¿Por qué no respeta España el derecho de asilo?
En esta inquietante fotografía, España y sus gobiernos siguen siendo parte del problema y no de la solución. Como recordaba ayer CEAR con motivo del Día Mundial del Refugiado, “las solicitudes de asilo en nuestro país alcanzaron el año pasado un mínimo histórico: la cifra más baja en 25 años, desde que se realizan estos registros”. Este récord infame es el resultado de un sistema concebido para evitar en primer lugar las solicitudes y restringir después las que son aceptadas.
Para un individuo que huye solo o con su familia de una persecución violenta en su país de origen, el reconocimiento de asilo en España se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos: la imposibilidad de acceder al territorio nacional o de solicitar asilo en las embajadas; la imposición de visados de tránsito para acceder a países más garantistas, como los nórdicos; la restricción de la movilidad de los solicitantes (como ocurre con aquellos atrapados en Ceuta y Melilla); y los períodos interminables de resolución del expediente (muy por encima de los seis meses que establece la ley) son solo algunos de los problemas a los que deben hacer frente.
En algunos casos, la situación se vuelve sencillamente kafkiana: los ciudadanos de Costa de Marfil tienen sus expedientes ‘congelados’ a la espera de la resolución del conflicto de intensidad variable que azota su país desde hace más de una década. Como si la declaración formal de un alto el fuego reconstruyese por arte de magia los entornos destruidos y borrase las hostilidades gangrenadas.
El sistema español de asilo y refugio está contaminado por consideraciones políticas y económicas, y eso explica buena parte del problema. La fantasía de una “Europa fortaleza” ha llevado a la ‘subcontratación’ del control de fronteras con países que vulneran de manera sistemática derechos fundamentales como el de protección. Varios de los países aliados estratégicos del norte de África son objeto de repetidas denuncias por violencia, deportaciones no seguras, detenciones ilegales y vulneración de los derechos de extranjeros en tránsito, muchos de ellos merecedores de asilo. La hipersensibilidad del caso de Marruecos, en particular, obliga a las autoridades españolas a cruzar líneas no deseables cuando se trata de las poblaciones del Sáhara Occidental, como recordaba hace poco el Tribunal Supremo en una dura amonestación a la Audiencia Nacional.
Muchas de estas aberraciones éticas y legales han sido puestas de manifiesto recientemente por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Racismo y Xenofobia, en un informe que abochornaría a cualquier país civilizado. La única respuesta posible del Gobierno de España es corregirlas con urgencia, garantizando la protección efectiva de las normas actuales y promoviendo una legislación más garantista. El primer paso es publicar de una vez el borrador del Reglamento de Asilo (que, atentos, debería haber sido aprobado hace tres años) y consensuarlo con los juristas, magistrados y organizaciones sociales que se enfrentan cada día al reto de proteger a algunos de los seres humanos más vulnerables del planeta. Seres humanos como los que describe este vídeo conmovedor de Fernando León y Elena Anaya.
¿Por qué no respeta España el derecho de asilo?
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