Acnur afirma que es “moralmente inaceptable” reducir las llegadas de migrantes sin potenciar las vías legales de entrada, aumentar la ayuda al desarrollo y promover la paz
Frenar la llegada de migrantes se ha convertido en una prioridad para Italia y en uno de los rompecabezas más dolorosos de Europa. Pero, ¿a qué precio? Las políticas puestas en marcha por Roma y Bruselas, que pasan por regular las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterráneo y brindar recursos al débil Gobierno de Trípoli y formación a su guardia costera, han acabado en el punto de mira de dos expertos independientes de Naciones Unidas. El chileno Felipe González Morales y el suizo Nils Melzer, relatores para los derechos humanos de los migrantes y tortura, han denunciado que la UE está actuando “en contravención con la obligación de rescatar a las personas en peligro”, lo que se traducirá “en más muertes de migrantes en el mar“, que este año ya han superado las 2.200 en el Mediterráneo central, según la Organización Internacional de las Migraciones.
“El nuevo plan de acción de la UE […] condena a las personas a enfrentarse a nuevas violaciones de los derechos humanos en Libia”, reza un duro comunicado publicado la semana pasada y firmado por los dos expertos. González explica que vulnera en primer lugar el principio de no devolución, según el cual no se puede retornar a una persona a un país que no sea seguro. “En Libia se corren serios riesgos de tortura y maltrato, detención en condiciones inhumanas y abusos sexuales para las mujeres”, mantiene en conversación telefónica. “Los Estados tienen derecho a controlar la inmigración y dependiendo de las circunstancias pueden cambiar sus políticas, pero no lo pueden hacer con cualquier medio; ellos mismos se han impuesto ciertos estándares que están incumpliendo”, lamenta.
Bruselas matiza que salvar vidas en el Mediterráneo es una de sus “prioridades” y que “la UE provee fondos y trabaja en cooperación con varias agencias de la ONU”. “Las conclusiones de los expertos no expresan necesariamente el punto de vista del organismo”, matiza un portavoz de la Comisión Europea, y añade que Bruselas trabaja para “aumentar las vías legales hacia Europa para aquellos que necesiten protección internacional”. Pero los resultados no se han visto todavía, como ha recordado Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados). “Reducir el número de refugiados y migrantes que llegan a Europa sin intensificar el establecimiento de la paz, el desarrollo, caminos seguros es moralmente inaceptable”, ha comentado en su cuenta de Twitter.
Las críticas vienen de varios frentes. Italia ha aprobado, entre polémicas y con el beneplácito de la UE, un código de conducta que regula las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterráneo. Las organizaciones humanitarias denuncian que estas normas buscan reducir el número de salvamientos y alejar sus embarcaciones de las aguas libias.
“Lo que se está haciendo con las ONG es parte del problema”, analiza González. “Hay que crear vías seguras para los migrantes”, continúa, “como la concesión de visados, la creación de mecanismos adecuados para quienes piden asilo o la regularización de la migración indocumentada”.
Mattia Toaldo, investigador del European Council on Foreign Affairs, explica que las políticas de Bruselas podrían convertir a Libia en un lugar donde miles de personas se queden “atrapadas”. “Lo mismo que ha ocurrido en Grecia con el cierre de esa ruta [de los Balcanes]”, ejemplifica, “pero es sabido que Libia no es un país seguro para los migrantes”.
En lo que va de año, las llegadas a Italia se han reducido en un 6%, tras una abrupta caída a partir del mes de julio. El vicepresidente de la Cámara de los diputados italiana, Luigi di Maio (Movimiento 5 Estrellas), atribuyó este descenso a la presión que su partido ha hecho contra “los taxistas del mar”, como él mismo definió a las ONG que operan en el Mediterráneo. “Hay que tener cuidado: no se sabe si este descenso seguirá en el largo periodo”, alerta Toaldo. “¿Qué harán los traficantes en lugar que mandar pateras llenas de migrantes? ¿Serán suficientes las ayudas europeas?”, se pregunta. Un reciente artículo publicado por Reuters denuncia que grupos armados están frenando las salidas de barcos de migrantes en la ciudad de Sabratha, al oeste de Libia.
Mientras, las llegadas a España por mar han repuntado en más de un 100% hasta mediados de julio, y en el sur de Italia han empezado a aparecer pequeñas embarcaciones abandonadas en lugares poco concurridos. “Hay que reubicar a los migrantes y refugiados que llegan a Italia y Grecia en el resto de países europeos”, insiste González, “porque los flujos migratorios no se pueden parar”.
La provincia, rica en petróleo, es objeto de disputa entre el Gobierno de Bagdad y el autónomo de Erbil
La Asamblea Provincial de Kirkuk ha decidido este martes que esa provincia de Irak participe en el referéndum de independencia convocado por la vecina Región Autónoma de Kurdistán para finales de septiembre. De los 26 diputados presentes, 24 han votado a favor (en su mayoría kurdos) y dos se han abstenido, aunque faltaban 15 miembros, ya que los representantes árabes y turcomanos han boicoteado la sesión. El resultado refleja la complejidad étnica de Kirkuk, una provincia rica en petróleo que la Constitución sitúa bajo control de Bagdad, pero los kurdos reclaman como propia y cuyo control ejercen en la práctica desde que la defendieron del avance del Estado Islámico (ISIS) en junio de 2014.
“Hoy es un día histórico”, ha declarado Ahmad Askari, jefe en la Asamblea de la Unión Islámica Kurda (un partido asociado con los Hermanos Musulmanes) que defendía la moción, citado por el portal de noticias Rudaw. Askari, que ha pedido a las autoridades kurdas que inicien cuanto antes los preparativos para el referéndum del 25 de septiembre, ha explicado el resultado favorable porque “Kirkuk es una parte inseparable de Kurdistán”.
En realidad, esa provincia cuyo subsuelo guarda una décima parte de las reservas de petróleo de Irak, es el principal de los “territorios en disputa” entre el Gobierno central y el autónomo. Los kurdos llevan reclamando Kirkuk desde el derribo de Saddam Husein en 2003. Sin embargo, la que ellos consideran su capital histórica, es también reclamada por árabes y turcomanos, y cuenta además con una pequeña minoría asiria (cristianos). Imposible establecer el peso demográfico de cada grupo (el último censo en 1957 cifraba en 178.000 los kurdos y poco más de 100.000, el resto). Los kurdos denuncian la arabización del siglo pasado y todos los demás, la influencia kurda de la última década.
De ahí, el boicoteo de árabes y turcomanos a todo lo que tenga que ver con el referéndum. No obstante, junto a los islamistas kurdos también han votado a favor de participar en la consulta tres diputados árabes, dos turcomanos y uno cristiano. Aunque los dirigentes de esas comunidades temen la absorción kurda, algunos de sus integrantes ven ventajas a la protección que les proporcionan los Peshmerga (soldados kurdos), tras la espantada que protagonizó el Ejército iraquí ante el avance del ISIS hace tres años.
Desde Bagdad se ha tachado la decisión de “ilegal e inconstitucional”. Kirkuk, recordaba Saad al Hadithi, portavoz del primer ministro, no pertenece a la región autónoma y, por lo tanto, “no puede tomar ese tipo de decisiones sin aprobación del Gobierno federal”. Pero la realidad es que ese mismo Gobierno tampoco ha cumplido el mandato de la Constitución de 2005 de organizar un referéndum para resolver la cuestión de los territorios en disputa antes de finales de 2007. Para las autoridades de Erbil—capital de Kurdistán iraquí—, la Carta Magna proporciona amparo legal a la consulta que están organizando.
En principio, ni es vinculante ni hay dudas sobre cuál va a ser el resultado. La independencia es una vieja y firme aspiración de los kurdos que sus dirigentes han contenido debido a la enorme oposición que genera en los países vecinos (y de EE. UU.). La existencia de importantes comunidades kurdas en Irán, Turquía y Siria hace temer un efecto contagio. Además, un Kurdistán independiente carecería de acceso al mar, por lo que su viabilidad depende de las buenas relaciones con su entorno.
Pero más allá de cuestiones legales y geoestratégicas, el referéndum constituye un pulso entre Erbil y Bagdad por el reparto del presupuesto nacional. A principios de 2014, el Gobierno central suspendió sus trasferencias al regional kurdo por el empeño de éste en vender directamente el petróleo que obtiene en su territorio, lo que puso a Erbil en una situación muy difícil al no poder abonar los salarios de sus funcionarios. La disputa sólo se desbloqueó parcialmente cuando Bagdad aceptó que Kurdistán exportará directamente parte de su petróleo, ante la necesidad de contar con su ayuda para hacer frente al ISIS.
Muchos observadores ven en la consulta una “carta política” con la que el presidente kurdo, Masud Barzani, buscaría oficializar su control de los campos de petróleo del oeste de Kirkuk, reforzando a su formación política, el Partido Demócrata de Kurdistán (PDK), frente a sus socios de Gobierno, pero rivales políticos, de la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK). “Es también una forma de distraer a los kurdos de los fracasos del Gobierno autónomo”, señalan fuentes de Gorran, un partido kurdo de oposición, que recuerdan que Barzani ha extendido su mandato sin pasar por las urnas en dos ocasiones desde 2009 y el Parlamento no se ha reunido desde 2015. El próximo noviembre están convocados comicios legislativos y presidenciales.
La canciller alemana acusa a los países de la UE de “no hacer los deberes” en la crisis de los refugiados
La idea de que la eurozona necesita una reforma profunda que permita afrontar futuras crisis va cobrando forma en Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, ha aprovechado su tradicional conferencia de prensa de verano para detallar hasta dónde está dispuesta a llegar la mayor economía de la zona euro en el apoyo a las reformas que defiende París para reflotar la Unión en tiempos de eurofobia, Brexit y cisma trasatlántico. Y para ello, puso de ejemplo a España, un país que según Berlín ha aplicado reformas, pero que para evitar sobrepasar los límites de déficit ha recortado en sectores como la educación, que por naturaleza merman la competitividad.
Merkel respondió durante más de hora y media a las preguntas de decenas de periodistas que este martes abarrotaron el centro de prensa de Berlín. La comparecencia se produce a un mes escaso de unas elecciones en las que la canciller parte como clara favorita. El escándalo del dieselgate, la política de refugiados, o las maltrechas relaciones con Turquía fueron los temas que dominaron una comparecencia, en la que la canciller se mostró risueña y negó que la campaña sea tan soporífera como la pinta la prensa. “A mí me está pareciendo muy interesante”, dijo sin aparente sorna.
Merkel es consciente de que los estragos financieros en la zona euro han alimentado los populismos eurófobos que ponen en peligro la propia superviviencia del proyecto europeo y que por lo tanto ha llegado el momento de actuar de la mano de Francia. “Queremos demostrar al mundo que somos capaces de resolver los problemas financieros dentro de la eurozona y reaccionar a situaciones inesperadas”, declaró la canciller para después detallar qué tiene en la cabeza cuando habla de reforma de la zona euro.
Merkel defendió la creación de un presupuesto europeo que ayude a los países que llevan a cabo dolorosas reformas y amplíe su capacidad de gasto. Siempre cuando eso sí, se trate de un proyecto modesto que no suponga necesariamente una mayor integración europea. “Desde un principio me he mostrado a favor. No se trata de un presupuesto de cientos de miles de millones, sino de cantidades pequeñas para que los países que hagan reformas puedan tener más margen del que les ofrece el Pacto de Estabilidad. Y puso el ejemplo de España. La canciller alemana dijo que “España ha implementado una serie de reformas como el recorte en investigación y las universidades que por su naturaleza no son beneficiosas para la competitividad del país. Un fondo europeo serviría para ayudar en la fase de reformas”.
Los votantes alemanes no quieren ni oír hablar de la llamada mutualización de la deuda. Es decir, no quieren que sus impuestos acaben pagando las deudas de países que del sur de Europa que a sus juicio no hacen los deberes. Un periodista le preguntó a Merkel durante la comparecencia si no pensaba explicarle a los votantes antes de las elecciones sus planes de reforma para la eurozona. La canciller le respondió que respalda la idea de su ministro de Finanzas Wolfgang Schauble, que consistiría en ampliar el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo y convertirlo en una especie de Fondo monetario europeo.
La idea sería ampliar el mecanismo a todos los países de la zona euro y no solo a los rescatados para poder prevenir futuras crisis. El mandato, también se podría ampliar hasta el punto de vigilar los presupuestos nacionales. Eso supondría dotar de control presupuestario a un organismo intergubernamental, en el que son los Estados los que toman las decisiones y tiene derecho a veto. Es decir, se evitaría cualquier transferencia de soberanía a Bruselas.
Son numerosas las interpretaciones que flotan sobre qué alcance debería tener ese fondo y qué presupuesto gestionaría. Algo parecido sucede con la idea de nombrar a un ministro de Finanzas y Economía para la zona euro, que Merkel no descartó este martes. “No tengo nada en contra de un ministro europeo, pero tenemos que trabajar la idea con Francia para saber cuáles serían las funciones”, dijo la canciller.
“Reparto justo” de refugiados
La llamada crisis de los refugiados y la gestión de los flujos migratorios fue otro de los temas que acapararon buena parte de la comparecencia de la canciller alemana. El diario sensacionalista Bild publicaba este martes con una cifra según la cual el año que viene habrá 400.000 reunificaciones familiares de refugiados que ya están en Alemania. Controlada la entrada de demandantes de asilo en los últimos meses, las reunificaciones familiares se perfilan como el próximo debate migratorio en Alemania.
La crisis de los refugiados pasó una importante factura política a Merkel, que sin embargo ha dejado aparentemente atrás, a juzgar por su sólida ventaja en los sondeos preelectorales. La canciller volvió el martes a defender su apertura de fronteras en 2015, que ha permitido la entrada a 1,3 millones de demandantes de asilo “fue una decisión correcta e importante”-, pero reconoció que hacen falta mecanismos a largo plazo para regular las llegadas y crear vías seguras que dejen fuera de juego a los traficantes de personas.
Y acusó a los países europeos de no estar a la altura. “Europa no ha hecho sus deberes”, y “no hay voluntad de que haya un reparto justo de refugiados”, dijo la canciller de un país que ha acogido a un número de refugiados infinitamente mayor que la gran mayoría de sus socios europeos.
Ataque “racista” contra una política conservadora
El tono amable de la comparecencia de prensa de Merkel se volvió claramente hostil cuando la canciller se refirió a Alexander Gauland, el cocandidato de la extrema derecha alemana, Alternativa por Alemania (Afd). Merkel, candidata de la conservadora CDU, consideró “racista” el ataque de Gauland a Aydan Özoguz, secretaria de Estado de integración en el Gobierno. El líder de Afd consideró que en Turquía deberían “deshacerse” de Özoguz, una política de origen germanoturco.
Martin Schulz, el candidato socialdemócrata a la cancillería consideró la actitud de Gauland, –ex CDU- “asquerosas” y sostuvo que “hay que hacer todo lo posible para que esos racistas no entren en el Bundestag [Parlamento]”. El deseo de Schulz y el de millones de alemanes, de apartar a Afd de la política alemana se verá probablemente frustrado el 25 de septiembre, el día después de las elecciones. Con cerca de un 8% de intención de voto en los sondeos, Afd tiene muchísimas papeletas de entrar por primera vez en el Parlamento.
by Mohamed Helal [Mohamed Helal is an Assistant Professor of Law, Moritz College of Law & Affiliated Faculty, Mershon Center for International Security Studies – The Ohio State University.]
Wars of Words and Tweets
The recent escalation of tensions on the Korean Peninsula provides an opportunity to reflect on the prohibition on the threat of the use of force. In less than a month, virtually every form of threat of force was either expressed or exercised by the United States and North Korea. Pyongyang precipitated the crisis on July 4th and 28th, 2017 by test-firing ballistic missiles reportedly capable of reaching the contiguous United States. The initial US response was measured. The White House issued a statement affirming that the US “will take all necessary steps to ensure the security of the American homeland and protect our allies in the region.” The US and South Korea also test-fired missiles, including South Korea’s Hyunmoo-2 missile, in response to the North Korean tests. Then, on August 5th, acting under Chapter VII, the UN Security Council adopted resolution 2371. The resolution determined that the situation threatened international peace and security and imposed new sanctions on North Korea.
On August 8th, the war-of-words between the US and North Korea escalated. Echoing President Truman’s warning that Japan would suffer “a rain of ruin” if it failed to surrender, President Trump warned that North Korea would be met with “fire and fury” if it threatened the US. Seemingly undeterred, North Korea announced that it was preparing plans to attack Guam, in response to which President Trump took to twitter to warn that “military solutions are now fully in place, locked and loaded.” The next morning, another Presidential tweet further flexed American military muscle by showcasing the readiness of US Pacific Command’s B-1B bombers based in Guam to execute operations against North Korea.
Meanwhile, in what is either evidence of confusion within the American administration or an exercise of ‘good-cop, bad-cop’ tactics, the US Secretaries of State and Defense issued statements that were less bellicose than the President’s. They expressed Washington’s preference for a diplomatic solution to the crisis and declared that the US was not seeking regime change in North Korea. Shortly thereafter, it was announced that North Korean leader Kim Jong-Un decided to delay plans to strike Guam. The next week, the US and South Korea commenced the annual Ulchi-Freedom Guardian exercises that simulate operations to repel a North Korean attack. Pyongyang condemned these exercises and affirmed that “The Korean Peoples’ army is keeping a high alert, fully ready to contain the enemies. It will take resolute steps the moment even a slight sign of preventive war is spotted.”
The US administration appeared to have interpreted North Korea’s backing down from attacking Guam and the lack of an immediate provocative or forceful response to its joint exercises with South Korea as a conciliatory gesture. President Trump declared that Kim Jong-Un “is starting to respect us,” and Secretary of State Tillerson expressed satisfaction at Pyongyang’s restraint and hinted at the possibility of dialogue with North Korea in the near future. Days later, however, North Korea proved that President Trump’s triumphalism and Secretary Tillerson’s optimism were premature. On Saturday, August 25th, North Korea test-fired several short-range missiles, and then in the early hours of Tuesday, August 29th, it test-fired a longer range missile that overflew Hokkaido, prompting the Japanese government to sound air raid sirens and to instruct civilians to seek shelter. Japanese Prime Minister Shinzo Abe called North Korea’s escalation, which is the third time that North Korea fired missile over Japan, a “reckless action [that is] an unprecedented, serious, and grave threat.” Meanwhile, President Trump declared that “threatening and destabilizing actions only increase the North Korean regime’s isolation in the region and among all nations of the world. All options are on the table.”
The Prohibition on the Threat of Force
Unlike the prohibition on the use of force, the threat of force is an undertheorized area of jus ad bellum. Despite the efforts of some scholars who have written in this area (see notably here), the content of the prohibition on the threat of force is ambiguous. Both the definition of threats of force and the threshold separating legal and illegal threats remain uncertain. Even the few judicial statements on the matter have left many questions unanswered. As is well known, the International Court of Justice (ICJ) reflected on threats of force on a few occasions, most notably in the Nicaragua Case and in the Advisory Opinion on the Threat and Use of Nuclear Weapons. In both instances, the Court linked the legality of threats of force to the legality of the actual use of force. As it explained in the Nuclear Weapons Opinion: “The notions of ‘threat’ and ‘use’ of force … stand together in the sense that if the use of force itself in a given case is illegal … the threat to use such force will likewise be illegal.”
While this formulation offers some guidance on the content of the prohibition on threats of force, it is insufficiently developed to enable a thorough legal evaluation of the infinite variety of threatening behavior that occurs in inter-state relations. For instance, should threats of force involving weapons of mass destruction be subjected to the same legal standards as threats to use conventional weapons? Does the form of threat matter? In other words, is a physical threat, in the form of, for example, military maneuvers, more serious than a threatening statement, or in the case of North Korea, a photograph or video threatening an attack against the US? How do the principles of necessity and proportionality, which govern the use of force, apply to threats of force? Can force be threatened to preempt armed attacks, or to deter less grave uses of force that do not amount to armed attacks? Can threats be wielded to achieve legally permissible policy objectives that enjoy the support of the international community, such as the denuclearization of North Korea? (For an insightful discussion by James Green and Francis Grimal see: here)
These are some of the issues that are unanswered by existing judicial consideration of the prohibition on threats of force. One possible approach to examine these issues and to reflect on the legality of threats, such as those recently exchanged between the US and North Korea, is to construct an escalating scale that includes three levels of threats: (1) non-coercive threats, (2) demonstrations of force, and (3) prohibited threats of force.
An Escalating Scale of Threats
Non-Coercive Threats
This category is legally unproblematic. Not every hostile statement, menacing act, or antagonistic policy constitutes a prohibited threat of force. It is widely recognized that Article 2(4) of the UN Charter prohibits threats of armed force. This means that the non-coercive tools of diplomacy employed by states to affect the policies of their adversaries, or even their allies, such as political and economic pressure or diplomatic censure, broadcasting propaganda, unilateral or multilateral sanctions, trade, travel, and arms embargoes, are not affected by the prohibition on threats of force.
Demonstrations of Force
Demonstrations of force have many forms. These include troop movements, mobilization, and troop concentrations or constructing military bases, including in areas bordering an adversary; putting the armed forces on heightened alert; conducting military exercises, including using live ammunition; increasing defense budgets; developing weapons systems and conducting tests of conventional and/or unconventional weapons.
Demonstrations of force are the most challenging category of threats of force. In addition to jus ad bellum, these activities are governed, inter alia, by arms control agreements, environmental law, the law of the sea, and bilateral peace treaties. Thus, while the latest North Korean missile test of August 29th 2017 that overflew Japan was not a prohibited threat of force, which is discussed below, it violated the sovereignty of Japan over its maritime and territorial airspace. Also, in some cases such as North Korea, there are Security Council resolutions that prohibit demonstrations of force such as nuclear detonations and missile tests. Determining the legality of demonstrations of force is also challenging given the endless purposes that they serve. These include: demonstrating a WMD first or second strike capability, signaling the credibility of conventional and unconventional deterrents, showcasing force-projection abilities, reinforcing a commitment to a mutual defense treaty, displaying force readiness, rejecting certain policies of adversaries (think of US naval operations in the South China Sea to challenge China’s claims in the area), and training for offensive and defensive operations.
Further complicating discussions on the legality of demonstrations of force is the ambiguity of the political message that these threats are intended to signal. Whatever their form, all demonstrations of force include an element of political messaging. Whether they are routine exercises or exceptional maunvers, demonstrations of force send signals to specific adversaries or to general domestic or foreign audiences, or some combination thereof. Ultimately, whatever the content and political context of that signal, the purpose of demonstrations of force is to affect and shape the policy, preferences, and perceptions of the target state or audience. Demonstrations of force are not merely tools of self-defense and deterrence, but are also an exercise of political influence. As Thomas Schelling put it: “It is latent violence that can influence someone’s choice – violence that can still be withheld or inflicted, or that a victim believes can be withheld or inflicted. The threat of pain tries to structure someone’s motives.”
Given the ubiquity of demonstrations of force in international relations and the general tolerance of such behavior by states, it appears that these forms of threats are not proscribed by international law. (See contra Marco Roscini) Even if they occur in the context of a protracted conflict or a hostile relationship, as long as demonstrations of force do not rise to the level of prohibited threats of force such as ultimatums, which are discussed next, it appears that these practices are generally permissible. This is supported by the brief discussion in the Nicaragua Case on a series of acts and statements that constitute demonstrations of force. Although the Court did not use the label ‘demonstrations of force’, it examined the legality of US military exercises with the Honduran army close to the Nicaraguan border and US naval maneuvers involving thousands of troops, which led the Nicaraguan government to put its armed forces on alert. The ICJ also examined what it termed “the militarization of Nicaragua” through increasing arms purchases. The Court found that neither of these demonstrations of force constituted impermissible threats of force. The US exercises and maneuvers, which took place amidst a hostile relationship between Washington and the Sandinistas, did not violate of the prohibition on the threat of force, and Nicaragua’s arms-buildup was not illegal because there are no general rules “whereby the level of armaments of a sovereign State can be limited.”
Prohibited Threats of Force
A prohibited threat of force is a clear act or an unambiguous statement that communicates an intention to use armed force unless a specific demand, that is impermissible under international law, is met. (See Oscar Schachter here p.1625) This definition of a prohibited threat of force is akin to ultimatums, which were a widely wielded instrument in the pre-Charter era. (See here)
Defining prohibited threats of force in this manner is supported by the observations of the ICJ in its Nuclear Weapons Advisory Opinion. The Court stated that “whether a signalled intention to use force if certain events occur is or is not a ‘threat’ within Article 2, paragraph 4, of the Charter depends upon various factors.” It is noteworthy that the Court used the term “signaled intention to use force” and later in the same paragraph, the phrases “stated readiness” and “declared readiness” to use force, to describe threats falling within the ambit of Article 2(4). This suggests that the ICJ sought to exclude implicit threats, ambiguous signals, and menacing behavior that is intended to relay political messages without amounting to a clear and unambiguous sign of an intention to use force, which are hallmarks of demonstrations of force. Moreover, the phrase “whether a signalled intention to use force if certain events occur” indicates that not only should there be a signaled, stated, or declared readiness to use force, but that this threat should be accompanied with a specific demand which if not fulfilled would lead to the use of force. Finally, by requiring that this demand be impermissible under international law, the aforementioned definition allows for threats of force in situations where the actual use of force would be lawful, such as self-defense against an armed attack or against an occupation or to enforce a Chapter VII Security Council resolution. (See Dino Kritsiotis here)
Determining the legality of threats of force will always depend on their political context and strategic circumstances. This is because the threshold between permissible demonstrations of force and prohibited threats is not a bright-line. States rarely issue unequivocal ultimatums of the kind made by George Bush against Saddam Hussein on the eve of the invasion of Iraq. More often, states express positions or adopt physical postures that, in combination with other statements or policies, could constitute a prohibited threat, even if the determination to use force remains ambiguous or equivocal. One example of this is US National Security Adviser H.R. McMaster’s threat of “preventive war” against North Korea if it develops the capacity to deliver nuclear weapons to the US. Although not phrased as a clear ultimatum – “relinquish your nuclear weapons, or else” – explicitly threatening preventive war to denuclearize North Korea, which if executed would constitute an illegal use of force, potentially amounts to a prohibited threat of force.
Conclusion
Viewed on this escalating scale of threats, it appears that the recent war of words, tweets, videos, missile tests, and military maneuvers between the US and North Korea did not, for the most part, involve prohibited threats of force. These acts and statements appear to be demonstrations of force that each party used to communicate political messages to its adversary and to affect its strategic calculus. Finally, I should note that it is not my intention to extoll the value of demonstrations of force as a tool of statecraft or to underestimate the dangers of this practice, especially in a context that involves nuclear weapons and unpredictable leaders. Nonetheless, we do live in an anarchic international system in which violence is pervasive and where threats of force perform an important, if regrettable, function in inter-state relations, and it appears that international law reflects this unfortunate reality.
“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting” – Sun Tzu
Las peticiones de protección internacional de ciudadanos venezolanos son las más numerosas
Latinoamérica se ha convertido en la mayor fuente de solicitantes de asilo en España. De las 13.730 peticiones recibidas el primer semestre de 2017, más de la mitad (unas 7.600) fueron presentadas por ciudadanos de aquella región, según Eurostat, y reclaman protección internacional porque se consideran perseguidos o huyen de un conflicto. Esta cifra se ha cuadruplicado en comparación con los primeros seis meses de 2016 y en esta ocasión —como hace un año— los venezolanos representan el grupo más numeroso, con 5.015 demandas. Les siguen colombianos, salvadoreños y hondureños.
Mientras las solicitudes de los que huyen de la guerra en Siria y del conflicto en el este de Ucrania con Rusia se han mantenido estables en el primer semestre, las demandas presentadas por ciudadanos de América Latina han experimentado un incremento.
Este repunte se refleja también en las cifras totales de refugiados en España —que en los primeros seis meses de 2017 ya casi alcanzan las 15.755 solicitudes registradas a lo largo de todo 2016, según los datos de Eurostat sobre peticiones presentadas por primera vez— y van a contracorriente respecto al conjunto de Europa, que está experimentando una disminución. De acuerdo con los datos provisionales de Acnur (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), las solicitudes son aún más: calcula que España recibió 14.200 solicitudes de protección internacional hasta junio.
Pero la burocracia va más lenta que los solicitantes. A junio de 2017, en España había 28.250 solicitudes de asilo pendientes de resolución, según Eurostat. Aunque la tasa de admisión haya aumentado respecto a los años anteriores (impulsada las aceptaciones de sirios), la congestión provoca que los plazos de espera para que el solicitante obtenga una respuesta (positiva o negativa) se dilaten. Un ejemplo simple y esclarecedor: pese a la avalancha de solicitudes de venezolanos en 2016, España solo decidió sobre cuatro peticiones. Aceptó las cuatro.
Venezuela ya fue el país que hizo más peticiones el año pasado en paralelo al creciente deterioro de la situación social, política y económica del país. En 2016, les siguieron los sirios. A junio de 2017, las demandas de protección internacional de los que huyen de Venezuela ya eran más que todas las registradas en 2016, cuando presentaron unas 4.200. Una economía asfixiada y el aislamiento internacional complican aún más la situación de una población que lleva meses con dificultades para acceder a los recursos más básicos, como medicinas y alimentos, y cuya diáspora ya es un hecho consolidado.
El año pasado, 34.000 venezolanos salieron del país en busca de protección internacional en el extranjero, según Acnur; en el primer semestre de 2017 las solicitudes de asilo ya alcanzaban las 32.000 en todo el mundo. Estados Unidos ha sido el principal país receptor de peticiones de refugio por parte de venezolanos hasta junio de 2017, con más de 15.000 demandas. Según datos facilitados por el organismo multilateral, le siguen Brasil (8.000), España (5.000), México (1.400), Costa Rica (1.300) y Perú (900).
“También hay que tener en cuenta que los venezolanos que salen del país no necesariamente solicitan asilo”, matiza William Spindler, portavoz de Acnur en Ginebra. “Los que lo hacen solo representan una porción, ya que en muchos países latinoamericanos pueden entrar sin visado aunque su situación sea merecedora de recibir protección”. Desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, más de dos millones de personas han abandonado el país, según cálculos del Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana.
Éxodo por la violencia
El repunte de solicitudes por parte de colombianos ha sido aún más marcado: hasta junio de 2017 han llegado 1.085 peticiones a España, cinco veces más que durante los primeros seis meses del año pasado. “Pese al proceso de paz [que ha puesto fin a medio de conflicto de las FARC contra el Estado], hay todavía mucha violencia, y estos datos están reflejados por el aumento de desplazados internos”, explica el portavoz de Acnur. “Los perfiles de las personas que piden asilo es variado, pero hay desde quienes alegan persecución por motivos políticos, como jueces, abogados, defensores de derechos humanos, sindicalistas a otros que han salido del país huyendo de la extorsión”, agrega María Jesús Vega, portavoz de Acnur en España.
La violencia es también el detonante del éxodo de centroamericanos: las demandas de ciudadanos de Guatemala, Honduras y Salvador —los países con mayores tasas de asesinatos del planeta— se han duplicado en tan solo una década, hasta las 32.000 personas en 2015 en el mundo.
Las peticiones presentadas por salvadoreños en España fueron 620 en el primer semestre de 2017 (180 en el mismo periodo de un año antes) y por hondureños fueron 510 (155), según Eurostat. El alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, está de viaje por Centroamérica para reunirse con los jefes de Estado de la región.
Guterres teme una catástrofe humanitaria en el enclave palestino por las restricciones impuestas Israel y Egipto
En su primera visita a Gaza desde que accedió al cargo en enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado este miércoles el levantamiento del bloqueo a la Franja impuesto por Israel y secundado por Egipto desde hace una década. “Estoy profundamente conmovido por esta visita”, dijo en una escuela gestionada por su organización en Jabalya, al norte del enclave. “Desgraciadamente, soy testigo de una de las crisis humanitarias más dramáticas que he visto en mucho años”, aseguró Guterres, quien entre 2005 y 2015 estuvo al frente de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Es importante abrir este territorio clausurado”, advirtió, citado por France Presse.
Dos millones de personas se agolpan en los 360 kilómetros cuadrados de la franja costera mediterránea. El 70% sobreviven gracias a la ayuda internacional, fundamentalmente aportada por la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Guterres se reunió durante su gira con notables de los clanes palestinos de Gaza, pero no se entrevistó con líderes de Hamás, grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Decenas de manifestantes le recibieron en el paso fronterizo de Erez con una pancarta en la que se leía: “Bienvenido a la mayor prisión del mundo”, así como con gritos a favor de los presos palestinos en las cárceles de Israel.
El movimiento islamista Hamás, que resultó vencedor en las elecciones legislativas de 2006, se hizo con el poder al año siguiente tras desalojar por la fuerza al partido nacionalista Fatah, encabezado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Desde entonces se han sucedido tres guerras entre Hamás e Israel, la última de las cuales, que duró 50 días en el verano de 2014, causó la muerte de 2.200 palestinos en la Franja (dos tercios de ellos civiles) y de 73 israelíes (67 de ellos soldados).
Israel ha impuesto un estricto bloqueo terrestre y marítimo al enclave para prevenir el rearme de las milicias islamistas y sus ataques con cohetes contra poblaciones israelíes cercanas. El Ejército egipcio controla férreamente la única salida a través de su frontera por el paso de Rafah, que en lo que va de año solo ha permanecido abierto durante 16 días. Para los civiles gatazíes, el bloqueo implica una restricción casi total de las salidas al exterior y la bancarrota de su economía.
El Banco Mundial considera que la tasa de paro de la Franja, el 45%, es la más alta de sus registros. El suministro de energía eléctrica llega menos de cuatro horas al día a los habitantes de Gaza, que además sufren la contaminación del 90% de los acuíferos.
El secretario general de la ONU llamó también a la unidad a las facciones palestinas. “La división solo contribuye a socavar la causa del pueblo”, advirtió. El Gobierno de Abbas, con sede en Ramala (Cisjordania), ha redoblado en los últimos meses la presión económica sobre la Administración de Hamás en Gaza para que ceda el poder que ejerce de facto en la Franja.
El recorte del envío de fondos se ha traducido en un incremento de los apagones y en una rebaja salarial para miles de funcionarios. Los enfermos también han sufrido una drástica reducción de los medicamentos disponibles y de los tratamientos que pueden prestarse en hospitales situados fuera de la Franja. La ONU ha alertado de que el territorio palestino se enfrenta a un colapso de sus servicios vitales y es previsible que resulte inhabitable en 2020.
Antes de viajar a Gaza, Guterres recorrió desde el aire en un helicóptero del Ejército israelí la frontera del territorio. También descendió a un túnel descubierto por los militares bajo la línea divisoria con el pretendido objetivo de lanzar ataques contra poblaciones vecinas. El responsable de Naciones Unidas se reunió además con residentes del kibutz Nahal Oz, adyacente a la barrera de separación —muros de cemento, vallas metálicas y rejas—erigida por Israel en torno a la Franja.
El informe final de la Comisión de Derechos Humanos acusa a las fuerzas de seguridad de provocar la muerte de 46 manifestantes
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha apuntado a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela. El organismo ha presentado este miércoles un informe detallado, del que ya ofreció un avance hace unas semanas, sobre las violaciones y abusos de derechos humanos en el país entre el 1 de abril y el 31 de julio.
“La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas en un periodo en el que murieron un total de 124 personas.
De estas muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país. El informe definitivo presentado este miércoles recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.
El organismo destaca “varios casos de desapariciones forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas. Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU. El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción. Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Husein, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que la democracia en Venezuela “apenas está viva, si todavía está viva”. Nicolás Maduro “fue elegido por la gente”, reconoció Al Husein ante la prensa en Ginebra, pero las recientes acciones del Gobierno dan “la sensación que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado”.
Ante la constatación de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
Sesión académica a cargo de Milan Rocén, ex Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea de Montenegro, organizada por el Comité de Asuntos Europeos
Milan RocénEx Ministro de Asuntos Exteriores (2006-2012). Egresó como Licenciado en Periodismo en la Universidad de Belgrado. Fue colaborador y Presidente del Comité Central de la Liga de Comunistas de Montenegro. Desde 1988 hasta 1992 prestó servicios en la Embajada de la República Federal de Yugoslavia en Moscú. Ejerció como Consejero de Política Exterior del Primer Ministro y del Presidente de la República de Montenegro (1997-2003). Fue Embajador del Estado Conjunto de Serbia y Montenegro en Rusia y Embjador concurrente en Kazajstán, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Participó como Director General de la Campaña para el Referéndum y como Coordinador de la Jefatura Central del Bloque para la Independencia de Montenegro. En el 2006 es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Fue un activo participante en las negociaciones sobre el Acuerdo de Belgrado entre Serbia y Montenegro. Es el Fundador de la Escuela Diplomática de Verano “Gavro Vuković”
Javier Solana was EU High Representative for Foreign and Security Policy, Secretary-General of NATO, and Foreign Minister of Spain. He is currently President of the ESADE Center for Global Economy and Geopolitics, Distinguished Fellow at the Brookings Institution, and a member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on Europe.
MADRID – Para ilustrar la complejidad de los Balcanes, qué mejor que recordar a uno de sus hijos pródigos: el físico e inventor Nikola Tesla (1856-1943). Nacido en una localidad perteneciente actualmente a Croacia, pero en el seno de una familia serbia ortodoxa, la nacionalidad de Tesla sigue siendo objeto de debate en la región. Tanto en Croacia como en Serbia hay quienes pretenden apropiarse de su figura, haciendo un flaco favor a su legado ideológico. Y es que Tesla abogó por servirse de los avances científicos para tender puentes entre naciones y, en última instancia, alcanzar la paz universal.
Incluso las contribuciones de Tesla al campo de la física, que le valieron el honor de que la densidad de flujo magnético se mida internacionalmente en teslas, parecen destinadas a evocar las dinámicas que caracterizan a su tierra natal. Como apuntó hace unos meses la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, los Balcanes se prestan a ser el escenario de grandes juegos de poder. Esto se debe a que son muchas las potencias que proyectan su magnetismo hacia la región, en virtud de vínculos económicos, políticos, históricos y culturales que se entrecruzan.
Después del rotundo fracaso que supusieron las Guerras Yugoslavas para la UE, su prioridad fue promover la reconstrucción y la reconciliación, tratando de abarcar con su campo magnético a todo el territorio de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, esta estrategia ha producido resultados asimétricos y, por el momento, Eslovenia y Croacia son los dos únicos Estados posyugoslavos que han conseguido ingresar en la UE.
Si bien la UE ya ha incorporado a algunos países de mayoría ortodoxa (como Grecia, Bulgaria y Rumanía), el que en el espacio posyugoslavo aún no se haya extendido más allá de los países mayoritariamente católicos refuerza una narrativa contraproducente. Cabe recordar que el apresurado reconocimiento de Eslovenia y Croacia por parte de Alemania y el Vaticano en 1991-1992 ya contribuyó a alimentar la retórica de “choque de civilizaciones” que Samuel Huntington desarrolló poco después. Huntington tomó las Guerras Yugoslavas como ejemplo de su simplista paradigma civilizatorio, que le lleva a trazar una línea divisoria entre el “cristianismo occidental” –el catolicismo y el protestantismo— y el resto de religiones europeas.
Tanto Eslovenia como Croacia reivindican que los Balcanes Occidentales en su totalidad se incorporen a la Unión. No obstante, ciertas cuestiones de carácter bilateral han obstaculizado los avances, como ya ocurrió durante el proceso de adhesión de Croacia, que Eslovenia bloqueó temporalmente aprovechando su condición de miembro de la UE. Además, algunos males que han aquejado recientemente a la propia UE –como la crisis económica y el auge de partidos políticos xenófobos— han hecho más difuso el halo de inevitabilidad que rodeaba a su ampliación hacia los Balcanes. En 2014, el Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker descartó que se produzcan nuevos ingresos antes de 2019.
Mientras tanto, los Balcanes Occidentales están sufriendo una preocupante involución en términos democráticos. Potencias muy influyentes en la región como Rusia y Turquía se están erigiendo en modelos a seguir, al igual que una Hungría cuya deriva autoritaria la UE no ha sido capaz de frenar.
La relación que mantienen Serbia y Rusia resulta especialmente llamativa. En 2014, el Presidente Putin llegó a afirmar en una visita a Belgrado que “Rusia, como en el pasado, siempre verá a Serbia como su aliado más cercano”. Más allá de los lazos culturales existentes y de la dependencia serbia de energía rusa, el que Rusia tenga derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU resulta fundamental para Serbia, ya que impide que Kosovo se convierta en miembro de las Naciones Unidas. Todos estos factores ayudan a explicar que Serbia no se uniera a las sanciones impuestas por la UE a Rusia en relación con su anexión de Crimea. Tampoco lo hicieron Bosnia y Macedonia, a diferencia de Albania y Montenegro, ambos miembros de la OTAN.
Sería un error ver a los países balcánicos como partículas que se limitan a dejarse atraer pasivamente por los polos magnéticos que les rodean. Serbia, en concreto, se sigue inspirando en la política exterior del mariscal Tito, que durante la Guerra Fría no fue ni mucho menos el aliado más cercano de la URSS, sino que obtuvo grandes réditos de su juego de contrapesos con Washington y Moscú. Oficialmente designada como Estado neutral, Serbia mantiene una estrecha colaboración con la OTAN a través de su Asociación para la Paz, y al mismo tiempo ha acogido recientemente ejercicios militares con el ejército ruso. Aunque el Presidente Vučić se presenta como un firme partidario de la integración europea, por ahora no parece dispuesto a distanciarse de Rusia.
En este nuevo juego de contrapesos participa el otro miembro permanente del Consejo de Seguridad que se opone al reconocimiento de Kosovo: China. Haciendo valer su pujanza económica, China ha invertido millones de dólares en infraestructuras en Serbia y demás países de la región, a la que pretende otorgar un papel preponderante como parte de su “Belt and Road Initiative”. La línea de alta velocidad entre Belgrado y Budapest, cuya licitación está siendo investigada por la Comisión Europea, daría un gran impulso a los planes chinos de conectar el puerto griego del Pireo con Europa Central. Esta investigación es un indicio de que, sin llegar a albergar las ambiciones disruptivas de Rusia, China puede desproveer a los Balcanes Occidentales de incentivos a converger con el modelo institucional que Bruselas aspira a fomentar.
A pesar de todo ello, la UE sigue ocupando una posición ventajosa. Resulta revelador que los Balcanes Occidentales (dejando de lado a Croacia) desarrollen el 74% de su comercio extrarregional de bienes con la UE, por solo un 6% con China, un 5% con Rusia y un 4% con Turquía. Los múltiples retos existentes no deben llevar a la UE a diluir su estrategia sino a revaluar su proyecto, tanto de puertas adentro como de puertas afuera. El diálogo que se entabló en la Cumbre de los Balcanes Occidentales del mes pasado es bienvenido, siempre y cuando los países que quieren adherirse a la Unión no pierdan de vista la necesidad de emprender transformaciones profundas.
La UE debe estar a la altura de las expectativas que a buen seguro Nikola Tesla depositaría hoy en ella. Es preciso mantener motivados a los amplios sectores de la población balcánica que siguen sintiéndose atraídos por la Unión y por la concordia que se ha vivido dentro de sus fronteras, de la que toda Europa debe tener oportunidad de participar. La UE no está en disposición de garantizar que las nuevas adhesiones vayan a producirse con rapidez y sin contratiempos. Pero sí que está en sus manos asegurar algo más importante: que, cuando estos países lleguen al destino, el recorrido haya merecido la pena.
En el mundo en el que nos toca vivir, las cosas parecen ser a todo o nada. O tenemos un orden liberal global sólido e inmune a los movimientos tectónicos que se van desprendiendo en sus entrañas o tenemos un orden que se cae a pedazos para siempre. O China se convierte en el nuevo fijador de reglas en el sistema internacional o Estados Unidos afianza su papel hegemónico. Algo similar sucede en la región de Latinoamérica. O se es “republicano” o se es “populista”; o se es “neoliberal” o se es “progresista”. O Venezuela explota o todo continúa igual. O el presidente Nicolás Maduro va preso o se perpetúa para siempre en el poder. Tal vez por este motivo parecería existir un temor generalizado en ciertos sectores autodefinidos progresistas por condenar el accionar del gobierno de Maduro, incluso cuando su base principal de apoyo político, las fuerzas armadas, y su accionar en materia de derechos civiles y humanos no encajan con lo que estos sectores predican para sus propios países.
En un contexto antidialéctico, la adhesión a los bandos suele ser fogoneada por formadores de opinión, que se posicionan abierta o implícitamente a favor o en contra de algo, poniendo en relieve la sumatoria de sus intereses, aspiraciones, deseos y temores. Estas dinámicas contribuyen a moldear los componentes de lo que consideremos representa la “realidad” que nos rodea. De esta forma, se vuelve difícil identificar las posiciones intermedias equidistantes.
El presente artículo busca poner en discusión tres debates actuales abordados de forma antidialéctica sobre lo que sucede en el contexto global, hoy presentes en el contexto regional latinoamericano: oeste-este, globalismo-patriotismo, y bilateralismo-multilateralismo. Como podrá apreciarse, la manera en la que estos son presentados podría resultar un tanto grotesca. La intención es abrir la discusión al respecto y reflexionar sobre la situación de Latinoamérica. De ella se desprenden una serie de interrogantes que merecen ser problematizados, especialmente bajo los nuevos parámetros de alta complejidad, indeterminación e incertidumbre que caracterizan a un mundo actual, enojado y ansioso.
Jugando un poco con la aplicación de estas categorías en América Latina, podríamos ver que las mismas tienen un lugar privilegiado en las discusiones en torno hacia dónde se dirige el mundo, cómo ello afecta a los países del subcontinente y, sobre todo, cómo estos últimos se posicionan —proactiva o pasivamente— frente a ese panorama. Como podrá observarse, no resulta demasiado trabajo detectar que la proliferación de blancos y negros tiene su correlato cuando se discute acerca del destino de la región ¿Cómo se expresa? A continuación, se presentan algunas de las interpretaciones polares.
Del oeste al este
En el actual mundo en blanco y negro, el resurgir de la Guerra Fría suele ocupar un papel estelar. Desde la perspectiva de muchos, en realidad, aquella nunca terminó. Sin embargo, se ha agudizado la atención política en la competencia por la definición de reglas del orden internacional. Esta disputa parecería tener en un extremo a Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos y, por el otro, a China y Rusia, secundados por otros como la India o Irán. Obviemos, por ahora, las diferencias entre y al interior de ellos.
Existen quienes argumentan que atravesamos el fin de ciclo de la Pax Americana y que China es el motor de la economía global, algo que se irá progresivamente materializando en su vertiente política. La cuestión es que a China se le suma Rusia que, desde esta perspectiva, estaría capitalizando el “no intervencionismo” trumpiano para ampliar su influencia global ante un supuesto vacío de poder. En este sentido, Venezuela nos brinda un ejemplo del juego de las grandes potencias. Al compás de la implementación de sanciones por parte de Washington a Rusia y de su “no reconocimiento” a la Asamblea Nacional Constituyente electa, Moscú manifestó su “solidaridad con Venezuela y su firme apoyo a su política de prevenir la desestabilización”. Todo tipo de teorías se han acuñado al respecto, desde el bloqueo petrolero de Estados Unidos hasta la intervención militar rusa, con el mercado petrolero como constante telón de fondo.
Aunque la historia de la región se encuentra repleta de ejemplos de pragmatismo, que por supuesto conllevan ideas y subjetividad, la interpretación ideológica de las decisiones políticas y económicas es frecuente y goza de buena salud, cayendo en generalizaciones cuando se analizan las agendas de política exterior. Tal vez por eso las instituciones nunca se dan abasto: no importa cuántas organizaciones sean creadas, con el tiempo termina primando la idea de que no son capaces de actuar cuando hacen falta. Eso hace a los países más vulnerables en su vinculación extraregional. Cuando se habla de posibles instancias de diálogo o mediación con Venezuela: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es descartada por el principio de unanimidad, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por ser considerada una invención bolivariana, la Organización de Estados Americanos (OEA) por estar liderada por Luis Almagro —que ha cerrado todas las alternativas de posicionar a la institución hemisférica como constructora de canales de diálogo— y por incluir a Estados Unidos, la Alianza del Pacífico por ser demasiado liberal, la Comunidad del Caribe por no tener peso político y el Mercado Común del Sur (Mercosur) por estar muy lejos. Ya sea desde su antimadurismo o desde su rechazo a la oposición, no parecería haber un solo espacio con legitimidad para actuar en el país caribeño, lo que deja al país en bandeja para una disputa entre los actores del este y el oeste. Así como se asocia a los países con determinados actores externos, a los cuales suelen también encasillárselos en determinadas categorías de “buenos” y “malos”, también se etiqueta a las instituciones regionales con gobiernos o personas, en lugar de con Estados. Bolivia solo parecería relacionarse con China, la India o Rusia, mientras que Colombia parece estar casada con Estados Unidos. La monogamia no existe en el sistema internacional, pero los estigmas son populares.
Habrá que seguir discutiendo el peso que, más allá del sistema interestatal, tienen las empresas trasnacionales en la región. Algunas interpretaciones sostienen la existencia de un contexto signado por gobiernos débiles, que deben lidiar con contextos internos convulsionados, que poseen poca capacidad de liderazgo y de proyección y que han depositado gran parte de sus esperanzas de crecimiento económico en la inversión y el comercio exterior. Así, las potencias del oeste y del este contarían en Latinoamérica con un fértil camino para amplificar sus operaciones estratégicas. Otros, en cambio, consideran que el contexto actual permite abrir la oportunidad a la profundización de los proyectos autonómicos, tal como sucedió en la época de George W. Bush y de construcción de la Unasur. Incluso cuando seguramente se trata de un poco de cada cosa, la necesidad de elegir entre una u otra opción se torna un postulado irreverente.
Globalistas y patriotas
Una segunda cuestión que suele polarizar interpretaciones está relacionada con la globalización, con la posglobalización o la antiglobalización, dependiendo desde donde se la mire. En general, el mayor problema suele estar vinculado en la identificación de los supuestos ganadores y perdedores de esos fenómenos. El debate globalización-patriotismo cobra un sentido particular en Latinoamérica. Comúnmente, los globalistas suelen ser definidos como liberales, es decir, de derecha-neoliberales en clave regional. Mauricio Macri en Argentina o Pedro Pablo Kuczynski en Perú podrían encajar en este tipo de categorización. Se les suele asociar como representantes de los grandes capitales en la región. Por su parte, el patriotismo tiene también una etiqueta propia. Muchos de los gobiernos del “giro a la izquierda” latinoamericano de principios del siglo XXI se autodefinieron como patrióticos, progresistas e integracionistas. La patria era (o es) asumida, en gran medida, como la “patria grande”. Estos también suelen ser estigmatizados con diferentes etiquetas, que van desde comunistas hasta populistas, conceptos que son considerados como una especie de insulto por parte de quienes generan esas percepciones. Aquí entrarían Nicolás Maduro, Lenin Moreno o Evo Morales, da igual la diferencia entre ellos. Con este tipo de acciones se busca cerrar la discusión de manera dicotómica: existen los buenos y los malos.
¿De qué manera se visualiza esta polarización en el contexto actual? Sin distar demasiado de lo que sucede en la arena internacional, están quienes defienden que la globalización ha contribuido a profundizar los niveles de interdependencia entre las economías de Latinoamérica, así como a acelerar la circulación de la información y los procesos de difusión cultural. El futuro trae bajo el brazo una serie de avances tecnológicos que revolucionarán positivamente la región, fundamentalmente vía la inteligencia artificial, las comunicaciones, la automatización y la robotización.
Los más descreídos auguran que todas estas dinámicas podrían conllevar beneficios a solo una parte de la región, fundamentalmente la más privilegiada, más capacitada y con mayores recursos materiales y simbólicos. Esto no hace más que intensificar las contradicciones regionales existentes. El problema es que la priorización sistemática de los intereses internos genera también sus propias contradicciones regionales, resultando tarea compleja imaginar cómo pueden converger proyectos autonómicos, arraigados en planes nacionales de desarrollo, industrialistas y redistribucioncitas, con la construcción de coaliciones regionales sustentables en el tiempo. Si cada uno se prioriza a sí mismo, será difícil construir complementariedades. Hoy la región experimenta un nuevo ciclo político y este tipo de construcción regional intergubernamental vuelve a sentir los efectos de la confluencia entre los procesos internos y externos. Las miradas prejuiciosas sobre lo ya existente solo dan muestra de la debilidad de la institucionalidad constituida en torno a ella.
Juntos o atomizados
El tercer eje de debate tiene que ver con las dinámicas en torno a cómo relacionarse con los demás Estados. Si bien, como a nivel global, lo multilateral o lo bilateral siempre han convivido, aunque de manera dispar, lo cierto es que hoy esta discusión ha adquirido nuevas dimensiones. Los bilateralistas insisten en que el multilateralismo es costoso, conlleva largas discusiones sin resultados conducentes, genera burocracias y carece de incidencia. Las negociaciones directas implican todo lo contrario: mayor efectividad y eficiencia, menos burocracias y menos debates interminables. Con estas dinámicas es posible avanzar si se obtiene lo deseado. La manera en la que Argentina y Brasil han bilateralizado el Mercosur va en este sentido. Una mezcla de motivos, que abarcan desde la crítica al funcionamiento de las cancillerías hasta la inoperatividad de las instituciones del bloque, pues justificaron la adopción de tal camino para que los países pudieran “proyectarse al mundo”. Paraguay y Uruguay no se habían quedado atrás, y habían firmado en octubre de 2015 un convenio bilateral sobre sistema de pagos.
Por supuesto que a este análisis le faltan algunas cuestiones. La primera es el poder y la segunda son las asimetrías. Los Estados no suelen estar en condiciones de igualdad a la hora de negociar, y en una bilateral, los grandes suelen sobreponerse a los chicos. A no olvidar que, como decía Theotonio dos Santos, la dependencia implica una “situación en la cual un cierto número de países tienen sus economías condicionadas al desarrollo y la expansión del otro, situando a los países dependientes en una posición trasera explotados por los países dominantes”. Tal vez por ello, los defensores del multilateralismo argumentan que el bilateralismo agudiza esas relaciones de dependencia. Para ser justos, resulta un poco obvio afirmar que el poder de un país latinoamericano se verá reducido a la hora de negociar tête-à-tête con países como Alemania, China, Estados Unidos o Rusia. Es por ello que la regionalización policéntrica se torna en una condición indispensable para la generación de un espacio independiente en la economía mundial. Se vuelve esencial, así, la construcción de agendas cooperativas que reconozcan las asimetrías existentes.
Una gama de colores
De estos debates, surge una necesidad: generar alternativas a este tipo de miradas antidialécticas e identificar la enorme gama de colores existentes. Retomar la idea de un mundo bipolar sería enormemente perjudicial para una región que debería relacionarse con todos, garantizando un verdadero pragmatismo.
Así, una de las principales cuestiones que debe ajustarse es la relación entre los Estados. En Latinoamérica, el patriotismo implica integracionismo y, por lo tanto, multilateralismo. El individualismo a la hora de negociar con las grandes potencias es autodestructivo, al igual que lo es el hecho de que, a veces, los actores más grandes de la región tomen ventaja en sus negociaciones con los menores. Esa autoflagelación habrá de estar asegurada si los grandes actores siguen ganando espacio. Cómo modificar este tipo de dinámica es una tarea que merece trabajo y suele conllevar pesadas frustraciones.
Lo que unos consideran desastroso, otros lo asumen como positivo. La gloriosa Unasur de ayer, es denostada por ser un nuevo club de amigos de hoy. La bonita Alianza del Pacífico se considerará mañana la representación de algo que será también cuestionado. Ese pesimismo destructivo construye anteojeras que no permiten detectar la complejidad de las “gamas y tramas de colores”, que en este caso se traducen en políticas públicas concretas, no necesariamente ajustadas a las miradas totalitarias, sean estas negativas u optimistas.
NICOLAS COMINI es director de la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador en Argentina y docente en la New York University, Buenos Aires.
Este artículo trata el problema de la piratería y sus implicaciones para la seguridad marítima internacional. Lejos de presentarse como una actividad del pasado, analizamos cómo la piratería del siglo XXI es más transnacional que nunca y se entrelaza con redes de crimen organizado e incluso células terroristas en zonas como el Sudeste Asiático.
Al reflexionar sobre piratería es frecuente encontrarse con dos tipos de personas: las que, como en aquella brillante composición del cantautor español Joaquín Sabina, se imaginan a los piratas “con pata de palo, parche en el ojo y cara de malo”, y las que asumen que la piratería es una práctica anacrónica, cuando no un concepto obsoleto más allá de la piratería 2.0 del mundo digital. Sin embargo, ninguna de las dos está en lo cierto. Analizar este fenómeno hoy en día significa abordar —nunca mejor dicho— uno de los temas más importantes en el panorama de la seguridad marítima internacional.
Los piratas del siglo XXI, al igual que sus precursores a lo largo de la Historia, siguen estando íntimamente asociados a la existencia de rutas internacionales de transporte y navegación marítima. En la medida en que las posibilidades de lucro en los mares y océanos son tan elevadas —alrededor del 90% del comercio mundial es transportado por este medio—, los piratas encuentran en la interceptación de barcos cargados con mercancías, petróleo u otros recursos un botín muy lucrativo. En esto no se diferencian mucho, por ejemplo, de los bucaneros caribeños que trataban de abordar los navíos españoles que transportaban las riquezas del Nuevo Mundo hacia España en el siglo XVI. Ahora bien, en la actualidad, las tácticas, los medios y los escenarios en los que operan los piratas son muy diferentes. Incluso las motivaciones, antes exclusivamente centradas en la ganancia privada, han evolucionado hasta el punto de complementarse en ocasiones con objetivos políticos.
Los piratas del siglo XXI: una radiografía
La relativa calma que se ha vivido en los océanos y mares desde el siglo XIX en adelante nos ha llevado a un estado de cierta complacencia con respecto a las amenazas delictivas en este dominio. Es cierto que la presencia de estas actividades en el espacio marítimo no se equipara ni por asomo a otras épocas históricas. Comparar los casos de piratería actuales con la institucionalización de estas prácticas en el Mare Nostrum romano, los mares del norte vikingos o incluso en las rutas marítimas de las cruzadas resultaría casi imposible. Sin embargo, el siglo XXI ha sido testigo de un auge significativo del número de abordajes piratas, especialmente desde la década de los 80: tan solo entre 1995 y 2005 los incidentes relacionados con la piratería aumentaron en un 500%. Desde entonces, el promedio anual de este tipo de ataques rara vez ha bajado de los 200.
Análisis geoespacial de los flujos de circulación y actos de piratería o robo armado entre 2006 y 2013. Fuente: UNOSAT Global Report
Análogamente a la aparición de enormes enclaves comerciales internacionales en puertos localizados en diferentes áreas del planeta, la piratería ha encontrado nuevas formas de refundarse y operar con gran efectividad. Las zonas de mayor riesgo por este tipo de ataques se han concentrado en los últimos años en torno a las grandes áreas portuarias internacionales, como los golfos de Adén y Guinea, los estrechos de Malaca, y Bab el Mandeb y, por supuesto, las zonas litorales de Indonesia, Malasia y Singapur. En estos emplazamientos estratégicos los piratas han logrado aprovechar la unión de una serie de factores favorables para garantizar la supervivencia de su actividad delictiva. De todos ellos, el más sobresaliente es quizá la facilidad de acceso a la compraventa de armas, equipamiento y tecnología en las redes transnacionales de crimen organizado. A este problema se suman además la confluencia de lagunas legales en los ordenamientos jurídicos nacionales y en el Derecho internacional público, las carencias operativas y técnicas de algunas naciones ribereñas para proteger ya no digamos aguas internacionales, sino sus propias aguas territoriales, o la proliferación de Estados costeros débiles, como ocurre en el Cuerno de África con el ejemplo clásico de Somalia.
Distribución por país de los incidentes relacionados con la piratería en 2016. Fuente: IHS
La combinación de estas debilidades plantea un escenario marítimo con abundantes riesgos para la navegación internacional en las denominadas líneas de comunicación marítima. Desde el punto de vista de los Estados, plantea desafíos de primera magnitud en el ámbito económico y comercial. Sin embargo, en el plano seguritario, la proliferación de armas de destrucción masiva supone una amenaza más acuciante si cabe, puesto que podría facilitar el acceso de los piratas a nuevos tipos de armamento mucho más letales. El transporte marítimo de armas biológicas, químicas o nucleares las convierte en un objetivo interesante desde una perspectiva pirata-terrorista. En este sentido, ¿dónde se dibujaría la línea que separa a un pirata motivado por su propio beneficio económico de un terrorista marítimo con objetivos políticos o religiosos? Es evidente que, en un escenario donde los piratas pudieran multiplicar su capacidad de destrucción de objetivos de un día para otro de manera crítica, la capacidad de respuesta de los Estados podría verse severamente menoscabada y la seguridad internacional, amenazada.
El caso del Sudeste Asiático
La configuración geográfica de las áreas litorales del Sudeste Asiático, con abundantes islas, estrechos y archipiélagos, hace que esta región sea especialmente vulnerable a la aparición de amenazas piratas. Estas condiciones se entremezclan además con el dinamismo económico de la zona, caracterizada por su importancia estratégica al albergar algunas de las vías comerciales marítimas más transitadas del planeta, como ocurre con el estrecho de Malaca o la bahía de Bengala. En estos tramos, los buques deben reducir su velocidad, circunstancia que aprovechan los piratas para tratar de asaltarlos. Además, también ayuda que las autoridades locales sean fácilmente corruptibles y que, por tanto, haya una cierta connivencia que ha permitido ataques piratas bastante rudimentarios en puertos y aguas interiores de Estados costeros como Filipinas, Malasia, Bangladés y, sobre todo, Indonesia. Los datos hablan por sí solos: en 2014 el 75% de los ataques piratas tuvieron lugar en Asia y en 2016 el Sudeste Asiático sufrió 68 incidentes de estas características, por encima en la clasificación mundial de África —62—, América —27—, el subcontinente indio —17— o Asia Oriental —16—. A nivel nacional, Indonesia ostenta el dudoso honor de ser el país más golpeado por la piratería de todo el planeta.
El estrecho de Malaca es uno de los enclaves más afectados por la piratería. Fuente: The Economist
La naturaleza transnacional de las nuevas formas de piratería llevó al establecimiento en 1992 del Consejo para la Cooperación en Materia de Seguridad del Pacífico Asiático. Su objetivo era favorecer la creación de un marco regional para estimular la cooperación frente a amenazas y riesgos marítimos como la piratería y el crimen organizado. Sin embargo, lo cierto es que, más de dos décadas después y pese a la constatación de algunas mejoras, las actividades piratas siguen desestabilizando las aguas de la región. La combinación de la inestabilidad de algunos países de la zona con las disparidades económicas internas —especialmente tras la crisis del este asiático de 1997— sin duda facilitó esta persistencia y asimetría operativa de la delincuencia marítima.
En el mar de Joló, a medio camino entre Malasia y la isla de Borneo, el número de secuestros ha sufrido un crecimiento sensible en los últimos años. Actores como el grupo islamista e independentista filipino Abu Sayyaf, así como otros colectivos de naturalezas muy heterogéneas —desde pescadores locales desencantados hasta bandas criminales organizadas—, esperan lograr mediante esta táctica ingresos millonarios de los Gobiernos en concepto de rescate. Para evitarlo, los Estados afectados no han tardado en ponerse manos a la obra. Singapur, por ejemplo, ha tratado de fortalecer la seguridad de sus intereses estratégicos en el comercio marítimo desarrollando infraestructuras y capacidades de disuasión de la piratería, como por ejemplo los equipos de acompañamiento para la seguridad marítima o el Centro de Comando y Control de Changi. Indonesia ha tratado de reforzar sus capacidades de patrulla y vigilancia litoral, sin demasiado éxito por el momento a falta de ver cómo afectarán las reformas introducidas recientemente por el Gobierno de Jokowi. Tailandia, en cambio, se sumó a operaciones multilaterales como la iniciativa Ojos en el Cielo, liderada por Malasia. Por su parte, los Gobiernos de Filipinas, Indonesia y Malasia han buscado compromisos trilaterales en la décima Cumbre de Ministros de Defensa para cooperar frente a los desafíos compartidos en este ámbito.
Localización de los ataques piratas en el Sudeste Asiático en 2015. Fuente: Deutsche Welle
Lo interesante de esta región es que estamos asistiendo a una transnacionalización progresiva de la piratería que, entre otras cosas, ha favorecido un mapa delictivo en el que las operaciones clásicas de depredación o detención violenta de navíos han dado paso a nuevas combinaciones tanto logísticas como operativas. Nos referimos a la cooperación de piratas locales con otros actores transnacionales, como traficantes de armas, rebeldes de movimientos secesionistas, grupos revolucionarios e incluso organizaciones terroristas. Esta amenaza es particularmente grave en Indonesia, donde el anclaje de células yihadistas parece estar desestabilizando la capacidad gubernamental para gestionar su propia soberanía marítima en las áreas más afectadas por la piratería. No obstante, tampoco hay que descartar la participación de mercenarios y personal privado con experiencia militar, dispuestos a colaborar en este tipo de actividades debido a su elevado potencial lucrativo. La interacción de estos actores está dibujando un horizonte que parece navegar hacia un socavamiento de la infraestructura institucional diseñada hasta la fecha, así como de las leyes —un tanto desactualizadas para hacer frente a estas amenazas— del Derecho marítimo.
Entender el concepto para combatir el problema
El Derecho internacional público ofrece en la convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar de 1982 (Convemar) una aproximación algo vaga al concepto de piratería. Por ello, convendría primeramente comenzar precisando la diferencia entre un pirata y un corsario, un bucanero o un filibustero para así contextualizar adecuadamente el término.
Los corsarios eran aquellos marineros que actuaban bajo el paraguas de la patente de corso, es decir, de la licencia que establecía su relación contractual con su Gobierno para acordar el reparto de los botines y la financiación de sus expediciones. Los corsarios eran dependientes de las autoridades gubernamentales y actuaban siguiendo sus instrucciones, con un prestigio superior al de los piratas comunes.
Los términos bucanero y filibustero se utilizan para referirse exclusivamente a los piratas que operaron en la zona del Caribe durante los siglos XVII y XVIII con el fin de hacerse con las riquezas que transportaban los galeones españoles. Existen ciertos matices entre ambos conceptos: los bucaneros eran, además de delincuentes marinos, colonos con origen europeo que actuaban también en tierra firme, mientras que los filibusteros eran asesinos y ladronzuelos locales del mar de las Antillas que se agruparon en la Hermandad de la Costa y utilizaban como base la Isla de la Tortuga.
Por su parte, la piratería internacional clásica tiene una definición y codificación propias y diferenciadas de las anteriores, que se establece en el artículo 101 de Convemar, donde aparece tipificada como:
“Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o aeronave privado y dirigidos: 1) contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; 2) contra un buque o una aeronave, personas o bienes, que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.
Esta interpretación jurídica es bastante limitada al enfocar este tipo de delitos desde una perspectiva circunscrita al objetivo del lucro privado del pirata. No se barajó la posibilidad de que los piratas actuasen guiados por otras motivaciones —políticas o religiosas— que redefiniesen los parámetros conceptuales clásicos de este fenómeno para engendrar nuevas formas de parapiratería. Tampoco contempló el posible arraigo de la piratería en aguas jurisdiccionales o zonas económicas especiales de un país, quizá por considerar que los Estados tendrían suficientes medios para ejercer su soberanía y control sobre su área litoral. No obstante, como se ha visto en el caso del Sudeste Asiático y otras áreas en vías de desarrollo, las capacidades nacionales no siempre han sido suficientes para combatir las amenazas marítimas en regiones vulnerables. El caso paradigmático es Somalia, donde se demostró que incluso los esfuerzos de los mecanismos desarrollados por instituciones como la Organización Marítima Internacional tienen sus limitaciones si no van acompañadas de un compromiso real de cooperación internacional entre los Estados.
La piratería es un fenómeno mundial, pero su relativo declive en los últimos años muestra que la cooperación internacional es útil para proteger rutas comerciales y garantizar mayor seguridad marítima. Fuente: The Economist
En el caso somalí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsó una serie de resoluciones —1816, 1838, 1846 y 1851 en 2008, 1897 en 2009, 1918 y 1950 en 2010, 1976, 2015 y 2020 en 2011— a partir de la violenta crisis de los piratas de 2008. Los documentos adoptados, junto con el despliegue civil-militar de la UE —Atalanta— y la OTAN —Ocean Shield—, contribuyeron innegablemente a gestionar la crisis de manera coyuntural. Sin embargo, pese a sus frutos, para lo que todavía no ha servido la multiplicación de este tipo de resoluciones es para construir un régimen jurídico internacional más sólido, preciso y eficaz, que permita perseguir este tipo de delitos con mayores garantías legales no solamente en aguas internacionales, sino también jurisdiccionales. Esta es sin duda una tarea pendiente para prevenir futuras crisis y perseguir las nuevas formas de piratería del siglo XXI.
La combinación de esfuerzos de instituciones internacionales y operaciones de la UE y la OTAN ha permitido reducir el número de incidentes por piratería en las costas somalíes. Fuente: Statista
¿A la espera de la próxima racha de viento?
La persistencia de la piratería muestra que sigue siendo un negocio millonario en algunas áreas del planeta y que no hay lugar para la complacencia. En Europa y el continente americano apenas se han dado casos de delincuencia y violencia marítima de estas características. No obstante, regiones como África o el Sudeste Asiático sí han sufrido un repunte significativo de este fenómeno en las últimas décadas, a pesar de que en 2016 la cifra mundial de incidentes por piratería y robo armado en alta mar haya descendido desde los 246 casos de 2015 a 191, su nivel más bajo desde 1998.
En cierto sentido, la globalización y la mayor apertura comercial de los países han permitido a ciertos grupos parasitar con mayor o menor violencia los flujos de mercancías internacionales de aquellas zonas más pobres o en una fase de transición económica ascendente, como ocurre en algunos países asiáticos. Si algo ha demostrado la evolución reciente de la piratería es que es un fenómeno bastante líquido, en tanto que se trata de una actividad flexible, irregular y descentralizada. Las diferencias entre continentes son resaltables; la lógica operativa en Asia y África es muy distinta: mientras que en Asia predominan ataques armados nocturnos con material rudimentario en puertos y aguas interiores, en África los incidentes han revestido por regla general una mayor violencia y se han ejecutado en alta mar con armamento mucho más pesado.
La tendencia descendente de las últimas décadas se debe en gran parte a los buenos resultados obtenidos en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África. Fuente: Statista
Todo esto convierte a la piratería en un riesgo para la libertad de navegación marítima, la seguridad internacional y los ingentes intereses económicos que circulan a diario por medios marítimos. Aunque Espronceda recitase “que es mi barco mi tesoro, / que es mi dios la libertad, / mi ley, la fuerza y el viento, / mi única patria, la mar”, los mitos que se han construido en torno a estos criminales del agua no son más que eso: simples mitos romantizados y ajenos a la verdadera amenaza que esos buques que “tienen por bandera un par de tibias y una calavera” constituyen para la estabilidad de nuestros mares y de nuestros océanos.
