Europa teme una oleada migratoria ante la fragilidad del acuerdo con Turquía

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Europa teme una oleada migratoria ante la fragilidad del acuerdo con Turquía

Las fricciones entre Turquía y la UE han reavivado los temores sobre la llegada de una nueva oleada de refugiados si el pacto se da por acabado. “No hay duda de que si Turquía abriese las puertas sería devastador para el conjunto de Europa”, ha alertado el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano. En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer. El titular de Migración griego, Ioannis Mouzalas, también se ha mostrado seriamente alarmado por el futuro del acuerdo, que establece que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será enviado a territorio comunitario. “Es importante cuidar las relaciones para no provocar una ola de refugiados”, ha advertido, por su parte, el primer ministro búlgaro, Boïko Borissov.

Las fricciones entre Turquía y la UE han reavivado los temores sobre la llegada de una nueva oleada de refugiados si el pacto se da por acabado. “No hay duda de que si Turquía abriese las puertas sería devastador para el conjunto de Europa”, ha alertado el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano. En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de refugiados sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer. El titular de Migración griego, Ioannis Mouzalas, también se ha mostrado seriamente alarmado por el futuro del acuerdo, que establece que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será enviado a territorio comunitario. “Es importante cuidar las relaciones para no provocar una ola de refugiados”, ha advertido, por su parte, el primer ministro búlgaro, Boïko Borissov.

El acuerdo, firmado el pasado marzo, ha reducido el número de migrantes que llegan a las islas griegas de 1.700 diarios a una media de solo 89, por lo que la pregunta de si el Mediterráneo volverá a convertirse en el escenario de una nueva crisis en caso de ruptura planea sobre Europa. Grecia vive un tímido aumento de llegadas tras el golpe fallido en Turquía, pero con los centros de acogida griegos colapsados —en ellos viven 10.000 inmigrantes y refugiados para una capacidad máxima de 7.000— el margen de acogida es mínimo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admite que el pacto peligra, pero Bruselas no ha esbozado públicamente ninguna alternativa si fracasa. “La Comisión tiene un plan A, que es hacer que el acuerdo funcione”, insisten.

El vínculo entre Turquía y los Veintiocho ha estado alimentado en los últimos meses por el interés europeo en frenar el flujo de refugiados desde Siria e Irak. La relación ha avanzado siguiendo un complejo juego de equilibrios: Turquía aceptó recibir refugiados llegados a las costas griegas a cambio de una ayuda de 3.000 millones de euros en dos años y el compromiso europeo de permitir a sus casi 80 millones de ciudadanos circular sin visado por la UE.

Para facilitar la libre circulación, Bruselas exige el cumplimiento de 72 requisitos de los que Turquía aún no garantiza siete. El principal punto de desacuerdo es la relajación de la dura ley antiterrorista, muy criticada por las organizaciones de derechos humanos por amparar la detención de jueces, periodistas o académicos. Turquía amenaza con romper el acuerdo si en octubre no se permite a sus ciudadanos circular libremente por la Unión. “Si Turquía quiere la liberalización de visados en octubre deberá cumplir con los requisitos pendientes”, responde Bruselas. “En ningún caso, ni Alemania ni Europa pueden dejarse chantajear”, sostiene Sigmar Gabriel, vicecanciller alemán.

Una adhesión incierta

Si el acuerdo migratorio está más en el aire que nunca, el anuncio de la posible reintroducción de la pena de muerte en Turquía ha abierto un nuevo frente de discordia que pone en juego las negociaciones de adhesión. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avisado de que la aprobará si el Parlamento así lo decide, y Bruselas advierte de que eso sería el fin de las conversaciones para la entrada del país en la UE. Fuentes cercanas al mandatario turco han explicado que probablemente esta medida no salga adelante, pero estos discursos ya han provocado reacciones: el Partido Liberal que gobierna Dinamarca ha exigido que se cierre la puerta a Turquía si reinstaura la pena capital.

El tono ha subido en los últimos días. Viena, que nunca vio con buenos ojos el comienzo de las negociaciones de adhesión, amenaza con vetar la apertura de nuevos capítulos. “Tengo voz y voto en el Consejo de Ministros de Exteriores. Ahí se decidirá si se abren nuevos capítulos con Turquía. Y yo estoy en contra”, avisa el ministro de Exteriores austriaco, Sebastian Kurz. El jefe de la diplomacia cuenta con el respaldo del canciller austriaco, Christian Kern, que ha calificado de “ficción diplomática” la continuidad de las negociaciones.

En medio de ese coro de voces cada vez más amplio que claman por un alejamiento de Turquía ha mediado Juncker, que considera un grave error hacer pensar a Turquía que haga lo que haga nunca podrá ser miembro de la UE, aunque reconoce que la pena de muerte es una línea roja y llevaría a romper la negociación.

El malestar es mutuo. Ankara reprocha a la UE su tímida condena tras un hecho tan traumático para la sociedad turca como el intento de golpe de Estado. “La gente siente frustración por la débil respuesta de la UE. Todas las condenas han sido con la boca pequeña y acompañadas de peros”, lamenta un representante del Ejecutivo turco consultada por este diario: “La cuestión no es si les gusta más o menos nuestro presidente, sino condenar sin ambages el intento de derrocar a un Gobierno electo”.

Uno de los primeros líderes mundiales en telefonear a Erdogan para ofrecerle su apoyo tras la asonada del 15 de julio fue el presidente ruso, Vladimir Putin, y, desde entonces, representantes de China, EEUU y el Consejo de Europa (institución no vinculada a la UE) han acudido a Turquía para mostrar su solidaridad con el país. Aunque también han acudido cargos ministeriales de Alemania y Reino Unido, Ankara se queja de que ningún mandatario de la propia Unión Europea haya viajado a Turquía ni tenga previsto hacerlo.

Las comparaciones con la actitud europea ante otros golpes ya han aparecido: “Catherine Ashton —antigua jefa de la diplomacia europea— no tardó ni dos semanas en visitar Egipto tras el golpe de Estado de Sisi, pese a que el golpe triunfó. En cambio a nosotros no nos visita. Y no somos Egipto, ¡somos un país candidato a entrar en la UE!”, se queja la fuente gubernamental turca.

¿Cambio de eje?

La desconfianza mutua ha llevado a Turquía a girar hacia el Este el eje de su política diplomática e iniciar la reconciliación con el presidente Putin, con el que Erdogan se entrevistó este martes en San Petersburgo. Ankara sostiene que la visita no es un mensaje a Occidente, pero el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, sostuvo el miércoles que si Europa pierde a Turquía “será por sus errores”. “La UE adoptó una postura favorable al golpe”, afirmó el jefe de la diplomacia turca. Otras fuentes del Ejecutivo, en cambio, llaman a calmar los ánimos y aseguran que Ankara no tiene previsto romper con la UE ni con la OTAN y que este pacto con Rusia se inscribe dentro de su política multilateral.

Si bien las negociaciones para convertirse en miembro de la UE no comenzaron hasta 2005, Turquía lleva desde 1960 llamando a las puertas de la comunidad europea, en un proceso que ha sufrido sucesivos altibajos. De hecho, el entusiasmo de Ankara por la UE ha corrido siempre en paralelo a las declaraciones de apoyo o rechazo de los diversos líderes europeos a su adhesión, pues no hay que olvidar que la sociedad turca es muy nacionalista y orgullosa. Actualmente el apoyo de los turcos al proceso, antaño mayoritario, se ha desplomado a un exiguo 20%, mientras en Alemania, el 52% de los ciudadanos se opone a la entrada de Turquía, según una encuesta del diario Bild.

“No parecen dispuestos a tratar a Turquía de igual a igual. No se dan cuenta de que en los últimos diez años se ha desmoronado el sistema de bloques mundial y regional que rigió durante el último siglo y que Turquía ya no es el país de antes, sino un estado dispuesto a defender sus intereses nacionales”, escribía recientemente el columnista turco Özcan Tikit en el diario Habertürk.

El acuerdo con Turquía en cifras

El pacto. El acuerdo entre Bruselas y Ankara fija que por cada sirio devuelto a Turquía otro que ya esté allí será trasladado a la Unión legalmente mediante el reasentamiento.

897 refugiados han sido reasentados desde Turquía en la UE siguiendo este método. Alemania y Suecia han sido los principales receptores. España ha recibido a un total de 57.

3.000 millones de euros. El acuerdo prevé el pago de la UE a Turquia de esta cantidad entre este año y el próximo. De momento, se han aprobado 2.155 millones, asignado 229 millones y pagado 105.

En el país euroasiático viven más de 2,5 millones de sirios y un cuarto de millón de iraquíes y su número no deja de crecer.

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La ONU mantiene la inmunidad pese a admitir su culpa en el cólera de Haití

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La ONU mantiene la inmunidad pese a admitir su culpa en el cólera de Haití

Un tribunal de apelaciones estadounidense ha reafirmado la inmunidad de la ONU ante una demanda en nombre de víctimas del cólera en Haití, que responsabilizan a la organización de haber llevado la enfermedad al país. La decisión, emitida en las últimas horas, confirma el fallo de un juez federal de Nueva York, que el año pasado desestimó la acción emprendida contra la organización internacional. En la sentencia, el tribunal de apelaciones rechaza los argumentos presentados por los demandantes y considera que la inmunidad de Naciones Unidas debe mantenerse en este caso. El dictamen judicial se produjo horas después de que, por primera vez, la ONU admitiese que tuvo un papel en el inicio de la epidemia de cólera en Haití, que ha dejado desde 2010 miles de muertos y cientos de miles de afectados.

Lo hizo en respuesta a un informe sobre el caso elaborado por el relator especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema de la propia organización, Philip Alston. La ONU adelantó que el texto de Alston servirá de base para un nuevo paquete de acciones que tiene previsto anunciar en los próximos dos meses para apoyar a Haití frente al cólera.

Pese a ello, la organización dejó claro que su posición jurídica no ha cambiado, por lo que a priori seguirá esgrimiendo su inmunidad frente a las acciones judiciales. Los demandantes disponen ahora de 90 días para recurrir al Tribunal Supremo y, según sus representantes, adoptarán una decisión al respecto en función de las acciones que tome la ONU en ese periodo. “Nuestro objetivo siempre ha sido lograr reparaciones para las víctimas, ya sea dentro o fuera de los tribunales, y vamos a seguir trabajando en todos los foros disponibles hasta que eso ocurra”, afirmó en un comunicado Brian Concannon, director ejecutivo del Instituto para la Justicia y Democracia en Haití, una organización con sede en Estados Unidos que apoya las demandas de las víctimas.

Según éstas, el brote de cólera que aún afecta al país caribeño fue causado por un vertido en un río de residuos fecales del contingente nepalí de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah). Se trata de una posibilidad que admiten varios estudios técnicos y la organización ha subrayado siempre su compromiso a seguir colaborando con las autoridades para eliminar la enfermedad del país.

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Comunicado conjunto de estados miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela

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Comunicado conjunto de estados miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de Venezuela

Jueves 11 de Agosto de 2016. Información para la Prensa N°: 263/16

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

Nosotros los firmantes, Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), subrayamos nuestro compromiso con la Carta de la Organización y la Carta Democrática Interamericana, la declaración del Consejo Permanente de la OEA sobre  Venezuela del 1 de junio de 2016 (CP/DEC 63/16) y nuestro apoyo a un diálogo político oportuno, nacional, incluyente y eficaz para hacer frente a las necesidades urgentes del pueblo venezolano, preservar la paz y la seguridad, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa.

Hemos tomado en cuenta la exposición del ex Presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero del 21 de junio de 2016 sobre la iniciativa para promover el diálogo político nacional en Venezuela, así como el informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes del 23 de junio de 2016, presentado de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, y las observaciones formuladas por los Estados Miembros en ambas reuniones del Consejo Permanente.

Instamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a concretar a la brevedad un dialogo franco y efectivo, de manera directa o con apoyo de facilitadores, que permita encontrar soluciones duraderas en un clima de paz y respeto mutuo, exhortándoles a mantener observancia de las formas de expresión y de incidencia pacíficas y no violentas.

Tomamos nota del anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la verificación de las firmas necesarias para avanzar a la fase de petición del Referendo Revocatorio Presidencial.

Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen  el ejercicio  de los  derechos constitucionales del pueblo venezolano y a la vez, se cumplan de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial, y así contribuir a resolver de forma pronta y efectiva las actuales dificultades políticas, sociales y económicas en ese país.

Washington, D.C., Estados Unidos, 11 de agosto de 2016

 

[via rss]

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América Latina puede enriquecer el liderazgo de la ONU

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Nuestros artículos: América Latina puede enriquecer el liderazgo de la ONU

Naciones Unidas abrió la sucesión del Secretario General saliente, el surcoreano Ban Ki Moon, y América Latina, políticamente diversa pero fortalecida en su conciencia como bloque, aspira ahora a encumbrar a uno de sus diplomáticos por segunda vez en la historia de la organización.

Desde 1948 hasta hoy, sólo hubo un Secretario General de la ONU de origen latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuellar (1982-1991), cuya gestión abarcó el final de la Guerra Fría.

El Secretario General es elegido por la Asamblea General de la ONU, pero a propuesta del Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes tienen poder de veto sobre los postulantes. Este año, por primera vez, los candidatos se sometieron a audiencias públicas en la Asamblea General, presentaron sus propuestas y respondieron inquietudes de los países.

Ahora, entre 12 candidaturas, todas con valiosos antecedentes, mi país –Argentina- postula a su Canciller, Susana Malcorra, de vasta experiencia multilateral.

Después de desempeñarse como Directora del Programa Mundial de Alimentos, Malcorra fue Secretaria General Adjunta a cargo del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de la ONU, para luego convertirse en la Jefa de Gabinete de la Secretaría General.

Justamente, entre los factores que decidirán la elección del nuevo secretario general se destaca el reclamo internacional para que, por primera vez en la historia de la ONU, sea una mujer la que ocupe su cargo más alto, en una organización que lidera la lucha por la igualdad de género.

En la lucha por cada uno de los grandes objetivos de Naciones Unidas -desarrollo, sustentabilidad, paz y derechos humanos- las mujeres han pasado a jugar un rol imprescindible a nivel global y, en muchos casos, han demostrado una importante ventaja como negociadoras de conflictos y magníficas operadoras de un cambio real.

En América Latina y el Caribe, casi el 51 % de sus habitantes (625 millones) son mujeres. En la población económicamente activa, entre 1995 y 2015, ellas pasaron de representar el 44,5% al 52,6% (OIT), y tanto legal como socialmente lograron avances concretos en el ejercicio de sus derechos.

En particular, América Latina exhibe una reciente, pero muy rica, tradición de mujeres que han ejercido el poder diplomático. Actualmente, un tercio de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) son mujeres. Es el fiel reflejo de una intensa participación política femenina en una región que ha dado 10 presidentas en apenas cuatro décadas.

La región siente además, con razón, que le ha llegado el turno de volver a expresar su representatividad a través de la Secretaría General que una vez ejerció Pérez de Cuéllar.

Desde 1948, hubo cuatro Secretarios Generales europeos (Gladwyn Jebb, Trygve Lie, Dag Hammarskjöld y Kurt Waldheim), dos africanos (Boutros Ghali y Kofi Annan) y dos asiáticos (U Thant y Ban Ki-moon). Sin embargo, la cuestión excede ampliamente la representatividad geográfica.

Entrado el siglo, el mundo busca un nuevo balance geopolítico en el que todo el Hemisferio Sur impone el peso de su potencial de recursos naturales y humanos para el futuro de la Humanidad delineado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la pobreza extrema como gran prioridad.

Al respecto, según la Cepal, más del 90% de la pobreza mundial se concentra en los países de renta baja, con poblaciones jóvenes de crecimiento rápido, como América Latina, mientras más de tres cuartas partes del crecimiento se generan en países de renta alta con tasas de fertilidad mucho menores.

En consecuencia, todo el Sur -nuestra región incluida- demanda y merece mayor reconocimiento, voz y participación en las grandes decisiones internacionales que pueden revertir el panorama heredado del Siglo XX.

Un elemento básico que determina esa nueva articulación del mapamundi es el demográfico. La población mundial superó los 7.200 millones de habitantes (sumará otros 2.000 millones para 2050) y la mayor parte del crecimiento corresponde a regiones menos desarrolladas.

Nuevamente, la mujer aparece sub representada en los ámbitos de decisión, considerando que conforman el 52% de la población mundial. Las más altas instancias del poder multilateral necesitan responder a esa realidad.

Por otra parte, América Latina, como África y Asia, se convirtió -y lo seguirá siendo- en el escenario central de la batalla que libra el mundo por un desarrollo que respete el equilibrio del planeta, lejos de la ecuación actual: el 1% de la población reúne el 50% de la riqueza global (Oxfam, 2016).

Semejante desigualdad, un problema que se ha vuelto incluso contra Estados Unidos y Europa, desafía los postulados de desarrollo humano de la ONU.

Quitando el África subsahariana, un caso extremo de hambrunas y guerras, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta (el doble de inequitativa que Escandinavia en el Coeficiente de Gini, 0,50 a 0,25).

Los latinoamericanos probaron durante la última década la eficacia de las políticas públicas de inclusión. Además de atestiguar el problema, pueden aportar su experiencia para contrarrestar la irracionalidad extractiva a expensas del medio ambiente en regiones subdesarrolladas, tanto como la voracidad financiera que sumergió a las grandes potencias en su propia crisis.

En términos cualitativos, la población mundial crece en diversidad étnica, social y cultural, con una dinámica de cambio desconocida. La voz de América Latina, espejo de ese mundo y a la vez prueba de buena convivencia, adquieren mayor relevancia en organizaciones multilaterales como la ONU.

Si el extremismo es otro ítem central de la agenda mundial, la América Latina actual es un ejemplo de cómo sobrellevar las diferencias políticas y religiosas.

Lo mismo puede decirse de su capacidad para superar antiguos conflictos armados, el último de ellos en Colombia, y de asumir pacíficamente los más diversos e intensos flujos migratorios que atribulan a otras regiones.

Con Asia y África, hasta ahora mejor representadas históricamente en la Secretaría General que Latinoamérica, la organización necesita buscar nuevos equilibrios y abandonar la lógica Centro-Periferia que dominó todo el Siglo XX.

En ese sentido, el potencial de América Latina y, en particular, el de sus mujeres le ofrecen a las Naciones Unidas una gran oportunidad de refrescar la perspectiva desde la cual mirar el mundo, sus problemas y su futuro en esta decisiva época.

Por Jorge Argüello

Publicado en la agencia EuropaPress, de España

5/8/2016

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[via Embajada Abierta]

América Latina puede enriquecer el liderazgo de la ONUDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

Philip Morris v Uruguay: an affirmation of ‘Police Powers’ and ‘Regulatory Power in the Public Interest’ in International Investment Law

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Philip Morris v Uruguay: an affirmation of ‘Police Powers’ and ‘Regulatory Power in the Public Interest’ in International Investment Law

In recent years there has been criticism that international investment treaties and investor-State arbitration conducted under those treaties increasingly, and unacceptably, have encroached upon the legitimate uses of States’ regulatory power. These concerns have not only been expressed in scholarship, but have also been at the forefront of State negotiations in recent multilateral and bilateral trade and investment agreements (see, for example, the recent discussion by Anthea Roberts and Richard Braddock here on the China-Australia Free Trade Agreement). The concerns have led to policy proposals from States and international organisations for greater safeguards for States to be able to enact measures in the public interest without attracting liability under investment treaties.

Investor-State arbitration tribunals appear to be alive to these concerns. On 8 July 2016, a tribunal (constituted by Professor Piero Bernardini, Mr Gary Born and Judge James Crawford) convened pursuant to the Switzerland-Uruguay Bilateral Investment Treaty (‘BIT’) delivered an award which, by majority, upheld the legality of two tobacco-control measures enacted by the Uruguayan government for the purpose of protecting public health. The award contains an extensive analysis of the interaction between States’ regulatory powers to enact laws in the public interest and States’ obligations to protect and promote foreign investment within their territory. This post will focus on two aspects of the award that considered this interaction: the claim pursuant to Article 5 of the BIT (expropriation) and the claim pursuant to Article 3(2) (fair and equitable treatment or FET).

The challenged measures

The claim, brought by the Philip Morris group of tobacco companies against Uruguay, challenged two legislative measures. First, the claimants challenged a law that mandated a ‘single presentation requirement’ on cigarette packaging, such that different packaging or variants of cigarettes were prohibited.

Secondly, the claimants challenged a law that mandated an increase in the size of health warnings on cigarette packaging from 50 to 80% of the lower part of each of the main sides of a cigarette package (‘the 80/80 requirement’). As the the amicus brief submitted by the WHO and Framework Convention on Tobacco Control (‘FCTC’) Secretariat noted, large graphic and text health warnings are increasingly common on tobacco packaging globally and a number of States have enacted (or are considering enacting) laws with the aim of preventing misleading tobacco packaging, as is required of States parties to the FCTC (including Uruguay).

Expropriation and ‘police powers’

The claimants argued that the single presentation requirement and the 80/80 requirement constituted an indirect expropriation of the claimants’ brand assets, including intellectual property and good will associated with the brand variants, contrary to Article 5(1) of the BIT. In response, Uruguay contended that the measures could not be considered expropriatory on various grounds. Relevantly, Uruguay contended that the challenged measures were a legitimate exercise of its “police power” to protect public health.

The Tribunal unanimously rejected the claim that the challenged measures were expropriatory. In addition to concluding that the measures did not deprive the claimants of their investment, the Tribunal also considered that the challenged measures were not expropriatory on the basis that the measures were a “valid exercise of the State’s police powers, with the consequence of defeating the claim for expropriation” (at [287]). By “police powers”, the tribunal was referring to States’ powers to enact bona fide, non-discriminatory measures for the protection of public welfare (including public health). The tribunal considered that the measures were bona fide, for the purpose of protecting the public health, were non-discriminatory and were proportionate to the objective pursued (at [305]).

Article 5(1) of the BIT does not expressly refer to the police power of States, nor is it referred to elsewhere in the treaty text. However, the Tribunal considered that Article 5(1) must be interpreted in accordance with Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties (‘VCLT’), such that the provision must be interpreted in light of customary international law as a “relevant rule of international law applicable to the relations between the parties”. The tribunal considered that the police power of States was reflected in customary international law and applied to the expropriation analysis accordingly.

In addition to offering an affirmation of the applicability of the police powers of States to indirect expropriation claims under BITs, the award is notable insofar as it explicitly articulates the basis on which it has invoked the police power using the applicable principles of treaty interpretation under the VCLT. This approach is consistent with another tribunal in Saluka v Czech Republic, which similarly considered that the expropriation article in the applicable BIT imported into the treaty the customary international law notion of “police powers”, also relying on Article 31(3)(c). The citation and reliance on the VCLT is welcome, as while the invocation of the police power at the point of interpreting the expropriation provision in the BIT is a common (although not universal) approach, tribunals have not consistently articulated the basis on which the police power applies.

While each case turns on its own facts and is not binding on subsequent tribunals, the award is the latest in a number of decisions that suggest that expropriation provisions in BITs, properly interpreted, accommodate the “police powers” of States even absent explicit treaty language to that effect. 

Fair an Equitable Treatment and ‘regulatory power in the public interest’

The claimants further argued that the measures were unfair and inequitable on the basis that the measures were arbitrary (insofar as they failed to serve a public purpose but caused substantial harm), undermined the claimants’ legitimate expectations, and destroyed the stability of the legal framework in which the claimants invested. Uruguay again emphasised that the measures were bona fide measures enacted in a non-discriminatory manner that were logically connected to the objective of protecting public health. The majority of the tribunal noted that whether a particular treatment is fair and equitable will depend on the circumstances of a particular case, and focussed its analysis on the principles of arbitrariness, legitimate expectations, and stability.

In rejecting the argument that the challenged measures were arbitrary, the majority of the tribunal instead concluded the measures were reasonable, not discriminatory or disproportionate and were enacted in good faith. In doing so, the majority of the tribunal considered that the “margin of appreciation” as developed in the jurisprudence of the European Court of Human Rights applied equally in disputes arising under BITs, and that tribunals “should pay great deference to governmental judgments of national needs” (at [399]). Similarly with respect to legitimate expectations and stability, the tribunal accepted that neither concept affected “the State’s rights to exercise its sovereign authority to legislate and to adapt its legal system to changing circumstances” (at [422]). In particular, changes to general legislation were not prevented by the FET standard if they did not “exceed the exercise of the host State’s normal regulatory power in pursuance of a public interest” and did not modify the legal framework relied upon by an investor outside of “an acceptable margin of change” (at [423]). In the absence of any specific undertakings by the host State, the tribunal concluded there could be no legitimate expectation that the regulatory environment would not change; indeed, the expectation “could only have been of progressively more stringent regulation” (at [430]). Nor could the challenged measures be said to modify the legal framework beyond an acceptable margin of change. The FET standard, in the majority’s view, was not a “guarantee that nothing should be done by the host State for the first time” (at [433]).

Arbitrator Gary Born dissented, rejecting the applicability of the margin of appreciation in the BIT context and considering that the single presentation requirement breached the FET standard as it was arbitrary, irrational and did “not bear even a minimal relationship to the legislative policy objective cited by Uruguay for the requirement”. He reiterated, however, that his conclusions were “not in any way a comment on the sovereign authority of Uruguay (or any other state) to safeguard its population’s health or safety”, such measures being “within the regulatory sovereignty of Uruguay”. Substantial deference to this regulatory sovereignty was required, but was “not a substitute for reasoned analysis” of whether the measures satisfied a minimum level of rationality and proportionality between the regulatory measure and the public interest objective.

In contrast to the (relatively) more settled jurisprudence on “police powers” in an indirect expropriation context, consideration of the extent to which the FET standard limits States’ regulatory powers to enact laws in pursuit of public interest objectives is less developed and less consistent. This perhaps reflects a broader lack of consensus as to the precise content of the FET standard. In addition to the different conclusions reached by the majority and dissenting arbitrators, the unsettled status of the issue is reflected in the varying language adopted by the tribunal to describe States’ regulatory powers within the FET analysis, using expressions such as “sovereign power”, “sovereign authority to legislate”, “normal regulatory power in the pursuance of a public interest” and “regulatory sovereignty” interchangeably. Notably, the tribunal did not use the language of the “police power” in the FET analysis, notwithstanding that much of the majority’s conclusion that underpinned the police power analysis (that the measures were non-discriminatory, proportionate and in pursuit of a public welfare objective) also underpinned the finding that the measures were “reasonable” for the purposes of the FET analysis.

More broadly, the differing views between the majority and the dissent as to the relevance of the “margin of appreciation” and deference to the regulatory powers of States (and the extent of any such deference) reveals an affirmation of States’ regulatory powers in principle, but a remaining uncertainty as to their relevance and scope in their application to the FET standard. The award therefore highlights that the ongoing debate as to the impact of investment treaties on States’ regulatory powers has shifted in emphasis from expropriation to the FET standard.

 

[via EJIL: Talk!]

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Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo

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Nicolas Boeglin (*)

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

 

Desde varias semanas circula en la red un llamado colectivo suscrito por una gran cantidad de profesores de derecho internacional, asistentes e investigadores, titulado “Contra una invocación abusiva del derecho de legítima defensa para hacer frente al terrorismo” (  A plea against the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism – Contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorismo).

Entre los suscriptores, que ya llegan a los 230 profesores y casi medio centenar de asistentes/investigadores (véase la lista disponible aquí   al 25 de julio, regularmente actualizada por el Centre de Droit International de l´Université Libre de Bruxelles, ULB) , encontramos a renombrados miembros de la comunidad académica del derecho internacional, así como a  docentes e investigadores mucho más jóvenes provenientes de diversas partes del mundo.  El objetivo de este manifiesto colectivo consiste en denunciar la invocación abusiva del argumento jurídico de la legítima defensa por parte de los Estados  en el contexto de la lucha contra el denominado “Estado Islámico” (más conocido por sus siglas ISIS, EJIL o Daesh).

Como bien se sabe, la Carta de Naciones Unidas es extremadamente clara con relación a la única excepción a la prohibición del uso de la fuerza consagrada como tal desde 1945: la legítima defensa (y las operaciones militares realizadas con la aprobación del Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII de la Carta). No obstante, desde el 11/S, diversas interpretaciones hechas por Estados Unidos y por sus aliados con relación a la noción de legítima defensa intentan justificar legalmente acciones militares unilaterales o colectivas en el territorio de otros Estados, sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades.  La compilación sistemática de cada bombardeo registrado en Siria y en Irak por parte de la denominada “coalición” liderada por Estados Unidos  (véase los  ilustrativos gráficos  realizados por la ONG Airwars.org) evidencia que las bombas que caen en suelo sirio e iraquí provienen en su inmensa mayoría de aeronaves norteamericanas.

En una reciente nota publicada en el sitio del European Journal of International Law (EJIL) sobre este mismo llamado colectivo, se lee que: “Particularly since 9/11, several States have supported a broad reading of the right to use force in self-defence, as allowing them to intervene militarily against terrorists whenever and wherever they may be. A consequence of that conception is that any State could be targeted irrespective of whether that State has ‘sent’ the irregular (in this case terrorist) group to carry out a military action or has been ‘substantially involved’ in such an action” (Nota 1).

El uso de la fuerza de un Estado (o de una coalición de Estados) amparado en el ejercicio de la legítima defensa solo se puede realizar de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las reglas imperantes en derecho internacional, y en particular la Carta de Naciones Unidas. Sobre este punto en particular, es de recordar que Francia presentó un sorprendente proyecto de resolución a los demás integrantes del Consejo de Seguridad días después de los atentados de Paris del 13 de noviembre  del 2015  (véase el texto completo  de la « blue version » circulada entre las delegaciones)  evitando toda referencia a la Carta en su parte dispositiva: se trató, sin lugar a dudas, de una verdadera “première” de la diplomacia francesa en Naciones Unidas que ameritaba, como mínimo, ser señalada como tal (Nota 2). Como nos permitimos escribirlo en su momento, “… en la ciencia del derecho, la ambigüedad de los términos y la confusión que conlleva su uso son particularmente útiles cuando las reglas son claras. Resulta evidente la prontitud con la que los delegados de Francia intentaron justificar desde el punto de vista jurídico sus acciones militares en Siria, obviando el hecho que la resolución adoptada no refiere expresamente a acciones militares, las cuales solamente pueden ser las previstas en el Capítulo VII de la Carta” (Nota 3). Como también tuvimos la oportunidad de externarlo en estas mismas páginas de DIPúblico.org en nota publicada el 23/11/2015, “Lo que podríamos denominar un sutil “glissement sémantique” al que ha procedido Francia en días recientes responde en gran medida a la necesidad de justificar (de manera retroactiva) sus bombardeos del 27 de setiembre y los realizados después del 13 de noviembre».

El texto de este llamado de la comunidad académica del derecho internacional, que han suscrito  diversos especialistas en derecho internacional (disponible aquí  en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) considera, entre otros puntos que:

« De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral.  Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas – particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa ».

Para los firmantes del texto,

«… el terrorismo representa un desafío en lo concerniente a su prevención y represión, en particular esto implica la persecución y el juzgamiento de los autores de dichos actos terroristas. Las herramientas que ofrece el derecho en ese sentido son variadas: ellas hacen referencia principalmente a una cooperación policial et judicial, que posee como principal objetivo la represión de los crímenes cometidos y la prevención de su repetición. Si bien dicha cooperación merecería ser profundizada y mejorada, ella ha demostrado su eficacia en varias ocasiones, a través del desmantelamiento de redes, desbaratamiento de atentados o de la detención de sus autores. El hecho de situarse en forma inmediata en el plano de la “guerra contra el terrorismo” y la “legítima defensa”, haciendo referencia generalmente a un estado de excepción derogatorio del derecho común, podría desembocar en el riesgo de minimizar, olvidar o inclusive ignorar este último”.

Cabe señalar que académicos e investigadores en derecho internacional pueden aún suscribir este texto, ello hasta el próximo 31 de julio.  El documento recuerda algunas verdades sobre el alcance preciso de ciertas reglas, que conocen perfectamente bien los diplomáticos en Nueva York, pero cuyos homólogos  en el Consejo de Seguridad se han encargado de interpretar de manera ambigua, en particular desde el inicio de las operaciones militares aéreas en  Siria (Nota 4).

Este verdadero manifiesto global en favor de una interpretación correcta de la Carta de 1945 precisa que:

« … es el Consejo de Seguridad a quien le incumbe, conforme al Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la responsabilidad primordial en el ámbito del mantenimiento y el restablecimiento de la paz. Este último ha calificado en diferentes oportunidades al terrorismo internacional como una amenaza contra la paz y resulta lógico que, exceptuando los casos de urgencia que no permitan disponer del tiempo suficiente para su tratamiento, sea dicho órgano el responsable de decidir y, posteriormente, coordinar y supervisar una acción eventual de seguridad colectiva. La práctica consistente a confinarlo a un rol de productor de resoluciones ambiguas y con un alcance principalmente diplomático, como por ejemplo en el caso concerniente a la adopción del a resolución 2249 (2015) relativa a la lucha contra Daesh, debe ser superada en beneficio de un retorno a la letra y espíritu de la Carta, en orden a asegurar un punto de vista multilateral de la seguridad. /…/ El simple hecho que el Estado sea, a pesar de sus esfuerzos, incapaz de dar término a los actos terroristas en su territorio, no puede ser suficiente para justificar el bombardeo de su territorio sin su consentimiento. Dicho argumento no encuentra justificación alguna en los textos jurídicos existentes, ni en la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de Justicia. Su aceptación implicaría llevarnos a los abusos más graves y, como consecuencia de ello, las operaciones militares podrían llevarse a cabo contra la voluntad de un número importante de Estados, bajo el único pretexto que estos último no serían, a la vista la potencia interviniente, suficientemente eficaces en la lucha contra el terrorismo.».

Con relación al otro Estado del hemisferio americano que ha acompañado a Estados Unidos en su campaña de bombardeos aéreos en Siria, en febrero del 2016, las nuevas autoridades electas en Canadá optaron por suspender todas los bombardeos aéreos en Siria, y también en Iraq. En esta   nota oficial  de las Canadian Armed Forces (CAF) se lee que: “In accordance with Government of Canada direction, the Canadian Armed Forces (CAF) ceased airstrike operations in Iraq and Syria on 15 February 2016. From their first sortie on 30 October 2014 to 15 February 2016, the CF-188 Hornets conducted 1378 sorties resulting in 251 airstrikes (246 in Iraq and 5 in Syria), expended 606 munitions and achieved the following effects: 267 ISIL fighting positions, 102 ISIL equipment and vehicles, and, 30 ISIL Improvised Explosive Device (IED) factories and ISIL storage facilities”.

Cabe mencionar que en el 2015, un jurista canadiense concluyó un muy completo artículo sobre las bases jurídica de los bombardeos aéreos canadienses en Siria y en Irak en los siguientes términos, que nos permitimos reproducir: “However, there is a further legal hurdle for Canada to overcome. Unless Canada can attribute ISIS´ attacks in Iraq to Syria, then the question becomes whether Canada may lawfully target ISIS, as a nonstate actor in Syria’s sovereign territory, using the ‘unwilling or unable’ doctrine to prevent ISIS’ extraterritoriality attacks against Iraq. This justification moves significantly away from the Nicaragua, Congo and Israeli Wall cases’ requirement for attribution. There appears to be a lack of consensus on whether opinion juris and state practice have accepted the “unwilling or unable” doctrine as customary international law. There is no escaping the conclusion that Canada’s air strikes on Syria are on shaky, or at least shifting, legal ground ” (Nota 5).

Los firmantes del llamado colectivo, cuyo número aumenta día con día, incluyendo a académicos de diversas edades y partes del mundo, concluye reafirmando que:

«El orden jurídico internacional no puede reducirse a una lógica intervencionista similar a aquella que hemos conocido previo a la adopción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esta última tuvo como principal objetivo substituir las operaciones militares unilaterales por une sistema multilateral basado en la cooperación y en el role primordial del derecho y las instituciones. Sería dramático que, sobre la base de la emoción comprensible que genera la multiplicación de los atentados terroristas, terminemos por olvidar dichas características ».

Nota 1: Véase CORTEN O., « A Plea Against the Abusive Invocation of Self-Defence as a Response to Terrorism”, European Journal of International Law (EJIL Talk), July 14, 2016, disponible  aquí .

Nota 2: Véase nuestra modesta nota publicada en Francia,  BOEGLIN N., «Attentats à Paris: remarques à propos de la résolution 2249 », Actualités du Droit, 6 décembre 2015, disponible  aquí . La misma fue publicada en español unos días antes en el sitio de Voltaire.net.org bajo el título, “La Resolución 2249 no autoriza a bombardear Siria”, 3 de diciembre del 2015, disponible aquí. También remitimos a lector a la nota redactada después del debate parlamentario acaecido en el Reino Unido a finales de noviembre del 2015 que concluyó con la autorización al Ejecutivo británico para proceder a  bombardeos en Siria: BOEGLIN N. «Arguments based on UN resolution 2249 in Prime Minister´s report on airstrikes in Syria: some clarifications needed », Global Research, December 3, 2015, disponible aquí  así como en el sitio de Human Rights Investigation, December 4, 2015, disponible aquí .

Nota 3: Véase nuestro breve análisis, BOEGLIN N., “Francia en guerra: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional”, Derecho al Dia, 26 de Noviembre del 2015. Texto de la nota disponible aquí.

 

Nota 4: Sobre la controvertida noción de Estado « unwilling or unable » que justificaría, para algunos diplomáticos y militares, operaciones militares en su territorio sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades, véase: CORTEN O., “The ‘Unwilling or Unable’ Test: Has it Been, and Could it be, Accepted?”, Leiden Journal of International Law, 2016. Texto completo del artículo disponible  aquí .

Nota 5: Véase LESPERANCE R.J. , “Canada’s Military Operations against ISIS in Iraq and Syria and the Law of Armed Conflict”, Canadian International Lawyer, Vol. 10 (2015), pp. 51-63, p. 61. Texto completo del artículo disponible  aquí .

Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismoDerecho Internacional Público - www.dipublico.org

El mar del Sur de China y el dilema de la seguridad en Asia

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El mar del Sur de China y el dilema de la seguridad en Asia

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) resolvió el 12 de julio la petición de la República de Filipinas contra la República Popular de China en relación a las controversias entre ambos Estados sobre los derechos marítimos y prestaciones en el mar del Sur de China, el estado de ciertas características geográficas en la zona así como la legalidad de diversas acciones por parte de Pekín en esas aguas. La base jurídica de la resolución ha sido la Convención sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982 (Unclos, en inglés). El tribunal falló que no había base legal para la reivindicación por parte de China de derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marinas que entran en la llamada “Nine-Dash Line”.

A pesar de que Pekín ha rechazado la decisión, que ha calificado de nula y vacía, el fallo será fundamental para los diversos intereses hoy en disputa en el mar del Sur de China: recursos pesqueros, petroleros y gasísticos. El dictamen también será clave en el creciente dilema de seguridad en el sureste asiático ante el progresivo posicionamiento de China en el área, donde desarrolla un programa de construcción de islas artificiales. La resolución de la CPA es sobre todo importante desde el punto de vista del orden jurídico internacional, cuestionado una y otra vez por China.

En 2013 Filipinas presentó una demanda ante el tribunal con sede en La Haya solicitándole su pronunciamiento sobre los derechos históricos y la validez de ciertos títulos marítimos como generadores de derechos, además de la legalidad de ciertas acciones de China que Filipinas consideraba que violaban la Unclos. Básicamente, Filipinas denunciaba el uso de la llamada Nine-Dash Line como base de esas reclamaciones, evitando pedir una decisión sobre la cuestión de soberanía en los territorios y fronteras entre ambos países.

Otros Estados ribereños como Malasia, Brunei, Vietnam o Taiwán tienen reclamaciones territoriales, sobre todo en las islas Spratley. Junto con el enfrentamiento con Vietnam por las islas Paracel, las acciones de Pekín en el mar del Sur de China –llamado por Filipinas mar Filipino Occidental– han creado una tensión sin precedentes en la zona en los últimos 20 años. Las disputas en esas aguas, no obstante, no son nuevas. En 1994-95 se produjo el conflicto en Mischief Reef y en 2011 el de Recto Bank y las islas Kalayaan, territorios que Filipinas sitúa dentro de su zona económica exclusiva (ZEE).

La crisis más grave se produjo en 2012 por el Scarborough shoal o Bajio de Masinloc en 2012, cuando Filipinas acudió al mecanismo de arbitraje obligatorio establecido en el Convenio sobre Derecho del Mar de 1982 (art. 287 y anejo VII). Pekín argumentó que en 2006 había firmado una declaración de exclusión del arbitraje relativa al artículo 298 y alegó que la acción de Filipinas incumplía el artículo 4 de la Declaración sobre el comportamiento de las partes en el mar del Sur de China, firmado en noviembre de 2002. Sin embargo, la crisis en el Scarborough Shoal llevó al gobierno filipino del presidente Benigno Aquino a dar una serie de pasos jurídicos, políticos y de defensa que, en este último ámbito, llevó a la firma de un Acuerdo de Cooperación de Defensa en 2014, puesto en marcha en 2016, que permitirá el uso de ocho de sus bases militares a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Una serie de declaraciones por parte de Vietnam, India, Japón y Australia han hecho referencia a la necesidad del cumplimiento del orden jurídico y el Derecho Internacional en la región, sin embargo la Asociación de Naciones de Sureste Asiático (Asean) manifiesta cierta división interna respecto a estas disputas. Por ello, será la relación entre EEUU y China la que marque el curso de los acontecimientos. La posición de Washington ha estado siempre apoyada en la libertad de navegación como principal argumento jurídico –a pesar de no ser firmante de Unclos– y ha realizado un cuidadoso mantenimiento del equilibrio entre el reaseguramiento de sus aliados, la defensa de sus interese globales (orden jurídico internacional incluido) y regionales, así como su estrategia Pivot to Asia que tanto inquieta a China.

La percepción en los países del área y en amplios sectores intelectuales y políticos estadounidenses es que la República Popular China se ha convertido en un Estado revisionista y que, como argumenta el profesor John Mearsheimer, el ascenso de la RPC no será pacífico. Un empeoramiento progresivo del dilema de seguridad en el área puede llevar a lo que el profesor de la Universidad de Harvard Graham Allison ha denominado Trampa de Tucídides: un cálculo consciente por parte de uno de los adversarios de que iniciar una guerra lo antes posible es preferible a retrasarlo. Aunque este postura ha sido muy criticada, Tucídides también incluye otras opciones, como el verse empujado, atraído o sucumbir al conflicto. Según el profesor Robert Jervis, entender el sistema internacional como un ente complejo ayudará a comprender que la evolución de las estrategias puede llevar a resultados no queridos o esperados.

[via Política Exterior]

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Primera asamblea anual del banco de los BRICS se inaugura en Shangái

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Primera asamblea anual del banco de los BRICS se inaugura en Shangái

Hace dos años el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS existía únicamente como una idea en el documento firmado por los líderes de Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, pero el 20 de julio de 2014 se celebró la primera asamblea como institución financiera de desarrollo multilateral en toda regla.

“Los países BRICS se enfrentan actualmente a distintos riesgos y desafíos. Estoy convencido de que con las dificultades siempre surgirán nuevas oportunidades. Sabemos que la tendencia hacia la consolidación del estatus de los países de los BRICS no va a cambiar. Nuestra posición en el ámbito internacional seguirá reforzándose”, declaraba el vice primer ministro chino Zhang Gaoli durante la ceremonia de inauguración de la primera asamblea anual del NBD.

Durante la reunión del consejo de directores del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que también se ha celebrado hoy en Shanghái, se ha aprobado la financiación de un proyecto de desarrollo del sector energético en Carelia, región del noroeste de Rusia, al que se destinarán 100 millones de dólares.

Sobre ello informaba a la prensa rusa el presidente del Nuevo Banco de Desarrollo, Kundapur Vaman Kamath. El proyecto de construcción de un pequeño generador hidroeléctrico de una potencia de 50 MW en Carelia será el primero que financiará el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en el territorio de Rusia.

El acuerdo sobre la creación del Nuevo Banco de Desarrollo se firmó durante la sexta cumbre de los BRICS celebrada en Brasil en 2014. El NBD está llamado a convertirse en una superficie para incrementar las inversiones conjuntas y el comercio entre sus miembros, así como para financiar proyectos de infraestructuras en los países de los BRICS y en países emergentes. El volumen del capital inicial del banco es de 100.000 millones de dólares y su sede se encuentra en Shanghái.

[via Noticias de Rusia | RBTH]

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Expertos piden solución definitiva para afectados por el conflicto del río Atuel en Argentina

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Expertos piden solución definitiva para afectados por el conflicto del río Atuel en Argentina

20 de julio, 2016 — Dos expertos de la ONU en derechos humanos pidieron hoy al Gobierno de Argentina una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete las garantías fundamentales de las miles de personas afectadas desde hace seis décadas.

El conflicto entre las provincias de la Pampa y Mendoza data de 1947, cuando el último brazo del río Atuel se secó tras la construcción del embalse El Nihuil, financiada por el Gobierno Nacional. La represa se construyó en Mendoza sin tomar medidas preventivas para evitar el impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados perdió la fuente de agua potable y afectó la agricultura, la ganadería y la pesca.

Además del Gobierno Nacional, los expertos Léo Heller e Hilal Elver exhortaron a los de las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la interprovincialidad del río y las insta a regular la utilización del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río.

Heller, relator especial sobre agua y saneamiento consideró que ni los Gobiernos provinciales ni el nacional se han comprometido lo suficiente en la búsqueda de una solución adecuada.

“Incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza, sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”, resaltó.

Por su parte, Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, expresó grave preocupación por el éxodo de la población en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel.

La falta de agua ha contribuido a la salinización del agua restante, lo que ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales así como la degradación del suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura

“Hay que evitar la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua y a la alimentación a muchos argentinos y hay que recordar que, independientemente de la delegación de esos servicios, la principal obligación de garantizar los derechos humanos para todos es del Estado”, puntualizaron los expertos.

[via Centro de Noticias]

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El Parlamento británico aprueba renovar su arsenal nuclear

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El Parlamento británico aprueba renovar su arsenal nuclear

Fue David Cameron, que por primera vez desde 2010 ha escuchado a otra persona hablar desde la tribuna reservada al jefe del Ejecutivo, quien decidió colocar este debate y la posterior votación justo después del referéndum sobre el Brexit. La idea era utilizar un asunto en el que existe casi consenso entre los diputados conservadores para escenificar la unidad de un partido roto tras la venenosa campaña. Y, de paso, echar aún más sal en las heridas de la oposición laborista, para la que, en la actualidad, el futuro del país como potencia nuclear es un tema extremadamente divisorio.

Fue David Cameron, que por primera vez desde 2010 ha escuchado a otra persona hablar desde la tribuna reservada al jefe del Ejecutivo, quien decidió colocar este debate y la posterior votación justo después del referéndum sobre el Brexit. La idea era utilizar un asunto en el que existe casi consenso entre los diputados conservadores para escenificar la unidad de un partido roto tras la venenosa campaña. Y, de paso, echar aún más sal en las heridas de la oposición laborista, para la que, en la actualidad, el futuro del país como potencia nuclear es un tema extremadamente divisorio.

Es probable que, ni en sus mejores sueños, pudiera imaginar Cameron que el Partido Laborista llegaría a la votación sobre Trident, el sistema de submarinos nucleares británicos, en el maltrecho estado en el que ha llegado. En medio de una batalla sucesoria con tres contendientes y con el grupo parlamentario aparatosamente sublevado contra su líder, todo ello regado con ataques personales y denuncias de amenazas en todas las direcciones.

A falta de una posición única en el debate, los laboristas han tenido tres. Unos, los más, defendían votar por la renovación del arsenal con el Gobierno, ya sea en cumplimiento del último programa electoral del partido, ya sea en nombre de las decenas de miles de puestos de trabajo que dependen de la inversión. Otros, incluidos miembros del nuevo Gobierno en la sombra, pedían la abstención. Y otros más, entre ellos el líder, Jeremy Corbyn, histórico militante antinuclear, reclamaban el voto en contra. Opinión compartida esta última, según los sondeos, con la mayor parte de la militancia del partido. Mientras la postura tradicionalmente a favor de renovar Trident está siendo revisada en el partido, el líder había dado a sus diputados voto libre.

El sistema Trident es una fuerza disuasoria nuclear, la que convierte a Reino Unido en potencia nuclear, formada por cuatro submarinos cargados con al menos ocho misiles atómicos cada uno. Está basado en la costa este de Escocia, en Faslane, cerca de Glasgow. Según el Gobierno, desde 1969 uno de los submarinos siempre está de patrulla en algún lugar bajo los mares. La idea es prevenir un ataque nuclear a Reino Unido bajo el principio de la destrucción mutua asegurada: aunque todas las defensas del país, o el propio país, hubiera sido destruido, el submarino de guardia podría responder con un ataque catastrófico al agresor. Cada submarino encierra, en una caja fuerte, una carta sellada y firmada por la primera ministra con instrucciones sobre cómo proceder en caso de que el Gobierno no esté en disposición de dar órdenes. El arsenal está envejecido y, para seguir funcionando, necesita ser sustituido por una nueva generación de submarinos.

“¿Estaría dispuesta a autorizar un ataque nuclear que mate a 100.000 hombres, mujeres y niños inocentes?”, le preguntó a la primera ministra un diputado del nacionalismo escocés, para el que la desaparición de Trident es una causa histórica. “Sí”, respondió May. “Debo decirle que todo el sentido de una fuerza disuasoria es que nuestros enemigos tienen que saber que estaríamos preparados para utilizarla”.

Corbyn realizó un rápido cálculo. Hay 40 cabezas nucleares, cada una ocho veces más poderosa que la bomba que mató a 140.000 personas en Hiroshima en 1945. “¿Cuál es el gran desafío al que nos enfrentamos que podría realmente disuadir un millón de muertes?”, preguntó. No para al Estado Islámico, dijo, ni las atrocidades de Sadam Husein, ni los crímenes de guerra en los Balcanes ni el genocidio de Ruanda. “No creo que amenazar con asesinatos masivos sea una manera legítima de manejar las relaciones internacionales. Si queremos un mundo sin armas nucleares, entonces esta es la oportunidad de emprender ese camino y tratar de traer a otros con nosotros”, añadió.

Para May, en cambio, “la amenaza nuclear no ha desaparecido”. “Si acaso, ha aumentado”, aseguró, citando a Rusia y Corea del Norte. “No vamos a escondernos detrás de otros en nuestro deber moral. Abandonar la fuerza disuasoria nuclear por un idealismo fuera de lugar sería una apuesta temeraria que debilitaría a nuestros aliados y alentaría a nuestros enemigos”, concluyó la primera ministra.

[via Portada de Internacional | EL PAÍS]

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El impacto internacional del fallido golpe de Estado en Turquía

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El impacto internacional del fallido golpe de Estado en Turquía

Las consecuencias del fracaso del golpe de Estado en Turquía ya son visibles, sobre todo en política interior. Hay un amplio consenso en que el Presidente y su entorno más leal están aprovechando el fracaso de la sublevación militar del 15 de julio para acumular más poder y purgar las instituciones de todo aquel que sea visto como una amenaza existencial, para ellos y para el Estado. Las implicaciones internacionales están pasando algo más desapercibidas y quizás tardarán un tiempo en materializarse. Pero están ahí.

Entre los factores que explican por qué el fracaso del golpe va a tener impacto internacional hay algunos de naturaleza estructural como la posición geoestratégica de Turquía, su pertenencia a la OTAN, su siempre complicada relación con la UE o el peso que todavía retiene el ejército en la definición e implementación de la política exterior turca. Otros son coyunturales, como el hecho de que el golpe se produjera semanas después del anuncio de deshielo diplomático con Rusia e Israel, en un momento crítico para intentar resolver la división de Chipre y cuando Turquía se ha convertido en una pieza clave en los conflictos de Siria e Iraq y en la crisis de los refugiados.

A todo ello hay que añadir que las reacciones internacionales cuando estalló la noticia del intento de golpe de estado en Turquía, fueron lentas y ambiguas. John Kerry, por ejemplo, sólo expresó deseos de estabilidad y continuidad. Federica Mogherini, en un primer tuit, tampoco condenó explícitamente el golpe sino que se limitó a llamar a la calma y al respeto de las instituciones democráticas. Sólo cuando quedó claro que el golpe estaba fracasando, se hizo público un mensaje más rotundo del presidente Barak Obama apoyando al gobierno, que desencadenó declaraciones parecidas por parte del resto de líderes occidentales. Además, medios y personas próximas a Erdoğan no han podido resistirse a hablar de una conspiración de dimensiones internacionales, apuntando directamente a Estados Unidos, lo que ha obligado al embajador estadounidense a emitir un comunicado desmintiendo tales acusaciones.

Quizás por eso valga la pena empezar este repaso de las repercusiones internacionales por Washington. Las relaciones bilaterales no gozan de buena salud. Hace meses que Ankara acusa a Estados Unidos de estar alimentando al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo que está en las listas terroristas de ambos países, debido al apoyo militar que reciben sus aliados sirios, el Partido de la Unión Democrática (PYD), en su lucha contra la organización Estado Islámico. En la capital norteamericana, por su lado, se lamentan de que Erdoğan no fuera más firme contra la amenaza yihadista hasta el verano de 2015 y preocupa la actitud autoritaria del Presidente. Las recientes visitas de Joe Biden a Turquía y la de Erdoğan a Washington, lejos de mejorar la situación, contribuyeron a hacer visible la desconfianza mutua. Tras el fallido golpe de estado, la tensión ha ido en aumento y el secretario de Estado, John Kerry, ha llegado a decir que la OTAN seguirá de cerca el respeto de la democracia en Turquía, algo que se ha interpretado como una insinuación de que podría peligrar su permanencia en la alianza. Se perfilan tres factores que podrían añadir todavía más tensión: la falta de una respuesta favorable a la demanda de extradición de Fethüllah Gulen, residente en Pensilvania, que el proceso de depuraciones llegue a personas con fuertes conexiones en Washington y que Turquía se mostrase menos colaborativa en relación al uso de la base de Incirlik.

Las relaciones con la Unión Europea y sus estados miembros nunca han sido fáciles. Turquía siempre se ha sentido menospreciada y ha lamentado que se le aplique una doble vara de medir. En el pasado, el gobierno de Erdoğan ha reaccionado duramente cuando las instituciones europeas han criticado sus políticas, por ejemplo a raíz de las protestas de Gezi. Con todo, la crisis de los refugiados ha alterado la dinámica de las relaciones. Turquía se ha convertido en indispensable y, tras la firma del acuerdo de marzo, el número de llegadas de refugiados y migrantes a Grecia se ha reducido drásticamente.

Antes de que tuviera lugar el golpe de estado, la cuerda se estaba tensando. Turquía quería que la UE cumpliese con las promesas de acelerar el proceso de negociaciones de adhesión, de aumentar la aportación financiera para atender los refugiados y, sobre todo, de acelerar la liberalización de visados. Sin embargo, desde la UE se insistía que había condiciones que cumplir, entre las cuáles la polémica reforma sobre la legislación anti-terrorista. Tras el golpe fallido, es probable que las reformas sean para ir en la dirección opuesta (especialmente si se reintroduce la pena de muerte), que las purgas en estamentos como la justicia cuestionen la separación de poderes y que prosiga o se amplíe el hostigamiento hacia medios de comunicación opositores. Esto situará a la UE ante un dilema incómodo: o se arriesga a que Turquía no coopere en materia de fronteras o acepta perder credibilidad.

También habrá que estar atentos a las repercusiones sobre Chipre. Los líderes greco-chipriota y turco-chipriota han mostrado voluntad de entendimiento y, hasta ahora, Turquía parecía dar su beneplácito. Es más, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Turquía e Israel aumentaba los incentivos para un acuerdo en Chipre que facilitaría logística y económicamente la explotación de los yacimientos de gas descubiertos en el Mediterráneo oriental. El impacto del golpe sobre Chipre puede ser ambivalente. Podemos contemplar un escenario en que Turquía empiece a poner obstáculos en las negociaciones como represalia por las críticas emitidas desde Europa. Pero también podría ser que Ankara decidiera favorecer la solución negociada para evitar que la crisis con Bruselas descarrilase definitivamente. A ello hay que añadir que, en este conflicto, el papel del ejército turco, con 43.000 soldados desplegados en la isla, ha sido clave. Habrá que estar atentos a si los movimientos contra cuadros del ejército o una eventual pérdida de influencia de las fuerzas armadas en el proceso de toma de decisiones, modifica o no, y en qué dirección, la política turca en Chipre.

Semanas antes del golpe, Turquía anunciaba la normalización de relaciones con Rusia, dañadas desde que, en noviembre de 2015, Turquía derribase un cazabombardero ruso. Los primeros gestos, con la llamada personal de Putin a Erdoğan y la voluntad de propiciar un encuentro personal en cuestión de semanas, indican que el fracaso del golpe ha servido para acelerar los tiempos de la reconciliación. Pero no es sólo una excusa. En un momento en que Turquía ve como se deteriora el tono en sus relaciones con Washington y Bruselas, abrir este canal de diálogo con Rusia le sirve para no sentirse aislada y a la vez enviar el mensaje a sus aliados transatlánticos de que no deben jugar con fuego. El interés por parte rusa también es evidente y no tiene que ver sólo con cuestiones económicas. El Kremlin no desperdiciará ninguna oportunidad para insuflar tensión en la alianza transatlántica, especialmente tras la cumbre de la OTAN en Varsovia, y en estos momentos Turquía es la plataforma ideal.

Por último, cabe preguntarse si habrá cambios en la política turca en Siria e Iraq y en las dinámicas regionales en Oriente Medio. Una de las consecuencias del golpe podría ser que Erdoğan centre esfuerzos en la consolidación del poder presidencial, a expensas de una menor implicación en los conflictos regionales e incluso con gestos más conciliadores en el tema kurdo, dentro y fuera de sus fronteras. Si se profundiza la desconfianza en el estamento militar y las purgas dentro de las fuerzas armadas debilitan, aunque sea temporalmente, su capacidad operativa, este reposicionamiento puede ser obligado. También hay que estar atento a las implicaciones del acercamiento entre Ankara y Moscú y si ello se traduce en algún tipo de iniciativa en Siria que, eventualmente, pudiese arrastrar a otras potencias regionales con capacidad de incidencia en el conflicto. En cuanto a la normalización de relaciones con Israel, los mensajes tras el fracaso del golpe apuntan a que el deshielo continuará. En cambio, con Egipto no hay perspectivas de mejora. Las analogías entre los dos golpes de estado son constantes y sólo faltaba la negativa de Egipto a apoyar una declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando el golpe en Turquía, aduciendo que no era competencia del Consejo decir quién representaba y quién no “un gobierno democráticamente elegido”.

En los próximos meses se ampliará la desconfianza en las relaciones de Ankara con los socios y aliados occidentales, se acelerará la reconciliación con Moscú y habrá reajustes en la política turca en Oriente Medio. Será consecuencia no tanto del fracaso del golpe como de la gestión de la victoria por parte de Erdoğan. Algunas de las repercusiones tienen un claro componente desestabilizador, especialmente en el marco de la Alianza Atlántica y en las relaciones turco-europeas. Sin embargo, las perspectivas no sólo para Turquía sino también para el mundo serían bastante peores si el golpe de estado hubiese triunfado, especialmente si hubiera sido tras un baño de sangre. Washington y Bruselas tendrían que haber congelado relaciones con la junta golpista y una Turquía inestable habría añadido todavía más incertidumbre en el seno de la Alianza Atlántica y de un Oriente Medio inflamable.

 

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El impacto internacional del fallido golpe de Estado en TurquíaDerecho Internacional Público - www.dipublico.org