees of the Consolidated Guidance were to be intelligence officers and military personnel, not courts and lawyers. The Consolidated Guidance had to be comprehensible both to its users and to the public. It had to reflect and address the United Kingdom’s legal obligations and the obligations of its officials and agents. The source of those obligations was not the principal material consideration. It was the content of the obligations that was controlling.

A review of relevant and applicable legal rules identified that the UK was bound by at least 10 separate international law instruments that addressed torture and CIDT in different contexts, all of which came within the circumstantial purview of the Consolidated Guidance. These included the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention Against Torture, the four Geneva Conventions of 1949, the two Additional Protocols of 1977, and the Statute of the International Criminal Court. In addition to these instruments, customary international law was also relevant.

Beyond these international instruments, obligations of a similar kind also arose for the United Kingdom, for the Government and for its officials and agents in consequence of at least 10 separate statutes, a number of which were not associated with any treaty or other instrument of international law, as well as under the Common Law. The statutes went back to the Criminal Jurisdiction Act of 1800 and included criminal law statutes such as the Offences Against the Person Act of 1861 and the Criminal Justice Act of 1948, predating any relevant and applicable treaty obligation.

Looking across these two bodies of legal principles, while there were elements of a close coincidence of purpose, in the sense that one could a divine a common kernel, a common spirit of the laws, there were also important divergences of note, not least between the various textual definitions and jurisprudential interpretations of torture. The ICC definition of torture, for example, in Article 7(2)(e) of the Statute and its Elements of Crime, is not the same as that given in Article 1 of the Convention Against Torture. The relevant open textured provisions of the ECHR and the ICCPR have also evolved differently through the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the opinions of the Human Rights Committee.

A number of appreciations flow from this example. The first is that, as a practical matter, for advisory purposes, what was relevant was the content of relevant and applicable obligations, not their provenance. Second, insofar as the question is one of the content rather than provenance of legal obligations, issues of supremacy arise only tangentially, if at all. Third, insofar as there is a divergence, whether concordant or discordant, between the various sources of a relevant and applicable obligation, the coherent and effective application of the law requires a degree of considered appreciation by the State in question. Fourth, it follows from this that the adjudication of claims based in an alleged breach of the obligation in question must sensibly recognise and accept that the State has a latitude when it comes to the interpretation and application of the law. Any other conclusion would mean that the adjudication of responsibility would be prey and prone to the whimsy of the court or tribunal that was seised of the matter, there being no court of general jurisdiction that would have competence in respect of all of these bodies of law. Fifth, in the exercise of its appreciation, it follows, in my view, that the State must be entitled to favour and follow the formulations of its own law, broadly concordant with its international obligations, without this giving rise to a breach of international law.

This is not an isolated example. Such questions arise across the range of fundamental rights governed by human rights treaties. They also arise, and promise to arise increasingly, in the field of criminal responsibility, where the conduct in question has an international dimension. Immunity from jurisdiction is another area of law where such considerations may be relevant. And perhaps most significant of all, given the potential reach of the principle, is in the area of complicity or aiding and assisting or secondary participation, which straddles the criminal and the civil. This, in my experience, is the single most important and wide ranging principle, and challenging in its interpretation and application, relevant to the responsibility of a State.

A common feature of all these areas of law is that they have parallel and intertwined fonts in both national and international law. While the law – generically described – may be in the process of fusing, as a matter of long term appreciation, we are a long way from a unity of law. We are faced, therefore, in such areas of law with potentially competing strands of law on the same subject matter derived from different sources and subject to different rules on creation, change, breach, etc.

This brings me back to the need for principles and modalities of coordination, and for a more refined theory of the relationship between international law and national law that does not fall at the alter of supremacy.

Of course, the view may be taken that there is no need for a holistic approach to this issue; that there is no real, systemic problem, as opposed to ad hoc issues of the application of obligations; and that the organic ad hoc resolution of difficulties by courts is a perfectly acceptable way in which to proceed.

I am not attracted by such a view. It is antithetical to the discipline, predictability and certainty of the law. It fails to address hard cases. It does not engage with the reality of the daily life of international law at the heart of government. It is unsatisfying intellectually. It leaves the outcome prone to the varying wisdom of individual judges and those assisting them through submissions in the proceedings.

So, given this view, where do we turn? On the theory of the matter, there have been a number of proposals for reconceiving the relationship between international and national law, and of rethinking supremacy. A conception of international law and national law in pluralistic, non-hierarchical terms advanced by some is appealing. Visions of systemic convergence, or international law as coordination, and of systemic communication, also address aspects of the debate. One author, harkening back to Jan Christian Smuts, has suggested the philosophical approach of Holism, which I suppose is simply Kelsen’s or Lauterpacht’s natural law view in another guise. Looking across these theories, my inclination would be for a framework that better marries the notions of cooperative constitutionalism and the pragmatic coordination that is a feature of the daily engagement of international law in the national space. Whether this is described as pragmatic constitutionalism or pluralist coordination matters not.

Looking beyond the theory, what are the principles and modalities that might usefully be developed, or drawn from elsewhere and refined for better application in the international system. There are a number, in my view, none of which are novel. I do not propose here to offer more than an à la carte menu for those who may be interested to consider and explore the issues further.

A starting point would be the development of a theory of an allocation of competence between national law and international law, including possible presumptive reserves domain of national law and international law. Federal constitutions adopt just such an approach. The Tenth Amendment to the U.S. Constitution provides that “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.” Article 72(2) of the German Basic Law, in slightly different terms, also addresses the legislative competence of federal authorities.

The Treaty on European Union, in Article 5, develops these principles in an EU context that, given the international law, treaty-based dimension of the EU may be interesting for international law. This Article is most often quoted for its principle of subsidiarity but it contains other principles as well. Article 5(1) provides:

“The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.”

Conferral, subsidiarity and proportionality.

Detractors of the EU would contend, perhaps, that these principles, in an EU context, are honoured more in the breach than in their observance. This is not a debate in which I need to engage. The principles seem to me to be sound and not an anathema to a system of international law that is less developed and less integrationist than the EU.

Article 5(2) defines the principle of conferral as requiring that the EU:

“shall act only within the limits of the competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out therein. Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States.”

Article 5(3) defines the principle of subsidiarity as requiring that, in areas which do not fall within the exclusive competence of the EU, it:

“shall act only if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level.”

Article 5(4) defines the principle of proportionality as requiring that the “content and form” of EU action “shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties”.

These principles are framed, and apply most readily, as principles of legislative competence. But they resonate in the interpretative sphere as well. And it does not take an overly creative legal mind to contemplate the development of principles based thereon to address issues of coordination and engagement between systems, bodies and rules of law that overlap in content (whether concordantly or discordantly) but differ in legislative source and on issues of systemic application.

Looking beyond rules concerned with the allocation of competence, international law has, internally to itself, poorly developed notions of hierarchy. The concept of jus cogens, of peremptory norms from which no derogation is permissible, is not well developed and is seen by some as too peremptory in its character. But notions of supremacy and systemic coordination require principles of hierarchy. We ought to think further about the articulation and refinement of principles that are fundamental to the rule of law. I do not here refer to fundamental rights, as this term is most frequently used to refer to core principles of human rights, but rather to principles that are intrinsic to the rule of law more generally, including the democratic character of law that is at the core of the concept of the rule of law.

Looking further, there are also concepts that, if better developed, may assist in providing greater granularity to the principle of margin of appreciation. The International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights includes a principle of the progressive realisation of rights. Suitably refined, and with appropriate safeguards against abuse, this may assist in developing an approach that would be appropriate to the variable application of law. This is not, I emphasise, this is not intended as a sideswipe against the notion of the universality of international law. It is simply an acknowledgement that international law sometimes paints with a very broad brush on a canvass that requires greater finesse.

Let me conclude with three other possibilities. First, the approach taken by the German Constitutional Court years ago in respect of the supremacy of EU law over German constitutional fundamental rights, often described as the solange approach, seems to me to be well merited when it comes to addressing the relationship between national law and international law. As long as international law remains underdeveloped in a given key area of fundamental principle, it may well be appropriate that national law prevails. There are risks here, especially in an international system that lacks a coordinating legislative and judicial competence, but this is an approach that will appeal to national political leaders and cannot be lightly dismissed. The solange principle also works, potentially, in the other direction as well, namely, deference to international law in circumstances in which national law is lacking or underdeveloped, which is not at all uncommon.

Second, there may be mileage in exploring the approach adopted in the UK Human Rights Act to the application of the European Convention on Human Rights in the United Kingdom, as part of UK law. In the event of incompatibility between UK law and the ECHR, UK courts are required to make what is known as a Declaration of Incompatibility. The Declaration does not have the effect of striking down the national law in question but simply states that the national law is at odds with the Convention. Such an approach, again potentially available to both national and international courts, may assist in forging, over time, a greater coherence in and perhaps unity of law, and would certainly bring greater transparency to the relationship, between international law and national law.

Finally, let me mention the duty to give reasons. This is essential to the judicial process but it is not always observed in terms that give comfort to the addressees of the decision. Particularly in circumstances in which a national or international court or tribunal is considering a decision of a court or tribunal from the other sphere that is at the heart of the case, the duty to give sufficiently well developed reasons – adequate to a comprehension of the issues by a court or tribunal from another sphere that may be seised of the issues – ought to be viewed as an article of faith of juridical responsibility. If a margin of appreciation is to be afforded, or an appreciation on the allocation of competence understood, or any other coordinating principle taken into account, it must be fully explained.

Let me conclude these remarks with the following. An appreciation of the relationship between international law and national law, and of the debate about supremacy, resides in the detail of the law, not in broad-brush theories. My sense, as a practitioner at the coalface, is that international law is ever more part of the central firmament of government decision-making and conduct. What is in issue when it comes to the formulation of policy or the consideration of conduct is what law addresses the conduct in contemplation, viewed in its widest gaze. In this discussion, provenance is less important than content. Supremacy is in issue on the margins, and usually only comes to the forefront of the discussion when the matter is one of defending impugned conduct before the courts.

This being the case, international law and international lawyers can afford to move off their encampment defending the supremacy of international law. The doctrine of supremacy, hugely important in the formative years of international law, risks now becoming something of a distraction, at least in terms of the generality of the debate that has visited this issue until quite recently. Rethinking supremacy, and formulating more nuanced principles of coordination and reconciliation between international law and national law, both to address the hard cases and to come closer to an understanding of how these bodies of law actually interact in practice, is a worthwhile endeavour.

[via EJIL: Talk!]

The Supremacy of International Law? – Part TwoDerecho Internacional Público - www.dipublico.org