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¿Quién liderará la UE post-Brexit? El retorno de la política a Bruselas
Éste debía ser el momento de una nueva politización de la esfera europea. El día que Donald Tusk tomó posesión como presidente del Consejo de la Unión Europea, el ex primer ministro polaco anunció, nervioso y titubeante, que había llegado el momento de recuperar la iniciativa, de tener agenda propia y una fuerte resolución. “No sólo los euroescépticos cuestionan los valores europeos. Tenemos enemigos. Pero, queridos amigos, la política ha vuelto a Europa”, decía un Tusk que se sabía escrutado sobre sus habilidades diplomáticas y lingüísticas para el cargo. Era diciembre de 2014 y, al otro lado de la rue de la Loi, el más veterano de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, Jean-Claude Juncker, ocupaba ya la presidencia de la Comisión Europea. De la “Comisión más política de la historia”, según sus propias palabras.
Sin embargo, este último año y medio, la política en todas sus expresiones – consulta ciudadana, debate ideológico, confrontación de ideas e intereses, estrategias de repliegue nacional o reñidas elecciones parlamentarias- no ha hecho sino desafiar el proyecto europeo y debilitar, aún más, el poder de las instituciones comunitarias. A la brecha Norte-Sur abierta por la crisis económica y financiera, se sumó el año pasado una profunda división Este-Oeste entre los estados partidarios de aplicar el plan de traslado de 120.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea -y apoyado por Alemania y Francia, que ganaron por mayoría cualificada la votación necesaria en el Consejo- y aquellos como Rumanía, Eslovaquia, Hungría o la República Checa, que se opusieron visceralmente a la propuesta. El desencuentro, cada vez más profundo, entre estados miembros complica el erosionado escenario de recelos con centro neurálgico en Bruselas. Erosión de la confianza ciudadana en el proyecto europeo, erosión en las relaciones entre las capitales de la UE y las instituciones comunitarias y, finalmente, quiebra de la solidaridad y cooperación entre socios europeos.
En los últimos doce meses, el Reino Unido, Grecia, los Países Bajos o Dinamarca han sometido a referéndum algún acuerdo o negociación con la Unión Europea y, en todos ellos, la opción de Bruselas ha salido derrotada -del tercer rescate griego, a la negativa danesa de aumentar su implicación en las políticas de cooperación policial y judicial comunitarias, hasta el rechazo holandés al acuerdo de asociación con Ucrania-. El primer ministro húngaro, Víktor Orbán desafiará (y derrotará) también, el próximo 2 de octubre, la propuesta de cuotas de la Comisión Europea para realojar en su país unos pocos miles de refugiados que piden asilo en la UE. En este último año, Polonia -el supuesto milagro de la Europa sin crisis que gobernó Donald Tusk- ha votado por el retorno al poder del ultraconservadurismo y el euroescepticismo del partido Ley y Justicia. Pero es la victoria del Brexit en las urnas el origen del cisma más grave en los casi sesenta años de historia de la Unión. Por primera vez se demuestra que la pertenencia a la UE no es un proceso irreversible, ni la profundización en la integración europea el único objetivo posible. El método Monnet de la integración burocrática, como lo denomina Daniel Innerarity, ha saltado por los aires y, con él, los equilibrios de poder que regían los designios de la Unión. Las fuerzas euroescépticas de la UE se sienten hoy reforzadas y nuevos referéndums por contagio amenazan de seguir dominando la agenda política. La superposición de crisis -eurozona, seguridad y terrorismo, y crisis migratoria- que había atrapado a una Unión Europea incapaz de cerrar fracturas internas ha entrado ahora en una nueva dimensión.
La política europea ha vivido, en los últimos tiempos, atrapada en una superposición de agendas particulares, intereses nacionales y presiones de sondeos públicos de corto plazo. No sólo los estados miembros, también las instituciones comunitarias han exhibido estrategias y discursos contradictorios durante la crisis migratoria. La Comisión de Jean-Claude Juncker defendió con más empeño que posibilidades su plan de cuotas, mientras Donald Tusk, como presidente del Consejo de la UE, insistió en el discurso de sellar al máximo las fronteras externas de la Unión y se alineó con los estados más reticentes a la recepción de migrantes. Sin embargo, los dos han tenido que lidiar por igual con una UE polarizada en plena crisis humanitaria y alérgica al consenso. Ni los Veintiocho, ni las instituciones comunitarias fueron capaces, durante todo este tiempo, de ofrecer una única respuesta europea y el debate sobre la inmigración se convirtió en una de las claves de la campaña británica a favor del Leave.
Buscando culpables
Los británicos han fracturado un poco más la UE y, sin embargo, la primera respuesta, la más intuitiva, desde algunas capitales ha sido culpar a Bruselas. No sólo David Cameron, el perdedor de la maniobra política de convocar un referéndum para atajar los logros políticos del euroescéptico UKIP, culpó a Europa de su derrota, también desde algunas capitales, como Varsovia o Praga, se ha pedido ya la dimisión de Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión concentró desde el primer momento buena parte del rechazo mediático y político por el portazo británico. Juncker y Tusk comparecieron conjuntamente, el 28 de junio, en la rueda de prensa posterior a la primera cumbre a veintisiete de la UE post-Brexit. “No permitiré que la prensa me aliente o desaliente, me incapacite o me eleve a lo más alto”, respondía Juncker a la pregunta de su dimisión. Tusk salió en su ayuda. “Es la última persona a quien podemos acusar de ser el responsable del resultado negativo en el referéndum del Reino Unido. No entiendo este tipo de especulación”, concluía el presidente del Consejo para zanjar la polémica.
Sin embargo, el malestar era previo a la campaña del Brexit. Juncker ya había recibido quejas por su estilo presidencialista, sus respuestas erráticas, su capacidad de trabajo y sus ausencias institucionales, por sus prioridades políticas, por su supuesta desatención a los pequeños socios de la Europa Central y Oriental, y su dudosa benevolencia a la hora de exigir disciplina fiscal a los grandes incumplidores del sur, especialmente Francia, España, Portugal e Italia. Una falta de neutralidad que Alemania quiere corregir “recuperando el justo equilibrio entre la función política [de la Comisión] y su papel como guardiana de los Tratados”, según lo expresó el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, a sus colegas en una reunión del ECOFIN celebrada en Bruselas a mediados de junio.
Juncker es un personaje incómodo. Lo es por su pasado político pero también por sus palabras. La carta de presentación del luxemburgués para el cargo incluía su voluntad y capacidad para enfrentarse a los estados miembros; su deseo de recuperar la iniciativa política que el Ejecutivo de Bruselas no debería haber cedido ante el poder hegemónico del Consejo. Juncker subió el tono de la Comisión contra los estados miembros, a quien acusa de estar destruyendo la Unión. El discurso pronunciado por el presidente de la Comisión, el 3 de marzo pasado en La Haya, resumía perfectamente su malestar. “Bruselas no son los 28 comisarios. Bruselas también son los 28 gobiernos y es imposible dictar la dirección de Europa en contra de la voluntad de los estados miembros”, protestaba ante una audiencia con varios antiguos ministros, comisarios y eurodiputados. Juncker, enfadado, arremetía contra sus críticos con nombres y apellidos. Contra el primer ministro italiano por levantar el tono contra el Ejecutivo comunitario, contra el Gobierno polaco por las reformas constitucionales que ha puesto en marcha y contra el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia por “decir a la Comisión que no se meta en si Polonia cumple o no con los valores fundamentales” de la Unión. Juncker defendía de nuevo su apuesta por una Comisión “política” para romper con la idea de unas instituciones que “demasiado a menudo tratan los problemas del continente desde un punto de vista burocrático y tecnocrático”. El análisis es compartido. El informe de los cinco presidentes, presentado a principios de 2015, sentenciaba que “a raíz de la crisis [financiera], Europa está cada vez más dividida, sumida en disputas internas, incomprensibles para los ciudadanos de a pie, y con una ausencia casi total de perspectiva”. El problema para Juncker es que su longevidad en la política europea le relaciona directamente con esta Europa burocrática que ha desdeñado a la ciudadanía.
Transiciones de poder
Los equilibrios de poder en Bruselas están viviendo, desde hace meses, su propia transición. Se está produciendo una nueva politización de las instituciones europeas. Juncker es mucho más político que su antecesor, Durão Barroso, y Donald Tusk tiene una agenda propia -más alineada con algunos estados miembros que con la Comisión-. Bajo la presidencia de Martin Schulz, el Parlamento Europeo ha ganado visibilidad. Los jefes de Estado y de Gobierno comparecen en la Eurocámara más a menudo que en el pasado y se someten a las intervenciones de les grupos políticos. Parlamento y Comisión actúan como auténticos aliados. “Juncker es el jefe de campaña para que Schulz continúe como presidente de la Eurocámara más allá de enero de 2017 y hasta el final de legislatura”, ironizaba, recientemente, un alto funcionario del Parlamento. La separación de poderes en Bruselas es hoy un poco más difusa.
Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una gran coalición institucional e ideológica -construida sobre la entente Juncker-Schulz- desafía al largo período de intergubernamentalidad que ha monopolizado la iniciativa legislativa comunitaria. Una hegemonía cimentada sobre el discurso de la canciller Angela Merkel, en noviembre de 2010, en el colegio de Brujas anteponiendo el poder de los “señores de los Tratados” (los estados miembros) al “guardián de los Tratados” (la Comisión). Una visión de la Europa de los estados que relegó durante demasiado tiempo al Ejecutivo de Bruselas a ejercer de meros servicios técnicos de la voluntad de las capitales.
El malestar democrático es muy anterior a esta multiplicidad de crisis que atenazan hoy el futuro de la Unión. La fractura entre el proyecto comunitario y la ciudadanía europea se remonta prácticamente al No francés a la Constitución Europea de 2005. Allí se fraguó el nacimiento oficial del discurso eurocrítico, que tanto ha costado reconocer pero que, una década después, se ha hecho fuerte en la política comunitaria y nacional. Una parte importante de ese No reclamaba una Europa más social y, en cambio, la gestión y el lenguaje europeo durante la crisis económica que estalla en 2008 estuvieron más impregnados de austeridad que de solidaridad. La grieta se ampliaba a un ritmo que gobiernos y estructuras de partidos políticos tradicionales no han sabido leer. Aquella Francia de clases medias y zonas rurales que se sentía amenazada por la globalización -y que, según todas las encuestas, votó no a la Constitución Europea- es hoy todavía más numerosa y más vulnerable. Pero han sido las zonas postindustriales de un Reino Unido en pleno debate sobre la inmigración, y apartado del núcleo de poder comunitario que representa la eurozona, las que, finalmente, han clavado la estocada a una Unión en crisis constante. La UE ha llegado al punto de inflexión. Pero, ¿cómo se invierte la lógica que ha acabado identificando el proyecto europeo con el problema y no con la solución?
Escenarios posibles
Europa es hoy un continente herido. Pero cada vez urge más intentar superar el momento de esta Unión reactiva y sin respuestas. Lo primero que deberían plantearse los líderes europeos es si el resultado del referéndum británico ha sido un caso aislado que conviene poner en cuarentena para evitar el contagio a otros Estados miembros, o bien si la victoria del Brexit es el síntoma de un problema mucho más profundo que desafía los objetivos y los valores que sostenían todo el edificio comunitario. ¿Deben limitarse a tratar únicamente el desafío británico o deberían ir a la raíz del malestar expresado en las urnas, más allá del Reino Unido? De la respuesta a este dilema dependerá no sólo la posible resolución de la crisis sino el futuro del proyecto europeo. Al menos tres posibles escenarios podrían derivarse de esta gestión:
1. Contención de daños
La inercia política recomendaría evitar una salida traumática del Reino Unido, que ahora preocupa, incluso, a muchos de los que votaron por marcharse. El primer paso, casi intuitivo, de los líderes europeos -sobre todo si tenemos en cuenta la lentitud y la debilidad política con que gestionaron las crisis que aún tiene abiertas (desde el descalabro financiero a la llegada de refugiados de la guerra siria)- podría ser la contención de daños. Pero, este escenario casi lampedusiano de limitar al máximo las consecuencias del voto británico y recuperar el tradicional business as usual comunitario sólo puede llevar a una profundización de la parálisis política, a nuevas divisiones internas entre socios -como se lee entre las líneas de la estrategia inicial de una Angela Merkel que prioriza la estabilidad por encima del mensaje de firmeza que reclama François Hollande, asustado por el reforzamiento del Frente Nacional-, y a la continua erosión de la credibilidad interior y global del proyecto europeo. Berlín impone, una vez más, el pragmatismo y la contención. Su ministro de Finanzas, Wolfgang Schaüble, en el pasado defensor de la profundización en la integración, defiende ahora el retorno a la legitimación por resultados (output legitimacy). El curtido europeísta del Gobierno de Merkel apuesta por actuar en temas clave como la inmigración, el mercado único digital, la energía y seguridad y defensa, renunciando a las “visiones” y a los visionarios pero defendiendo que un grupo de estados miembros pueda avanzar con más rapidez si falta consenso entre los Veintisiete.
Pero Berlín sigue en pie de guerra contra la Comisión. Así que, en este escenario, la iniciativa intergubernamental debería prevalecer sobre la lenta burocracia de Bruselas, se limitaría la capacidad política de las instituciones comunitarias. Ello plantearía una más que probable reforma del poder del Parlamento Europeo, bajo presión de un número cada vez mayor de estados miembros por recuperar el rol de control democrático en favor de los parlamentos nacionales, en la línea de lo que ya defendió David Cameron en su discurso de principios de 2013 en Bloomberg para anunciar la futura convocatoria del referéndum.
2. Una Unión sin instituciones
El Brexit es la expresión de un malestar profundo de una parte de la ciudadanía alienada de lo que perciben como la Europa burocrática. Bruselas, entendida como la personificación de la política opaca y la tecnocracia. Las múltiples crisis que todavía sacuden la UE han ensanchado la distancia entre ciudadanía e instituciones comunitarias y la victoria del Leave en el referéndum británico amenaza con desencadenar otras réplicas en los estados más euroescépticos. No se puede descartar todavía que una negociación envenenada del Brexit pudiera acarrear también duras consecuencias no sólo para la integridad territorial del Reino Unido -con una nueva demanda de referéndum de independencia en Escocia o el retorno de la inestabilidad política en Irlanda del Norte- sino también el fin de la integración comunitaria. Supondría “el derrumbamiento de la confianza” entre Londres y la UE pero también en el interior del Reino Unido e, incluso, podría conllevar el final de la solidaridad entre los estados miembros de la Unión, resumía Tim Oliver, investigador la London School of Economics, en un seminario previo al referéndum organizado en CIDOB. La Unión Europea correría un serio riesgo de implosión.
“La respuesta no es más integración”, advertía el primer ministro holandés, Mark Rutte, después del golpe británico. El horizonte más incierto apunta hacia el fin de la Europa política y la renacionalización del control democrático de las decisiones. Una Unión incapaz de encontrar un camino consensuado a veintisiete podría terminar apostando por un gran espacio de cooperación europea. Se impondría la Europa del mercado único con una mínima cooperación intergubernamental. Este escenario redibujaría los actuales equilibrios de poder. La Eurocámara perdería su capacidad de codecisión, en la línea que ya defienden el Reino Unido, los Países Bajos u otros estados nórdicos partidarios de devolver parte del control democrático de las decisiones comunitarias a los parlamentos nacionales. Las instituciones de Bruselas -culpables, según la Europa euroescéptica, de la crisis de legitimidad que afecta a la UE- perderían su capacidad de iniciativa legislativa para convertirse en organismos eminentemente técnicos, encargados de la gestión de la cooperación.
3. Más Europa política
El tercer escenario supondría la aceleración de la integración política, institucionalizando la Europa a doble velocidad. La Unión debe abrir un período de reconstrucción. Ha llegado el momento de nuevas políticas y nuevos modelos de cooperación. Alemania, Francia e Italia escenificaron, en la primera reunión postreferéndum que mantuvieron en Berlín, un tímido primer paso en este sentido. Angela Merkel, François Hollande y Matteo Renzi acordaron un plan de tres puntos para relanzar la Unión: medidas para paliar la crisis de los refugiados, iniciativas en el campo de la seguridad interior y exterior para hacer frente al terrorismo, y gestos en favor del crecimiento económico y el empleo, especialmente entre los jóvenes. Pero, siguiendo los ritmos europeos, la concretización de estas propuestas no se debatirá hasta septiembre. Sin embargo, las instituciones comunitarias han empezado a presionar para intentar ganar terreno político si, finalmente, la UE decide que es inevitable una reforma a fondo del equilibrio institucional.
Una semana después del referéndum, Martin Schulz afirmaba que ha llegado el momento de transformar la Comisión Europea en un Gobierno genuino, elegido y controlado por un sistema bicameral compuesto por el Parlamento Europeo y una cámara de los estados. Se trata de una vieja propuesta que recorre los debates sobre posibles reformas de la Unión desde hace más de dos décadas. Este empoderamiento de la Comisión implicaría: la revisión de todo el sistema de gobernanza de la Unión Europea, el refuerzo del Parlamento Europeo en contra de la opinión cada vez más extendida de implicar a los parlamentos nacionales y, finalmente, el difícil relego de los estados miembros a una especie de Senado.
Según Jürgen Habermas, “la zona euro debería delimitar el tamaño natural del núcleo de la futura Europa. Si estos países tienen la voluntad política, entonces el principio básico de “cooperación más estrecha” prevista en los tratados permitiría dar los primeros pasos hacia una separación de tal núcleo – y, con ella, la largamente esperada formación de un contrapeso al Eurogrupo dentro del Parlamento Europeo”. La división de la Unión, en este caso, sería una realidad.
Pero no puede haber profundización política sin profundización democrática. Cualquier escenario de reforma y redistribución del poder comunitario debe contemplar, con urgencia, una mejora en el control de los procesos democráticos.
Recuperar a la ciudadanía
Europa sigue siendo un espacio de movilidad y libertad para la mayoría de europeos. En el último Eurobarómetro, publicado en mayo de 2015, un 49% de los encuestados identificaban mayoritariamente la Unión con la capacidad de viajar, estudiar o trabajar en cualquier país de la UE. El 58%, además, se mostraban en total desacuerdo con la afirmación de que su país “podrá enfrentarse mejor al futuro si está fuera de la UE” y, paradójicamente, ese sentimiento de mejor dentro que fuera arrasaba en países con potentes fuerzas populistas y euroescépticas como los Países Bajos (77%) o Dinamarca (70%). La emergencia de Alternativa para Alemania tampoco había hecho mella en el 70% de los alemanes que defendían la necesidad de la Unión. En el Reino Unido, sin embargo, el Eurobarómetro pronosticaba un empate a 43%.
El estado de opinión de la Unión Europea también reflejaba una lenta recuperación de la confianza en las instituciones comunitarias. Comisión Europea y Parlamento Europeo habían retornado a los índices de confianza positivos por primera vez desde otoño de 2011. Grecia, Chipre, España y el Reino Unido lideraban los países más escépticos sobre el papel tanto de la Eurocámara como del Ejecutivo de Bruselas. Y, sin embargo, la percepción de la UE resistía. La proporción de europeos que tenía una imagen positiva de la Unión había aumentado en seis puntos porcentuales en un año (desde la primavera de 2014) y once puntos en dos años (desde la primavera de 2013) y, según este último Eurobarómetro, alcanzó su nivel más alto desde la primavera de 2010. No obstante, un estudio publicado por el Pew Research Center el día después de la victoria del Brexit asegura que “el debate sobre el futuro de las instituciones [comunitarias] en otros estados miembros justo acaba de empezar”. Según esta encuesta, una mayoría de griegos (68%), holandeses (44%), alemanes (43%), italianos y franceses (39%) querrían el “retorno de algunos poderes comunitarios a sus gobiernos nacionales”. El resultado del referéndum británico también demuestra las dificultades del proyecto europeo para articular un mensaje en positivo de la adhesión a la Unión. Durante mucho tiempo, expertos en la esfera pública europea apuntaban a la “falta de identidad europea” (Europa siempre es el “otro”) y a “la falta de conflicto” (déficit de politización) como las principales causas del desapego ciudadano con la Unión Europea. ¿Cómo se podía aspirar a construir una democracia europea sin contar con una nación europea? La crisis económica ha cambiado, en buena medida, este paradigma. Por primera vez, los europeos -sobre todo aquellos que se sintieron directamente afectados por las políticas de austeridad- despertaron a una nueva percepción del poder real de la UE sobre sus vidas, adquirieron una nueva consciencia sobre cuál era la situación real de sus vecinos, ciudadanos de otros estados de la Unión, y un malestar transversal, que muchos analistas identifican hoy con los “perdedores de la globalización”, se instaló entre una parte importante de la ciudadanía europea.
Existen miedos comunes, compartidos, pero no ha habido respuestas europeas satisfactorias para paliarlos. Sin embargo, el Eurobarómetro demuestra que, a pesar de la concatenación de crisis y de la extensión de un populismo alimentado por gobiernos y partidos débiles, que han confundido el voto de la desafección con el termómetro de lo que realmente piensa la sociedad europea, a saber que la Unión Europea y sus instituciones todavía se perciben como necesarias. La respuesta al Brexit -y a la profunda crisis que atenaza la Unión- sólo puede ser europea. “¿Cómo podía el europeísmo ganarse a un sector amplio de la población si sus líderes políticos se comportaron durante décadas como si la despiadada persecución estratégica de los intereses nacionales fuera suficiente para mantenerse en el interior de una comunidad supranacional de estados?”, se preguntaba Habermas después del no británico.
La reforma de la Unión Europea necesitará de tres pilares: reforma política, reforma democrática y reforma social. El discurso de la nueva primera ministra británica, Theresa May, es, en este sentido, revelador. El take control que el Brexit utilizó como emblema de la recuperación de la soberanía política en una Europa transnacional, es reinterpretado por May como la recuperación del control ciudadano sobre sus propias vidas. La “justicia social” como respuesta a aquellos que se han sentido traicionados por la élite política, ya sea de Londres o de Bruselas. La democracia está dañada porque la cohesión social en Europa también lo está. No se puede recuperar la confianza en la política sin atacar las desigualdades que la crisis económica ha propiciado y las medidas de urgencia adoptadas desde Bruselas han alimentado. Si el populismo se ha convertido en la alternativa electoral al discurso oficial proeuropeo en algunos estados miembros es por la falta de voluntad política de gobiernos y grandes partidos tradicionales de plantearse abiertamente si ha llegado el momento de reescribir el camino que nos ha llevado hasta aquí.
Pensadores como Habermas o plataformas ciudadanas como democracy-international.org abogan por convocar una nueva convención europea, un nuevo proceso constituyente para recuperar el porqué de esta Unión y reescribir el cómo. Una idea que la canciller Merkel -alérgica a cualquier reforma que implique revisión de los tratados y un nuevo proceso de ratificación- ya rechazó en la cumbre informal post-Brexit del 29 de junio. Es cierto que la anterior experiencia de convención europea, previa a la Constitución Europea, fue un auténtico ejercicio “para ser vistos” (como lo llamaría el reportero Robert Fisk) pero de pobres resultados, incapaz de superar el debate de las élites ni de conseguir el apoyo ciudadano suficiente para garantizar la aprobación de un texto que debía ser refundacional y, en cambio, sumió a la UE en una profunda crisis existencial. La forma sobre cómo debería ser este necesario debate ciudadano y político aún está en discusión pero, para el codirector del progresista Policy Network, Roger Liddle, este new deal necesita, sobre todo, recuperar “la dimensión social de la Unión Europea”.
Hasta ahora, las capitales guardan silencio. La única apuesta en firme es la propuesta alemana de centrarse en aspectos concretos para mejorar el rendimiento (delivery) de la Unión. Es el momento de Bruselas. La única manera de superar la lógica de los intereses gubernamentales es recordar que, en los tratados, las instituciones comunitarias -y para ser más precisos, la Comisión Europea- tienen como misión proteger el bien común. La única manera de defender la necesidad de mantener la capacidad legislativa del Parlamento Europeo y del Ejecutivo de Bruselas es actuar como auténticos contrapoderes de unos estados miembros en repliegue. La politización de las instituciones europeas es necesaria. Aunque los líderes que en estos momentos las gobiernan, a pesar de haber pasado por unas elecciones a la Eurocámara, aún adolecen de una débil legitimación democrática y ello amenaza de desvirtuar cualquier debate sobre la mejora de los procesos de toma de decisiones.
La Unión Europea debe volver a discutir cuáles son los valores y principios del proyecto de integración política más importante en la historia de los modelos de gobernanza regionales y globales; cuál es la misión de unas instituciones que han acabado regulando hasta la saciedad los intereses del mercado y se han visto limitadas, en cambio, en su capacidad para decidir el rol de la Unión como actor global. ¿Cuál es hoy el bien común de veintisiete estados miembros con voluntades de integración política y económica distintas? Sólo desde Bruselas se puede liderar una reforma a fondo de la Unión, aun a riesgo de enconar todavía más su presente desencuentro con las capitales. De ello depende el futuro de la UE y su propia supervivencia institucional. Ha llegado el momento de la política. La política entendida como servicio y como conflicto. La politización como oportunidad.
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