sábado, 27 de agosto de 2016

En cifras: el armamento nuclear en el mundo

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En cifras: el armamento nuclear en el mundo


¿Cuál es el estado de las armas nucleares en el mundo y cuál es su futuro?


La Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington el pasado mes de abril demostró que el mundo aún tiene mucho trabajo pendiente en este ámbito. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que había riesgo de que grupos terroristas como el autoproclamado Estado Islámico se hicieran con armamento atómico. Pero también quedan cuestiones pendientes en materia de disuasión y desarme entre los Estados con este potencial.


Rusia y China no acudieron a la cumbre. Pekín está incrementando sus arsenales nucleares, mientras que Moscú, pese a reducir el número de cabezas, apuesta por modernizar su armamento. Estados Unidos también actualiza sus sistemas, pese a que el presidente Obama llegara a la Casa Blanca con un discurso antinuclear. Corea del Norte siempre es una incógnita; qué hará. Pakistán también aumenta su capacidad.



¿Qué países tienen armas atómicas?


Nueve Estados cuentan con capacidad nuclear: Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Mientras que Bélgica, Alemania, Holanda, Italia y Turquía tienen armas estadounidenses en su territorio, tal y como estipulan una serie de acuerdos en el marco de la OTAN.


Sudáfrica ha sido el único país que ha desmantelado su arsenal nuclear. Lo desarrolló entre los años 60 y 80, aparentemente con ayuda de Israel. En 1991 en el marco del final del régimen del apartheid, firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y eliminó sus cabezas. Kazajstán, Ucrania y Bielorrusia “heredaron” armas atómicas en sus territorios cuando cayó la URSS en 1991. Pero estas fueron devueltas a Rusia a lo largo de los 90.



© Manuel Alejandro Beigveder

© Manuel Alejandro Beigveder




¿Cuántas armas nucleares hay?


El número exacto no se conoce por la opacidad que algunos países ponen en práctica sobre sus arsenales atómicos. Una fuente fiable para aproximarse es la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por las siglas en inglés de Federation of American Scientists), que a principios de 2016 cuantifica en 15.350 las armas nucleares en el mundo.


Los principales arsenales corresponden a Rusia con 7.300 y a Estados Unidos con 6.970. Les siguen Francia (con 300), China (260), Reino Unido (215), Pakistán (130) e India (120). Es decir, y según los cálculos de Bulletin of the Atomic Scientists (publicación de referencia sobre el rol de este tipo de armamento), Moscú y Washington cuentan con el 93% del total de cabezas atómicas.


Israel y Corea del Norte son menos transparentes en sus cifras, o, como en el caso del Estado hebreo, ni siquiera reconocen abiertamente su existencia. FAS estima que los israelíes cuentan con unas 80 cabezas. Mientras que SIPRI cifró los dispositivos atómicos en manos de Pyongyang entre seis y ocho.


Pese a estas cifras, el punto álgido de los arsenales nucleares fue en 1986 cuando había 70.300 armas, según datos de FAS y del Bulletin of Atomic Scientists. Evidentemente, la URSS (con más de 39.000) y Estados Unidos (por encima de las 21.000) eran las potencias atómicas dominantes en el planeta.



¿Cuántas veces se han utilizado?


Es bien sabido que Estados Unidos ha sido el único país que ha usado estas armas en un conflicto. Fue en los tristemente célebres bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Causaron entre 130.000 y 250.000 muertos (la cifra bascula dependiendo de si la fuente cuenta o no a las personas que fallecieron tiempo después por la radiación).


Desde entonces no se han vuelto a utilizar contra seres humanos, pero sí que se han producido centenares de ensayos. Según datos de Naciones Unidas, y sumando las pruebas coreanas más recientes, se han producido 2.056 pruebas nucleares desde el 10 de julio de 1945, fecha en la que Estados Unidos probó la primera bomba atómica de la Historia en Alamogordo (Nuevo México).


Según estas cifras, EE UU ha realizado 1.032 ensayos, seguido por la URSS (715), Francia (210), Reino Unido y China (con 45 cada uno), India (3), Pakistán y Corea del Norte (con 4 cada uno). El año de mayor actividad fue 1962 con 178 pruebas (96 a cargo de los estadounidenses, 79 de los soviéticos, dos de los británicos y uno francés). Justamente coincide con uno de los puntos álgidos de la guerra fría: la Crisis de los Misiles de Cuba.


La proliferación de estas pruebas a principios de los 60 propició que en 1963 se firmara el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares. Los Estados se comprometían a no realizar más pruebas ni en la atmósfera, ni bajo el agua ni el espacio.


Las potencias nucleares (salvo India y China) contemplan el uso de este armamento en respuesta a un ataque directo en su territorio (nuclear o no) o contra sus aliados. Es decir, apuestan claramente por la disuasión para mantenerse libres de cualquier amenaza. Mientras que Nueva Delhi y Pekín establecen su empleo solo para responder a una agresión atómica.


En la prensa estadounidense ha comenzado un intenso debate sobre la doctrina nuclear del país, así lo han recogido medios como Washington Post o Foreign Policy. Según estas informaciones, el presidente Barack Obama estaría planteándose en el final de su mandato cambiar la política atómica, y limitarla para solo responder en caso de un ataque con armamento de destrucción masiva.



2. Número de ensayos realizados (1)

© Manuel Alejandro Beigveder




¿Qué poder destructivo tienen?


El poder de las bombas nucleares se mide en kilotones (kt) y megatones (Mt). Un kt equivale a 1.000 toneladas de explosivo TNT, y, por lo tanto, un Mt son 1.000 kt. Little Boy, la bomba que arrasó Hiroshima, tenía una potencia de 15 kt, y Fat Man, la que se lanzó sobre Nagasaki, liberó un poder destructivo de 21 kt.


Hoy el arsenal nuclear es mucho más destructivo. Por ejemplo, el misil balístico intercontinental ruso SS-18 Satan puede transportar tres cabezas nucleares que sumarían un poder destructivo de 20 Mt, es decir, 1.300 veces más potentes que la bomba que destruyó Hiroshima.


Mientras que los mísiles Trident estadounidenses pueden lanzarse con hasta 12 cabezas W88 (las más modernas de su arsenal) con un poder total de 5,7 Mt. Con todo, el artilugio nuclear más poderoso jamás probado ha sido la conocida como Bomba del Zar, detonada en un ensayo de la URSS en 1961 con una potencia de 50 Mt.



© Manuel Alejandro Beigveder

© Manuel Alejandro Beigveder




¿Cuántos tratados en vigor hay para su control y desmantelamiento?


Destacan tres tratados multilaterales, y luego también hay que tener en cuenta los cinco tratados (dos SALT y tres START) bilaterales que han firmado las dos grandes potencias atómicas del planeta, Rusia y Estados Unidos.


Entre los pactos multinaciones, al mencionado TPPEN, le siguió en septiembre de 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Fue resultado de un largo proceso negociador. Sus integrantes se comprometen a no realizar ningún tipo de prueba con estas armas. Actualmente, lo han ratificado 144 países (China y EE UU aún no lo han hecho) de los 178 que lo han firmado.


El acuerdo más importante entre naciones es el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968. En la actualidad, ya se han incorporado la inmensa mayoría de los países del mundo (190). Contempla que solo cinco naciones pueden tener este tipo de armamento: Estados Unidos, Rusia (la URSS en su momento), Francia, China y Reino Unido. Este selecto grupo recibe la categoría de Estado nuclearmente armado.


Además, el TNP también contempla que los países firmantes se comprometen a impulsar medidas en tres ámbitos: el uso pacífico de la energía nuclear, la no proliferación y el desarme.


Tras la vorágine de pruebas nucleares en los 50 y los 60, la URSS y EE UU firmaron los dos acuerdos SALT (Strategic Arms Limitation Talks) en 1972 que contemplaba la reducción de su armamento estratégico, aunque su aplicación se vio afectada por la tensión entre bloques.


Con la guerra fría finalizada, rusos y estadounidenses también han negociado una serie de tratados sobre desarme atómico y convencional. En el terreno nuclear destacan los acuerdos START (Strategic Arms Reduction Treaty). Están en vigor desde 2010, y contempla reducir a 1.550 cabezas nucleares el arsenal de cada una de las potencias.



¿Cómo serán los arsenales del futuro?


Parece que las grandes potencias nucleares apuestan por la modernización. Según el vigente acuerdo START, EE UU y Rusia deberán disponer cada uno de 1.550 cabezas nucleares operativas en 2018. Pese a la reducción, ambos Estados están apostando claramente por modernizar sus dispositivos, con mejoras en cuanto a alcance, poder destructivo o dificultad para su interceptación. Por ejemplo, Washington invertirá 1.000 millones de dólares en los próximos treinta años, y Moscú se habrá gastado en 2020 unos 20 billones de rublos (unos 266.000 millones de euros) en modernizar sus misiles de época soviética.


Por su parte, China, cuenta con un arsenal más modesto. En la actualidad, dispondría de unas 75 armas con capacidad intercontinental, pero, según datos del Pentágono, hacia 2020, tendrá un centenar de armas capaces de alcanzar territorio norteamericano. Estas cifras implican que Pekín es el único Estado nuclearmente armado del TNP que aumenta su cantidad de armamento atómico.


Entre el resto de potencias nucleares, destaca el fuerte auge de Pakistán. Según un estudio de Carnegie Endowment, A Normal Nuclear Pakistan, Islamabad desarrolla su arsenal a un ritmo muy rápido, 20 cabezas al año (por las cinco de India). Con estas proyecciones, en la próxima década, llegará a las 350 cabezas, lo que la situaría como la tercera potencia atómica mundial.


India mantiene un perfil más bajo, pese a contar con un potencia industrial mayor que el de su enemigo. Según otro trabajo de Carnegie, la estrategia nuclear de Nueva Delhi se centra en contar con una capacidad de disuasión adecuada frente a Pakistán sin caer en una carrera de armamentos. Además, prefiere apostar por mísiles de mayor alcance para también disuadir a China, antes de aumentar el número de cabezas.


Reino Unido espera pasar de las 225 cabezas actuales a 180 en 2020, según datos del Bulletin of the Atomic Scientists. También quiere sistemas de armas más avanzados, como los nuevos submarinos Vanguard, y misiles Trident de EE UU. Por su parte, Francia e Israel apuestan por mantener sus arsenales en las cifras actuales, aunque también incorporarán sistemas más sofisticados como los misíles Jericho-III o los submarinos Triumphant, respectivamente.


Finalmente, Corea del Norte siempre constituye una incógnita. Pese a sus recientes ensayos, se sigue dudando de si cuenta con cabezas miniaturizadas para instalarse en misíles de largo alcance.



4. Perspectivas de futuro (3)

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Colombia, al borde de la paz

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Colombia, al borde de la paz



Niñas colombianas vestidas con trajes tradicionales en Medellín, Colombia. Raúl Arboleda/AFP/Getty Images

Niñas colombianas vestidas con trajes tradicionales en Medellín, Colombia. Raúl Arboleda/AFP/Getty Images



El acuerdo final de paz se enfrenta a grandes desafíos, como el plebiscito del 2 de octubre, la dejación de armas y la misión de verificación y monitoreo de la ONU. Pero tras cuatro años de diálogos en Cuba, los colombianos han hecho historia al poner fin a 52 largos años de conflicto.


El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado el 24 de agosto un acuerdo final de paz en La Habana. Este anuncio es un hito en la búsqueda de la paz tras 52 años de conflicto armado. Después de dos intentos fallidos de negociaciones en las últimas tres décadas con el grupo guerrillero más grande del país, unos diálogos exhaustivos y esmerados a puerta cerrada han dado lugar a un acuerdo final que busca sanar las causas del conflicto, dar compensación a las víctimas y, en el largo plazo, permitir a las FARC pasar a formar parte del sistema democrático colombiano.


El acuerdo es fruto de cuatro años de diálogos en Cuba en los que se llegó a acuerdos sobre desarrollo agrario; fortalecimiento de las garantías para la oposición política; reformas sustanciales en la política sobre drogas y la sustitución de cultivos de coca; una comisión para la verdad; un aparato especial de jurisdicción para los casos más graves de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto; la reincorporación de las FARC en la vida civil; y escaños para las FARC en el Congreso, entre otras medidas. Una misión especial de la ONU ya está desplegada para monitorear y verificar la dejación de armas, el alto al fuego bilateral y el cese de las hostilidades.


Los últimos puntos de la negociación incluyeron la participación de las FARC en el sistema político y su reintegración a la vida civil. Podrán presentarse a las elecciones al Congreso colombiano en 2018 y se les garantizarán un número de escaños en el Senado y  la Cámara de Representantes. Hasta entonces, las FARC pueden designar tres voceros civiles, tres en la Cámara y tres en el Senado.


Aunque el acuerdo es motivo de celebración, son muchos los retos que quedan en los seis a nueve meses que enfrenta Colombia para transitar hacia la paz. El más inmediato es el plebiscito del 2 de octubre, en el que los ciudadanos deberán votar el paquete de acuerdos, cuyo resultado será vinculante para Juan Manuel Santos. El presidente arrastra bajos niveles de aceptación debido al descontento popular respecto al Gobierno, y a la oposición lideraba por el ex presidente Álvaro Uribe. El ex presidente ha dedicado su campaña por el plebiscito a los puntos más controvertidos del acuerdo de paz, como que los miembros convictos de las FARC no irán a la cárcel, aunque los responsables de los crímenes más graves sí afrontarán una privación de su libertad por muchos años, y que se les garantizarán escaños en el Congreso. La oposición asegura que volvería a negociar el acuerdo para llegar a mejores términos, lo cual es considerado mayoritariamente como poco realista.


La aprobación del acuerdo está lejos de materializarse. Las partes deberán discutir de forma sencilla y efectiva, haciendo distinción entre los méritos de la paz y la imagen del Ejecutivo colombiano. El Gobierno ya ha comenzado la labor de pedagogía sobre el contenido de los acuerdos. Las FARC deberán asumir su papel, y deberán juntar sus fuerzas y destruir algunas armas antes del plebiscito. Pedir perdón por los peores abusos contra civiles, como secuestro o extorsión, será el primer paso de un largo camino para convencer a los colombianos de que se están cumpliendo los acuerdos de buena fe.


Las FARC ya comenzaron a poner un pie fuera del conflicto con el alto al fuego informal del año pasado, pero la transición completa comenzará con el proceso de dejación de armas, programado para los próximos seis meses desde la firma oficial de los acuerdos a finales de septiembre. Una programación detallada, una misión de verificación de la ONU y protocolos claros indican que el proceso tiene un marco de implementación sólido. Sin embargo, en vista de  la campaña de exterminio que cegó las posibilidades de las FARC de entrar en el sistema político durante los 80, la principal preocupación se centra en la seguridad de los guerrilleros que dejen las 23 zonas de acampamiento y los ocho lugares donde las guerrillas se concentrarán. La aplicación eficiente y flexible de los protocolos de seguridad será fundamental. La guerrilla tiene a menudo una relación hostil con el Ejército, y la presencia de las economías ilegales, sobre todo el cultivo de coca y la minería, tentará a otros grupos armados a ocupar el territorio que queda vacante.


Uno de esos grupos armados podría ser el Ejército Nacional de Liberación (ELN), el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia, formado por aproximadamente 1.800 combatientes y con una fuerte presencia en la frontera con Venezuela. El Gobierno y el ELN anunciaron negociaciones paralelas en marzo de este año, pero todavía tienen que acordar la primera ronda de diálogos que en la actualidad se encuentran en un punto muerto. Con la presencia del ELN y otros grupos armados, monitorear y verificar el cese de las hostilidades será sin duda un reto crucial en la etapa inmediata del posconflicto.


Las FARC tendrán que mantener también la cohesión interna durante la transición para garantizar que cumplen su parte del acuerdo, incluido el cese de toda forma de violencia contra las Fuerzas Armadas y los civiles. El riesgo de disidentes y unidades que actúen al margen del proceso de paz ya ha sido constatado en los eventos relacionados con el Frente Primero de las FARC, que opera en el sureste de la provincia de Guaviare y ha declarado que una de sus facciones no será parte en el proceso de paz. Existen pruebas sólidas de que otras unidades de las FARC también están divididas. Ya se han atribuido ataques a estas unidades, y algunos de sus guerrilleros se han unido al ELN.


El Gobierno también deberá afrontar el reto de crear buena voluntad en áreas que han sido ampliamente afectadas por la violencia y el abandono del Estado, así como en los lugares en los que se establecerán las zonas de concentración. La legitimidad del Estado en muchos de estos lugares es casi nula. El Gobierno deberá comenzar un diálogo prolongado según se van implementando los proyectos para estabilizar el territorio y volver a instaurar su autoridad.


Finalmente, la misión de la ONU encargada de monitorear y verificar el abandono de armas, el alto al fuego y el cese de las hostilidades es esencial para que tanto las partes del acuerdo como la sociedad civil confíen en que el acuerdo puede ser cumplido. Adecuar las expectativas de las comunidades locales durante el tiempo que dura su misión, así como escoger y canalizar información fiable extraída de una variedad de actores nacionales e internacionales no será fácil. Mientras disuelve disputas sobre posibles violaciones, la misión de la ONU se verá presionada a tomar partido, especialmente contra las FARC. Para tomar decisiones informadas, será necesario consultar con los delegados de los países garantes, Noruega y Cuba. La comunidad internacional, en especial pero no exclusivamente los Estados Unidos y la UE, necesitará en ocasiones apoyar de manera pública las duras decisiones que deba tomar la misión durante un periodo turbulento.


Habrá grandes retos en los críticos meses venideros. Pero a la luz de la histórica declaración de La Habana, merece la pena recordar que Colombia se ha enfrentado con éxito a mayores obstáculos en el pasado medio siglo de conflicto armado.



La versión original del artículo puede consultarse aquí.


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sábado, 20 de agosto de 2016

Europa teme una oleada migratoria ante la fragilidad del acuerdo con Turquía

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Europa teme una oleada migratoria ante la fragilidad del acuerdo con Turquía


Las fricciones entre Turquía y la UE han reavivado los temores sobre la llegada de una nueva oleada de refugiados si el pacto se da por acabado. “No hay duda de que si Turquía abriese las puertas sería devastador para el conjunto de Europa”, ha alertado el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano. En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer. El titular de Migración griego, Ioannis Mouzalas, también se ha mostrado seriamente alarmado por el futuro del acuerdo, que establece que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será enviado a territorio comunitario. “Es importante cuidar las relaciones para no provocar una ola de refugiados”, ha advertido, por su parte, el primer ministro búlgaro, Boïko Borissov.


Las fricciones entre Turquía y la UE han reavivado los temores sobre la llegada de una nueva oleada de refugiados si el pacto se da por acabado. “No hay duda de que si Turquía abriese las puertas sería devastador para el conjunto de Europa”, ha alertado el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano. En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer. El titular de Migración griego, Ioannis Mouzalas, también se ha mostrado seriamente alarmado por el futuro del acuerdo, que establece que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será enviado a territorio comunitario. “Es importante cuidar las relaciones para no provocar una ola de refugiados”, ha advertido, por su parte, el primer ministro búlgaro, Boïko Borissov.


El acuerdo, firmado el pasado marzo, ha reducido el número de migrantes que llegan a las islas griegas de 1.700 diarios a una media de solo 89, por lo que la pregunta de si el Mediterráneo volverá a convertirse en el escenario de una nueva crisis en caso de ruptura planea sobre Europa. Grecia vive un tímido aumento de llegadas tras el golpe fallido en Turquía, pero con los centros de acogida griegos colapsados —en ellos viven 10.000 inmigrantes y refugiados para una capacidad máxima de 7.000— el margen de acogida es mínimo.


El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admite que el pacto peligra, pero Bruselas no ha esbozado públicamente ninguna alternativa si fracasa. “La Comisión tiene un plan A, que es hacer que el acuerdo funcione”, insisten.


El vínculo entre Turquía y los Veintiocho ha estado alimentado en los últimos meses por el interés europeo en frenar el flujo de refugiados desde Siria e Irak. La relación ha avanzado siguiendo un complejo juego de equilibrios: Turquía aceptó recibir refugiados llegados a las costas griegas a cambio de una ayuda de 3.000 millones de euros en dos años y el compromiso europeo de permitir a sus casi 80 millones de ciudadanos circular sin visado por la UE.


Para facilitar la libre circulación, Bruselas exige el cumplimiento de 72 requisitos de los que Turquía aún no garantiza siete. El principal punto de desacuerdo es la relajación de la dura ley antiterrorista, muy criticada por las organizaciones de derechos humanos por amparar la detención de jueces, periodistas o académicos. Turquía amenaza con romper el acuerdo si en octubre no se permite a sus ciudadanos circular libremente por la Unión. “Si Turquía quiere la liberalización de visados en octubre deberá cumplir con los requisitos pendientes”, responde Bruselas. “En ningún caso, ni Alemania ni Europa pueden dejarse chantajear”, sostiene Sigmar Gabriel, vicecanciller alemán.


Una adhesión incierta


Si el acuerdo migratorio está más en el aire que nunca, el anuncio de la posible reintroducción de la pena de muerte en Turquía ha abierto un nuevo frente de discordia que pone en juego las negociaciones de adhesión. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avisado de que la aprobará si el Parlamento así lo decide, y Bruselas advierte de que eso sería el fin de las conversaciones para la entrada del país en la UE. Fuentes cercanas al mandatario turco han explicado que probablemente esta medida no salga adelante, pero estos discursos ya han provocado reacciones: el Partido Liberal que gobierna Dinamarca ha exigido que se cierre la puerta a Turquía si reinstaura la pena capital.


El tono ha subido en los últimos días. Viena, que nunca vio con buenos ojos el comienzo de las negociaciones de adhesión, amenaza con vetar la apertura de nuevos capítulos. “Tengo voz y voto en el Consejo de Ministros de Exteriores. Ahí se decidirá si se abren nuevos capítulos con Turquía. Y yo estoy en contra”, avisa el ministro de Exteriores austriaco, Sebastian Kurz. El jefe de la diplomacia cuenta con el respaldo del canciller austriaco, Christian Kern, que ha calificado de “ficción diplomática” la continuidad de las negociaciones.


En medio de ese coro de voces cada vez más amplio que claman por un alejamiento de Turquía ha mediado Juncker, que considera un grave error hacer pensar a Turquía que haga lo que haga nunca podrá ser miembro de la UE, aunque reconoce que la pena de muerte es una línea roja y llevaría a romper la negociación.


El malestar es mutuo. Ankara reprocha a la UE su tímida condena tras un hecho tan traumático para la sociedad turca como el intento de golpe de Estado. “La gente siente frustración por la débil respuesta de la UE. Todas las condenas han sido con la boca pequeña y acompañadas de peros”, lamenta un representante del Ejecutivo turco consultada por este diario: “La cuestión no es si les gusta más o menos nuestro presidente, sino condenar sin ambages el intento de derrocar a un Gobierno electo”.


Uno de los primeros líderes mundiales en telefonear a Erdogan para ofrecerle su apoyo tras la asonada del 15 de julio fue el presidente ruso, Vladimir Putin, y, desde entonces, representantes de China, EEUU y el Consejo de Europa (institución no vinculada a la UE) han acudido a Turquía para mostrar su solidaridad con el país. Aunque también han acudido cargos ministeriales de Alemania y Reino Unido, Ankara se queja de que ningún mandatario de la propia Unión Europea haya viajado a Turquía ni tenga previsto hacerlo.


Las comparaciones con la actitud europea ante otros golpes ya han aparecido: “Catherine Ashton —antigua jefa de la diplomacia europea— no tardó ni dos semanas en visitar Egipto tras el golpe de Estado de Sisi, pese a que el golpe triunfó. En cambio a nosotros no nos visita. Y no somos Egipto, ¡somos un país candidato a entrar en la UE!”, se queja la fuente gubernamental turca.


¿Cambio de eje?


La desconfianza mutua ha llevado a Turquía a girar hacia el Este el eje de su política diplomática e iniciar la reconciliación con el presidente Putin, con el que Erdogan se entrevistó este martes en San Petersburgo. Ankara sostiene que la visita no es un mensaje a Occidente, pero el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, sostuvo el miércoles que si Europa pierde a Turquía “será por sus errores”. “La UE adoptó una postura favorable al golpe”, afirmó el jefe de la diplomacia turca. Otras fuentes del Ejecutivo, en cambio, llaman a calmar los ánimos y aseguran que Ankara no tiene previsto romper con la UE ni con la OTAN y que este pacto con Rusia se inscribe dentro de su política multilateral.


Si bien las negociaciones para convertirse en miembro de la UE no comenzaron hasta 2005, Turquía lleva desde 1960 llamando a las puertas de la comunidad europea, en un proceso que ha sufrido sucesivos altibajos. De hecho, el entusiasmo de Ankara por la UE ha corrido siempre en paralelo a las declaraciones de apoyo o rechazo de los diversos líderes europeos a su adhesión, pues no hay que olvidar que la sociedad turca es muy nacionalista y orgullosa. Actualmente el apoyo de los turcos al proceso, antaño mayoritario, se ha desplomado a un exiguo 20%, mientras en Alemania, el 52% de los ciudadanos se opone a la entrada de Turquía, según una encuesta del diario Bild.


“No parecen dispuestos a tratar a Turquía de igual a igual. No se dan cuenta de que en los últimos diez años se ha desmoronado el sistema de bloques mundial y regional que rigió durante el último siglo y que Turquía ya no es el país de antes, sino un estado dispuesto a defender sus intereses nacionales”, escribía recientemente el columnista turco Özcan Tikit en el diario Habertürk.




El acuerdo con Turquía en cifras



El pacto. El acuerdo entre Bruselas y Ankara fija que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será trasladado a la Unión legalmente mediante el reasentamiento.


897 refugiados han sido reasentados desde Turquía en la UE siguiendo este método. Alemania y Suecia han sido los principales receptores. España ha recibido a un total de 57.


3.000 millones de euros. El acuerdo prevé el pago de la UE a Turquia de esta cantidad entre este año y el próximo. De momento, se han aprobado 2.155 millones, asignado 229 millones y pagado 105.


En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer.






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La ONU mantiene la inmunidad pese a admitir su culpa en el cólera de Haití

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La ONU mantiene la inmunidad pese a admitir su culpa en el cólera de Haití


Un tribunal de apelaciones estadounidense ha reafirmado la inmunidad de la ONU ante una demanda en nombre de víctimas del cólera en Haití, que responsabilizan a la organización de haber llevado la enfermedad al país. La decisión, emitida en las últimas horas, confirma el fallo de un juez federal de Nueva York, que el año pasado desestimó la acción emprendida contra la organización internacional. En la sentencia, el tribunal de apelaciones rechaza los argumentos presentados por los demandantes y considera que la inmunidad de Naciones Unidas debe mantenerse en este caso. El dictamen judicial se produjo horas después de que, por primera vez, la ONU admitiese que tuvo un papel en el inicio de la epidemia de cólera en Haití, que ha dejado desde 2010 miles de muertos y cientos de miles de afectados.


Lo hizo en respuesta a un informe sobre el caso elaborado por el relator especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema de la propia organización, Philip Alston. La ONU adelantó que el texto de Alston servirá de base para un nuevo paquete de acciones que tiene previsto anunciar en los próximos dos meses para apoyar a Haití frente al cólera.


Pese a ello, la organización dejó claro que su posición jurídica no ha cambiado, por lo que a priori seguirá esgrimiendo su inmunidad frente a las acciones judiciales. Los demandantes disponen ahora de 90 días para recurrir al Tribunal Supremo y, según sus representantes, adoptarán una decisión al respecto en función de las acciones que tome la ONU en ese periodo. “Nuestro objetivo siempre ha sido lograr reparaciones para las víctimas, ya sea dentro o fuera de los tribunales, y vamos a seguir trabajando en todos los foros disponibles hasta que eso ocurra”, afirmó en un comunicado Brian Concannon, director ejecutivo del Instituto para la Justicia y Democracia en Haití, una organización con sede en Estados Unidos que apoya las demandas de las víctimas.


Según éstas, el brote de cólera que aún afecta al país caribeño fue causado por un vertido en un río de residuos fecales del contingente nepalí de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah). Se trata de una posibilidad que admiten varios estudios técnicos y la organización ha subrayado siempre su compromiso a seguir colaborando con las autoridades para eliminar la enfermedad del país.




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sábado, 13 de agosto de 2016

Comunicado conjunto de estados miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela

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Comunicado conjunto de estados miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela








Jueves 11 de Agosto de 2016. Información para la Prensa N°: 263/16






Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay


Nosotros los firmantes, Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), subrayamos nuestro compromiso con la Carta de la Organización y la Carta Democrática Interamericana, la declaración del Consejo Permanente de la OEA sobre  Venezuela del 1 de junio de 2016 (CP/DEC 63/16) y nuestro apoyo a un diálogo político oportuno, nacional, incluyente y eficaz para hacer frente a las necesidades urgentes del pueblo venezolano, preservar la paz y la seguridad, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa.


Hemos tomado en cuenta la exposición del ex Presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero del 21 de junio de 2016 sobre la iniciativa para promover el diálogo político nacional en Venezuela, así como el informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes del 23 de junio de 2016, presentado de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, y las observaciones formuladas por los Estados Miembros en ambas reuniones del Consejo Permanente.


Instamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a concretar a la brevedad un dialogo franco y efectivo, de manera directa o con apoyo de facilitadores, que permita encontrar soluciones duraderas en un clima de paz y respeto mutuo, exhortándoles a mantener observancia de las formas de expresión y de incidencia pacíficas y no violentas.


Tomamos nota del anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la verificación de las firmas necesarias para avanzar a la fase de petición del Referendo Revocatorio Presidencial.


Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen  el ejercicio  de los  derechos constitucionales del pueblo venezolano y a la vez, se cumplan de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial, y así contribuir a resolver de forma pronta y efectiva las actuales dificultades políticas, sociales y económicas en ese país.


Washington, D.C., Estados Unidos, 11 de agosto de 2016





 





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sábado, 6 de agosto de 2016

América Latina puede enriquecer el liderazgo de la ONU

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Nuestros artículos: América Latina puede enriquecer el liderazgo de la ONU


Naciones Unidas abrió la sucesión del Secretario General saliente, el surcoreano Ban Ki Moon, y América Latina, políticamente diversa pero fortalecida en su conciencia como bloque, aspira ahora a encumbrar a uno de sus diplomáticos por segunda vez en la historia de la organización.


Desde 1948 hasta hoy, sólo hubo un Secretario General de la ONU de origen latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuellar (1982-1991), cuya gestión abarcó el final de la Guerra Fría.


El Secretario General es elegido por la Asamblea General de la ONU, pero a propuesta del Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes tienen poder de veto sobre los postulantes. Este año, por primera vez, los candidatos se sometieron a audiencias públicas en la Asamblea General, presentaron sus propuestas y respondieron inquietudes de los países.


Ahora, entre 12 candidaturas, todas con valiosos antecedentes, mi país –Argentina- postula a su Canciller, Susana Malcorra, de vasta experiencia multilateral.


Después de desempeñarse como Directora del Programa Mundial de Alimentos, Malcorra fue Secretaria General Adjunta a cargo del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de la ONU, para luego convertirse en la Jefa de Gabinete de la Secretaría General.


Justamente, entre los factores que decidirán la elección del nuevo secretario general se destaca el reclamo internacional para que, por primera vez en la historia de la ONU, sea una mujer la que ocupe su cargo más alto, en una organización que lidera la lucha por la igualdad de género.


En la lucha por cada uno de los grandes objetivos de Naciones Unidas -desarrollo, sustentabilidad, paz y derechos humanos- las mujeres han pasado a jugar un rol imprescindible a nivel global y, en muchos casos, han demostrado una importante ventaja como negociadoras de conflictos y magníficas operadoras de un cambio real.


En América Latina y el Caribe, casi el 51 % de sus habitantes (625 millones) son mujeres. En la población económicamente activa, entre 1995 y 2015, ellas pasaron de representar el 44,5% al 52,6% (OIT), y tanto legal como socialmente lograron avances concretos en el ejercicio de sus derechos.


En particular, América Latina exhibe una reciente, pero muy rica, tradición de mujeres que han ejercido el poder diplomático. Actualmente, un tercio de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) son mujeres. Es el fiel reflejo de una intensa participación política femenina en una región que ha dado 10 presidentas en apenas cuatro décadas.


La región siente además, con razón, que le ha llegado el turno de volver a expresar su representatividad a través de la Secretaría General que una vez ejerció Pérez de Cuéllar.


Desde 1948, hubo cuatro Secretarios Generales europeos (Gladwyn Jebb, Trygve Lie, Dag Hammarskjöld y Kurt Waldheim), dos africanos (Boutros Ghali y Kofi Annan) y dos asiáticos (U Thant y Ban Ki-moon). Sin embargo, la cuestión excede ampliamente la representatividad geográfica.


Entrado el siglo, el mundo busca un nuevo balance geopolítico en el que todo el Hemisferio Sur impone el peso de su potencial de recursos naturales y humanos para el futuro de la Humanidad delineado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la pobreza extrema como gran prioridad.


Al respecto, según la Cepal, más del 90% de la pobreza mundial se concentra en los países de renta baja, con poblaciones jóvenes de crecimiento rápido, como América Latina, mientras más de tres cuartas partes del crecimiento se generan en países de renta alta con tasas de fertilidad mucho menores.


En consecuencia, todo el Sur -nuestra región incluida- demanda y merece mayor reconocimiento, voz y participación en las grandes decisiones internacionales que pueden revertir el panorama heredado del Siglo XX.


Un elemento básico que determina esa nueva articulación del mapamundi es el demográfico. La población mundial superó los 7.200 millones de habitantes (sumará otros 2.000 millones para 2050) y la mayor parte del crecimiento corresponde a regiones menos desarrolladas.


Nuevamente, la mujer aparece sub representada en los ámbitos de decisión, considerando que conforman el 52% de la población mundial. Las más altas instancias del poder multilateral necesitan responder a esa realidad.


Por otra parte, América Latina, como África y Asia, se convirtió -y lo seguirá siendo- en el escenario central de la batalla que libra el mundo por un desarrollo que respete el equilibrio del planeta, lejos de la ecuación actual: el 1% de la población reúne el 50% de la riqueza global (Oxfam, 2016).


Semejante desigualdad, un problema que se ha vuelto incluso contra Estados Unidos y Europa, desafía los postulados de desarrollo humano de la ONU.


Quitando el África subsahariana, un caso extremo de hambrunas y guerras, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta (el doble de inequitativa que Escandinavia en el Coeficiente de Gini, 0,50 a 0,25).


Los latinoamericanos probaron durante la última década la eficacia de las políticas públicas de inclusión. Además de atestiguar el problema, pueden aportar su experiencia para contrarrestar la irracionalidad extractiva a expensas del medio ambiente en regiones subdesarrolladas, tanto como la voracidad financiera que sumergió a las grandes potencias en su propia crisis.


En términos cualitativos, la población mundial crece en diversidad étnica, social y cultural, con una dinámica de cambio desconocida. La voz de América Latina, espejo de ese mundo y a la vez prueba de buena convivencia, adquieren mayor relevancia en organizaciones multilaterales como la ONU.


Si el extremismo es otro ítem central de la agenda mundial, la América Latina actual es un ejemplo de cómo sobrellevar las diferencias políticas y religiosas.


Lo mismo puede decirse de su capacidad para superar antiguos conflictos armados, el último de ellos en Colombia, y de asumir pacíficamente los más diversos e intensos flujos migratorios que atribulan a otras regiones.


Con Asia y África, hasta ahora mejor representadas históricamente en la Secretaría General que Latinoamérica, la organización necesita buscar nuevos equilibrios y abandonar la lógica Centro-Periferia que dominó todo el Siglo XX.


En ese sentido, el potencial de América Latina y, en particular, el de sus mujeres le ofrecen a las Naciones Unidas una gran oportunidad de refrescar la perspectiva desde la cual mirar el mundo, sus problemas y su futuro en esta decisiva época.


Por Jorge Argüello


Publicado en la agencia EuropaPress, de España


5/8/2016


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